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Mobilizing Legislators as Champions for Human Rights, Democracy, and a Sustainable World
Movilizando parlamentarios como defensores y defensoras de los derechos humanos, la democracia y un mundo sostenible. Conozca más

Últimas Actividades:

Edificio del Parlamento húngaro. Crédito de la foto: Will Perrett / Adobe Stock

La Asamblea Nacional húngara votó por 133 votos a favor y 37 en contra seguir siendo miembro de la Corte Penal Internacional, reafirmando su compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho.


Día de la UE contra la Impunidad: La Iniciativa Global insta a la UE y a los Estados miembros a mantenerse firmes con los supervivientes

Día de la UE contra la Impunidad: La Iniciativa Global insta a la UE y a los Estados miembros a mantenerse firmes con los supervivientes

La Iniciativa Global contra la Impunidad: Making Justice Work (GIAI) hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que refuercen su compromiso de poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de derecho internacional y apoyen firmemente a los supervivientes.

22 de mayo de 2026 — Ante la celebración del Día de la Unión Europea contra la Impunidad, la Iniciativa Global contra la Impunidad: Hacer que la justicia funcione (GIAI) insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que renueven su compromiso de poner fin a la impunidad de los delitos más graves según el derecho internacional y a que se mantengan firmes junto a los supervivientes y las comunidades afectadas. El último año ha sido testigo de una escalada continua de los conflictos armados, retrocesos democráticos, doble rasero, ataques a los tribunales internacionales y a los mecanismos de rendición de cuentas, retrocesos en los avances de la justicia transicional y la justicia de género, el menoscabo de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, y la reducción de los recursos destinados al trabajo en materia de derechos humanos. En conjunto, estos acontecimientos suponen amenazas crecientes para la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos y para el propio sistema de justicia internacional. Los supervivientes y las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los miembros de la GIAI, han respondido a estas amenazas con determinación y soluciones innovadoras, demostrando que una acción colectiva firme, basada en enfoques centrados en los supervivientes, puede ayudar a contrarrestar estas tendencias y promover la justicia. La movilización contra las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI) demuestra la importancia de la acción colectiva para preservar la integridad de la Corte frente a los esfuerzos políticos destinados a debilitar el acceso de los supervivientes a la justicia en todo el mundo. Los esfuerzos por apoyar el acceso de los supervivientes a los mecanismos de justicia internacionales y nacionales a través de la representación legal, la documentación, el acompañamiento y la defensa liderada por los propios supervivientes también han puesto de relieve el papel clave que desempeñan los supervivientes como agentes de cambio. La GIAI ha llamado además la atención sobre el papel esencial de justicia transicional a la hora de abordar las causas profundas de la violencia y las consecuencias a largo plazo de los crímenes atroces mediante el apoyo a iniciativas de base y dirigidas por los supervivientes que promueven la búsqueda de la verdad, la reparación, la conmemoración y las garantías de no repetición. Dado que los autores de los delitos cruzan fronteras, ocultan activos y se aprovechan de la protección política, la GIAI ha hecho hincapié en la necesidad de adaptar las estrategias de rendición de cuentas más allá de los enfoques tradicionales de los tribunales, incluyendo localización de sospechosos, la impugnación de inmunidades y impulsar el uso de la jurisdicción universal y extraterritorial para exigir responsabilidades a los autores. Frente a la reducción de la financiación destinada a los derechos humanos, también ha demostrado cómo las investigaciones financieras, la recuperación de activos y las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las sanciones pueden respaldar los esfuerzos de reparación para los supervivientes y las comunidades afectadas. Para que la justicia sea más significativa, accesible y creíble, la GIAI ha promovido normas centradas en los supervivientes para una interacción ética, informada sobre el trauma y sensible al género con los supervivientes. Al mismo tiempo, la GIAI ha seguido contribuyendo a la configuración de marcos jurídicos y normativos que hagan posible la rendición de cuentas, desde los esfuerzos por reforzar las normas sobre inmunidades hasta la colaboración con la Unión Europea en materia de derechos de las víctimas, participación y reparación. Este momento exige valentía política, una inversión sostenida y una colaboración genuina con la sociedad civil, los supervivientes y las comunidades afectadas. La Unión Europea y sus Estados miembros tienen la responsabilidad particular de defender el sistema de justicia internacional que ayudaron a construir y de defender el Estado de derecho, la paz y la dignidad humana. Deben utilizar todas las herramientas a su alcance para apoyar a los supervivientes y reforzar los esfuerzos colectivos para garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves. El compromiso de Europa con la justicia no puede ser selectivo. La credibilidad de la política de derechos humanos de la UE depende de su apoyo coherente e inequívoco a la rendición de cuentas en todas partes. «No queremos preocuparnos por ritos religiosos ni por esqueletos... Lo que realmente queremos es que se rindan cuentas», dijo la madre de una persona desaparecida de Sri Lanka. Cuando los Estados socavan la CPI, no se limitan a debilitar una institución; nos perjudican a nosotros, haciendo que la posibilidad de rendir cuentas sea frágil y condicional. Los Estados Partes tienen tanto la autoridad como la responsabilidad de fortalecer y defender la Corte, para que pueda proteger a todas las personas que han sido víctimas de crímenes atroces. Lala Abgaryan, una víctima armenia. En este Día de la UE contra la Impunidad, la GIAI insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a: Defiendan la independencia de la CPI, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros tribunales regionales y mecanismos de rendición de cuentas, y se opongan a toda forma de injerencia política e intimidación, incluidas las sanciones, así como a cualquier intento de socavar su autoridad e independencia y los instrumentos internacionales y regionales que deben hacer cumplir; Reforcen las capacidades nacionales para investigar y enjuiciar los crímenes internacionales, entre otras cosas mediante la jurisdicción universal y la promoción y ratificación del Convenio de Liubliana-La Haya; Garantizar enfoques centrados en los supervivientes, sensibles al trauma, con perspectiva de género e interseccionales en todos los procesos de rendición de cuentas, reparación y justicia transicional; Fortalecer y poner en práctica la Política de la UE en materia de justicia transicional mediante un apoyo político y financiero sostenido a las iniciativas lideradas por los supervivientes, de base y de titularidad local que promuevan la verdad, la reparación, la memoria, la reforma institucional y las garantías de no repetición; Salvaguardar los logros pasados y actuales en materia de justicia transicional apoyando los procesos de conmemoración, búsqueda de la verdad, reparación y reforma institucional, y oponiéndose a los intentos de negar, revisar o legitimar los crímenes atroces y a sus autores; Ampliar el apoyo a la reparación, incluso mediante el uso responsable de sanciones individuales selectivas y medidas de recuperación de activos vinculadas a crímenes internacionales; Proteger a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y a las iniciativas lideradas por supervivientes que trabajan en favor de la rendición de cuentas, incluso proporcionando financiación sostenible; Garantizar el apoyo político y financiero a largo plazo a las instituciones y mecanismos internacionales de justicia y derechos humanos. La GIAI mantiene su compromiso de garantizar que la justicia internacional llegue a quienes más la necesitan: los supervivientes, las comunidades afectadas y las generaciones futuras.

Noticias sobre Justicia Internacional - Mayo 2026

Noticias sobre Justicia Internacional - Mayo 2026

La actualización de PGA sobre la justicia internacional se ofrece como un recurso para nuestros miembros y el público en general sobre los titulares importantes sobre la brecha de la impunidad, los desarrollos legislativos y parlamentarios y las noticias judiciales.

El Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos elabora esta actualización sobre justicia internacional con fines meramente informativos. Las opiniones expresadas en los artículos incluidos en esta actualización no reflejan necesariamente la postura de PGA ni de ninguna persona relacionada con PGA; tampoco PGA ni ninguna persona relacionada con PGA garantiza la veracidad del contenido de dichos artículos. 2026mayo16-31 Destacado Hungría El 27 de mayo de 2026, el Parlamento húngaro votó a favor de revertir su retirada prevista de la Corte Penal Internacional. La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes acogió con satisfacción la decisión de Hungría de seguir siendo Estado Parte del Estatuto de Roma. Euronews, CPI Cooperación Filipinas El 21 de mayo de 2026, el ministro de Justicia filipino ordenó a las autoridades policiales que detuvieran al senador Ronald «Bato» dela Rosa, buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad. Al Jazeera Brecha de impunidad Israel, Palestina El 22 de mayo de 2026, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó de que la crisis en Gaza y Cisjordania había alcanzado niveles catastróficos, reiterando los llamamientos para que se rindieran cuentas por las presuntas violaciones del derecho internacional. ACNUDH Israel El 24 de mayo de 2026, Middle East Eye informó de que la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, había declarado que el exjefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad la había presionado para que pusiera fin a la investigación de la Corte sobre crímenes de guerra en Israel. Middle East Eye Reino Unido, Afganistán El 28 de mayo de 2026, BBC News informó sobre un testimonio ante la Comisión de Investigación Independiente sobre Afganistán en el que un exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Especiales del Reino Unido afirmó que las denuncias de crímenes de guerra contra el Servicio Aéreo Especial no se remitieron a la policía militar en 2011 debido al temor de que una investigación pudiera perturbar las operaciones y minar la moral, a pesar de las preocupaciones relativas a las ejecuciones extrajudiciales. BBC News Evolución legislativa/parlamentaria Afganistán, Unión Europea El 27 de mayo de 2026, 83 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Parlamentarios por la Acción Global, instaron a la Unión Europea y a sus Estados miembros a abstenerse de entablar relaciones con representantes talibanes y a apoyar los esfuerzos internacionales en materia de justicia que se están llevando a cabo. FIDH Novedades judiciales Libia El 21 de mayo de 2026, la Corte Penal Internacional concluyó la vista de confirmación de los cargos en el caso contra Khaled Mohamed Ali El Hishri, un antiguo alto cargo de la prisión de Mitiga sospechoso de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Libia entre 2014 y 2020. CPI Chad, Senegal El 25 de mayo de 2026, Human Rights Watch conmemoró el 10.º aniversario de la condena del exdictador chadiano Hissène Habré ante las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal, señalando que esta sentencia histórica ha inspirado los esfuerzos por la justicia a nivel mundial. Sin embargo, las indemnizaciones de aproximadamente 123 millones de euros concedidas a cerca de 7.400 víctimas y supervivientes siguen sin pagarse en su mayor parte. Human Rights Watch Polonia, Israel, Palestina El 25 de mayo de 2026, supervivientes polaco-palestinos y organizaciones asociadas presentaron una denuncia penal en Polonia contra altos cargos israelíes por presunto genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y obstrucción de la ayuda humanitaria en Gaza. Fundación Hind Rajab Filipinas El 27 de mayo de 2026, la Sala de Primera Instancia III de la Corte Penal Internacional fijó la apertura del juicio en el caso El Fiscal contra Rodrigo Roa Duterte para el 30 de noviembre de 2026. CPI Suecia, Sudán El 28 de mayo de 2026, el Tribunal de Distrito de Estocolmo concluyó el juicio contra antiguos ejecutivos de Lundin Oil por complicidad en crímenes de guerra cometidos en Sudán entre 1999 y 2003, anunciando que la sentencia se dictará en diciembre. Africanews Australia, Israel, Palestina El 31 de mayo de 2026, activistas vinculados a la Flotilla Global Sumud anunciaron que habían presentado pruebas ante la Corte Penal Internacional sobre presuntos abusos, torturas y otras violaciones tras la interceptación israelí de la flotilla humanitaria con destino a Gaza. ABC 2026Mayo1-15 Destacado Libia El 19 de mayo de 2026, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional abrirá la audiencia de confirmación de los cargos en el caso El Fiscal contra Khaled Mohamed Ali El Hishri. El Hishri, antiguo alto cargo de la prisión de Mitiga, se enfrenta a 17 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos contra ciudadanos libios, migrantes y refugiados entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2020. Se trata del primer caso relativo a la situación en Libia que llega a la fase de confirmación de los cargos ante la CPI. CPI, FIDH Cooperación Global El 6 de mayo de 2026, el primer ministro Pedro Sánchez instó a la Comisión Europea a activar el Estatuto de Bloqueo de la UE para proteger a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas de las sanciones de Estados Unidos. Middle East Eye Tayikistán El 7 de mayo de 2026, la Presidencia de la Corte Penal Internacional remitió el incumplimiento de Tayikistán a la Asamblea de los Estados Partes por no cooperar con la solicitud de la Corte de detener y entregar al presidente ruso Vladimir Putin. CPI Filipinas El 15 de mayo de 2026, Filipinas se comprometió a cooperar con la CPI y a detener al senador Ronald Marapon Dela Rosa, sobre quien pesa una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes contra la humanidad. Al Jazeera Esferas de impunidad República Democrática del Congo El 5 de mayo de 2026, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos de forma generalizada por las Fuerzas Democráticas Aliadas contra la población civil en el este de la RDC. Amnistía Internacional Afganistán, Pakistán El 5 de mayo de 2026, los talibanes acusaron a Pakistán de matar a tres civiles e hirir a catorce personas en un ataque transfronterizo, calificando el incidente de crimen de guerra. El ataque se produjo tras un alto el fuego negociado por China en abril, tras varios meses de enfrentamientos armados. Al Jazeera Asuntos legislativos/parlamentarios Global El 12 de mayo de 2026, 11 Estados africanos se sumaron a la iniciativa de Francia y México para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, lo que eleva a 118 el número total de Estados que la respaldan. Agencia Anadolu Ucrania, Rusia El 15 de mayo de 2026, 34 países europeos, Australia, Costa Rica y la UE aprobaron una resolución para establecer un tribunal especial encargado de juzgar a Rusia por el delito de agresión contra Ucrania. France 24 Asuntos judiciales Siria El 5 de mayo de 2026, la justicia siria imputó a Atef Najib, un antiguo alto cargo de seguridad, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con la represión de las protestas de 2011. Se trata del primer proceso judicial contra antiguos funcionarios del régimen de Assad. DW Ruanda, Francia El 6 de mayo de 2026, el Tribunal de Apelación de París anuló la desestimación de los cargos de genocidio contra la ex primera dama ruandesa Agathe Habyarimana y ordenó que se reanudara la investigación. Habyarimana, que vive en Francia desde 2004, se enfrenta a cargos de complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad relacionados con el genocidio tutsi de 1994. Le Monde Filipinas El 11 de mayo de 2026, los jueces de la CPI hicieron pública una orden de detención contra el senador Ronald Marapon Dela Rosa por crímenes contra la humanidad de asesinato en relación con al menos 32 homicidios cometidos entre julio de 2016 y abril de 2018 durante la guerra contra las drogas del Gobierno de Duterte. CPI

Parlamentarios de todas las regiones del mundo aprueban el Plan de Acción de Ciudad de México para una gobernanza robusta de los océanos

Parlamentarios de todas las regiones del mundo aprueban el Plan de Acción de Ciudad de México para una gobernanza robusta de los océanos

El acto, organizado bajo los auspicios del Senado de México en Ciudad de México, reunió a parlamentarios, expertos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas clave para entablar debates interactivos.

