Mobilizing Legislators as Champions for Human Rights, Democracy, and a Sustainable World
Movilizando parlamentarios como defensores y defensoras de los derechos humanos, la democracia y un mundo sostenible. Conozca más

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Photo by Fiona Servaes - PGA

Las víctimas de delitos internacionales merecen justicia: Parlamentarios para la Acción Global insta a Chad a que revoque su retirada del Estatuto de Roma

La retirada de Chad socava de manera significativa los considerables esfuerzos realizados por los miembros de nuestra organización para dar a conocer el sistema del Estatuto de Roma y promover su aplicación a nivel nacional.


Si una niña no puede ir al colegio, ¿se puede hablar de paz?

Si una niña no puede ir al colegio, ¿se puede hablar de paz?

Artículo de opinión de la Excma. Sra. Mariam Solaimankhail, diputada del Parlamento de Afganistán en el exilio y miembro de «Parlamentarios para la Acción Global».

Artículo de opinión de la Excma. Sra. Mariam Solaimankhail, diputada del Parlamento de Afganistán en el exilio y miembro de «Parlamentarios por la Acción Global». Hay una niña en la provincia de Logar que ha completado el sexto curso tres veces. Su padre es médico y ella sueña con serlo también. Tiene un gran deseo de aprender y le encanta todo lo relacionado con el colegio: sus libros, sus compañeros de clase, la rutina de prepararse para las clases y la sensación de aprender algo que no sabía el día anterior. Sin embargo, bajo el régimen talibán, no puede continuar sus estudios en la enseñanza secundaria. Su padre no se atreve a decirle a su hija que su educación ha terminado, por lo que sigue enviándola al último curso al que se le permite asistir: sexto curso, una y otra vez. Ella está cada vez más deprimida. Su padre puede tratar a sus pacientes, pero no puede proporcionar a su propia hija la educación continua que más necesita. En 2017, como diputada del Parlamento de Afganistán, participé en la lucha por aprobar una ley que protegiera a los niños, definiera cuándo un niño se convierte legalmente en adulto y reafirmara los derechos de los niños a una identidad, a la educación y a la asistencia sanitaria. Un pequeño grupo de hombres se opuso con vehemencia. Invocaron la ley sharia y temían que reconocer estas protecciones pudiera restringir prácticas como el matrimonio infantil. Llegaron incluso a amenazar a los diputados que se unieron a nosotras, las mujeres, para apoyar la ley. Presionamos, contamos votos, las alianzas cambiaron, la gente discutió apasionadamente y, finalmente, la ley se aprobó. Eso fue democracia. Recuerdo otras sesiones parlamentarias en las que dos diputados discrepaban profundamente y llegaban a enfurecerse el uno con el otro. Horas más tarde, veía a esos mismos hombres tomando té y riéndose juntos. Eso fue democracia. El 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes volvieron al poder, perdimos el espacio político en el que se nos permitía discrepar. Hoy nos queda una pregunta incómoda: ¿puede haber verdadera paz sin libertad? Si una niña no puede asistir a la escuela, ¿es eso paz? Si una mujer no puede participar en igualdad de condiciones en su país, ¿es eso paz? Si un afgano rechaza de raíz el régimen talibán, pero no dispone de voto para cambiarlo, ni de parlamento para cuestionarlo, ni de una oposición política significativa a través de la cual organizarse, ¿qué vía pacífica le queda? La paz no puede significar que a una de las partes se le haya permitido tomar el poder a través de las armas y que todos los demás deban aceptar un silencio político permanente. Necesitamos una participación significativa, libertad de expresión, derechos para las mujeres, una competencia política genuina y un mecanismo pacífico mediante el cual sean los propios afganos quienes determinen quién les gobierna. Hace veinte años, las niñas tenían un camino hacia una participación significativa en el futuro de su país. Se convirtieron en médicas, juezas, fiscales, periodistas, emprendedoras, agentes de policía y parlamentarias. Yo fui una de esas mujeres. Escuchamos los numerosos compromisos asumidos por la comunidad internacional en materia de principios democráticos, derechos de las mujeres e igualdad de género. Entre ellos figuraban el Acuerdo de Bonn de 2001, la ratificación por parte de Afganistán de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2003, el Acuerdo de Asociación Estratégica Duradera con EE. UU. en 2012 y el Acuerdo Bilateral de Seguridad entre EE. UU. y Afganistán en 2014. Cuando la democracia se derrumbó hace cinco años, los talibanes nos despojaron de nuestros derechos y de todos los compromisos, excluyendo sistemáticamente a las mujeres y niñas afganas. Las juezas y fiscales temían a las personas a las que habían ayudado a condenar. Los periodistas temían sus reportajes anteriores. Los exsoldados temían represalias. Las activistas temían las repercusiones. Las familias huyeron, los afganos se convirtieron en refugiados y una generación de mujeres y niñas en Afganistán está sufriendo. La niña de Logar es solo una de las historias de una niña que espera la paz. Su padre está en total desacuerdo con la política que determina el futuro de su hija, pero ¿a qué representante puede presionar? ¿A qué candidato puede apoyar? ¿Qué elecciones puede utilizar para decir: «Quiero que mi hija vaya al colegio»? Por eso la democracia y los derechos de las mujeres en Afganistán son importantes más allá de las fronteras del país. Cuando los derechos de la mitad de una nación pueden ser borrados de la noche a la mañana, vemos lo frágil que puede llegar a ser la libertad. Los talibanes deben rendir cuentas por su sistema de apartheid de género. Los líderes políticos afganos deben afrontar sus errores, las potencias regionales deben responder por su injerencia, y Estados Unidos y sus aliados deben asumir la responsabilidad de sus decisiones y de los compromisos que dejaron sin cumplir. Nadie debería confundir el monopolio del poder político por parte de los talibanes con el consentimiento del pueblo afgano. Recuerdo otro Afganistán. Era un lugar bullicioso, con gritos estridentes en el hemiciclo del Parlamento y encarnizadas disputas sobre la legislación. Luego venía la votación y, a veces, el té. A la mañana siguiente, podíamos volver a discrepar sin tener que volver al campo de batalla. Eso era la paz. Eso era la democracia. Ahora, en algún lugar de Logar, una niña sigue esperando para cursar 7.º curso.

PGA Legislators Turn Shared Values into Legislative Action at WorldPride 2026

PGA Legislators Turn Shared Values into Legislative Action at WorldPride 2026

Parliamentarians for Global Action in collaboration with its partners supported the participation of legislators from 32 countries, from all regions.

