Mobilizing Legislators as Champions for Human Rights, Democracy, and a Sustainable World
Movilizando parlamentarios como defensores y defensoras de los derechos humanos, la democracia y un mundo sostenible. Conozca más

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A dialogue between current and former champion parliamentarians on protecting civic space, fundamental freedoms and democracy


Poniendo a las y los sobrevivientes en el centro de una justicia fortalecida: el impacto global de la GIAI

Poniendo a las y los sobrevivientes en el centro de una justicia fortalecida: el impacto global de la GIAI

Cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar los crímenes más graves, la justicia internacional ayuda a garantizar que nadie escape a la justicia.

Poniendo a las y los sobrevivientes en el centro de una justicia fortalecida: el impacto global de la GIAI 17 de julio de 2026 — Cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar los crímenes más graves, la justicia internacional ayuda a garantizar que nadie escape a la justicia. Para muchas víctimas y sobrevivientes a quienes se les ha negado justicia durante años, incluso décadas, ella ofrece un camino hacia la verdad, el reconocimiento y la lucha contra la impunidad. La justicia internacional no es una preferencia política; es una piedra angular de la paz, la dignidad humana y el estado de derecho, y requiere un compromiso y una protección constante para luchar en contra de una cultura creciente de impunidad. Con motivo del Día de la Justicia Penal Internacional, la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) destaca el impacto de su labor en 28 países prioritarios, contribuyendo a la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales y situando a las víctimas y sobrevivientes en el centro de estos esfuerzos. GIAI reúne a un consorcio liderado por la sociedad civil, presente en África, en las Américas, Asia, Europa y la región de Oriente Medio y Norte de África, que conecta a sobrevivientes y organizaciones locales con mecanismos de justicia en todos los niveles. Sus acciones abarcan desde el apoyo psicosocial y no jurídico hasta el litigio estratégico, incluyendo la documentación, la incidencia y el apoyo financiero directo a organizaciones nacionales que trabajan en primera línea. Las cifras de GIAI sólo reflejan una parte de la realidad: Más de 2000 víctimas y sobrevivientes apoyadas y apoyados 186 organizaciones locales de la sociedad civil colaboraron con el programa 990 violaciones graves de derechos humanos documentadas solo en 2025 53 denuncias y comunicaciones presentadas Más de 80 subvenciones otorgadas a nivel local en África, las Américas, Asia, Europa y Oriente Medio y Norte de África Detrás de cada cifra hay acciones concretas. Tras décadas de movilización, mujeres Maya Achí lograron, que la máxima instancia judicial de Guatemala dictara sentencias condenatorias contra tres agresores más en 2025 por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual, y que se dictaran un total de 19 medidas de reparación. Tras un proceso de incidencia y apoyo técnico sostenido, Ucrania y Armenia ratificaron con éxito el Estatuto de Roma. El juicio de Lumbala en Francia marcó el primer caso de jurisdicción universal en el país relacionado con hechos ocurridos en la República Democrática del Congo, con más de 65 testimonios y 35 partes civiles, desafiando décadas de impunidad arraigada. En 2025, el Tribunal de Casación francés emitió una sentencia histórica que rechazaba las inmunidades funcionales en casos de crímenes internacionales. Como parte del trabajo del consorcio, los miembros de GIAI han presentado 63 recomendaciones a actores de la justicia y responsables de políticas, han contribuido a la adopción de 12 resoluciones del Parlamento Europeo, han influido en el desarrollo de 16 leyes y políticas sobre violencia de género y justicia transformadora de género, y han ampliado el acceso al conocimiento sobre justicia internacional a través de casi 500 recursos disponibles en MakingJusticeWork.org, que cuenta actualmente con más de 2500 usuarios registrados en el ámbito de la lucha contra la impunidad. La Iniciativa Global contra la Impunidad demuestra lo que la sociedad civil puede lograr cuando las personas sobrevivientes están en el centro de la acción, y sientan las bases para la justicia que aún queda por alcanzar. «Con motivo del Día de la Justicia Penal Internacional, reafirmamos nuestro compromiso con los principios que inspiraron el Estatuto de Roma: la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la convicción de que ninguna persona ni ningún Estado debe estar por encima del derecho internacional. Para países como Timor-Leste, cuya población ha sufrido las devastadoras consecuencias del conflicto y la impunidad, la justicia penal internacional no es un concepto jurídico abstracto. Está arraigada en nuestra propia historia y en nuestra firme convicción de que la paz duradera solo puede construirse sobre la base de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. La ratificación por parte de Timor-Leste de las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión representa una importante contribución al fortalecimiento del orden jurídico internacional. Refleja nuestra convicción de que los actos de agresión —las violaciones más graves de la Carta de las Naciones Unidas— nunca deben quedar impunes. Animamos a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen las Enmiendas de Kampala y apoyen los esfuerzos para garantizar que la Corte Penal Internacional pueda ejercer su jurisdicción sobre el delito de agresión en condiciones coherentes con los demás delitos fundamentales contemplados en el Estatuto de Roma. La comunidad internacional debe seguir trabajando para colmar la brecha en materia de rendición de cuentas que aún deja a demasiadas víctimas y supervivientes de guerras de agresión sin una justicia efectiva. Un sistema de justicia penal internacional más sólido y coherente es esencial no solo para la rendición de cuentas, sino también para la prevención de futuros conflictos. En este Día Internacional de la Justicia Penal, renovemos nuestro compromiso colectivo de defender el derecho internacional, proteger la dignidad humana y garantizar que la justicia nunca venga determinada por el poder, sino por los principios. Solo mediante una auténtica cooperación internacional y un apoyo inquebrantable a la rendición de cuentas podremos construir un mundo más pacífico y justo». Sra. Nurima Ribeiro Alkatiri, diputada de Timor-Leste, miembro de Parlamentarios por la Acción Global

Actualización sobre la Campaña por la Justicia Internacional – Junio de 2026

Actualización sobre la Campaña por la Justicia Internacional – Junio de 2026

En los últimos seis meses, los acontecimientos en el ámbito de la justicia internacional han puesto de manifiesto tanto la vulnerabilidad como la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma.