Los días 26 y 27 de marzo, Parlamentarios por la Acción Global celebró su Cuarta Asamblea Consultiva de Parlamentarios por los Océanos (CAP-Oceans) en el marco del 46.º Foro Anual de PGA. El evento, organizado bajo los auspicios del Senado de México en la Ciudad de México, reunió a parlamentarios, expertos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas clave para participar en debates interactivos, compartir buenas prácticas y comprometerse con la implementación efectiva de las áreas marinas protegidas (AMP), incluso en alta mar, como herramienta para una gobernanza oceánica sólida. Las presentaciones de los expertos destacaron la importancia de la cooperación para construir un marco jurídico sólido de gobernanza oceánica, los beneficios generalizados de las áreas marinas protegidas inclusivas y la entrada en vigor del Tratado de las Naciones Unidas sobre la Alta Mar en enero de 2026. Los parlamentarios expresaron su compromiso con el objetivo global de proteger el 30 % de los océanos para 2030 y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Vida submarina, compartiendo experiencias y lecciones aprendidas en sus respectivos países y haciendo un llamamiento a la acción para proteger este patrimonio común de la humanidad. La defensa de los océanos es una tarea indispensable para salvaguardar los equilibrios que hacen habitable nuestro planeta. Los océanos cubren más del 70 % de la superficie de la Tierra y sustentan la mayor parte de sus ecosistemas.  La mayor parte del oxígeno que respiramos proviene del océano, y los medios de vida y los intercambios de millones de personas en todo el mundo también dependen de ellos. Por lo tanto, cuidar los océanos también significa cuidar de nuestra gente, defender la justicia social y, sobre todo, asumir la responsabilidad para con las generaciones futuras. Defender los océanos exige actuar con responsabilidad global . Nos exige considerar esta agenda no solo como una cuestión nacional , sino como una causa vinculada a la cooperación internacional y a la diplomacia parlamentaria. Y hoy, esa responsabilidad cobra especial relevancia con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, que busca reforzar la protección de las aguas internacionales, entre otras medidas, mediante la creación de áreas marinas protegidas que cubran al menos el 30 % de los océanos. La senadora Laura Itzel Castillo (México), presidenta del Senado A continuación se presentan los tres pilares principales que guiaron las conversaciones y las medidas concretas que los parlamentarios están adoptando en sus países: Los participantes debatieron sobre la creación y la gestión conjunta efectiva de las áreas marinas protegidas, así como sobre el reconocimiento del papel crucial de las mujeres, entre otros grupos, para alcanzar el objetivo de proteger el 30 % de los océanos para 2030. Los parlamentarios hicieron hincapié en la necesidad de involucrar a las comunidades locales y en los amplios beneficios que supone apoyar a las mujeres de estas comunidades. No estamos hablando de una visión romántica de el océano, estamos hablando de medios de vida. No hay tema más fundamental para la justicia social que la preservación de nuestro océano. Sin el océano, no hay vida.» Dip. Kattia Cambronero Aguiluz (Costa Rica), miembro de la Comisión Especial de Medio Ambiente La exploración petrolera ha provocado una grave contaminación del océano, además de afectar a los medios de subsistencia de las comunidades costeras. Por primera vez desde la década de 1960, Nigeria ha creado un Ministerio de Economía Marina y Azul. La aplicación de la ley será más estricta e contará con la participación de las comunidades locales. Tengo previsto colaborar con otros miembros de la PGA en Nigeria para establecer la estructura jurídica necesaria para crear AMP y garantizar su cumplimiento. Hon. Bamidele Salam, diputado (Nigeria), presidente de la Comisión de Cuentas Públicas y presidente del Grupo Nacional de la PGA Debemos proteger nuestro litoral para las comunidades de mujeres cuyos medios de vida dependen de él. La gobernanza de los océanos no ha reconocido tradicionalmente a las mujeres, quienes son más vulnerables a sufrir los efectos del cambio climático. Para que el Tratado de Alta Mar funcione, la gobernanza de los océanos no debe acentuar los desequilibrios históricos. Las AMP no se crean tras un escritorio, sino en los contextos locales y sobre el terreno; deben desarrollarse en diálogo con las mujeres y deben constituir un acto de justicia ambiental. Dip. Gabriela Benavides Cobos (México), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Las mujeres del sector pesquero en Jamaica se dedican principalmente al procesamiento, más que a la captura. Al igual que en la mayor parte del Caribe, este trabajo está infravalorado. El reciente huracán ha afectado a todos los pescadores, pero las mujeres se enfrentan a efectos agravados porque muchas son cabezas de familia solteras. Jamaica afirma que estamos en vía de alcanzar el objetivo de 30 para 2030, pero actualmente solo estamos en el 14 %, por lo que hay una gran brecha que cerrar. Hon. Dra. Angela Brown Burke, diputada (Jamaica), miembro de la Junta Directiva de la PGA Cuando hablamos de los derechos de las mujeres en la pesca, hablamos de dignidad, seguridad alimentaria , resiliencia y el futuro de las comunidades de las islas del Pacífico. Si queremos políticas pesqueras serias, las mujeres deben tener un lugar en la mesa. Si queremos un Pacífico resiliente, las mujeres en el sector pesquero deben ser vistas, deben ser escuchadas, deben ser apoyadas y deben ser valoradas. Hon. Tina Browne, diputada (Islas Cook), líder de la oposición Los participantes analizaron el Tratado de la Alta Mar como una herramienta eficaz para la gobernanza de los océanos, subrayando su marco histórico para la creación de áreas marinas protegidas en alta mar. Los parlamentarios destacaron que el Tratado es esencial para alcanzar el objetivo de proteger el 30 % de los océanos para 2030, y señalaron su relevancia para todas las personas de todos los países del mundo. Esperamos que los parlamentarios —especialmente los miembros de la PGA— tomen medidas concretas para ratificar el Tratado de Alta Mar. En el caso de los diputados de países que ya ratificado, deben tomar medidas para incorporar el Tratado a su legislación nacional. A continuación, deben asumir la responsabilidad de supervisar y comunicar la importancia del Tratado a sus electores. Debemos proteger especialmente a las mujeres que se dedican a la pesca, ya que se ven afectadas de manera desproporcionada por las actividades que comprometen nuestro océano. Hon. Millie Odhiambo (Kenia), miembro de la Comisión Departamental de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores; Miembro de la Junta Directiva de la PGA Antes de que Gambia ratificara el Tratado de Alta Mar , llevamos a cabo un proceso deliberado e inclusivo para asegurarnos de que nuestro pueblo comprendiera el Tratado. Involucramos a comunidades, ONG, empresas y expertos para alinearnos con los objetivos nacionales de desarrollo y la prosperidad económica. La PGA ayudó a sensibilizar e involucrar a los miembros de la Asamblea Nacional para que comprendieran el Tratado. Hago un llamamiento a los parlamentarios de todo el mundo para que alcen la voz y se aseguren de que otros países se adhieran al Tratado! Hon. Abdoulie Ceesay, diputado (Gambia), líder adjunto de la mayoría , presidente del Grupo Nacional de la PGA, miembro de la Junta Directiva de la PGA Nuestro océano está amenazado. El Tratado de Alta Mar es la esperanza más importante para el océano que hemos visto. Todos deberíamos ratificar este acuerdo lo antes posible. También debemos reforzar la gestión basada en la comunidad para la pesca sostenible y la gestión de los ecosistemas.” Hon. Sir Iakoba Taeia Italeli, diputado (Tuvalu), presidente del Parlamento de Tuvalu Como bióloga marina de formación, me presenté a las elecciones parlamentarias para ser la voz del océano. Suecia está tratando de ser una defensora en cuestiones oceánicas. Cuando ratifiquemos [el Tratado de Alta Mar] —probablemente este verano— estaremos preparados para cumplir. Sra. Emma Nohren, diputada (Suecia), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura Los participantes compartieron experiencias de cooperación eficaz a nivel nacional, regional y mundial, lo que ha quedado demostrado por los avances en los marcos de gobernanza de los océanos y es necesario para la materialización de estos compromisos. Los parlamentarios hicieron hincapié en la necesidad de participar en iniciativas multilaterales y de carácter multipartidista, destacando la importancia de la transparencia y la participación de múltiples partes interesadas en estos procesos. La cooperación también vincula el medio ambiente, la economía y la supervivencia. Para Belice, no es un término abstracto: es una cuestión existencial. La pesca, el turismo y los medios de vida costeros dependen de océanos saludables, y, dependiendo de esos océanos, el ecosistema marino sustenta la economía azul. La ratificación del Tratado de Alta Mar amplificó nuestra voz como pequeño país, dotándola de credibilidad. La PGA nos permite promover y generar apoyo multipartidista – compartiendo herramientas jurídicas, marcos normativos y convirtiendo acuerdos internacionales como el Tratado de Alta Mar en legislación nacional. La PGA ayuda a países como Belice a pasar del compromiso a la acción y, posteriormente, a la implementación. Hon. Valerie Woods, diputada (Belice), presidenta de la Cámara de Representantes, miembro de la Junta Directiva de la PGA Es importante explicar a los pescadores por qué se adoptan estas medidas para proteger los océanos. No queríamos que se sintieran sorprendidos por nuestra legislación, por lo que les dimos dos años para prepararse para los cambios. Nos coordinamos con la UE para proporcionarles ayuda y nos coordinamos para disponer de instrumentos que financien sus puestos de trabajo y les permitan adaptar sus negocios. Estamos tratando de averiguar cómo ayudar a cada uno de ellos. Si conoces a las personas a las que debes dirigirte, sus posiciones y sus problemas, entonces abre un espacio para mantener un diálogo y generar confianza. Saben que este cambio será una transición justa, que no se verán afectados negativamente y que es por el bien común. Es importante contar con el apoyo de los ciudadanos en los cambios que necesitamos para la protección del medio ambiente. Hon. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, diputada (Grecia), Enviada Especial del Primer Ministro para el Océano Parlamentarios: ¡ustedes pueden impulsar el progreso en la protección de los océanos! Sra. Elinor Hammarskjold, subsecretaria general de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos y asesora jurídica de las Naciones Unidas Cuando hablamos del océano, debemos dejar de lado todas nuestras diferencias partidistas para protegerlo. Debemos redactar leyes que creen incentivos para que nuestros ciudadanos protejan el océano. No estamos aquí para hablar, sino para luchar por proteger nuestro océano. ¡Debemos tomar medidas al regresar a nuestros países! Dip. Jorge Calix (Honduras) La Hon. Amanza Walton Desir, diputada (Guyana) y miembro de la Junta de la PGA, dirigió el debate sobre el Plan de Acción de la Ciudad de México: El océano nos exige que cumplamos: ¡necesitamos actuar! Mediante la adopción del Plan de Acción de la Ciudad de México , los parlamentarios acordaron emprender diversas medidas, entre ellas la ratificación oportuna y la aplicación efectiva del Tratado de Alta Mar, el establecimiento y la gestión conjunta efectiva de áreas marinas protegidas, una gobernanza oceánica inclusiva y equitativa, y el fomento de la colaboración entre partidos y la cooperación internacional. El texto completo del Plan de Acción de la Ciudad de México está disponible aquí.