Parliamentarians for Global Action (PGA), in collaboration with its partners the Global Equality Caucus, the LGBTQ+ Victory Institute and the Council for Global Equality, supported the participation of legislators from 32 countries, from all regions, at WorldPride Amsterdam 2026. Board members from Seychelles, Zimbabwe and Belize shared insight on political leadership at the Human Rights Conference in Amsterdam then joined the full PGA Board for the Parliamentary Dialogue on Inclusion and Equality at the Senate of the Netherlands on 7 August. Political leadership on the conference stage PGA Board Member, Sen. Janelle Chanona (Belize), moderated the session, “Political Leadership in Parliament: legislative strategies to stop the global pushback against LGBTQIA+ rights, ” which explored the causes of the current political tide and actions leaders must take to protect LGBTQI+ people from further persecution. The panel brought together Lord Nick Herbert (UK House of Lords and Chair of the Global Equality Caucus), Deputy Minister Mmapaseka Steve Letsike (South Africa), Hon. Karen Makishima (House of Representatives, Japan), Rep. Mark Takano (House of Representatives, United States) and PGA Board member Hon. Bernard Georges, Leader of the Opposition in the Seychelles National Assembly. Steering a frank exchange on coalition-building, cross-party consensus and the most urgent priorities for safeguarding hard-won rights, Sen. Chanona drew out strategies from parliaments as different as Tokyo, Washington, Cape Town and Victoria, with Hon. Georges speaking directly to the realities of advancing inclusion in an African parliament. PGA Board member Hon. Daniel Molokele (Zimbabwe) joined representatives of the Global Fund, UNDP and the European Commission’s development directorate to examine how scaled-back aid commitments are undermining LGBTQI+ programming in education and public health, and what sustainable financing must look like for communities that can least afford the shortfall. Together, these discussions highlighted the role of parliamentarians from the Global South in shaping locally grounded responses to the global backlash against LGBTQI+ rights. Across the Human Rights Conference, PGA legislators heard a consistent message: that human rights are for everyone, everywhere, without exception, as Phyll Opoku-Gyimah emphasized – and that rights, once won, must also be defended. Speakers reminded participants that a lack of data leads to a lack of policy, a point underscored in multiple exchanges; and that SOGIESC issues must be reflected not only in equality legislation but in housing, health and every other realm of public policy. Legislators also took note of what institutions can deliver when political will exists. For example, the Council of Europe’s landmark Recommendation CM/Rec (2025)7 on Equal Rights for Intersex Persons, and the UN LGBTI Core Group’s model of states and civil society working together to advance visibility and rights through the UN system, as well as the impact of policies such as the US Global Gag Rule on organizations providing services to marginalized communities. PGA’s Board engages with legislators from around the world in the Dutch Senate PGA Board members participated in a Parliamentary Dialogue on Advancing the Rights of LGBTQI+ Persons, hosted at the Senate of the Netherlands by Senator Boris Dittrich, a longstanding PGA member and former member of its Executive Committee. More than 30 legislators from a wide range of political systems and starting points took part. Senator Dittrich set the tone with a deliberate challenge: to move beyond statements of principle and be concrete. He asked every participant to name what they are trying to achieve at home, perhaps a bill, a repeal, a policy change, a shift in enforcement, to identify the support they need and from whom. Hon. Christelle Vuanga, MP (Democratic Republic of the Congo), member of PGA’s Executive Committee, opened the substantive discussion with a personal account of how she came to this work. Confronted, soon after her election, with a wave of messages targeting her approach to concerns from LGBTQI+ people in her constituency, she asked herself two questions: What kind of elected representative would I be if I didn’t take my own constituents seriously? and Do I understand the facts about LGBTQI+ people in my constituency? Those questions led her to public broadcasts, sensitization and a clear-eyed reading of the DRC’s legal position (no explicit criminalization, but no marriage equality and no protection against discrimination) and to a commitment, as both parliamentarian and human rights defender, to strengthen health, justice and public services for those most exposed to violence and exclusion. Lord Collins of Highbury, the United Kingdom’s Special Envoy for LGBT+ Rights, and Senator Duncan Wilson (Canada) also shared remarks. The interactive exchange that followed did exactly what Senator Dittrich asked. Legislators laid out where they stand and what they need to make progress: a Botswana MP, who chairs the SADC Parliamentary Forum’s work on sexual and reproductive health rights, emphasized the importance of appreciating, internalizing and partnering with civil society; a Polish MP described the situation in a country that remains near the bottom of ILGA-Europe’s Rainbow Map ranking, where parliament passed a civil partnership bill only to see it vetoed by the president, the legacy of so-called ‘LGBT-free zones’ persist and EU support remains constant; a Spanish MP chairing the Human Rights Committee emphasized the need to link human rights, constitutional affairs and public health; Canada’s first openly gay MP of Asian descent spoke on the principle of leaving no one behind, and on the compounded discrimination for immigrant communities; a UK MP serving as the Council of Europe’s General Rapporteur on LGBTI rights discussed the importance of banning conversion practices and answering the free-speech objection – arguing that abusive practices cannot be justified by consent; and a German legislator spoke on religious fundamentalism, court rulings and the reality that thousands of queer people lack housing. Legislators put specific asks on the table – comparative legal analysis, technical drafting support, joint letters, public solidarity statements they can point to at home – and matched them with specific offers of help from colleagues who have fought, won, lost and learned from similar battles. Why it matters PGA’s participation in WorldPride moved from shared values to a shared agenda. The discussions produced a practical working map of legislative objectives, technical needs and timelines that PGA and its partners can now carry forward, so that parliamentarians facing difficult votes or legislative challenges can draw quickly and concretely on the experience and support of colleagues.

Ha llegado el momento de que los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela defiendan la justicia internacional

Ha llegado el momento de que los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela defiendan la justicia internacional

La retirada oficial de Venezuela del Estatuto de Roma supone un grave revés para la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia de las víctimas y los supervivientes.