Durante los últimos seis meses, los acontecimientos en el ámbito de la justicia internacional han puesto de relieve tanto la vulnerabilidad como la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma. Si bien tres Estados del Sahel (Níger, Burkina Faso y Malí) notificaron formalmente su retirada de la Corte Penal Internacional, el recién constituido Parlamento de Hungría dio marcha atrás en su decisión de abandonar la Corte, optando por mantener su compromiso con la rendición de cuentas y el Estado de derecho. En este contexto, los parlamentarios han seguido movilizándose en la lucha contra la impunidad. La organización «Parlamentarios por la Acción Global» (PGA) participó en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre una futura Convención sobre Crímenes contra la Humanidad; los miembros de la PGA contribuyeron a los debates de alto nivel sobre la crisis de los derechos humanos en Afganistán, reforzaron el compromiso parlamentario con la justicia internacional y se sumaron a iniciativas globales como el Día de la UE contra la Impunidad. Además, PGA está sensibilizando sobre las elecciones judiciales de la CPI de este año y abogando por la selección de candidatos judiciales independientes, diversos y elegidos en función de sus méritos. En esta 13.ª edición, encontrará: Acciones y actividades de campaña de la PGA en todo el mundo Próximamente: Elecciones judiciales de la CPI de 2026 Principales novedades judiciales y de otro tipo de la CPI Acciones y actividades de la campaña de la PGA en todo el mundo Impulso de una Convención global sobre crímenes contra la humanidad En enero de 2026, la PGA participó en la primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes contra la Humanidad, celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero. La sesión supuso un paso significativo hacia una futura Convención sobre los Crímenes contra la Humanidad, ya que los Estados y los expertos debatieron los proyectos de artículo para reforzar la prevención, la rendición de cuentas y la cooperación internacional, complementando así el marco del Estatuto de Roma. PGA y la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) abogaron por un tratado firme que refleje el Derecho internacional contemporáneo, apoye a las víctimas, aborde delitos como el apartheid de género y establezca un mecanismo para garantizar su aplicación efectiva. Para mantener este impulso, y con vistas a la fecha límite del 30 de abril de 2026 en la que los Estados deben presentar propuestas para su inclusión en el proyecto de artículos, la PGA ha publicado el documento de posición Hacia un tratado sobre los crímenes contra la humanidad con el fin de ayudar a los parlamentarios a comprender la convención propuesta, las propuestas clave que se están debatiendo, las diferencias con respecto al Estatuto de Roma y las medidas concretas que los parlamentos pueden adoptar para impulsar el impulso político. Además, la PGA respaldó una nota informativa de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en la que se aboga por la inclusión en la Convención de una obligación clara de tipificar como delito independiente y autónomo la incitación directa y pública a cometer crímenes contra la humanidad. Abordar el apartheid de género en Afganistán El 18 de marzo de 2026, la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo organizó en Bruselas un debate con las parlamentarias afganas en el exilio, la Excma. Sra. Fawzia Koofi y la Excma. Sra. Mariam Solaimankhil, miembros de la PGA, sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas. Las diputadas describieron el sistema de persecución por motivos de género impuesto por los talibanes y el desmantelamiento sistemático de los derechos de las mujeres, haciendo hincapié en la urgente necesidad de un compromiso sostenido por parte de la UE para reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y justicia. El 27 de mayo de 2026, PGA se unió a 82 organizaciones de derechos humanos afganas e internacionales para firmar una carta abierta en la que se oponían a los planes de la UE de mantener contactos con representantes talibanes en Bruselas en el marco de las conversaciones de la UE sobre migración y deportación. La carta advertía de que dicho diálogo de alto nivel podría legitimar a un régimen responsable de violaciones sistemáticas, en particular de persecución por motivos de género, e instaba a la UE y a sus Estados miembros a detener cualquier retorno forzoso a Afganistán, dando prioridad, en su lugar, a la rendición de cuentas y a la protección. La honorable Fawzia Koofi, la primera mujer vicepresidenta del Parlamento de Afganistán, abordó además esta cuestión en un artículo de opinión publicado en The Guardian, en el que instaba a la UE a promulgar leyes para poner fin al apartheid de género y a la impunidad, en lugar de dar la bienvenida a los responsables a Bruselas. «Ver cómo se da la bienvenida a los talibanes en suelo europeo se percibe como una traición devastadora. Es una bofetada en la cara a todas las mujeres y niñas afganas que han luchado, sufrido y resistido la opresión talibán», escribió la Sra. Koofi. Diálogo parlamentario sobre justicia internacional Al margen del 46.