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – January - March 2026

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – January - March 2026

The need to turn commitments into action

The need to turn commitments into action The alarming rise in executions in 2025, particularly those related to drug crimes (which increased 97% from 2024 according to the latest Harm Reduction International report), cast a long shadow over the first quarter of 2026. The international community’s attention was particularly focused on the situation in Iran, where peaceful protests that began December 2025 were met with a brutal crackdown and human rights violations, reportedly resulting in thousands of deaths, as well as mass arrests that have left hundreds at risk of execution. The need to address this violent trend was central to the parliamentary workshop organized by Parliamentarians for Global Action in Mexico City on 25 March. Parliamentarians are more crucial than ever in this difficult context. During discussions, parliamentarians heard poignant testimonies from a defense lawyer and representatives of the abolitionist movement, including experts on the differentiated impact of the death penalty and prison conditions based on gender. In concrete results, parliamentarians from The Gambia and Jamaica committed to action steps, paving the way for change accompanied by sustained political engagement. The urgency of these commitments by champion parliamentarians is underscored by radical legislative initiatives elsewhere in the world. In late March, the Israeli Knesset passed a law reinstating the death penalty for Palestinians, a move condemned by the UN, the international community and civil society as a violation of international law. Meanwhile, the Maldives Government has proposed a bill to effectively end its six-decade moratorium. Faced with the rise of these regressive measures, parliamentarians must translate their commitments into concrete legislative action. The link between gender and the death penalty was raised during the Commission on the Status of Women 70th Session (CSW70) thanks to civil society organizations. The delegation from the World Coalition Against the Death Penalty advocated for the goals of the abolitionist cause, amplified the voices of women sentenced to death, and proposed solutions. Conclusions of CSW70 included, for the first time, references to women in conflict with the law, emphasizing the need to “address the specific needs and circumstances of all women and girls subject to arrest, detention, prosecution, trial and sentencing, including irreversible criminal penalties.” January to March 2026 at a Glance Positive developments: Malaysia: o   New parliamentary data indicate that 976 people, including 889 men and 87 women, were released as of 30 September 2025. This follows Malaysia’s resentencing project process related to the abolition of the mandatory death penalty in November 2023. United States: o   Oklahoma State Senator Nikki Nice is campaigning for a bill to reinstate a moratorium in the state until June 2028. Oklahoma resumed executions in 2021, after observing a six-year moratorium. o   The New Hampshire House of Representatives rejected a bill to reinstate the death penalty, as well as other bills that would have expanded its application. The state abolished capital punishment in 2019, but one person remains on death row. Setbacks Iran: o   Nationwide demonstrations in the country, which began on 28 December 2025, led to serious human rights violation in the country, with thousands of people killed during the crackdown. Hundreds of protesters are at risk of death sentences, including children. o   Since the beginning of the year, at least 184 men and 5 women were executed. Israel: o   The Knesset adopted a death penalty law targeting Palestinians living under occupation.  The law authorizes military courts to impose mandatory death sentences for deliberate killings in actions that are defined as terrorist acts, and denies pardon. Experts and civil society organizations stress its blatant incompatibility with international law and call for its immediate repeal. Maldives: o   Government plans to introduce a bill to end the longstanding moratorium on the death penalty in the Maldives. United States o   Florida Supreme Court upheld a law enabling non-unanimous death verdicts. Florida, along with Alabama, is one of only two states to permit non-unanimous death verdicts. o   Alabama approved a bill expanding the scope of the death penalty. o   Bills are being considered to reinstate the death penalty in Wisconsin (where it was abolished in 1853), and in West Virginia (which abolished it in 1965). o   In Utah, a bill seeks to expedite death penalty proceedings. o   From January-March 2026, a total of 7 executions were recorded, included: §  4 executions in Florida §  2 executions in Texas §  1 execution in Indiana §  1 execution in Oklahoma New Reports and Resources: Harm Reduction International (HRI): o   The Death penalty for drug offences: global overview 2025. The report shows that at least 36 countries still retain the death penalty for drug-related offences, and that 1,212 people were executed for such offences (a 97% increase between 2024 and 2025). Universal Periodic Review – 51st session: o   States formulated recommendations to abolish the death penalty to Lebanon; Maldives; Mauritania; Oman; Saint Lucia; and Singapore. Concerns were also conveyed to Chad regarding the decree seeking to reinstate the death penalty. World Coalition Against the Death Penalty (WCADP): o   WCADP launched an online learning platform designed to strengthen knowledge, advocacy and global action to end the death penalty. The Rights Practice, Institute for Criminal Justice Reform, The Square Circle Clinic, Justice Project Pakistan, Taiwan Alliance to End the Death Penalty, Transformative Justice Collective, Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights, Centre for Prisoners Rights, Japan Federation of Bar Associations, and the Anti-Death Penalty Asia Network: o   Kuala Lumpur Guidelines – Regional guidelines for lawyers representing individuals facing the death penalty and execution in Asia

Los parlamentarios se reúnen en Ciudad de México para reforzar su compromiso con la justicia internacional

Los parlamentarios se reúnen en Ciudad de México para reforzar su compromiso con la justicia internacional

¿Cómo pueden los legisladores promover la justicia internacional? Esta fue la pregunta que los miembros de Parlamentarios para la Acción Global examinaron el 25 de marzo de 2026, al margen del 46º Foro Anual de PGA en Ciudad de México.

¿Cómo pueden los legisladores impulsar la justicia internacional? Esta fue la cuestión que analizaron los miembros de Parlamentarios por la Acción Global el 25 de marzo de 2026, en el marco del 46.º Foro Anual de PGA en Ciudad de México. Los legisladores llevan mucho tiempo impulsando el progreso en materia de justicia internacional, como lo demuestran los resultados concretos logrados por los miembros de la PGA, que contribuyeron a la ratificación y la aplicación nacional del Estatuto de Roma, entre otros logros. Sin embargo, la actual fragilidad de las normas internacionales y el preocupante aumento de las crisis en todo el mundo exigen un compromiso más firme, incluso a través de la participación parlamentaria. En este contexto, legisladores de las Islas Cook, Guyana, Jamaica, los Países Bajos, Nigeria, Gambia, Ucrania y Zimbabue se reunieron para hacer balance de la situación actual y debatir estrategias para dar prioridad a la lucha contra la impunidad. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: amenazas y oportunidades La Corte Penal Internacional se enfrenta a retos sin precedentes, entre ellos amenazas de retirada o procedimientos de retirada que socavan la universalidad de la Corte. Muchas de estas amenazas se ven alimentadas por conceptos erróneos persistentes sobre el mandato de la Corte, que los legisladores pueden desmontar mediante el diálogo entre pares y la sensibilización de la opinión pública. Tal y como destacaron los participantes, la ratificación del Estatuto de Roma es crucial para fortalecer el Estado de derecho a todos los niveles, un criterio fundamental para los países democráticos que no debe verse comprometido en estos tiempos difíciles. 125 países son Estados Partes en el Estatuto de Roma, mientras que otros 29 Estados signatarios aún deben completar el proceso de ratificación y otros tendrían que adherirse al tratado para alcanzar una verdadera universalidad. Jamaica, que firmó el Estatuto en 2000, aún no ha finalizado su ratificación debido a obstáculos constitucionales y presiones políticas externas que han debilitado la voluntad política. La Hon. Dra. Angela Brown Burke, diputada (Jamaica), ilustró cómo los cambios geopolíticos han ofrecido nuevas oportunidades para retomar el diálogo: las consecuencias de las crisis mundiales sobre los ciudadanos jamaicanos (en particular la situación de los estudiantes jamaicanos que se encontraban en Ucrania en el momento de la agresión de la Federación de Rusia) han puesto de relieve la gravedad y la relevancia de la justicia internacional, lo que llevó a la oposición política a apoyar la ratificación y relanzar el debate a nivel nacional. Subrayó la necesidad de que los parlamentarios y las partes interesadas aprovechen este momento, lo que requiere una sensibilización pública sostenida. Por el contrario, el camino de Ucrania hacia la ratificación ofrece el ejemplo de un proceso largo pero exitoso. La Hon. Dra. Galyna Mykhailiuk, diputada (Ucrania), expuso a los participantes los esfuerzos parlamentarios realizados durante 24 años para superar los obstáculos, que finalmente condujeron a la aprobación por parte de la Verkhovna Rada de la ley que ratifica el Estatuto de Roma y sus enmiendas en 2024. Sin embargo, subrayó que la ratificación marca solo el comienzo: los parlamentarios deben ahora impulsar la implementación nacional para garantizar la efectividad del tratado. La necesidad de implementación en la legislación nacional encontró eco entre los participantes. Para el Hon. Daniel Molokele, diputado (Zimbabue), el Ministerio de Justicia debería adoptar un plan de acción para incorporar el Estatuto de Roma al derecho interno y lograr su ratificación. Por parte de Gambia, los Hon. Abdoulie Ceesay y Fatoumatta Njai, diputados, subrayaron la importancia del Diálogo del Grupo de Trabajo Africano de la PGA sobre Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, organizado en noviembre de 2025 en Nairobi, que puso de manifiesto las carencias de su legislación nacional actual y les impulsó a entablar un diálogo con su gobierno y trabajar en una legislación específica. Para apoyar a los Estados más pequeños que pueden carecer de capacidad y para aumentar la sensibilización sobre el sistema del Estatuto de Roma, los parlamentarios recomendaron estrechar los lazos con las organizaciones regionales, como la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Unión Africana. La Hon. Amanza Walton-Desir, diputada (Guyana), señaló que dicha asistencia regional sería vital para navegar por marcos jurídicos complejos. Los participantes debatieron sobre la próxima elección de seis jueces de la Corte Penal Internacional, que tendrá lugar en diciembre de 2026 durante la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma. Como Parlamentarios por la Acción Global lleva tiempo defendiendo, la calidad de los jueces es de fundamental importancia para el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la Corte Penal Internacional, que es el núcleo del éxito a largo plazo del sistema del Estatuto de Roma. Por ello, se recomendó a los parlamentarios que insten a sus gobiernos a establecer procedimientos nacionales de nominación justos, transparentes y basados en el mérito, y que supervisen las elecciones para garantizar que solo las personas más altamente cualificadas sean elegidas como jueces de la CPI. Oportunidades para la justicia internacional Los esfuerzos en materia de rendición de cuentas se multiplican, como lo demuestra el creciente número de casos presentados ante la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o en virtud del principio de jurisdicción universal. Otras iniciativas están en marcha para colmar las lagunas del marco jurídico internacional, y los parlamentarios pueden desempeñar un papel crucial apoyando estos avances y garantizando su sólida implementación: Crímenes de lesa humanidad: El proyecto de Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, de ser adoptado, colmará lagunas jurídicas críticas y reforzará los derechos y la protección de las víctimas. El proyecto de convención ofrece una oportunidad de innovación al codificar el apartheid de género o al añadir la esclavitud y la trata de personas como delito autónomo, clarificando y ampliando la definición jurídica actual. Ecocidio: Los parlamentarios reconocieron la importancia de los esfuerzos para reconocer el ecocidio como crimen internacional, un paso crucial para responsabilizar penalmente a los autores de daños graves y generalizados al medioambiente y para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Los participantes debatieron los esfuerzos actuales liderados por Vanuatu, Fiyi y Samoa para enmendar el Estatuto de Roma, lo que requiere un mayor apoyo de los Estados Partes para ser adoptado. La Hon. Tina Browne, diputada (Islas Cook), subrayó la importancia de estos avances y señaló la necesidad de un mayor compromiso, que repercute directamente en los pequeños estados insulares. Trata de personas: Los parlamentarios exploraron las posibilidades de reforzar las leyes de lucha contra la trata de personas en el marco de los instrumentos de justicia internacional, especialmente a la luz de informes recientes que revelan el reclutamiento forzoso de nacionales extranjeros para las fuerzas militares de la Federación de Rusia. El Convenio de Ljubljana-La Haya: Adoptado en mayo de 2023 por 68 estados, el Convenio de Ljubljana-La Haya establece un marco jurídico explícito para la asistencia jurídica mutua y la extradición en relación con los crímenes internacionales más graves. Al facilitar la cooperación práctica entre los Estados que investigan y procesan los crímenes internacionales básicos a nivel nacional, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, el Convenio refuerza los sistemas judiciales nacionales y permite a los Estados cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales en la lucha contra la impunidad y dispensar justicia a los grupos de víctimas y supervivientes. Para que este tratado sea plenamente eficaz, la ratificación y la implementación nacional son pasos cruciales en los que los parlamentarios pueden desempeñar un papel decisivo. Este diálogo reafirmó el mandato crucial de los parlamentarios para transformar los compromisos políticos en marcos jurídicos ejecutables. Como demuestran los enriquecedores intercambios entre los participantes, sus voces y esfuerzos son fundamentales para impulsar la justicia internacional y luchar contra la impunidad.