La retirada oficial de Venezuela del Estatuto de Roma supone un grave revés para la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia de las víctimas y los supervivientes. De la ratificación a la retirada Como primer país latinoamericano en ratificar el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000, tras su firma el 14 de octubre de 1998, Venezuela desempeñó un papel destacado en el fortalecimiento de la CPI, allanando el camino para la rendición de cuentas en la región. Sin embargo, en los últimos años, la participación de Venezuela en los mecanismos de justicia internacional ha disminuido de forma constante, lo que ha suscitado inquietudes sobre su compromiso. En 2021, tras la remisión de un grupo de Estados Partes, la CPI abrió una investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017. Paralelamente, en virtud del principio de jurisdicción universal, un fiscal de Argentina inició en julio de 2023 una investigación sobre crímenes cometidos en Venezuela desde 2014. A pesar de estas iniciativas, la continua represión y los crímenes contra la humanidad que siguen cometiéndose en el país han impedido un avance significativo hacia la justicia. Los insuficientes esfuerzos de complementariedad por parte de las autoridades venezolanas provocaron el cierre de la oficina de la CPI en el país en 2025, y la votación de la Asamblea Nacional del 11 de diciembre de 2025 para derogar la ratificación socavó aún más la búsqueda de justicia para las víctimas y los supervivientes. La reciente retirada, presentada ante las Naciones Unidas el 24 de julio de 2026, supone un preocupante retroceso. Se produce en medio de una oleada de ataques y presiones contra el sistema del Estatuto de Roma, entre los que se incluyen el aumento de las amenazas contra la CPI y los anuncios de retirada por parte de Níger, Burkina Faso y Malí en junio de 2026, y de Chad en julio de 2026, lo que corre el riesgo de debilitar la eficacia de la Corte. No obstante, de conformidad con el Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo un Estado Parte hasta el 24 de julio de 2027. En virtud del artículo 127, hasta que la retirada surta efecto, la CPI conserva su competencia para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales, y el país sigue estando sujeto a sus obligaciones legales. Repercusiones en la región y más allá «La retirada de Venezuela constituye un peligroso precedente en nuestra región con consecuencias de gran alcance. El sistema de justicia internacional depende del apoyo y la cooperación de todos los Estados. Con cada fisura en el marco, resulta cada vez más difícil llevar ante la justicia a los autores de graves violaciones de los derechos humanos. El camino a seguir debe ser el de un compromiso renovado, una cooperación más sólida y un liderazgo basado en principios en apoyo de la justicia para todos». Dip. Jorge Cálix, diputado de Honduras, presidente del Consejo Internacional de Parlamentarios para la Acción Global. En un momento en el que el sistema del Estatuto de Roma se encuentra sometido a una intensa presión, los Estados deben reforzar su apoyo a la Corte Penal Internacional y renovar sus esfuerzos para alcanzar la universalidad. Los parlamentarios y los actores de la sociedad civil deben seguir defendiendo la integridad de la Corte y del sistema del Estatuto de Roma. Ejemplos recientes de todo el mundo, como la marcha atrás de Hungría respecto a su retirada prevista y el liderazgo demostrado por los parlamentarios que apoyan a la CPI, deben ir acompañados de un compromiso sostenido para lograr un cambio significativo. Llamamiento a los parlamentarios Hacemos un llamamiento a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela para que insten a su Gobierno a revocar su retirada del Estatuto de Roma y reafirmen su compromiso con la justicia internacional y la cooperación con los mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, instamos a los parlamentarios de todo el mundo a que protejan a la CPI, promuevan la universalidad del Estatuto de Roma y se solidaricen con las víctimas y los supervivientes que buscan justicia y rendición de cuentas. La decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional es motivo de grave preocupación. Las víctimas de crímenes contra la humanidad en Venezuela deben ocupar un lugar central en todos los esfuerzos en materia de justicia, para la reparación, la condena y para que no vuelvan a repetirse. El papel de la CPI es imprescindible cuando los tribunales nacionales no muestran independencia y eficacia. Instamos a que se avance en la investigación de la Corte, se aplique el principio de justicia universal en todos los países que son parte, para garantizar que las víctimas y los sobrevivientes sean escuchados y que los autores rindan cuentas. Dip. Margarita Stolbizer, exdiputada de la Cámara de Diputados de Argentina y miembro del Comité Ejecutivo de PGA.

Los parlamentarios del Líbano adoptan una postura firme en defensa de los derechos humanos al abolir la pena de muerte

Los parlamentarios del Líbano adoptan una postura firme en defensa de los derechos humanos al abolir la pena de muerte

El Líbano ha reafirmado hoy su compromiso con los principios fundamentales de los derechos humanos

Parlamentarios para la Acción Global felicita a los miembros de la Asamblea Nacional del Líbano por la histórica aprobación, el 11 de agosto de 2026, de la ley que deroga la pena de muerte. Se trata de un gran paso adelante y una victoria para los derechos humanos, que pone fin de manera efectiva a la moratoria que el Líbano venía respetando desde 2004. Tras más de dos décadas sin ejecuciones, y gracias a años de trabajo de defensa por parte de supervivientes, defensores de los derechos humanos, y el compromiso indispensable de los parlamentarios, el Líbano ha reafirmado hoy su compromiso con los principios fundamentales de los derechos humanos . Al convertirse en el segundo país de la región del suroeste de Asia y el norte de África, después de Yibuti, en abolir por completo la pena de muerte en su legislación, el Líbano se erige como pionero regional, y ello a pesar de las actuales atrocidades cometidas en su territorio debido a la guerra en curso. Me enorgullece, como diputado, haber defendido este proyecto de ley junto a mis colegas, impulsado por la convicción de que un castigo tan cruel e inhumano no tiene cabida en el Líbano. Con esta votación, hemos demostrado el compromiso del pueblo libanés con los derechos humanos y la justicia restaurativa . El pueblo libanés se mantiene fiel a sus valores: la dignidad humana y la libertad. Son estos valores los que deben seguir siendo nuestra base, mientras seguimos trabajando por un futuro mejor para las generaciones venideras. Hon. Georges Okais, parlamentario/a (Líbano), miembro de la PGA El proyecto de de ley se presentó ante la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos el 7 de octubre de 2025, impulsado por el Excmo. Sr. Georges Okais, miembro de la PGA, junto con otros parlamentarios comprometidos. Tras su aprobación por la Comisión el 23 de febrero de 2026, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Parlamentaria de Justicia y la Comisión Mixta los días 2 y 9 de julio de 2026, respectivamente, antes de ser finalmente aprobado en sesión plenaria el 11 de agosto de 2026. Esta nueva ley sustituye la pena capital por la cadena perpetua con trabajos forzados. Aunque esta pena ya existe en la legislación libanesa vigente, el Comité Nacional de Derechos Humanos ha señalado que sigue siendo incompatible con las normas internacionales de derechos humanos. La ley, que ha recibido el apoyo del Gobierno, se remitirá al presidente para su firma y se publicará en el Boletín Oficial antes de entrar en vigor. Según Amnistía Internacional, al menos 57 personas seguían en el corredor de la muerte a finales de 2025. Para reforzar este compromiso, Parlamentarios para la Acción Global insta a los parlamentarios libaneses a: Insten a las autoridades a garantizar que todas las condenas a muerte sean conmutadas; Pidan a su Gobierno que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Garantizar que el Gobierno vote a favor de la próxima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria de la pena de muerte, en diciembre de 2026.

Poniendo a las y los sobrevivientes en el centro de una justicia fortalecida: el impacto global de la GIAI

Poniendo a las y los sobrevivientes en el centro de una justicia fortalecida: el impacto global de la GIAI

Cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar los crímenes más graves, la justicia internacional ayuda a garantizar que nadie escape a la justicia.