º Foro Anual de la PGA celebrado en Ciudad de México, el 25 de marzo de 2026, parlamentarios de diversos países participaron en un diálogo específico sobre la justicia internacional y la CPI. Las sesiones ofrecieron una plataforma para debatir las amenazas y oportunidades en el marco del Estatuto de Roma, la necesidad de su incorporación a la legislación nacional y las iniciativas para abordar las lagunas jurídicas internacionales, como el proyecto de ley sobre crímenes contra la humanidad, el reconocimiento del ecocidio, el refuerzo de las leyes de lucha contra la trata de personas y la ratificación y aplicación de la Convenio de Liubliana-La Haya. Los legisladores también intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre las iniciativas parlamentarias destinadas a dar prioridad a la lucha contra la impunidad. En defensa de la justicia internacional en la UE En mayo de 2026, la Iniciativa Global contra la Impunidad, de la que forma parte PGA, emitió una declaración conjunta con motivo del Día de la UE contra la Impunidad. La declaración instaba a la UE y a sus Estados miembros a defender el sistema de justicia internacional y a apoyar firmemente a los supervivientes y a las comunidades afectadas, en un contexto de continua escalada de amenazas y ataques contra los tribunales y los mecanismos de rendición de cuentas. Unos días más tarde, la Asamblea Nacional de Hungría aprobó una ley que revocaba su retirada prevista del Estatuto de Roma, confirmando así el apoyo de Hungría a la CPI y su condición de Estado Parte. La PGA acogió con satisfacción esta decisión como un ejemplo de cómo los parlamentos pueden reafirmar su compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho, incluso en medio de una presión sin precedentes sobre las instituciones multilaterales. Retiradas de los Estados africanos del Estatuto de Roma Por el contrario, los esfuerzos por defender la CPI en África sufrieron reveses, ya que Níger, Malí y Burkina Faso presentaron formalmente sus notificaciones de retirada del Estatuto de Roma los días 18 y 24 de junio, respectivamente. Los parlamentarios expresaron su profunda preocupación ante estos acontecimientos, instando a los tres países a reconsiderar sus decisiones, especialmente dado que persisten graves violaciones de los derechos humanos en la región del Sahel. De conformidad con el artículo 127 del Estatuto de Roma, estos Estados siguen estando sujetos a todas las obligaciones derivadas del tratado hasta un año después de que se hayan depositado sus notificaciones de retirada. Próximamente: Elecciones judiciales de la CPI de 2026 De cara al segundo semestre de 2026 y más allá, la PGA está dando a conocer las próximas elecciones judiciales de la CPI, que tendrán lugar en diciembre. Las elecciones constituyen un momento crucial para el sistema de justicia internacional, ya que los jueces de la CPI garantizan juicios justos en casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, lo que, a su vez, determina el funcionamiento, la integridad y la credibilidad de la Corte. Los Estados Partes del Estatuto de Roma han presentado las candidaturas de 14 candidatos judiciales de cada región para ser elegidos por un mandato de nueve años en la 25.ª Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma (AEP). En su calidad de copresidente del Grupo de Trabajo de las OSC sobre Elecciones Judiciales, junto con la Coalición para la Corte Penal Internacional (CICC), la PGA contribuye a los esfuerzos por promover procesos justos, transparentes y basados en los méritos para la presentación de candidaturas y la elección de los jueces de la CPI. Esto incluye garantizar que los jueces cumplan los elevados criterios de cualificación establecidos por el Estatuto de Roma, a saber, alta consideración moral, imparcialidad e integridad. En mayo, la PGA puso en marcha una campaña de comunicación y sensibilización para dar a conocer las próximas elecciones judiciales, instando a los parlamentarios a supervisar el proceso y a examinar la lista de candidatos. La campaña destacó el Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM) como parte del proceso permanente de diligencia debida de la Corte, que recopila y evalúa las denuncias de conducta indebida de los candidatos, incluyendo el acoso sexual, el abuso de autoridad, la discriminación, las violaciones de los derechos humanos y otras infracciones graves. La PGA también contribuyó a la elaboración de un cuestionario para los candidatos y distribuyó el memorándum «Salvaguardia del mérito, la integridad y la transparencia: las elecciones judiciales de la CPI de 2026». En los próximos meses, el equipo electoral compartirá más detalles sobre los candidatos individuales y los cuestionarios que han cumplimentado, con el fin de facilitar una toma de decisiones informada de cara a las elecciones de diciembre. Mientras tanto, la PGA mantiene su compromiso de apoyar la acción parlamentaria para proteger y reforzar el sistema del Estatuto de Roma. Principales novedades judiciales y de otro tipo de la CPI Puede consultarse aquí un resumen de algunos de los principales acontecimientos judiciales de la CPI en el primer semestre de 2026. Para obtener actualizaciones más frecuentes, la publicación quincenal de la PGA International Justice Updates ofrece los aspectos más destacados a nivel mundial en materia de cooperación, impunidad, novedades legislativas y parlamentarias, y novedades judiciales.

