Los parlamentarios de todo el mundo están alarmados por el ritmo acelerado de las retiradas del Estatuto de Roma en 2026, y la retirada oficial de Naoero agrava la amenaza a la universalidad del Estatuto, especialmente en la región del Pacífico.
Naoero fue uno de los primeros Estados insulares del Pacífico en ratificar el Estatuto de Roma el 12 de noviembre de 2001, convirtiéndose en el 45.º Estado Parte a nivel mundial. El 22 de septiembre de 2026, Su Excelencia David Ranibok Adeang, presidente de Naoero, anunció en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que depositaría un instrumento de retirada del Estatuto de Roma, alegando la «creciente irrelevancia» de la Corte Penal Internacional para su país. El secretario general de la ONU confirmó la recepción de la notificación el 23 de septiembre de 2026.
Aunque el presidente Adeang no dio más detalles sobre el motivo de la retirada de Naoero, su anuncio se produjo horas después de que Estados Unidos, en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ese mismo día, instara a todos los Estados Partes a retirarse. Este llamamiento forma parte de una campaña más amplia lanzada por Estados Unidos en julio para «desmantelar» la Corte. El 28 de septiembre de 2026, Estados Unidos felicitó públicamente a Naoero por su decisión.
Riesgos para la universalidad del Estatuto de Roma
Naoero es el sexto Estado este año en depositar su instrumento de retirada, lo que marca una tendencia preocupante que socava la universalidad del sistema del Estatuto de Roma, así como la credibilidad y la integridad de la CPI. Las recientes retiradas de Níger, Burkina Faso y Malí en junio de 2026, y de Venezuela y Chad en julio de 2026, surtirán efecto un año después de sus respectivas fechas de depósito.
Una vez que surtan efecto, estas retiradas podrían limitar la jurisdicción de la CPI sobre futuros delitos y reducir el número de Estados obligados a cooperar con la Corte. Estas lagunas en el alcance de la Corte harán que resulte cada vez más difícil exigir responsabilidades, disuadir a los autores de los delitos y hacer justicia a las víctimas. El compromiso sostenido de los Estados Partes y una mayor participación en el sistema del Estatuto de Roma son esenciales para promover la universalidad y fortalecer la justicia internacional.
El papel del Pacífico en la justicia internacional y el medio ambiente
La retirada de Naoero corre el riesgo de debilitar la voz colectiva de la región del Pacífico en materia de justicia internacional y protección de los derechos humanos de su población y de las generaciones futuras. Al abandonar la CPI, Naoero limitará su participación en las deliberaciones de la Asamblea de los Estados Partes sobre cuestiones clave que afectan al Pacífico, entre ellas la justicia climática, la protección del medio ambiente y la tipificación del ecocidio como delito.
Cabe destacar que los Estados insulares vecinos —Vanuatu, Fiyi y Samoa— han impulsado una propuesta para enmendar el Estatuto de Roma con el fin de reconocer el ecocidio como delito internacional. Dada la vulnerabilidad de Naoero ante la subida del nivel del mar, la inseguridad hídrica y los riesgos relacionados con el clima, el mantenimiento de su participación en el sistema del Estatuto de Roma podría reforzar el papel de los Estados insulares del Pacífico en los debates sobre la responsabilidad medioambiental a escala mundial.
Hasta que su retirada entre en vigor el 23 de septiembre de 2027, Naoero seguirá estando sujeto a todas sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma. Sin embargo, una vez que la retirada entre en vigor, Naoero perderá la oportunidad de influir en los esfuerzos de la región del Pacífico en torno a la propuesta de enmienda sobre el ecocidio, de colaborar con otros Estados Partes en cuestiones de interés común y de contribuir a la protección de las víctimas y los supervivientes de los delitos internacionales más graves, incluidos el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión.
Apoyo a la Corte Penal Internacional
La retirada de Naoero supone un revés para el sistema del Estatuto de Roma, pero contrasta con las declaraciones de varios Estados Partes que aprovecharon la Asamblea General de las Naciones Unidas para reafirmar el papel esencial de la Corte Penal Internacional en la rendición de cuentas y el Estado de derecho. Entre ellos se encuentra Su Excelencia António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien afirmó: «Respetar el derecho internacional no es opcional. Es nuestra responsabilidad. Eso significa salvaguardar las instituciones que dan pleno sentido a estos principios. En especial, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Las respaldamos firmemente y defenderemos su independencia, su integridad y su capacidad para ejercer plenamente su mandato».
Países como Fiji, Vanuatu y Samoa reafirmaron asimismo la importancia del Derecho internacional y de la cooperación multilateral para los pequeños Estados insulares, entre otras cosas a la hora de abordar retos comunes como el cambio climático, la protección de los océanos y el desarrollo sostenible.
Se anima a los parlamentarios a demostrar su compromiso firmando la Declaración Parlamentaria Mundial en Apoyo de la Corte Penal Internacional.
Medidas necesarias para reforzar la universalidad
La eficacia del sistema del Estatuto de Roma, y de la propia Corte Penal Internacional, depende de una amplia participación de los Estados Partes, de la plena aplicación del Estatuto de Roma y de la cooperación con la Corte. Parlamentarios por la Acción Global sigue defendiendo la universalidad instando a:
- A los miembros del Parlamento de Naoero a que aclaren si se informó al Parlamento o se le consultó sobre la decisión de retirarse del Estatuto de Roma, y a que inicien un diálogo nacional para reevaluar dicha decisión y reafirmar el compromiso de Naoero con la justicia internacional.
- A los Estados Partes del Estatuto de Roma, especialmente a los de la región del Pacífico, a que dialoguen con Naoero sobre la importancia de la universalidad y le animen a revocar su retirada antes de que entre en vigor.
- A los parlamentarios de todo el mundo a que demuestren un apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional y aprovechen los canales bilaterales, regionales y multilaterales para promover la universalidad del Estatuto de Roma y adopten medidas de protección para salvaguardar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