Poniendo a las y los sobrevivientes en el centro de una justicia fortalecida: el impacto global de la GIAI 17 de julio de 2026 — Cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar los crímenes más graves, la justicia internacional ayuda a garantizar que nadie escape a la justicia. Para muchas víctimas y sobrevivientes a quienes se les ha negado justicia durante años, incluso décadas, ella ofrece un camino hacia la verdad, el reconocimiento y la lucha contra la impunidad. La justicia internacional no es una preferencia política; es una piedra angular de la paz, la dignidad humana y el estado de derecho, y requiere un compromiso y una protección constante para luchar en contra de una cultura creciente de impunidad. Con motivo del Día de la Justicia Penal Internacional, la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) destaca el impacto de su labor en 28 países prioritarios, contribuyendo a la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales y situando a las víctimas y sobrevivientes en el centro de estos esfuerzos. GIAI reúne a un consorcio liderado por la sociedad civil, presente en África, en las Américas, Asia, Europa y la región de Oriente Medio y Norte de África, que conecta a sobrevivientes y organizaciones locales con mecanismos de justicia en todos los niveles. Sus acciones abarcan desde el apoyo psicosocial y no jurídico hasta el litigio estratégico, incluyendo la documentación, la incidencia y el apoyo financiero directo a organizaciones nacionales que trabajan en primera línea. Las cifras de GIAI sólo reflejan una parte de la realidad: Más de 2000 víctimas y sobrevivientes apoyadas y apoyados 186 organizaciones locales de la sociedad civil colaboraron con el programa 990 violaciones graves de derechos humanos documentadas solo en 2025 53 denuncias y comunicaciones presentadas Más de 80 subvenciones otorgadas a nivel local en África, las Américas, Asia, Europa y Oriente Medio y Norte de África Detrás de cada cifra hay acciones concretas. Tras décadas de movilización, mujeres Maya Achí lograron, que la máxima instancia judicial de Guatemala dictara sentencias condenatorias contra tres agresores más en 2025 por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual, y que se dictaran un total de 19 medidas de reparación. Tras un proceso de incidencia y apoyo técnico sostenido, Ucrania y Armenia ratificaron con éxito el Estatuto de Roma. El juicio de Lumbala en Francia marcó el primer caso de jurisdicción universal en el país relacionado con hechos ocurridos en la República Democrática del Congo, con más de 65 testimonios y 35 partes civiles, desafiando décadas de impunidad arraigada. En 2025, el Tribunal de Casación francés emitió una sentencia histórica que rechazaba las inmunidades funcionales en casos de crímenes internacionales. Como parte del trabajo del consorcio, los miembros de GIAI han presentado 63 recomendaciones a actores de la justicia y responsables de políticas, han contribuido a la adopción de 12 resoluciones del Parlamento Europeo, han influido en el desarrollo de 16 leyes y políticas sobre violencia de género y justicia transformadora de género, y han ampliado el acceso al conocimiento sobre justicia internacional a través de casi 500 recursos disponibles en MakingJusticeWork.org, que cuenta actualmente con más de 2500 usuarios registrados en el ámbito de la lucha contra la impunidad. La Iniciativa Global contra la Impunidad demuestra lo que la sociedad civil puede lograr cuando las personas sobrevivientes están en el centro de la acción, y sientan las bases para la justicia que aún queda por alcanzar. «Con motivo del Día de la Justicia Penal Internacional, reafirmamos nuestro compromiso con los principios que inspiraron el Estatuto de Roma: la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la convicción de que ninguna persona ni ningún Estado debe estar por encima del derecho internacional. Para países como Timor-Leste, cuya población ha sufrido las devastadoras consecuencias del conflicto y la impunidad, la justicia penal internacional no es un concepto jurídico abstracto. Está arraigada en nuestra propia historia y en nuestra firme convicción de que la paz duradera solo puede construirse sobre la base de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. La ratificación por parte de Timor-Leste de las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión representa una importante contribución al fortalecimiento del orden jurídico internacional. Refleja nuestra convicción de que los actos de agresión —las violaciones más graves de la Carta de las Naciones Unidas— nunca deben quedar impunes. Animamos a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen las Enmiendas de Kampala y apoyen los esfuerzos para garantizar que la Corte Penal Internacional pueda ejercer su jurisdicción sobre el delito de agresión en condiciones coherentes con los demás delitos fundamentales contemplados en el Estatuto de Roma. La comunidad internacional debe seguir trabajando para colmar la brecha en materia de rendición de cuentas que aún deja a demasiadas víctimas y supervivientes de guerras de agresión sin una justicia efectiva. Un sistema de justicia penal internacional más sólido y coherente es esencial no solo para la rendición de cuentas, sino también para la prevención de futuros conflictos. En este Día Internacional de la Justicia Penal, renovemos nuestro compromiso colectivo de defender el derecho internacional, proteger la dignidad humana y garantizar que la justicia nunca venga determinada por el poder, sino por los principios. Solo mediante una auténtica cooperación internacional y un apoyo inquebrantable a la rendición de cuentas podremos construir un mundo más pacífico y justo». Sra. Nurima Ribeiro Alkatiri, diputada de Timor-Leste, miembro de Parlamentarios por la Acción Global

Actualización sobre la Campaña por la Justicia Internacional – Junio de 2026

Actualización sobre la Campaña por la Justicia Internacional – Junio de 2026

En los últimos seis meses, los acontecimientos en el ámbito de la justicia internacional han puesto de manifiesto tanto la vulnerabilidad como la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma.