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – April - June 2026

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – April - June 2026

Global trends and use of the death penalty in drug-related offences

Global trends and use of the death penalty in drug-related offences As abolitionists prepare to gather in Paris for the World Congress Against the Death Penalty (30 June-2 July), the global landscape is defined by a sharp contrast between an excessive use of capital punishment, rooted in authoritarian rhetoric of “tough on crime,” on the one hand, and significant legislative progress towards abolition on the other. Amnesty International report on death sentences and executions in 2025, published in May, confirms worrying trends: in 2025, the number of executions increased by 78% compared to 2024, with at least 2,707 people executed across 17 countries (this figure excludes China, the Democratic People’s Republic of Korea and Viet Nam, due to a lack of available data). Among these, Iranian authorities carried out at least 2,159 executions, making extensive use of the death penalty to instill fear. Equally concerning are the sharp increases in executions in Kuwait (where the rate tripled), and in Egypt, Singapore and the United States (where they doubled). Amnesty’s report also points to the extensive use of the death penalty for drug-related offences, which represented 46% of the executions (1,257) in 2025, and is retained in at least 35 countries. On the occasion of the 2026 International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking (26 June), Parliamentarians for Global Action joined 62 civil society organizations’ call on the UN Office on Drugs and Crime, the Commission on Narcotic Drugs and its Member States to unequivocally condemn the use of the death penalty for drug-related offences and to uphold international human rights obligations, including by adopting concrete measures to restrict the use of the death penalty with a view to its full abolition. Parliamentarians leading efforts to abolish the death penalty Parliamentarians continue to drive progress towards abolition. In Lebanon, the Human Rights Committee and the Justice Committee recently approved a bill aimed at abolishing the death penalty, submitted by PGA member Hon. Georges Okais MP, among others. Although Lebanon has observed a moratorium on executions since 2004, this recent legislative push demonstrates to align Lebanon’s penalty system with international human rights conventions and to uphold the country’s compliance with human rights. The bill now needs to be adopted in the plenary session of the National Assembly. In the United States, PGA member, Senator Dick Durbin, has reintroduced a bill to ban the federal death penalty. This initiative comes in response to the restoration of federal executions via executive order by the current U.S. administration (which lifted the previous moratorium), and to recent announcements regarding the reintroduction of firing squads and the expansion of execution methods to include electrocution and lethal gas for federal executions (methods already used in some states). The bill was introduced in the Judiciary Committee of the House of Representatives. Commitment of parliamentarians is pivotal to the long-term success of the abolitionist movement. The Philippines recently celebrated 20 years since the abolition of the death penalty, a milestone achieved and maintained by legislators, including PGA members, who have resisted attempts to reinstate capital punishment. These efforts underscore that resolute legislative action remains a vital driver for a future without the death penalty. January to March 2026 at a Glance Positive developments: India: o   In a judgement, the Supreme Court of India reiterated that capital punishment may be imposed only where life imprisonment is “unquestionably foreclosed.” India is a retentionist country that retains the death penalty for ordinary crimes. Lebanon: o   The Human Rights and Justice Committees approved a bill to abolish the death penalty. The National Human Rights Commission  also called on Lebanese authorities to consider accession to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. Lebanon is a retentionist country, but has observed a moratorium since 2004. Trinidad and Tobago: o   In a judgement, the Judicial Committee of the Privy Council directed that Trinidad and Tobago must introduce mental health assessments for defendants accused of serious crimes, particularly in capital cases. United States: o   Senator Dick Durbin reintroduced a bill to ban the federal death penalty. Setbacks Iran: o   According to Iran Human Rights NGO, at least 44 protesters have been sentenced to death in Iran, among them two women and three teenagers under 18 at the time of arrest. All were convicted in relation to Iran’s January 2026 protests. o   Since the beginning of the year, at least 363 executions have been recorded. Jordan: o   Six men were executed by hanging, which represents the first mass execution since 2017. Kingdom of Saudi Arabia: o   At least 65 Ethiopian migrants are at risk of execution in Saudi Arabia for drug-related offenses. o   In a statement, civil society organizations reported that, since 2015, executions have surpassed 2,000, among which 42% of the individuals were foreign nationals. They call for an immediate halt to executions in Saudi Arabia and a comprehensive review of all cases in line with the country’s international obligations. Singapore: o   UN High Commissioner for Human Rights expressed alarm at the continuing spike in executions for drug-related offences in Singapore, and called for an immediate moratorium on the use of the death penalty.   o   A human rights defender faces charges for his alleged participation in candlelight vigils commemorating death row prisoners that were held without police permit. United States: o   U.S. Justice Department has directed federal prisons to expand methods of executions, including firing squads, gas asphyxiation and electrocution. o   From April-June 2026, a total of 9 executions were recorded, included: §  5 in Florida §  2 in Texas §  1 in Oklahoma §  1 in Arizona New Reports and Resources: Council of Europe (CoE): o   The Council of Europe’s Observatory on history teaching in Europe conducted a study examining whether education systems could be providing a stronger foundation for supporting abolition. It finds that although examples of capital punishment are widely taught, the reasons for its abolition are often absent. Death Penalty Project and the University of Dhaka: o   New research exposes systemic failures in the effectiveness and quality of legal representation in capital cases in Bangladesh. Inter-American Commission for Human Rights (IACHR): o   2025 Annual Report details developments in relation to the abolition of the death penalty in all Member States, and calls on countries, notably Barbados, to abolish capital punishment. Droit et Paix, Network of Cameroonian Lawyers Against the Death Penalty (RACOPEM), and Ensemble contre la peine de mort (ECPM): o   A Fact-finding mission report highlights the experience of those sentenced to death in Cameroon, as well as their families and lawyers. Iran Human Rights NGO (IHRNGO) and Ensemble contre la peine de mort (ECPM): o   Annual report on the Death Penalty in Iran reveals an unprecedented escalation in the Islamic Republic’s use of the death penalty in 2025, with more than 1,600 executions, an increase of 68% compared to 2024. United Nations and Human Rights Council: o   The Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions published a report “The death penalty from the perspective of the prohibition of torture and other ill-treatment and the protection of human dignity.” It demonstrates that severe physical pain and psychological distress are an inherent part of the design and implementation of all capital punishment, and states unequivocally that the practice must be abolished immediately. Universal Periodic Review – 52nd session: o   During the 52nd session, States notably recommended to Niger, Singapore, and Somalia to abolish the death penalty.

