Resolución parlamentaria en apoyo a la creación de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la democracia

Preámbulo

Reconociendo que la democracia es el mejor sistema para proteger los derechos humanos, consagrada en instrumentos internacionales fundamentales, incluido el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que «la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad del gobierno», y que los principios democráticos son fundamentales para la legitimidad, la rendición de cuentas, la transparencia y la inclusividad de las instituciones políticas;

Afirmando que el retroceso democrático, la erosión del espacio cívico y el auge del autoritarismo plantean riesgos graves y crecientes para el disfrute de los derechos humanos, así como para la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en todo el mundo;

Reconociendo que los mecanismos existentes de las Naciones Unidas, incluidos los mandatos temáticos del Consejo de Derechos Humanos, protegen derechos democráticos fundamentales, pero que actualmente ningún mandato específico ofrece un enfoque integral, estructural y sistémico de la democracia;

Reconociendo además que las organizaciones de la sociedad civil, los órganos interparlamentarios y otras partes interesadas pertinentes han pedido la creación de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la democracia para ayudar a subsanar esta laguna en la arquitectura internacional de derechos humanos;

Recordando que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido una amplia gama de relatores especiales independientes y pro bono en el marco de su sistema de «procedimientos especiales», que actúan como expertos imparciales encargados de la investigación de los hechos, la consulta, la investigación, la presentación de informes y la formulación de recomendaciones;

Reconociendo que un Relator Especial sobre la Democracia podría complementar los mandatos existentes proporcionando un análisis institucional y estructural transversal, identificando riesgos emergentes y buenas prácticas, y apoyando los esfuerzos de creación de capacidad relacionados con la gobernanza democrática;

Afirmando que los parlamentarios desempeñan un papel fundamental en la salvaguardia de la democracia, la promoción de la rendición de cuentas, la defensa del Estado de derecho y la garantía de una representación política inclusiva, en particular para las mujeres, los jóvenes, los grupos marginados y las comunidades infrarrepresentadas.

Disposiciones operativas

1. Insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que establezca, tan pronto como sea posible, un nuevo mandato temático, a saber, un Relator Especial sobre la democracia, en el marco del sistema de procedimientos especiales independientes.

2. Solicita que el mandato del Relator Especial sobre la democracia se defina claramente y se base en el derecho internacional de los derechos humanos. Podría incluir las siguientes funciones fundamentales:

a. Monitoreo y análisis

• Realizar análisis estructurales, institucionales y comparativos sobre  la gobernanza democrática a escala mundial y regional;
• Identificar tendencias, riesgos y oportunidades relacionadas con el retroceso democrático, la resiliencia democrática y las reformas;
• Evaluar la situación del espacio cívico, la participación política, la integridad electoral, los controles y contrapesos, la eficacia parlamentaria y los mecanismos de rendición de cuentas.

b. Investigación y presentación de informes

• Realizar visitas a los países, con el consentimiento de los Estados, para evaluar las prácticas democráticas, los retos y las reformas;
• Recopilar información de una amplia gama de partes interesadas, incluidos los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades marginadas, los parlamentos, los partidos políticos y los organismos regionales e internacionales;
• Elaborar y presentar informes al Consejo de Derechos Humanos y, cuando proceda, a la Asamblea General, que contengan conclusiones, análisis, buenas prácticas identificadas y recomendaciones.

c. Cooperación y coordinación

• Colaborar estrechamente con los relatores especiales y titulares de mandatos de las Naciones Unidas existentes, incluidos los relativos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación pacíficas y la independencia de jueces y abogados, para garantizar la complementariedad y evitar la duplicación;

• Establecer mecanismos consultivos, incluida la colaboración con expertos en democracia, profesionales de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, para fundamentar la labor del mandato y garantizar la aportación de expertos.

1. Insta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en particular a aquellos comprometidos con la gobernanza democrática y los derechos humanos, a que copatrocinen y apoyen activamente la creación del cargo de Relator Especial sobre la Democracia.

2. Alienta a los parlamentarios, a través de los parlamentos nacionales, los grupos parlamentarios y las organizaciones interparlamentarias, a que defiendan esta iniciativa en el seno de sus delegaciones nacionales ante las Naciones Unidas y a que generen un impulso político sostenido para la creación y el apoyo de este mandato.

3. Pide una colaboración significativa con las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos juveniles, los grupos marginados y otros actores democráticos locales para apoyar la labor del Relator, garantizando que sus perspectivas y experiencias vividas se reflejen en su análisis y recomendaciones.

4. Solicita que el Relator Especial preste especial atención a las cuestiones de inclusión democrática, incluida la participación política y la representación de las mujeres, los jóvenes, las minorías, los pueblos indígenas y otros grupos marginados o poco representados.

5. Afirma que el establecimiento de este mandato fortalecería los esfuerzos globales para defender los derechos humanos, reforzar el estado de derecho y reafirmar la centralidad de la democracia dentro del sistema de las Naciones Unidas, en consonancia con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

6. Decide transmitir esta resolución al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a las Misiones Permanentes de los Estados Miembros y a las redes interparlamentarias y multilaterales pertinentes.