Global Parliamentarians Unite Against the Death Penalty in Mexico City

Global Parliamentarians Unite Against the Death Penalty in Mexico City

Parliamentarians gathered for a parliamentary workshop on the death penalty, united by a shared conviction on the universality of human rights

On March 25, on the sidelines of PGA’s 46th Annual Forum in Mexico-City, parliamentarians from Jamaica, Nigeria, The Gambia, Pakistan and the Netherlands gathered for a parliamentary workshop on the death penalty, united by a shared conviction on the universality of human rights. In a volatile geopolitical landscape, where competing priorities threaten to push the issue of capital punishment to the margins, legislators from retentionist and abolitionist in practice countries discussed concrete strategies to overcome national obstacles to abolition, replicate successful models, and support the abolitionist movement in their countries. As Sen. Boris Dittrich (The Netherlands), convenor of PGA’s campaign, explained, the goal was to identify concrete steps parliamentarians can take, individually and collectively, to dismantle a structurally repressive system, incompatible with the right to life and the prohibition against torture and ill-treatment. Acting when progress meets regression: Although more than two-thirds of UN member states have now abolished the death penalty in law or practice, Ms. Asunta Vivó Cavaller and Mr. Rajiv Narayan, co-executive directors of the International Commission against the Death Penalty (ICDP), warned parliamentarians: “progress is real, but not irreversible. Sustained political commitment is essential.” Recent data confirms that while the number of countries imposing the death penalty continues to decline, alarming setbacks persist. This includes record execution figures in Iran, Saudi Arabia, Singapore, and the United States, alongside threats to reinstate or expand capital punishment, as recently in Israel with the adoption of the discriminatory Death Penalty for Terrorists Law or in the Maldives, which is planning to introduce a death penalty bill for drug-related offences. To counter this regression and keep abolition on the political agenda, ICDP co-executive directors encouraged parliamentarians to collaborate across party lines to reform legislation, repeal laws, establish moratoria, and propose constitutional amendments. They also reminded legislators of their role in oversight and monitoring human rights obligations, which strengthens engagement and paves the way for abolition. Suriname offers a compelling example: following meetings with experts, parliamentarians fully committed to drafting and revising a bill to abolish the death penalty, later adopted and promulgated in 2015. Countries can choose another path to achieve abolition by ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, as Kazakhstan did in 2022 after having observed a long-term moratorium. Hidden crisis: Gender, discrimination and prison conditions The workshop raised awareness about the intersection between gender-based violence and the death penalty. Ms. Bahar Mirhosseni, Distinguished Legal Fellow and Director of Legal Advocacy at the Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, presented findings indicating that at least 1,000 women are sentenced to death worldwide. Many – or most of them – are survivors of gender-based violence and/or victims of socio-economic deprivation. In the United States of America for example, 96% of the women sentenced to death have experienced gender-based violence. In some countries, women sentenced to death for drug-related offences are often migrant workers, face economic insecurity, or are under coercive relationships. Despite these patterns, courts rarely recognize gender-specific mitigating circumstances, further exacerbating discrimination. Linguistic analyses also reveal the gender differences in treatment during judicial processes and police interrogations, leading to the construction of unjust narratives. Ms. Mirhosseni recommended that parliamentarians address systemic biases to ensure fair trial, but emphasized that, given the current failure to eradicate such prejudices, the ultimate priority remains to abolish the death penalty. Ms. Tracey Cui, researcher at the Center for Prisoner’s Rights Japan, provided parliamentarians with deeper insight into the conditions faced by death row inmates, including women, through an overview of the situation of Japan’s death row, which in 2025 comprised 108 individuals, including six women. The documentation and research conducted by the NGO highlighted gender-based violence and mistreatment, including constant surveillance, a practice deemed illegal by the Tokyo Supreme Court in 2025. Despite the 2025 ruling, in 2026, the Osaka Bar Association protested against the constant surveillance of a woman who had spent over 20 years on death row. Ms. Cui explained that violence against women remains deeply entrenched in the Japanese criminal justice system, with no consideration for their specific needs and a failure to recognize gender-based violence during trials. She stressed the need for further research to inform the public, enable informed judgments on capital punishment, and address the impact of gender in relation to death penalty cases. Human stories behind the death penalty Malaysian lawyer Khaizan Sharizad Ab. Razak delivered a powerful testimony, highlighting her frontline commitment to the abolition of the death penalty. With the abolition of the mandatory death penalty in Malaysia, 1,020 persons have benefited from the review of their sentences. Her pro bono legal team facilitated the release of individuals, 20% of whom had spent more than 20 years on death row. Among them, one man was released in October 2024 after a documentary film exposed his wrongful conviction. She emphasized that most clients come from marginalized communities and, even after release, they continue to face stigma and employment struggles. She highlighted the critical lack of mental health specialists in Malaysia, noting that many clients suffer from mental and other health issues, requiring support and assistance upon release from prison. “Policy change has to work in tandem with legislative reform,” she said. Structural reforms from different ministries are needed, particularly in education, poverty, and health, including mental health. Answering a question on public opinion, she noted a significant shift in attitudes towards drug-related offences and the death penalty in Malaysia over the past decade. Human stories, when effectively communicated, can shift perceptions and reshape attitudes. From Debate to Action: Strategies for Parliamentarians The final session transformed discussion into concrete action plans, parliamentarians identified strategies they can use to advance abolition of the death penalty: Engaging in public debate to shift public discourse and keep the question of the death penalty on the agenda; Forming parliamentary caucuses across political lines to build coalitions; Tabling parliamentary questions to demand government transparency on related data, the position of the government on the question, or push for any progress on the question; Drafting legislative bills to reduce the scope or abolish the death penalty, establish a moratorium as a first step towards full abolition, or improve prison conditions, including for women; Seizing legislative opportunities, such as constitutional reforms, to embed abolition permanently; Promoting the ratification of the Second Optional Protocol to the ICCPR or other relevant regional treaties; and Engaging in global diplomacy, including by promoting votes in favor of the UN General Assembly Moratorium Resolution. Several parliamentarians underscored the difficulty and persistent sensitivity surrounding the issue, particularly when certain cases deeply affect public opinion. As an example, Hon. Bamidele Salam, MP (Nigeria) warned against rising religious and political pressure to extend the death penalty to cases of abduction and rape, demonstrating the need for continued awareness-raising since the death penalty has never been a deterrent and only perpetuates the cycle of violence and discrimination, without ever addressing the root causes of crime. Despite different contexts, participating parliamentarians agreed that these strategies could be implemented at national and regional levels. Hon. Heatha Miller, MP (Jamaica), pledged to collaborate with Jamaican advocacy groups against the death penalty to promote a private members’ bill. Ms. Fatoumatta Njai, MP (The Gambia), highlighted the current inconsistency between law and practice in her country: while the death penalty remains in Gambian legislation, it is no longer applied. She stressed the need for legislators to address this issue and work towards removing all references to capital punishment from the Gambian Constitution through a constitutional amendment. Such commitments are essential to ensure continued progress, as parliamentarians are key actors in achieving the universal abolition of the death penalty. Sustained attention to the intersectional elements of criminal justice systems and prison conditions is essential in implementing systems geared toward rehabilitation and reintegration, guided by humanity rather than retribution.