African Parliamentarians and Human Rights Leaders Exchange Regional Lessons on Countering Hate Speech and Strengthening Democratic Accountability

African Parliamentarians and Human Rights Leaders Exchange Regional Lessons on Countering Hate Speech and Strengthening Democratic Accountability

The discussion focused on practical approaches to strengthening accountability mechanisms, promoting ethical leadership, and ensuring that democratic institutions can respond effectively to harmful rhetoric without undermining freedom of expression

Parliamentarians for Global Action (PGA), in partnership with the Southern Africa Litigation Centre (SALC), convened a high-level regional webinar bringing together parliamentarians, human rights leaders, civil society representatives, and legal experts to examine the role of legislatures and oversight institutions in addressing hate speech while safeguarding democratic freedoms. The discussion focused on practical approaches to strengthening accountability mechanisms, promoting ethical leadership, and ensuring that democratic institutions can respond effectively to harmful rhetoric without undermining freedom of expression. The webinar featured contributions from Hon. Steve Letsike, Deputy Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities of South Africa; Hon. Bernard Georges, Leader of the Opposition in the National Assembly of Seychelles and Member of PGA’s Executive Committee; and Prof. Tshepo Madlingozi, Commissioner of the South African Human Rights Commission. The discussion was moderated by representatives of PGA and SALC. Lessons from South Africa: Constitutional Values and Democratic Responsibility Drawing on South Africa’s constitutional experience, Hon. Steve Letsike emphasized that efforts to address hate speech must be rooted in the protection of human dignity, equality, and democratic participation. Reflecting on South Africa’s historical experience, she noted that harmful rhetoric can contribute to exclusion and discrimination long before physical violence occurs. Constitutional safeguards, independent institutions, accessible complaint mechanisms, and public education are important components in creating a comprehensive response to hate speech. She also underscored the role of parliamentary rules, ethics frameworks, and oversight bodies in ensuring that parliamentary privilege is not misused to undermine the dignity of vulnerable groups. Among the key lessons identified were the importance of clear legal definitions, accessible remedies, institutional accountability, and sustained civic education to prevent harmful narratives from becoming normalized. Legislative Innovation and Challenges in Seychelles Hon. Bernard Georges shared Seychelles’ experience in developing hate crime legislation, highlighting the Penal Code (Amendment) Act 2024, which for the first time enables hate crimes to be formally recognized within the criminal justice system and requires courts to take the hate-motivated element of an offence into account during sentencing. The Act provides that an offence is aggravated by hate where an offender demonstrates hostility towards a victim, or commits the offence because of the victim’s actual or perceived protected characteristics, including sexual orientation, gender identity, race, religious belief, disability, sex characteristics, political affiliation, or HIV/AIDS status. He also reflected on the ongoing challenge of strengthening legal protections for vulnerable groups while preserving the constitutional right to freedom of expression. The Seychelles approach sought to build broad political support while ensuring legal protections against discrimination and targeted harm. Hon. Georges emphasized that legislative reform alone is insufficient if it does not translate into changes in public behavior and political culture. One of the central challenges facing many democracies is ensuring that legal frameworks are accompanied by effective implementation, public awareness, and ongoing engagement between lawmakers and civil society. The Role of Independent Oversight Institutions Prof. Tshepo Madlingozi highlighted the important role of National Human Rights Institutions in promoting human rights, monitoring compliance with constitutional standards, and addressing complaints related to discrimination and hate speech. Accountability efforts must extend beyond parliamentary chambers and address broader societal trends, including harmful rhetoric in public discourse and online spaces. The growing influence of digital platforms, misinformation, and disinformation can contribute to the amplification of harmful narratives. Prof. Madlingozi outlined several initiatives undertaken by the South African Human Rights Commission, including civic education programs, school-based interventions, digital literacy initiatives, social media accountability efforts, and strategic litigation before Equality Courts. Collaboration among parliaments, human rights institutions, and civil society organizations can strengthen democratic resilience and promote a culture of respect for human rights. Civil Society Engagement and Parliamentary Accountability Throughout the discussion, speakers highlighted the critical role of civil society organizations in supporting democratic accountability. Effective engagement requires sustained dialogue between parliamentarians, oversight institutions, and community-based organizations. Speakers encouraged civil society actors to strengthen advocacy and engagement strategies, identify parliamentary champions for human rights, and work collaboratively with legislators to advance reforms that promote dignity, equality, and inclusive democratic participation. Parliamentary rules, codes of conduct, and ethics frameworks are most effective when combined with strong institutional leadership and a commitment to implementation. Building Democratic Resilience Addressing hate speech requires a whole-of-society approach that combines legal frameworks, democratic oversight, public education, and civic participation. Participants agreed that while different countries face distinct legal and political contexts, many of the challenges are shared across the region. Continued peer-to-peer exchanges between parliamentarians, human rights institutions, and civil society organizations remain essential to strengthening democratic discourse, protecting human dignity, and ensuring that democratic institutions remain responsive, inclusive, and accountable. PGA and SALC reaffirmed their commitment to supporting regional dialogue and practical cooperation on parliamentary ethics, democratic governance, and human rights protection across Southern Africa and beyond.

Los parlamentarios húngaros votan a favor de la Corte Penal Internacional

Los parlamentarios húngaros votan a favor de la Corte Penal Internacional

La Asamblea Nacional húngara votó por 133 votos a favor y 37 en contra seguir siendo miembro de la Corte Penal Internacional, reafirmando su compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho.