Durante los últimos seis meses, los acontecimientos en el ámbito de la justicia internacional han puesto de relieve tanto la vulnerabilidad como la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma. Si bien tres Estados del Sahel (Níger, Burkina Faso y Malí) notificaron formalmente su retirada de la Corte Penal Internacional, el recién constituido Parlamento de Hungría dio marcha atrás en su decisión de abandonar la Corte, optando por mantener su compromiso con la rendición de cuentas y el Estado de derecho. En este contexto, los parlamentarios han seguido movilizándose en la lucha contra la impunidad. La organización «Parlamentarios por la Acción Global» (PGA) participó en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre una futura Convención sobre Crímenes contra la Humanidad; los miembros de la PGA contribuyeron a los debates de alto nivel sobre la crisis de los derechos humanos en Afganistán, reforzaron el compromiso parlamentario con la justicia internacional y se sumaron a iniciativas globales como el Día de la UE contra la Impunidad. Además, PGA está sensibilizando sobre las elecciones judiciales de la CPI de este año y abogando por la selección de candidatos judiciales independientes, diversos y elegidos en función de sus méritos. En esta 13.ª edición, encontrará: Acciones y actividades de campaña de la PGA en todo el mundo Próximamente: Elecciones judiciales de la CPI de 2026 Principales novedades judiciales y de otro tipo de la CPI Acciones y actividades de la campaña de la PGA en todo el mundo Impulso de una Convención global sobre crímenes contra la humanidad En enero de 2026, la PGA participó en la primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes contra la Humanidad, celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero. La sesión supuso un paso significativo hacia una futura Convención sobre los Crímenes contra la Humanidad, ya que los Estados y los expertos debatieron los proyectos de artículo para reforzar la prevención, la rendición de cuentas y la cooperación internacional, complementando así el marco del Estatuto de Roma. PGA y la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) abogaron por un tratado firme que refleje el Derecho internacional contemporáneo, apoye a las víctimas, aborde delitos como el apartheid de género y establezca un mecanismo para garantizar su aplicación efectiva. Para mantener este impulso, y con vistas a la fecha límite del 30 de abril de 2026 en la que los Estados deben presentar propuestas para su inclusión en el proyecto de artículos, la PGA ha publicado el documento de posición Hacia un tratado sobre los crímenes contra la humanidad con el fin de ayudar a los parlamentarios a comprender la convención propuesta, las propuestas clave que se están debatiendo, las diferencias con respecto al Estatuto de Roma y las medidas concretas que los parlamentos pueden adoptar para impulsar el impulso político. Además, la PGA respaldó una nota informativa de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en la que se aboga por la inclusión en la Convención de una obligación clara de tipificar como delito independiente y autónomo la incitación directa y pública a cometer crímenes contra la humanidad. Abordar el apartheid de género en Afganistán El 18 de marzo de 2026, la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo organizó en Bruselas un debate con las parlamentarias afganas en el exilio, la Excma. Sra. Fawzia Koofi y la Excma. Sra. Mariam Solaimankhil, miembros de la PGA, sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas. Las diputadas describieron el sistema de persecución por motivos de género impuesto por los talibanes y el desmantelamiento sistemático de los derechos de las mujeres, haciendo hincapié en la urgente necesidad de un compromiso sostenido por parte de la UE para reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y justicia. El 27 de mayo de 2026, PGA se unió a 82 organizaciones de derechos humanos afganas e internacionales para firmar una carta abierta en la que se oponían a los planes de la UE de mantener contactos con representantes talibanes en Bruselas en el marco de las conversaciones de la UE sobre migración y deportación. La carta advertía de que dicho diálogo de alto nivel podría legitimar a un régimen responsable de violaciones sistemáticas, en particular de persecución por motivos de género, e instaba a la UE y a sus Estados miembros a detener cualquier retorno forzoso a Afganistán, dando prioridad, en su lugar, a la rendición de cuentas y a la protección. La honorable Fawzia Koofi, la primera mujer vicepresidenta del Parlamento de Afganistán, abordó además esta cuestión en un artículo de opinión publicado en The Guardian, en el que instaba a la UE a promulgar leyes para poner fin al apartheid de género y a la impunidad, en lugar de dar la bienvenida a los responsables a Bruselas. «Ver cómo se da la bienvenida a los talibanes en suelo europeo se percibe como una traición devastadora. Es una bofetada en la cara a todas las mujeres y niñas afganas que han luchado, sufrido y resistido la opresión talibán», escribió la Sra. Koofi. Diálogo parlamentario sobre justicia internacional Al margen del 46.º Foro Anual de la PGA celebrado en Ciudad de México, el 25 de marzo de 2026, parlamentarios de diversos países participaron en un diálogo específico sobre la justicia internacional y la CPI. Las sesiones ofrecieron una plataforma para debatir las amenazas y oportunidades en el marco del Estatuto de Roma, la necesidad de su incorporación a la legislación nacional y las iniciativas para abordar las lagunas jurídicas internacionales, como el proyecto de ley sobre crímenes contra la humanidad, el reconocimiento del ecocidio, el refuerzo de las leyes de lucha contra la trata de personas y la ratificación y aplicación de la Convenio de Liubliana-La Haya. Los legisladores también intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre las iniciativas parlamentarias destinadas a dar prioridad a la lucha contra la impunidad. En defensa de la justicia internacional en la UE En mayo de 2026, la Iniciativa Global contra la Impunidad, de la que forma parte PGA, emitió una declaración conjunta con motivo del Día de la UE contra la Impunidad. La declaración instaba a la UE y a sus Estados miembros a defender el sistema de justicia internacional y a apoyar firmemente a los supervivientes y a las comunidades afectadas, en un contexto de continua escalada de amenazas y ataques contra los tribunales y los mecanismos de rendición de cuentas. Unos días más tarde, la Asamblea Nacional de Hungría aprobó una ley que revocaba su retirada prevista del Estatuto de Roma, confirmando así el apoyo de Hungría a la CPI y su condición de Estado Parte. La PGA acogió con satisfacción esta decisión como un ejemplo de cómo los parlamentos pueden reafirmar su compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho, incluso en medio de una presión sin precedentes sobre las instituciones multilaterales. Retiradas de los Estados africanos del Estatuto de Roma Por el contrario, los esfuerzos por defender la CPI en África sufrieron reveses, ya que Níger, Malí y Burkina Faso presentaron formalmente sus notificaciones de retirada del Estatuto de Roma los días 18 y 24 de junio, respectivamente. Los parlamentarios expresaron su profunda preocupación ante estos acontecimientos, instando a los tres países a reconsiderar sus decisiones, especialmente dado que persisten graves violaciones de los derechos humanos en la región del Sahel. De conformidad con el artículo 127 del Estatuto de Roma, estos Estados siguen estando sujetos a todas las obligaciones derivadas del tratado hasta un año después de que se hayan depositado sus notificaciones de retirada. Próximamente: Elecciones judiciales de la CPI de 2026 De cara al segundo semestre de 2026 y más allá, la PGA está dando a conocer las próximas elecciones judiciales de la CPI, que tendrán lugar en diciembre. Las elecciones constituyen un momento crucial para el sistema de justicia internacional, ya que los jueces de la CPI garantizan juicios justos en casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, lo que, a su vez, determina el funcionamiento, la integridad y la credibilidad de la Corte. Los Estados Partes del Estatuto de Roma han presentado las candidaturas de 14 candidatos judiciales de cada región para ser elegidos por un mandato de nueve años en la 25.ª Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma (AEP). En su calidad de copresidente del Grupo de Trabajo de las OSC sobre Elecciones Judiciales, junto con la Coalición para la Corte Penal Internacional (CICC), la PGA contribuye a los esfuerzos por promover procesos justos, transparentes y basados en los méritos para la presentación de candidaturas y la elección de los jueces de la CPI. Esto incluye garantizar que los jueces cumplan los elevados criterios de cualificación establecidos por el Estatuto de Roma, a saber, alta consideración moral, imparcialidad e integridad. En mayo, la PGA puso en marcha una campaña de comunicación y sensibilización para dar a conocer las próximas elecciones judiciales, instando a los parlamentarios a supervisar el proceso y a examinar la lista de candidatos. La campaña destacó el Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM) como parte del proceso permanente de diligencia debida de la Corte, que recopila y evalúa las denuncias de conducta indebida de los candidatos, incluyendo el acoso sexual, el abuso de autoridad, la discriminación, las violaciones de los derechos humanos y otras infracciones graves. La PGA también contribuyó a la elaboración de un cuestionario para los candidatos y distribuyó el memorándum «Salvaguardia del mérito, la integridad y la transparencia: las elecciones judiciales de la CPI de 2026». En los próximos meses, el equipo electoral compartirá más detalles sobre los candidatos individuales y los cuestionarios que han cumplimentado, con el fin de facilitar una toma de decisiones informada de cara a las elecciones de diciembre. Mientras tanto, la PGA mantiene su compromiso de apoyar la acción parlamentaria para proteger y reforzar el sistema del Estatuto de Roma. Principales novedades judiciales y de otro tipo de la CPI Puede consultarse aquí un resumen de algunos de los principales acontecimientos judiciales de la CPI en el primer semestre de 2026. Para obtener actualizaciones más frecuentes, la publicación quincenal de la PGA International Justice Updates ofrece los aspectos más destacados a nivel mundial en materia de cooperación, impunidad, novedades legislativas y parlamentarias, y novedades judiciales.

Keep Calm and Legislate On

Keep Calm and Legislate On

A dialogue between current and former champion parliamentarians on protecting civic space, fundamental freedoms and democracy