Llamado mundial parlamentario a la distensión, el diálogo y la paz

Llamado mundial parlamentario a la distensión, el diálogo y la paz

Un llamamiento al liderazgo responsable

Iniciada por la Diputada Sahar Albazar, miembro de la Junta Directiva de Parlamentarios para la Acción Global En un momento de crecientes tensiones globales y de incremento de conflictos en Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina, nosotros, miembros de parlamentos de todo el mundo, lanzamos este llamado urgente y unificado a la distensión inmediata, la moderación y a renovar un compromiso con el diálogo y la cooperación internacional. La continuación y la expansión de los conflictos armados ya no se limitan a consecuencias dentro de las fronteras nacionales o regionales. Plantean riesgos sistémicos a escala mundial: desestabilizan las economías, agravan las desigualdades y socavan décadas de avances hacia el desarrollo sostenible. Consecuencias globales que no podemos ignorar Seguridad alimentaria en peligro: los conflictos armados están alterando las cadenas de suministro mundiales, impulsando la inflación de los precios de los alimentos y amenazando el acceso a la nutrición básica, especialmente en África y en las regiones vulnerables del Sur Global. Inestabilidad energética: la volatilidad de los mercados energéticos sigue ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares y nacionales, aumentando las presiones inflacionistas y debilitando la resiliencia económica en todo el mundo. El aumento de los costes energéticos afecta de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos y puede tener graves repercusiones en la salud. Crisis climática: la escalada militar acelera significativamente la crisis climática a través de emisiones masivas de gases de efecto invernadero, la destrucción del medio ambiente en las zonas de conflicto y el desvío de fondos de las iniciativas ecológicas, lo que socava los esfuerzos mundiales en materia de sostenibilidad. Carga desproporcionada para el Sur Global: los países que no son parte en estos conflictos están soportando costes desproporcionados —a través de la inflación, la presión de la deuda y la reducción del margen de maniobra fiscal—, lo que pone a las naciones altamente endeudadas en riesgo de un colapso económico sistémico. Un llamamiento a un liderazgo responsable Instamos a todas las partes implicadas en el conflicto, y a quienes tienen influencia sobre ellas, a que: Se comprometan a una desescalada inmediata: se abstengan de una mayor escalada militar y den prioridad a los esfuerzos de alto el fuego siempre que sea posible. Vuelvan a la diplomacia y la negociación: refuercen los canales de diálogo en el marco de los acuerdos internacionales y la mediación de buena fe. Protejan a la población civil y las infraestructuras críticas: respeten el derecho internacional humanitario y garanticen la protección de los sistemas alimentarios, las instalaciones energéticas y los servicios esenciales. Protejan la economía mundial de nuevas perturbaciones: eviten acciones que perturben las rutas comerciales, el suministro energético y la estabilidad financiera. Apoyan a las economías vulnerables: ampliar la cooperación internacional para mitigar los impactos desproporcionados en los países altamente endeudados y en desarrollo. ¿Por qué los parlamentarios? Como representantes electos y como el poder democrático más cercano a los ciudadanos, afirmamos nuestra responsabilidad de: Abogar por la paz y las soluciones diplomáticas dentro de nuestro gobierno. Promover la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional. Defender los valores democráticos que fomentan un diálogo y un entendimiento significativos y equilibrados. Crear alianzas parlamentarias transfronterizas para evitar una mayor escalada. Explicar por qué la cooperación internacional beneficia a los intereses locales y garantizar que las políticas nacionales reflejen la responsabilidad global. Un momento decisivo El mundo se encuentra en una encrucijada crítica. La prolongación de estos conflictos corre el riesgo de desencadenar una cascada de crisis globales —económicas, humanitarias y medioambientales— con consecuencias a largo plazo para la estabilidad internacional. La cooperación internacional no es simplemente idealismo: es la forma en que participamos en los procesos de toma de decisiones que benefician a nuestras comunidades y ayudan a resolver problemas que traspasan las fronteras. La paz no es solo un imperativo moral; es una necesidad estratégica para la supervivencia global y la prosperidad compartida. Instamos a una acción colectiva inmediata y coordinada antes de que los costes se vuelvan irreversibles. Invitamos a los parlamentarios de todo el mundo a respaldar este llamamiento y a promover sus principios en el marco de sus respectivos compromisos nacionales e internacionales.

Crisis de derechos humanos en Afganistán: Las parlamentarias afganas se dirigen al Parlamento Europeo

Crisis de derechos humanos en Afganistán: Las parlamentarias afganas se dirigen al Parlamento Europeo

El 18 de marzo de 2026, las parlamentarias afganas, forzadas al exilio desde la toma del poder militar por los talibanes en agosto de 2021, intervinieron en una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo.