La organización «Parliamentarians for Global Action» (PGA) felicita a la Asamblea Nacional de Hungría por la aprobación de la ley que revoca la retirada prevista del país del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). El primer ministro Péter Magyar agilizó la tramitación del proyecto de ley, que la nueva legislatura aprobó el 27 de mayo de 2026 con 133 votos a favor y 37 en contra, deteniendo oficialmente el proceso de salida que debía entrar en vigor el 2 de junio de 2026. Tras la promulgación de la nueva ley por parte del presidente, el Gobierno notificó formalmente al Secretario General de las Naciones Unidas el 29 de mayo la revocación de la retirada, garantizando la participación continua e ininterrumpida de Hungría en el sistema de la CPI. Hungría es miembro fundador de la CPI: contribuimos a su creación y, hoy, hemos decidido seguir apoyándola. Con una abrumadora mayoría de votos a favor, nuestro Parlamento envía un mensaje claro y contundente: Hungría mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, los derechos de las víctimas y la arquitectura global de la justicia internacional. Sra. Anett Pásztor, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Hungría Un hito para la justicia internacional El Estatuto de Roma, que estableció la CPI, representa uno de los logros más significativos de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad del genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El Gobierno anterior inició la retirada de Hungría mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Nacional el 20 de mayo de 2025 y notificándolo al Secretario General de la ONU el 2 de junio de 2025. Parlamentarios por la Acción Global destacaron que esta medida amenazaba con debilitar la universalidad de la Corte y la posición de Hungría dentro del orden jurídico multilateral. El nuevo Gobierno del primer ministro Peter Magyar presentó la ley de revocación, haciendo hincapié en que la participación continuada en la CPI es necesaria «para mantener la paz y la seguridad internacionales y proteger los derechos humanos», así como para garantizar la rendición de cuentas por los delitos internacionales graves. La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI y la sociedad civil acogieron con satisfacción formalmente la decisión. La Asamblea Nacional también permitió al país retirar, ese mismo día, su anterior notificación de denuncia del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, un importante tratado que permite a la Corte y a sus funcionarios desempeñar sus funciones de manera imparcial. Perspectivas de futuro La PGA reafirma su disposición a apoyar al Parlamento húngaro en los próximos pasos para garantizar que Hungría pueda desempeñar un papel pleno y constructivo dentro del sistema de la CPI. Esto incluye la ratificación de todas las enmiendas pendientes al Estatuto de Roma, el refuerzo de la legislación nacional de aplicación y la adopción de acuerdos ad hoc de cooperación. La decisión de Hungría refuerza el principio de que la justicia internacional requiere un compromiso universal. En un momento de presión sin precedentes sobre las instituciones multilaterales y el orden internacional basado en normas, la votación de la Asamblea Nacional demuestra que la rendición de cuentas no es opcional y que la impunidad no tiene refugio seguro. PGA seguirá colaborando con parlamentarios de todo el mundo para fortalecer la CPI, promover la universalidad del Estatuto de Roma y garantizar que la Corte reciba el apoyo político y jurídico que necesita para cumplir su mandato.

Afganistán: Carta abierta sobre la propuesta de compromiso de los representantes talibanes en Bruselas

Afganistán: Carta abierta sobre la propuesta de compromiso de los representantes talibanes en Bruselas

El 27 de mayo de 2026, PGA se unió a otros 82 grupos afganos e internacionales de derechos humanos para expresar su profunda preocupación por la posible visita de una delegación talibán a Bruselas en junio de 2026.