Current and former PGA members exchange insights on countering disinformation and protecting democracy On 30 June, Parliamentarians for Global Action (PGA) marked the International Day of Parliamentarism with "Keep Calm and Legislate On," a virtual dialogue bringing together sitting Members of Parliament and PGA Alumni Network members from around the world. Moderated by Esther Cuesta, Chair of the PGA Alumni Network and former member of Ecuador's National Assembly, the conversation focused on three pressures facing legislators today: shrinking civic space, disinformation, and institutional strain on parliamentary democracy. Why bring current and former MPs into the same room The dialogue was designed to unite current parliamentarians with PGA Alumni – former MPs who have gone on to roles in government, diplomacy, civil society, academia, and media. As Ms. Cuesta noted in her opening remarks, the end of a legislator's mandate doesn't end their knowledge, relationships, or commitment – only their platform changes. That continuity, PGA argues, is what allows democratic advocacy to survive elections and political transitions, and what helps the network identify the next generation of parliamentary champions. Voices from four regions The panel featured: Ms. Margareta Cederfelt, Member of Parliament (Sweden); former PGA President Ms. Yevheniia Kravchuk, Member of Parliament (Ukraine) Mr. Ronny Monge, former legislator (Costa Rica) Ms. Kasthuri Patto, former legislator (Malaysia); former PGA President Panelists were invited to speak to their direct experience of disinformation's impact on their work, the strategies and tools they've relied on to defend civic space, and the role PGA has played in sustaining their engagement – as sitting and former legislators alike. Their exchange was followed by an open discussion on what it means to “hold the line” as a parliamentarian today. Ms. Cederfelt argued that healthy democracy depends on conditions beyond parliament itself – a free press, an independent judiciary, and elections free of manipulation – and pushed back on pressure to perform on platforms like TikTok rather than hold a professional standard. Ms. Kravchuk described Russia's well-funded disinformation campaign, including a planned spend of nearly $2 billion this year targeting EU and NATO countries, and framed the fight as a “cognitive war” running alongside Russia's physical war on Ukraine. Ms. Patto spoke to the challenge of building common ground across Malaysia's multi-ethnic, multilingual political landscape, sharing how her own party has been falsely branded for decades as a tool of delegitimization. Mr. Monge noted that Latin American politics was slow to grasp how fundamentally communication had changed, leaving room for disinformation to outpace truth. The conversation opened to the floor, drawing in voices including Senator Wade Mark (Trinidad and Tobago), who cited CIVICUS Monitor data showing only 39 of 198 countries assessed have open civic space, and warned that AI is increasingly used by state and non-state actors to spread disinformation. Mr. Monge noted that showing up once every four years, the way fans turn out for the World Cup, is not the same as democracy – democracy has to be built day by day. Key takeaways Several themes carried through the discussion. Isolation is one of the most effective tools used against democratic advocates. When legislators believe their struggles are unique to their country, that vulnerability is exploited, and PGA's cross-regional, cross-generational network was framed as a practical tool to counter it. Panelists also underscored that leaving parliament is not the same as stepping back: alumni who move into government, civil society, media, or academia carry institutional memory and credibility that help PGA identify new champions and sustain advocacy through political transitions. And as Mr. Monge's World Cup analogy captured, democracy is built day by day, not only at the polls. Not every question could be addressed within the time period. In the chat, Senator Janelle Chanona (Belize), a member of PGA's Board, asked whether any members had been involved in legislation addressing the rise of strategic litigation against public participation, noting that such efforts would support the work of parliament, media, and civil society alike. Following the event, PGA reached out to the panelists to invite them to connect with Senator Chanona directly on this question. This dialogue was the first in a planned series of exchanges between current and former PGA members. Feedback from the June 30 conversation is shaping future sessions, which PGA intends to use to dig deeper into concrete partnerships and legislative responses.

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – April - June 2026

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – April - June 2026

Global trends and use of the death penalty in drug-related offences

Global trends and use of the death penalty in drug-related offences As abolitionists prepare to gather in Paris for the World Congress Against the Death Penalty (30 June-2 July), the global landscape is defined by a sharp contrast between an excessive use of capital punishment, rooted in authoritarian rhetoric of “tough on crime,” on the one hand, and significant legislative progress towards abolition on the other. Amnesty International report on death sentences and executions in 2025, published in May, confirms worrying trends: in 2025, the number of executions increased by 78% compared to 2024, with at least 2,707 people executed across 17 countries (this figure excludes China, the Democratic People’s Republic of Korea and Viet Nam, due to a lack of available data). Among these, Iranian authorities carried out at least 2,159 executions, making extensive use of the death penalty to instill fear. Equally concerning are the sharp increases in executions in Kuwait (where the rate tripled), and in Egypt, Singapore and the United States (where they doubled). Amnesty’s report also points to the extensive use of the death penalty for drug-related offences, which represented 46% of the executions (1,257) in 2025, and is retained in at least 35 countries. On the occasion of the 2026 International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking (26 June), Parliamentarians for Global Action joined 62 civil society organizations’ call on the UN Office on Drugs and Crime, the Commission on Narcotic Drugs and its Member States to unequivocally condemn the use of the death penalty for drug-related offences and to uphold international human rights obligations, including by adopting concrete measures to restrict the use of the death penalty with a view to its full abolition. Parliamentarians leading efforts to abolish the death penalty Parliamentarians continue to drive progress towards abolition. In Lebanon, the Human Rights Committee and the Justice Committee recently approved a bill aimed at abolishing the death penalty, submitted by PGA member Hon. Georges Okais MP, among others. Although Lebanon has observed a moratorium on executions since 2004, this recent legislative push demonstrates to align Lebanon’s penalty system with international human rights conventions and to uphold the country’s compliance with human rights. The bill now needs to be adopted in the plenary session of the National Assembly. In the United States, PGA member, Senator Dick Durbin, has reintroduced a bill to ban the federal death penalty. This initiative comes in response to the restoration of federal executions via executive order by the current U.S. administration (which lifted the previous moratorium), and to recent announcements regarding the reintroduction of firing squads and the expansion of execution methods to include electrocution and lethal gas for federal executions (methods already used in some states). The bill was introduced in the Judiciary Committee of the House of Representatives. Commitment of parliamentarians is pivotal to the long-term success of the abolitionist movement. The Philippines recently celebrated 20 years since the abolition of the death penalty, a milestone achieved and maintained by legislators, including PGA members, who have resisted attempts to reinstate capital punishment. These efforts underscore that resolute legislative action remains a vital driver for a future without the death penalty. January to March 2026 at a Glance Positive developments: India: o   In a judgement, the Supreme Court of India reiterated that capital punishment may be imposed only where life imprisonment is “unquestionably foreclosed.” India is a retentionist country that retains the death penalty for ordinary crimes. Lebanon: o   The Human Rights and Justice Committees approved a bill to abolish the death penalty. The National Human Rights Commission  also called on Lebanese authorities to consider accession to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. Lebanon is a retentionist country, but has observed a moratorium since 2004. Trinidad and Tobago: o   In a judgement, the Judicial Committee of the Privy Council directed that Trinidad and Tobago must introduce mental health assessments for defendants accused of serious crimes, particularly in capital cases. United States: o   Senator Dick Durbin reintroduced a bill to ban the federal death penalty. Setbacks Iran: o   According to Iran Human Rights NGO, at least 44 protesters have been sentenced to death in Iran, among them two women and three teenagers under 18 at the time of arrest. All were convicted in relation to Iran’s January 2026 protests. o   Since the beginning of the year, at least 363 executions have been recorded. Jordan: o   Six men were executed by hanging, which represents the first mass execution since 2017. Kingdom of Saudi Arabia: o   At least 65 Ethiopian migrants are at risk of execution in Saudi Arabia for drug-related offenses. o   In a statement, civil society organizations reported that, since 2015, executions have surpassed 2,000, among which 42% of the individuals were foreign nationals. They call for an immediate halt to executions in Saudi Arabia and a comprehensive review of all cases in line with the country’s international obligations. Singapore: o   UN High Commissioner for Human Rights expressed alarm at the continuing spike in executions for drug-related offences in Singapore, and called for an immediate moratorium on the use of the death penalty.   o   A human rights defender faces charges for his alleged participation in candlelight vigils commemorating death row prisoners that were held without police permit. United States: o   U.S. Justice Department has directed federal prisons to expand methods of executions, including firing squads, gas asphyxiation and electrocution. o   From April-June 2026, a total of 9 executions were recorded, included: §  5 in Florida §  2 in Texas §  1 in Oklahoma §  1 in Arizona New Reports and Resources: Council of Europe (CoE): o   The Council of Europe’s Observatory on history teaching in Europe conducted a study examining whether education systems could be providing a stronger foundation for supporting abolition. It finds that although examples of capital punishment are widely taught, the reasons for its abolition are often absent. Death Penalty Project and the University of Dhaka: o   New research exposes systemic failures in the effectiveness and quality of legal representation in capital cases in Bangladesh. Inter-American Commission for Human Rights (IACHR): o   2025 Annual Report details developments in relation to the abolition of the death penalty in all Member States, and calls on countries, notably Barbados, to abolish capital punishment. Droit et Paix, Network of Cameroonian Lawyers Against the Death Penalty (RACOPEM), and Ensemble contre la peine de mort (ECPM): o   A Fact-finding mission report highlights the experience of those sentenced to death in Cameroon, as well as their families and lawyers. Iran Human Rights NGO (IHRNGO) and Ensemble contre la peine de mort (ECPM): o   Annual report on the Death Penalty in Iran reveals an unprecedented escalation in the Islamic Republic’s use of the death penalty in 2025, with more than 1,600 executions, an increase of 68% compared to 2024. United Nations and Human Rights Council: o   The Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions published a report “The death penalty from the perspective of the prohibition of torture and other ill-treatment and the protection of human dignity.” It demonstrates that severe physical pain and psychological distress are an inherent part of the design and implementation of all capital punishment, and states unequivocally that the practice must be abolished immediately. Universal Periodic Review – 52nd session: o   During the 52nd session, States notably recommended to Niger, Singapore, and Somalia to abolish the death penalty.

