El reto: justicia, no venganza
Toda víctima y todo superviviente tiene derecho a que el autor de un delito rinda cuentas ante un tribunal. Pero la pena de muerte no es una forma de justicia, es un acto de venganza.
La pena de muerte no tiene un efecto disuasorio frente al delito: no hay pruebas de que los Estados que aplican la pena capital tengan índices de delincuencia más bajos, ni de que los índices de delincuencia aumenten cuando se suprime la pena de muerte. Al contrario, los estudios demuestran que es la amenaza de ser detenido y sancionado, más que la severidad de la sanción en sí, el factor clave en la prevención de la delincuencia.
La pena de muerte afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y, en particular, a las minorías, las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad mental y otros grupos ya marginados. En algunos países, la pena de muerte puede utilizarse como instrumento de represión política.
Ningún sistema judicial es inmune al error: incluso cuando el debido proceso y todas las garantías judiciales se aplican y respetan debidamente, es imposible garantizar que nuevas pruebas no revelen que se ha ejecutado a una persona inocente.
El sistema judicial no debería tener derecho a matar: la pena de muerte no es ética y es moralmente incorrecta. Llevar a cabo ejecuciones viola el derecho a la vida de los condenados y les priva de cualquier posibilidad de rehabilitación y futura contribución a la sociedad.
Por ello, cada año, son más los países que deciden abolir la pena de muerte, reforzando así la tendencia global a favor de poner fin definitivamente a este cruel castigo. El avance del movimiento abolicionista se tradujo, en particular, en un apoyo sin precedentes (enlace disponible en inglés) a la novena resolución de la ONU para una moratoria universal del uso de la pena de muerte. Este instrumento crucial para hacer avanzar las normas internacionales fue adoptado el 15 de diciembre de 2022 por una mayoría histórica de 125 Estados a favor.
A pesar del creciente aislamiento de Estados que aún emplean la pena de muerte, las ejecuciones en todo el mundo han aumentado significativamente en 2023. Amnistía Internacional informó de que, en 2023, fueron ejecutadas al menos 1153 personas (excluida China, donde las cifras se mantienen en secreto), lo que supone la cifra más alta desde 2015 (durante ese año, Amnistía Internacional registró 1,634 ejecuciones - excluida China). Resulta alarmante que este elevadísimo número de ejecuciones registradas tuviera lugar en sólo 16 países, el menor número de países ejecutores registrado según Amnistía Internacional. La mayoría de ellas tuvieron lugar en Irán (más de 853 ejecuciones) y Arabia Saudí (172 ejecuciones registradas).
Además, y en contra de la tendencia mundial, algunos Estados que habían abolido o aplicado desde hace tiempo una moratoria sobre la pena de muerte, están yendo en contra de esta tendencia abolicionista. Así, en muchos países se alzan voces que abogan por el endurecimiento de las condenas penales y el restablecimiento de la pena capital.
En este contexto, es responsabilidad del movimiento abolicionista intensificar sus esfuerzos para lograr la abolición universal de la pena de muerte.
La Respuesta: La Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte
En 2013, PGA lanzó su Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte. El objetivo de la campaña es garantizar que se respete el derecho a la vida y promover sistemas de justicia basados en el Estado de Derecho en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, en particular la meta 16.3. Los parlamentarios tienen un papel crucial que desempeñar en el movimiento para restringir el uso de la pena de muerte y, en última instancia, abolirla mediante la elaboración de leyes, la deliberación sobre las políticas nacionales y la sensibilización de la opinión pública.
Para ello, PGA ayuda a sus miembros tanto de países retencionistas como abolicionistas y adopta un enfoque gradual para avanzar hacia el abolicionismo en el país, que incluye:
- Mejorar las condiciones de detención en el corredor de la muerte abordando cuestiones como el hacinamiento en las cárceles, la insuficiencia de alimentos o agua potable, la falta de atención médica, la falta de personal e infraestructuras, las deplorables condiciones sanitarias, la violencia física, etc.
- Reforzar las garantías jurídicas en los casos de pena capital, incluido el derecho al debido proceso, el derecho de apelación y a procedimientos de clemencia, el derecho a una asesoría legal adecuada, el derecho a un juicio justo.
- Reducción del ámbito de aplicación de la pena de muerte, incluida la eliminación de las condenas obligatorias.
- [Para los países retencionistas] Adopción de una moratoria, incluso mediante la afirmación de la resolución bianual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.
- Abolición de la pena de muerte y promoción de una norma internacional que la prohíba, mediante el apoyo a la ratificación, adhesión o adopción del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2PF-PIDCP).