El 27 de mayo de 2026, la organización Parliamentarians for Global Action se unió a otras 82 organizaciones afganas e internacionales de derechos humanos para expresar su profunda preocupación por una posible visita de una delegación talibán a Bruselas en junio de 2026, y para instar a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros a que se abstengan de mantener contactos con representantes talibanes. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por las informaciones sobre una posible visita oficial de representantes de los talibanes a Bruselas en junio de 2026. Es importante recordar que los talibanes no representan al pueblo de Afganistán, ya que carecen de legitimidad democrática interna. Su autoridad no se ha establecido mediante ningún proceso participativo, inclusivo, representativo o constitucional. Dos altos dirigentes talibanes son actualmente objeto de órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional por el delito contra la humanidad de persecución por motivos de género, y numerosas personas asociadas con los talibanes siguen figurando en las listas de los regímenes de sanciones internacionales, incluidos los de la Unión Europea. En este contexto, cualquier contacto oficial con representantes de los talibanes, especialmente en territorio europeo, conlleva importantes implicaciones jurídicas, políticas y simbólicas. Se corre el riesgo de que se perciba como una forma de normalización o de reconocimiento implícito. Desde agosto de 2021, los talibanes han aplicado una amplia gama de políticas, decretos y medidas institucionales que han dado lugar al desmantelamiento sistemático de los derechos y libertades fundamentales. Las mujeres y las niñas han quedado casi totalmente excluidas de la vida pública, entre otras cosas mediante la prohibición de la educación secundaria y superior, y graves restricciones al empleo, la libertad de circulación y la participación en los espacios cívicos y políticos. Estas medidas, consideradas en su conjunto, han sido evaluadas, además de por la Corte Penal Internacional, por diversos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y juristas, quienes consideran que podrían constituir una persecución por motivos de género como crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional. Además, se han recibido informes constantes de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales; tortura y malos tratos; y represalias contra defensores de los derechos humanos, periodistas y antiguos funcionarios públicos. La falta de transparencia y de mecanismos de supervisión independientes dificulta la verificación del alcance total de estas violaciones, aunque las pruebas disponibles indican un patrón profundamente preocupante y continuado. Lo que es seguro es que no ha habido rendición de cuentas para las víctimas y los supervivientes de las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales mencionados anteriormente. Los recientes marcos jurídicos y judiciales introducidos bajo el régimen talibán han restringido aún más el acceso a la justicia, han socavado las garantías del debido proceso y han institucionalizado prácticas discriminatorias, en particular contra las mujeres y las niñas. También nos preocupan profundamente las políticas en curso y propuestas relacionadas con el retorno forzoso de solicitantes de asilo afganos desde los Estados miembros de la UE. Cualquier retorno forzoso de personas a Afganistán en las condiciones actuales suscitaría graves preocupaciones en virtud del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Esta preocupación es especialmente grave en el caso de las mujeres y las niñas, cuyas vidas, seguridad y derechos fundamentales corren un riesgo inmediato y sistémico bajo el régimen talibán. Afganistán es actualmente uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer, y el retorno forzoso expondría a muchas de ellas a la persecución, la violencia y una grave privación de derechos. Por lo tanto, instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros a: Abstenerse de mantener contactos con representantes talibanes a nivel político o diplomático en las condiciones actuales, ya que dichos contactos corren el riesgo de contribuir a la normalización y la legitimación implícita de una situación caracterizada por graves violaciones de los derechos humanos, incluida la opresión sistemática de las mujeres y las niñas; Reconocer que las condiciones mínimas que suele citar la UE para el diálogo —incluido el respeto de los derechos fundamentales, en particular los derechos de las mujeres— no se cumplen actualmente, y que seguir adelante a pesar de ello socavaría los compromisos de la Unión Europea en materia de derechos humanos; Apoyar activamente los esfuerzos de la justicia internacional para abordar las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales, en particular la persecución por motivos de género, incluso mediante una cooperación efectiva con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Afganistán, a fin de garantizar que la rendición de cuentas no quede relegada a un segundo plano en favor de consideraciones políticas o relacionadas con la migración; Afirmar pública e inequívocamente que los derechos de las mujeres y niñas afganas no son negociables, y no pueden verse comprometidos ni utilizarse como moneda de cambio en el contexto de las relaciones diplomáticas o la política migratoria; Apoyar activamente las vías de litigio estratégico, incluso a través de mecanismos de jurisdicción universal y extraterritorial, para reforzar el acceso de las víctimas a recursos efectivos por delitos internacionales graves y contribuir a la rendición de cuentas judicial de los presuntos autores; Detener inmediatamente cualquier retorno forzoso de solicitantes de asilo afganos, en pleno cumplimiento del principio de no devolución, reconociendo que el retorno en las condiciones actuales expondría a las personas —en particular a las mujeres y las niñas— a persecución y daños graves; Garantizar que ninguna persona vinculada a las autoridades talibanes, ni ninguna persona contra la que se hayan formulado acusaciones creíbles de graves violaciones de los derechos humanos, sea recibida, acogida o participe en ninguna forma de cooperación o consulta; Entablar consultas estructuradas y significativas con la sociedad civil afgana, las víctimas y las defensoras de los derechos humanos, para garantizar que sus perspectivas influyan directamente en las decisiones políticas de la UE. El incumplimiento de estos principios corre el riesgo de afianzar aún más la impunidad, socavar la credibilidad del compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y la justicia de género, y abandonar a las víctimas y supervivientes afganas en un momento crítico. Estamos dispuestos a colaborar de manera constructiva con los socios europeos e internacionales para garantizar que cualquier respuesta a la situación en Afganistán se base en la rendición de cuentas, la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Afghanistan Canada Culture (ACC) Afghanistan Cinema House Afghanistan Civil Society Forum Organization (ACSFo) Afghanistan Community Foundation (ACF) Afghanistan Democracy and Development Organization (ADDO) Afghanistan Freedom Struggle Network Afghanistan Service, Cultural and Rehabilitation Organization Afghanistan Sociological Association Afghanistan Transitional Justice Coordination Group (ATJCG) Afghanistan Women's Light Freedom Movement Afghanistan Women's New Future Movement Afghanistan Women's Political Participation Network Afghanistan Women's Solidarity Movement Afghanistan's Powerful Women's Movement Afghan Canadian Civil Society Forum (ACCSF) Afghan Human Rights Defenders in Exile (AHRDE) Afghan Women Education and Vocational Services Organization (AWEVSO) Afghan Women News Agency (AWNA) Afghan Youth in New Era Organization (AYNEO) Alternative Links for Training and Development Armanshahr / OPEN ASIA Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan (ASEA) Association of Women in Radio and Television (AWRT-K) AWA Legal and Social Foundation AWPPN Balkh Women's Movement Borderless Amu Movement (BAM) Civil Society and Human Rights Activists Network Civil Society and Human Rights Network (CSHRN) Development and Support of Afghan Women and Children Organization (DSAWCO) Dialogue Hub for Common Ground Digital Civil Society Institute (AZADY) Equality Social and Cultural Organization (ESCO) Ertebat Organization EU Hope EVE: Voice for Women's Rights Fatema Foundation FARAGEER (Women Global Forum for Afghanistan) FARKHUNDA MOVEMENT Fekresabz Organization (FSO) Feminine Solidarity for Justice Org (FSJO) Free People Movement in Exile Free Watch Afghanistan Organization (FWA) G+ Generation Positive Organization Generation of Peace Society (GPS) Global Campaign Against Gender Apartheid Herat Citizens' Social Association Human Rights Defenders Plus (HRD+) Incident Prevention & Assist the People Organization (IPAPO) Independent Coalition of Afghanistan Women's Protest Movement Independent Cooperation for Change Organization (ICCO) Mawoud Academy Movement's Yell Movement National Anti-Discrimination Process (NADP) Network of Afghan Women in Urban Governance New Generation Network for Change (NGNFC) No to Rigor Organization (NRO) Paikan TV Peace & Sport Organization Peace and Human Rights Dialogue Center Radio Nehad Network (RNN) Rawzana Omid Social Organization Shahrvand Social and Legal Research Organization (SSLO) Stichting voor Afghanistan (SVA) Sunrise of Freedom Tabesom Cultural and Social Services Institute Together for Equality Organization Tolo Social and Civic Organization (TSCO) Wahaj Welfare Organization for Afghanistan Women Media Advocacy Group Women Organization for Rights, Dignity and Speech (WORDS) World Council of Panjshirians Women's Freedom Organization Women's Justice Movement Women's Motion Network (WMN) Youth and Children Development Program (YCDP) International Federation for Human Rights (FIDH) Aide aux Personnes Déplacées Civil Rights Defenders (CRD) Global Initiative Against Impunity (GIAI) Human Rights Activist Union (HRAU) Parliamentarians for Global Action (PGA) Women's Initiative for Gender Justice (WIGJ)

Día de la UE contra la Impunidad: La Iniciativa Global insta a la UE y a los Estados miembros a mantenerse firmes con los supervivientes

Día de la UE contra la Impunidad: La Iniciativa Global insta a la UE y a los Estados miembros a mantenerse firmes con los supervivientes

La Iniciativa Global contra la Impunidad: Making Justice Work (GIAI) hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que refuercen su compromiso de poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de derecho internacional y apoyen firmemente a los supervivientes.