Los parlamentarios húngaros votan a favor de la Corte Penal Internacional

Los parlamentarios húngaros votan a favor de la Corte Penal Internacional

La Asamblea Nacional húngara votó por 133 votos a favor y 37 en contra seguir siendo miembro de la Corte Penal Internacional, reafirmando su compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho.

La organización «Parliamentarians for Global Action» (PGA) felicita a la Asamblea Nacional de Hungría por la aprobación de la ley que revoca la retirada prevista del país del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). El primer ministro Péter Magyar agilizó la tramitación del proyecto de ley, que la nueva legislatura aprobó el 27 de mayo de 2026 con 133 votos a favor y 37 en contra, deteniendo oficialmente el proceso de salida que debía entrar en vigor el 2 de junio de 2026. Tras la promulgación de la nueva ley por parte del presidente, el Gobierno notificó formalmente al Secretario General de las Naciones Unidas el 29 de mayo la revocación de la retirada, garantizando la participación continua e ininterrumpida de Hungría en el sistema de la CPI. Hungría es miembro fundador de la CPI: contribuimos a su creación y, hoy, hemos decidido seguir apoyándola. Con una abrumadora mayoría de votos a favor, nuestro Parlamento envía un mensaje claro y contundente: Hungría mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, los derechos de las víctimas y la arquitectura global de la justicia internacional. Sra. Anett Pásztor, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Hungría Un hito para la justicia internacional El Estatuto de Roma, que estableció la CPI, representa uno de los logros más significativos de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad del genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El Gobierno anterior inició la retirada de Hungría mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Nacional el 20 de mayo de 2025 y notificándolo al Secretario General de la ONU el 2 de junio de 2025. Parlamentarios por la Acción Global destacaron que esta medida amenazaba con debilitar la universalidad de la Corte y la posición de Hungría dentro del orden jurídico multilateral. El nuevo Gobierno del primer ministro Peter Magyar presentó la ley de revocación, haciendo hincapié en que la participación continuada en la CPI es necesaria «para mantener la paz y la seguridad internacionales y proteger los derechos humanos», así como para garantizar la rendición de cuentas por los delitos internacionales graves. La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI y la sociedad civil acogieron con satisfacción formalmente la decisión. La Asamblea Nacional también permitió al país retirar, ese mismo día, su anterior notificación de denuncia del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, un importante tratado que permite a la Corte y a sus funcionarios desempeñar sus funciones de manera imparcial. Perspectivas de futuro La PGA reafirma su disposición a apoyar al Parlamento húngaro en los próximos pasos para garantizar que Hungría pueda desempeñar un papel pleno y constructivo dentro del sistema de la CPI. Esto incluye la ratificación de todas las enmiendas pendientes al Estatuto de Roma, el refuerzo de la legislación nacional de aplicación y la adopción de acuerdos ad hoc de cooperación. La decisión de Hungría refuerza el principio de que la justicia internacional requiere un compromiso universal. En un momento de presión sin precedentes sobre las instituciones multilaterales y el orden internacional basado en normas, la votación de la Asamblea Nacional demuestra que la rendición de cuentas no es opcional y que la impunidad no tiene refugio seguro. PGA seguirá colaborando con parlamentarios de todo el mundo para fortalecer la CPI, promover la universalidad del Estatuto de Roma y garantizar que la Corte reciba el apoyo político y jurídico que necesita para cumplir su mandato.

Afganistán: Carta abierta sobre la propuesta de compromiso de los representantes talibanes en Bruselas

Afganistán: Carta abierta sobre la propuesta de compromiso de los representantes talibanes en Bruselas

El 27 de mayo de 2026, PGA se unió a otros 82 grupos afganos e internacionales de derechos humanos para expresar su profunda preocupación por la posible visita de una delegación talibán a Bruselas en junio de 2026.