La crisis de los derechos humanos en Afganistán: diputadas afganas se dirigen al Parlamento Europeo El 18 de marzo de 2026, varias diputadas afganas, obligadas a exiliarse desde la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021, intervinieron en una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo. El acto fue organizado en colaboración con Parlamentarios por la Acción Global (PGA) y se centró en el empeoramiento cada vez más alarmante y continuado de la situación de los derechos humanos y la situación humanitaria en Afganistán. A través de conmovedores testimonios, la honorable Fawzia Koofi y la honorable Mariam Solaimankhil, miembro de PGA, exigieron justicia para Afganistán y pidieron a la comunidad internacional que apoye a la población civil afgana, especialmente a las mujeres y niñas a las que se les ha prohibido participar en la vida pública desde el regreso al poder de los talibanes. Los derechos de las mujeres como prioridad principal Desde agosto de 2021, los talibanes han promulgado más de 100 decretos que establecen una opresión sistemática de las mujeres y las niñas en su vida cotidiana. Aunque el 21 de marzo marca tradicionalmente el inicio del año escolar en Afganistán, la honorable Fawzia Koofi destacó solemnemente que esta fecha marca el quinto aniversario de la prohibición de que las niñas asistan a escuelas secundarias y universidades. Esta privación prolongada de su derecho a la educación ha tenido consecuencias devastadoras, tanto en su desarrollo general como en su salud, incluida la salud mental. Además, la escasez de médicas, en un país donde el sistema sanitario ya se encuentra al borde del colapso, unida al sistema institucionalizado de opresión y violencia de género, plantea graves riesgos para la vida de las mujeres y niñas afganas. La última medida de los talibanes, Decreto n.º 12, menoscaba aún más sus derechos al legitimar la violencia psicológica y sexual, y tipificar como delito la violencia doméstica grave. A la hora de buscar justicia, el decreto impone graves obstáculos a las mujeres, como la obligación de ir acompañadas de un tutor masculino (que bien podría ser el propio autor del delito). Las mujeres que visiten el hogar de un familiar sin el permiso de sus maridos pueden enfrentarse a penas de cárcel, al igual que los familiares que les den cobijo. «Los talibanes cuestionan la propia existencia de las mujeres como género, como seres humanos», afirmó la Excma. Koofi. Advirtió a la comunidad internacional contra la normalización del apartheid de género y contra permitir que los talibanes utilicen los derechos de las mujeres como moneda de cambio en las negociaciones. «No normalicemos esta realidad (...) debemos hacerles rendir cuentas». Exigir responsabilidades y un futuro democrático La visita de la honorable Koofi y el honorable Solaimankhil a Bruselas se produce en un contexto de intensificación de las crisis geopolíticas, incluida la reciente declaración de guerra abierta entre Afganistán y Pakistán, así como en Irán, donde los refugiados afganos se enfrentan a condiciones cada vez más precarias. Los delegados condenaron los recientes ataques y violaciones del derecho internacional humanitario, especialmente en lo que respecta a las víctimas civiles, que atribuyen a la ausencia de un gobierno legítimo y a las políticas de los talibanes. Señalando el devastador ataque aéreo contra un centro de rehabilitación en Kabul, que mató a más de 400 personas el 16 de marzo de 2026, la honorable Solaimankhil recordó que los civiles son siempre los que más sufren la violencia y la inestabilidad: «Cuando la inestabilidad se extiende, cuando las fronteras se convierten en campos de batalla, cuando los gobiernos se derrumban, siempre es la gente común la que sufre primero.» Dirigiéndose a los miembros del Parlamento Europeo, hizo hincapié en la urgente necesidad de centrarse de manera efectiva en la situación en Afganistán para evitar efectos colaterales en la región. «El mundo debe empezar a prepararse para un futuro más allá de los talibanes», afirmó, esbozando tres pilares para el futuro del país: legitimidad (un gobierno democrático mediante elecciones libres y justas), inclusión (de todas las comunidades, especialmente las mujeres) y derechos (el regreso de las niñas a la escuela y de las mujeres a la vida pública). La Excma. Koofi y el Excmo. Solaimankhil acogieron con satisfacción los recientes avances en materia de rendición de cuentas internacional y expresaron su gratitud a la Unión Europea por patrocinar el órdenes de detención contra dos altos dirigentes talibanes, emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). Mientras tanto, instaron a la comunidad internacional a acelerar los esfuerzos para que se presente un posible caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Afganistán rinda cuentas en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. «Debemos recurrir a estas instituciones para protegernos», declaró la honorable Koofi. Apoyo de la UE a Afganistán Los miembros del Parlamento Europeo reafirmaron el apoyo de Europa a Afganistán, donde más de 22 millones de personas necesitan actualmente ayuda humanitaria. Visiblemente conmovidos, reiteraron su solidaridad, comprometiéndose a mantener a Afganistán en primera línea de la agenda internacional y afirmando que la situación, especialmente la de las mujeres y las niñas, nunca se considerará normalizada. El enviado especial de la UE para Afganistán, Gilles Bertrand, indicó que la UE ha proporcionado más de 1 000 millones de euros en ayuda humanitaria y al desarrollo a Afganistán, siguiendo un enfoque «para las mujeres, por las mujeres» que apoya especialmente a las empresas dirigidas por mujeres. Confirmó el compromiso de la UE de mantener su implicación, incluso a través de su presencia en el país. «No podemos olvidar lo que está sucediendo en Afganistán», afirmó, subrayando que la UE sigue un enfoque basado en principios, centrado en las necesidades humanas de los afganos. Llamamiento a la acción Los parlamentarios afganos en el exilio destacaron que Afganistán se ha convertido en un caso de prueba para el compromiso de la comunidad internacional con los principios fundamentales de los derechos humanos. Instaron al Parlamento Europeo, a los Estados miembros de la UE y a los parlamentarios a traducir sus palabras de solidaridad en acciones concretas: Mantener una postura basada en principios sobre los derechos de las mujeres y las niñas: convertir los derechos de las mujeres en un punto no negociable de la agenda en cualquier interacción con las autoridades de facto de Afganistán. Reforzar los procesos de rendición de cuentas y justicia, entre otras cosas apoyando el reconocimiento y la codificación del apartheid de género, garantizando la financiación del mecanismo de rendición de cuentas para Afganistán, respaldando las investigaciones en curso en la CPI y promoviendo los esfuerzos de rendición de cuentas ante la CIJ. Garantizar una ayuda humanitaria que beneficie por igual a las mujeres y las niñas. Apoyar a los afganos, incluidas las parlamentarias y las defensoras de los derechos humanos. Adoptar políticas que reflejen la gravedad de la crisis de derechos humanos en Afganistán, evitando cualquier medida que pueda interpretarse como una sugerencia de que el país es seguro para el retorno, especialmente para las mujeres y las niñas. «Los derechos de las mujeres en Afganistán y los derechos humanos están directamente vinculados a un gobierno legítimo que acoja la diversidad de Afganistán. Afganistán es uno de los países más diversos del mundo, con 29 idiomas y numerosos grupos étnicos y religiosos. Todos debemos trabajar por un gobierno que sea representativo de esa diversidad e inclusivo con las mujeres», concluyó la honorable Koofi. Ejemplos de acciones parlamentarias recientes emprendidas por miembros del Parlamento Europeo: Resolución sobre la situación en Afganistán: apoyo a las mujeres y las comunidades afectadas por los recientes terremotos (9 de octubre de 2025) Resolución sobre el deterioro de la situación de las mujeres en Afganistán debido a la reciente adopción de la ley sobre la «Promoción de la virtud y la prevención del vicio» (19 de septiembre de 2024) Resolución sobre el clima represivo en Afganistán, incluidas las ejecuciones públicas y la violencia contra las mujeres (14 de marzo de 2024) Ejemplos de preguntas parlamentarias formuladas por miembros del Parlamento Europeo: Retornos forzosos de mujeres afganas a Afganistán bajo el régimen talibán (11 de noviembre de 2025) Evacuaciones de la UE de afganos en situación de riesgo (24 de marzo de 2025) La nueva ley de moralidad afgana o ley del silencio, la culminación de un régimen de «apartheid de género» (5 de septiembre de 2024)

Parliamentarians for Global Action Elects New Board Members at 46ᵗʰ Annual Forum in Mexico City

Parliamentarians for Global Action Elects New Board Members at 46ᵗʰ Annual Forum in Mexico City

PGA’s International Council is made up of legislative leaders from 18 countries who serve as the chairs of PGA national groups

Mexico City, Mexico — Following the close of the 46th Annual Forum and 46th Consultative Assembly of Parliamentarians for the Oceans (4th CAP-Oceans), held March 26–27 in Mexico City, Parliamentarians for Global Action (PGA) convened its International Council to elect PGA’s Executive Committee for the 2026-2027 term. PGA’s International Council is made up of legislative leaders from 18 countries who serve as the chairs of PGA national groups. These cross-party caucuses of parliamentarians enable legislators to work collectively on domestic legislation and policies while staying integrated into PGA’s global advocacy work. The International Council elected a new Chairperson of the International Council and a new Treasurer, while re-electing Hon. Syed Naveed Qamar, MP (Pakistan) as President of PGA. PGA extends its heartfelt congratulations to the newly elected members of the 2026–2027 Executive Committee: Hon. Syed Naveed Qamar, MP (Pakistan) — President Dip. Jorge Cálix (Honduras) — Chairperson, International Council Hon. Bernard Georges, MP (Seychelles) — Treasurer Hon. Abdoulie Ceesay, MP (The Gambia) Sen. Janelle Chanona (Belize) Hon. Daniel Fortune Molokele, MP (Zimbabwe) Hon. Millie Odhiambo, MP (Kenya) Dep. Christelle Vuanga (Democratic Republic of Congo) Hon. Ebu Jones, MP (Suriname) “We are proud to welcome this extraordinary group of legislators to PGA’s leadership,” said Mónica Adame, Secretary-General of PGA. “The diversity of this Executive Committee — representing government and opposition parties, all regions of the world, and both chambers of parliament — reflects the breadth of our global parliamentary movement. At a moment when democracy and international cooperation face serious headwinds, we are grateful for the commitment and leadership that each of these legislators brings to our network.” PGA expresses its deep gratitude to its outgoing Board members - Mr. Ali Ehsassi, MP (Canada), Ms. Petra Bayr, MP (Austria), Hon. Valerie Woods, Speaker of the National Assembly (Belize), and Sen. Boris Dittrich (The Netherlands) - for their years of dedicated service to PGA’s governance and mission. Their leadership has been invaluable in advancing PGA’s work across programs, regions, and campaigns.  

#MPsShapeTheFuture

#MPsShapeTheFuture

Pocas veces el mundo ha estado tan necesitado de voces creíbles y humanas que expliquen por qué es importante la cooperación y qué se consigue con ella.

