La retirada oficial de Venezuela del Estatuto de Roma supone un grave revés para la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia de las víctimas y los supervivientes.
De la ratificación a la retirada
Como primer país latinoamericano en ratificar el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000, tras su firma el 14 de octubre de 1998, Venezuela desempeñó un papel destacado en el fortalecimiento de la CPI, allanando el camino para la rendición de cuentas en la región. Sin embargo, en los últimos años, la participación de Venezuela en los mecanismos de justicia internacional ha disminuido de forma constante, lo que ha suscitado inquietudes sobre su compromiso.
En 2021, tras la remisión de un grupo de Estados Partes, la CPI abrió una investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017. Paralelamente, en virtud del principio de jurisdicción universal, un fiscal de Argentina inició en julio de 2023 una investigación sobre crímenes cometidos en Venezuela desde 2014. A pesar de estas iniciativas, la continua represión y los crímenes contra la humanidad que siguen cometiéndose en el país han impedido un avance significativo hacia la justicia. Los insuficientes esfuerzos de complementariedad por parte de las autoridades venezolanas provocaron el cierre de la oficina de la CPI en el país en 2025, y la votación de la Asamblea Nacional del 11 de diciembre de 2025 para derogar la ratificación socavó aún más la búsqueda de justicia para las víctimas y los supervivientes.
La reciente retirada, presentada ante las Naciones Unidas el 24 de julio de 2026, supone un preocupante retroceso. Se produce en medio de una oleada de ataques y presiones contra el sistema del Estatuto de Roma, entre los que se incluyen el aumento de las amenazas contra la CPI y los anuncios de retirada por parte de Níger, Burkina Faso y Malí en junio de 2026, y de Chad en julio de 2026, lo que corre el riesgo de debilitar la eficacia de la Corte. No obstante, de conformidad con el Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo un Estado Parte hasta el 24 de julio de 2027. En virtud del artículo 127, hasta que la retirada surta efecto, la CPI conserva su competencia para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales, y el país sigue estando sujeto a sus obligaciones legales.
Repercusiones en la región y más allá
«La retirada de Venezuela constituye un peligroso precedente en nuestra región con consecuencias de gran alcance. El sistema de justicia internacional depende del apoyo y la cooperación de todos los Estados. Con cada fisura en el marco, resulta cada vez más difícil llevar ante la justicia a los autores de graves violaciones de los derechos humanos. El camino a seguir debe ser el de un compromiso renovado, una cooperación más sólida y un liderazgo basado en principios en apoyo de la justicia para todos». Dip. Jorge Cálix, diputado de Honduras, presidente del Consejo Internacional de Parlamentarios para la Acción Global.
En un momento en el que el sistema del Estatuto de Roma se encuentra sometido a una intensa presión, los Estados deben reforzar su apoyo a la Corte Penal Internacional y renovar sus esfuerzos para alcanzar la universalidad. Los parlamentarios y los actores de la sociedad civil deben seguir defendiendo la integridad de la Corte y del sistema del Estatuto de Roma. Ejemplos recientes de todo el mundo, como la marcha atrás de Hungría respecto a su retirada prevista y el liderazgo demostrado por los parlamentarios que apoyan a la CPI, deben ir acompañados de un compromiso sostenido para lograr un cambio significativo.
Llamamiento a los parlamentarios
Hacemos un llamamiento a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela para que insten a su Gobierno a revocar su retirada del Estatuto de Roma y reafirmen su compromiso con la justicia internacional y la cooperación con los mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, instamos a los parlamentarios de todo el mundo a que protejan a la CPI, promuevan la universalidad del Estatuto de Roma y se solidaricen con las víctimas y los supervivientes que buscan justicia y rendición de cuentas.