El 27 de mayo de 2026, la organización Parliamentarians for Global Action se unió a otras 82 organizaciones afganas e internacionales de derechos humanos para expresar su profunda preocupación por una posible visita de una delegación talibán a Bruselas en junio de 2026, y para instar a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros a que se abstengan de mantener contactos con representantes talibanes. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por las informaciones sobre una posible visita oficial de representantes de los talibanes a Bruselas en junio de 2026. Es importante recordar que los talibanes no representan al pueblo de Afganistán, ya que carecen de legitimidad democrática interna. Su autoridad no se ha establecido mediante ningún proceso participativo, inclusivo, representativo o constitucional. Dos altos dirigentes talibanes son actualmente objeto de órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional por el delito contra la humanidad de persecución por motivos de género, y numerosas personas asociadas con los talibanes siguen figurando en las listas de los regímenes de sanciones internacionales, incluidos los de la Unión Europea. En este contexto, cualquier contacto oficial con representantes de los talibanes, especialmente en territorio europeo, conlleva importantes implicaciones jurídicas, políticas y simbólicas. Se corre el riesgo de que se perciba como una forma de normalización o de reconocimiento implícito. Desde agosto de 2021, los talibanes han aplicado una amplia gama de políticas, decretos y medidas institucionales que han dado lugar al desmantelamiento sistemático de los derechos y libertades fundamentales. Las mujeres y las niñas han quedado casi totalmente excluidas de la vida pública, entre otras cosas mediante la prohibición de la educación secundaria y superior, y graves restricciones al empleo, la libertad de circulación y la participación en los espacios cívicos y políticos. Estas medidas, consideradas en su conjunto, han sido evaluadas, además de por la Corte Penal Internacional, por diversos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y juristas, quienes consideran que podrían constituir una persecución por motivos de género como crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional. Además, se han recibido informes constantes de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales; tortura y malos tratos; y represalias contra defensores de los derechos humanos, periodistas y antiguos funcionarios públicos. La falta de transparencia y de mecanismos de supervisión independientes dificulta la verificación del alcance total de estas violaciones, aunque las pruebas disponibles indican un patrón profundamente preocupante y continuado. Lo que es seguro es que no ha habido rendición de cuentas para las víctimas y los supervivientes de las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales mencionados anteriormente. Los recientes marcos jurídicos y judiciales introducidos bajo el régimen talibán han restringido aún más el acceso a la justicia, han socavado las garantías del debido proceso y han institucionalizado prácticas discriminatorias, en particular contra las mujeres y las niñas. También nos preocupan profundamente las políticas en curso y propuestas relacionadas con el retorno forzoso de solicitantes de asilo afganos desde los Estados miembros de la UE. Cualquier retorno forzoso de personas a Afganistán en las condiciones actuales suscitaría graves preocupaciones en virtud del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Esta preocupación es especialmente grave en el caso de las mujeres y las niñas, cuyas vidas, seguridad y derechos fundamentales corren un riesgo inmediato y sistémico bajo el régimen talibán. Afganistán es actualmente uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer, y el retorno forzoso expondría a muchas de ellas a la persecución, la violencia y una grave privación de derechos. Por lo tanto, instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros a: Abstenerse de mantener contactos con representantes talibanes a nivel político o diplomático en las condiciones actuales, ya que dichos contactos corren el riesgo de contribuir a la normalización y la legitimación implícita de una situación caracterizada por graves violaciones de los derechos humanos, incluida la opresión sistemática de las mujeres y las niñas; Reconocer que las condiciones mínimas que suele citar la UE para el diálogo —incluido el respeto de los derechos fundamentales, en particular los derechos de las mujeres— no se cumplen actualmente, y que seguir adelante a pesar de ello socavaría los compromisos de la Unión Europea en materia de derechos humanos; Apoyar activamente los esfuerzos de la justicia internacional para abordar las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales, en particular la persecución por motivos de género, incluso mediante una cooperación efectiva con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Afganistán, a fin de garantizar que la rendición de cuentas no quede relegada a un segundo plano en favor de consideraciones políticas o relacionadas con la migración; Afirmar pública e inequívocamente que los derechos de las mujeres y niñas afganas no son negociables, y no pueden verse comprometidos ni utilizarse como moneda de cambio en el contexto de las relaciones diplomáticas o la política migratoria; Apoyar activamente las vías de litigio estratégico, incluso a través de mecanismos de jurisdicción universal y extraterritorial, para reforzar el acceso de las víctimas a recursos efectivos por delitos internacionales graves y contribuir a la rendición de cuentas judicial de los presuntos autores; Detener inmediatamente cualquier retorno forzoso de solicitantes de asilo afganos, en pleno cumplimiento del principio de no devolución, reconociendo que el retorno en las condiciones actuales expondría a las personas —en particular a las mujeres y las niñas— a persecución y daños graves; Garantizar que ninguna persona vinculada a las autoridades talibanes, ni ninguna persona contra la que se hayan formulado acusaciones creíbles de graves violaciones de los derechos humanos, sea recibida, acogida o participe en ninguna forma de cooperación o consulta; Entablar consultas estructuradas y significativas con la sociedad civil afgana, las víctimas y las defensoras de los derechos humanos, para garantizar que sus perspectivas influyan directamente en las decisiones políticas de la UE. El incumplimiento de estos principios corre el riesgo de afianzar aún más la impunidad, socavar la credibilidad del compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y la justicia de género, y abandonar a las víctimas y supervivientes afganas en un momento crítico. Estamos dispuestos a colaborar de manera constructiva con los socios europeos e internacionales para garantizar que cualquier respuesta a la situación en Afganistán se base en la rendición de cuentas, la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Afghanistan Canada Culture (ACC) Afghanistan Cinema House Afghanistan Civil Society Forum Organization (ACSFo) Afghanistan Community Foundation (ACF) Afghanistan Democracy and Development Organization (ADDO) Afghanistan Freedom Struggle Network Afghanistan Service, Cultural and Rehabilitation Organization Afghanistan Sociological Association Afghanistan Transitional Justice Coordination Group (ATJCG) Afghanistan Women's Light Freedom Movement Afghanistan Women's New Future Movement Afghanistan Women's Political Participation Network Afghanistan Women's Solidarity Movement Afghanistan's Powerful Women's Movement Afghan Canadian Civil Society Forum (ACCSF) Afghan Human Rights Defenders in Exile (AHRDE) Afghan Women Education and Vocational Services Organization (AWEVSO) Afghan Women News Agency (AWNA) Afghan Youth in New Era Organization (AYNEO) Alternative Links for Training and Development Armanshahr / OPEN ASIA Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan (ASEA) Association of Women in Radio and Television (AWRT-K) AWA Legal and Social Foundation AWPPN Balkh Women's Movement Borderless Amu Movement (BAM) Civil Society and Human Rights Activists Network Civil Society and Human Rights Network (CSHRN) Development and Support of Afghan Women and Children Organization (DSAWCO) Dialogue Hub for Common Ground Digital Civil Society Institute (AZADY) Equality Social and Cultural Organization (ESCO) Ertebat Organization EU Hope EVE: Voice for Women's Rights Fatema Foundation FARAGEER (Women Global Forum for Afghanistan) FARKHUNDA MOVEMENT Fekresabz Organization (FSO) Feminine Solidarity for Justice Org (FSJO) Free People Movement in Exile Free Watch Afghanistan Organization (FWA) G+ Generation Positive Organization Generation of Peace Society (GPS) Global Campaign Against Gender Apartheid Herat Citizens' Social Association Human Rights Defenders Plus (HRD+) Incident Prevention & Assist the People Organization (IPAPO) Independent Coalition of Afghanistan Women's Protest Movement Independent Cooperation for Change Organization (ICCO) Mawoud Academy Movement's Yell Movement National Anti-Discrimination Process (NADP) Network of Afghan Women in Urban Governance New Generation Network for Change (NGNFC) No to Rigor Organization (NRO) Paikan TV Peace & Sport Organization Peace and Human Rights Dialogue Center Radio Nehad Network (RNN) Rawzana Omid Social Organization Shahrvand Social and Legal Research Organization (SSLO) Stichting voor Afghanistan (SVA) Sunrise of Freedom Tabesom Cultural and Social Services Institute Together for Equality Organization Tolo Social and Civic Organization (TSCO) Wahaj Welfare Organization for Afghanistan Women Media Advocacy Group Women Organization for Rights, Dignity and Speech (WORDS) World Council of Panjshirians Women's Freedom Organization Women's Justice Movement Women's Motion Network (WMN) Youth and Children Development Program (YCDP) International Federation for Human Rights (FIDH) Aide aux Personnes Déplacées Civil Rights Defenders (CRD) Global Initiative Against Impunity (GIAI) Human Rights Activist Union (HRAU) Parliamentarians for Global Action (PGA) Women's Initiative for Gender Justice (WIGJ)

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