NOS ENCONTRAMOS EN UNA ENCRUCIJADA. Durante casi dos décadas, la democracia ha estado en declive en todo el mundo. En todo el planeta, las instituciones democráticas están siendo atacadas, a menudo desde dentro. La separación de poderes, fundamento básico de una democracia sana, se está desmantelando. El espacio cívico se está cerrando. La desinformación está ahogando la verdad. La integridad electoral se está viendo comprometida. Los cimientos que hacen posible la cooperación se están erosionando. Pero esto es lo que sabemos: cuando los sistemas se rompen, crean espacio para la transformación. Como rama democrática más cercana al pueblo, los parlamentarios se encuentran en una posición única para dar forma a lo que vendrá después. Para defender lo que debe protegerse. Para construir lo que debe surgir. Para afirmar los principios y valores sobre los que se sustentan nuestras comunidades. Y para hacerlo juntos. Parliamentarians for Global Action está lanzando #MPsShapeTheFuture, una campaña para unir a los parlamentarios como defensores de la democracia y la cooperación internacional. Hacemos un llamamiento a los parlamentarios de todos los rincones del mundo que creen en la promesa de la democracia, la reivindicación de la justicia y el derecho a la libertad inherente a la humanidad, para que se comprometan con las siguientes actividades y prácticas: ① DEFENDER LA DEMOCRACIA EN CASA Las democracias fuertes son la base para que las comunidades se sientan seguras, disfruten de la igualdad de derechos y prosperen. Nos comprometemos a tomar medidas concretas que: Protejan la separación de poderes y la independencia judicial Salvaguarden los derechos civiles y políticos de todas las comunidades Garanticen que el espacio cívico permanezca abierto al disenso y al diálogo Combatan la desinformación con alfabetización mediática y transparencia Garanticen la integridad electoral frente a las interferencias ② DEFENDER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL La cooperación internacional no es solo idealismo. Ofrece oportunidades para tener voz en la toma de decisiones a nivel mundial que reflejen nuestras necesidades nacionales y transformen nuestras comunidades locales. Los problemas a los que nos enfrentamos —la crisis climática, la ciberdelincuencia, las pandemias, los desplazamientos masivos— traspasan fronteras. Las soluciones que desarrollemos también deben ser globales. La cooperación internacional no es simplemente idealismo, es la forma en que participamos en los procesos de toma de decisiones que benefician a nuestras comunidades y ayudan a resolver problemas que traspasan fronteras. Nos comprometemos a promover marcos internacionales que protejan los derechos y la dignidad de todas las personas y del planeta, entre ellos: Apoyar la integridad del derecho internacional, incluida la defensa de la Corte Penal Internacional y la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas Abogar por la regulación del comercio internacional de armas para mantener la seguridad de nuestras comunidades Proteger nuestros océanos, mares y recursos marinos mediante la conservación y el uso sostenible Abordar la ciberdelincuencia mundial y el uso responsable de la inteligencia artificial mediante una buena gobernanza El fortalecimiento de la acción climática que garantice la democracia medioambiental y la justicia climática. La garantía de que todas las personas tengan el mismo valor, vivan con dignidad y puedan alcanzar su máximo potencial, libres de toda forma de violencia y discriminación. La petición de un relator especial de las Naciones Unidas sobre la democracia para supervisar y proteger la gobernanza democrática en todo el mundo. ③ DAR PRIORIDAD AL DIÁLOGO Y LA SOLIDARIDAD Los parlamentarios debemos dar ejemplo en la construcción de puentes que pedimos a nuestros gobiernos que practiquen. Nos comprometemos a: Defender el Código Parlamentario Global de Conducta Democrática de la PGA. Participar en redes de aprendizaje entre pares transfronterizas. Mostrar solidaridad con los parlamentarios amenazados. Crear coaliciones entre partidos centradas en soluciones, no en divisiones Colaborar con la sociedad civil para fortalecer nuestras comunidades Promover una gobernanza democrática inclusiva, transparente y responsable en todo el mundo. Por qué es importante El orden internacional basado en normas, creado para evitar los devastadores conflictos globales que el mundo vivió a principios del siglo XX, se enfrenta a amenazas existenciales. Las instituciones fundamentales de este orden mundial se están resquebrajando. La cooperación multilateral y la arquitectura de resolución colectiva de problemas que en su día fueron prometedoras se encuentran bajo amenaza directa. Pero no estamos indefensos. Como representantes electos, traducimos los marcos globales en impacto local. Hacemos que nuestros gobiernos rindan cuentas de los compromisos internacionales. Proporcionamos voces humanas y creíbles que las instituciones distantes no pueden ofrecer. Nuestros electores necesitan que les expliquemos por qué es importante la cooperación. La oportunidad que se nos presenta Esta campaña consiste en imaginar y construir los sistemas de gobernanza que necesitamos para el siglo XXI. Sistemas que: Sirvan a todas las comunidades, no solo a los poderosos Protejan a las generaciones futuras, no solo los intereses actuales Permitan la cooperación respetando la soberanía Utilicen la tecnología de forma responsable para mejorar la democracia, no para socavarla Los parlamentarios son los artífices de lo que surja de este momento de crisis. Únase a #MPsShapeTheFuture Durante los próximos meses, Parlamentarios por la Acción Global ofrecerá una serie de recursos (intercambios de aprendizaje entre pares, reuniones, herramientas de comunicación y promoción coordinada) para ayudarle a defender la democracia en su país, articular la importancia y la relevancia de la cooperación internacional y fomentar una visión del futuro que todos podamos estar orgullosos de dejar a las generaciones que vengan después de nosotros. Este es nuestro momento para innovar y transformar. Oportunidades inmediatas para actuar ✓ Firma el Llamamiento Parlamentario Global por la Desescalada, el Diálogo y la Paz <✓ Firme la resolución en apoyo al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Democracia ✓ Comprométase a utilizar el kit de herramientas de defensa de la democracia de PGA en su parlamento ✓ Participe en los próximos seminarios web sobre innovación democrática y cooperación ✓ Comparta por qué es usted un diputado por la democracia utilizando #MPsShapeTheFuture ✓ Conéctese con PGA para acceder a recursos y apoyo entre pares El mundo necesita parlamentarios que defiendan la democracia en sus países, promuevan la cooperación transfronteriza y sean un ejemplo del diálogo que tiende puentes en lugar de levantar muros. El mundo necesita diputados por la democracia. ¿ESTÁ LISTO PARA LIDERAR?

Un comienzo prometedor: el GIAI celebra los avances hacia una convención sobre crímenes contra la humanidad

Un comienzo prometedor: el GIAI celebra los avances hacia una convención sobre crímenes contra la humanidad

La primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes contra la Humanidad, celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero de 2026, supuso un importante paso adelante en el avance

Avanzando hacia una Convención sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad La primera sesión del Comité Preparatorio de la (ONU) sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad, celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero de 2026, supuso un importante paso adelante en el avance de las negociaciones hacia un tratado internacional largamente esperado. A lo largo de dos semanas, los países participaron en consultas sustantivas sobre el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y publicado en 2019, que servirá de base para las negociaciones de la futura convención. Según el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 79/122, los debates abordaron el alcance de la futura convención, las definiciones de los delitos que se incluirán, las obligaciones de los Estados en materia de prevención y castigo, la cooperación internacional y la aplicación, así como las cuestiones de procedimiento que guiarán las próximas fases del proceso. Los debates reflejaron el gran interés de los Estados y los grupos regionales en la elaboración de una convención específica y contribuyeron a identificar tanto los ámbitos de convergencia como las cuestiones que requieren un examen más detenido. La participación inclusiva de la sociedad civil como base para una convención creíble La Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) acoge con satisfacción la decisión del Comité Preparatorio de garantizar una participación inclusiva en las próximas etapas de las negociaciones. Esto incluye ampliar la participación a las organizaciones de la sociedad civil sin estatus consultivo ante el ECOSOC, así como a representantes de instituciones académicas y del sector privado. Esta decisión refuerza la legitimidad, la transparencia y la eficacia del proceso. Reconoce el papel esencial de las víctimas, las comunidades afectadas y los actores de la sociedad civil en la configuración de una convención significativa y centrada en los supervivientes, así como la importancia de la experiencia vivida para garantizar que la futura convención sea creíble, responda a los daños reales y sea capaz de impartir justicia. La FIDH, en nombre de la GIAI, presentó una declaración durante la sesión en la que se esbozaban las prioridades clave para una convención sólida y eficaz. En particular, la GIAI hizo hincapié en la necesidad de que la futura Convención: sea progresista y refleje el derecho internacional contemporáneo, incluidos sus últimos avances; esté inequívocamente centrada en las víctimas, garantizando explícitamente sus derechos a la información, la participación, la protección y la reparación plena y efectiva; abordar los delitos que con demasiada frecuencia han permanecido invisibles o impunes, incluyendo el reconocimiento explícito de los delitos basados en el género, como el apartheid de género y las violaciones graves de la autonomía reproductiva, así como la incitación a cometer crímenes contra la humanidad como delito independiente; y establecer un mecanismo específico de supervisión y denuncia para garantizar su aplicación efectiva. La declaración completa está disponible aquí, así como una grabación en vídeo de la intervención aquí. Próximos pasos Los Estados deben presentar propuestas formales de enmiendas al proyecto de artículos a más tardar el 30 de abril de 2026. Estas propuestas se recopilarán en un texto consolidado, que servirá de base para las negociaciones en la conferencia diplomática prevista para principios de 2028 y nuevamente en el transcurso de 2029. Antes de la fecha límite de abril, los socios de GIAI contribuyeron a una serie de informes temáticos para informar las negociaciones, entre ellos: Derechos de las víctimas – Nota informativa conjunta de REDRESS y FIDH en nombre de la GIAI, con el apoyo de TRIAL International, Women’s Initiatives for Gender Justice, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Global Survivors’ Fund. Responsabilidad de las personas jurídicas por crímenes contra la humanidad – TRIAL International, respaldado por FIDH, ECCHR, REDRESS, Women’s Initiatives for Gender Justice, Amnistía Internacional y Alessandra De Tommaso, entre otros. «Hacia una convención sobre los crímenes contra la humanidad: recomendaciones clave para las negociaciones en curso» – ECCHR «Promover la justicia de género en la Convención sobre los Crímenes contra la Humanidad: una declaración» – Crimes Against Humanity Treaty Now Justicia para los niños en la futura convención – Coalición Niños y Crímenes contra la Humanidad Propuesta de revisión de la definición de tortura - informe conjunto de la Facultad de Derecho de la American University Washington, REDRESS, Parlamentarios para la Acción Global y OMCT Estas contribuciones tienen por objeto ayudar a los Estados a garantizar que la futura convención suponga avances concretos en materia de rendición de cuentas, prevención y justicia para las víctimas de crímenes contra la humanidad.

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