22 de mayo de 2026 — Ante la celebración del Día de la Unión Europea contra la Impunidad, la Iniciativa Global contra la Impunidad: Hacer que la justicia funcione (GIAI) insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que renueven su compromiso de poner fin a la impunidad de los delitos más graves según el derecho internacional y a que se mantengan firmes junto a los supervivientes y las comunidades afectadas. El último año ha sido testigo de una escalada continua de los conflictos armados, retrocesos democráticos, doble rasero, ataques a los tribunales internacionales y a los mecanismos de rendición de cuentas, retrocesos en los avances de la justicia transicional y la justicia de género, el menoscabo de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, y la reducción de los recursos destinados al trabajo en materia de derechos humanos. En conjunto, estos acontecimientos suponen amenazas crecientes para la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos y para el propio sistema de justicia internacional. Los supervivientes y las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los miembros de la GIAI, han respondido a estas amenazas con determinación y soluciones innovadoras, demostrando que una acción colectiva firme, basada en enfoques centrados en los supervivientes, puede ayudar a contrarrestar estas tendencias y promover la justicia. La movilización contra las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI) demuestra la importancia de la acción colectiva para preservar la integridad de la Corte frente a los esfuerzos políticos destinados a debilitar el acceso de los supervivientes a la justicia en todo el mundo. Los esfuerzos por apoyar el acceso de los supervivientes a los mecanismos de justicia internacionales y nacionales a través de la representación legal, la documentación, el acompañamiento y la defensa liderada por los propios supervivientes también han puesto de relieve el papel clave que desempeñan los supervivientes como agentes de cambio. La GIAI ha llamado además la atención sobre el papel esencial de justicia transicional a la hora de abordar las causas profundas de la violencia y las consecuencias a largo plazo de los crímenes atroces mediante el apoyo a iniciativas de base y dirigidas por los supervivientes que promueven la búsqueda de la verdad, la reparación, la conmemoración y las garantías de no repetición. Dado que los autores de los delitos cruzan fronteras, ocultan activos y se aprovechan de la protección política, la GIAI ha hecho hincapié en la necesidad de adaptar las estrategias de rendición de cuentas más allá de los enfoques tradicionales de los tribunales, incluyendo localización de sospechosos, la impugnación de inmunidades y impulsar el uso de la jurisdicción universal y extraterritorial para exigir responsabilidades a los autores. Frente a la reducción de la financiación destinada a los derechos humanos, también ha demostrado cómo las investigaciones financieras, la recuperación de activos y las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las sanciones pueden respaldar los esfuerzos de reparación para los supervivientes y las comunidades afectadas. Para que la justicia sea más significativa, accesible y creíble, la GIAI ha promovido normas centradas en los supervivientes para una interacción ética, informada sobre el trauma y sensible al género con los supervivientes. Al mismo tiempo, la GIAI ha seguido contribuyendo a la configuración de marcos jurídicos y normativos que hagan posible la rendición de cuentas, desde los esfuerzos por reforzar las normas sobre inmunidades hasta la colaboración con la Unión Europea en materia de derechos de las víctimas, participación y reparación. Este momento exige valentía política, una inversión sostenida y una colaboración genuina con la sociedad civil, los supervivientes y las comunidades afectadas. La Unión Europea y sus Estados miembros tienen la responsabilidad particular de defender el sistema de justicia internacional que ayudaron a construir y de defender el Estado de derecho, la paz y la dignidad humana. Deben utilizar todas las herramientas a su alcance para apoyar a los supervivientes y reforzar los esfuerzos colectivos para garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves. El compromiso de Europa con la justicia no puede ser selectivo. La credibilidad de la política de derechos humanos de la UE depende de su apoyo coherente e inequívoco a la rendición de cuentas en todas partes. «No queremos preocuparnos por ritos religiosos ni por esqueletos... Lo que realmente queremos es que se rindan cuentas», dijo la madre de una persona desaparecida de Sri Lanka. Cuando los Estados socavan la CPI, no se limitan a debilitar una institución; nos perjudican a nosotros, haciendo que la posibilidad de rendir cuentas sea frágil y condicional. Los Estados Partes tienen tanto la autoridad como la responsabilidad de fortalecer y defender la Corte, para que pueda proteger a todas las personas que han sido víctimas de crímenes atroces. Lala Abgaryan, una víctima armenia. En este Día de la UE contra la Impunidad, la GIAI insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a: Defiendan la independencia de la CPI, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros tribunales regionales y mecanismos de rendición de cuentas, y se opongan a toda forma de injerencia política e intimidación, incluidas las sanciones, así como a cualquier intento de socavar su autoridad e independencia y los instrumentos internacionales y regionales que deben hacer cumplir; Reforcen las capacidades nacionales para investigar y enjuiciar los crímenes internacionales, entre otras cosas mediante la jurisdicción universal y la promoción y ratificación del Convenio de Liubliana-La Haya; Garantizar enfoques centrados en los supervivientes, sensibles al trauma, con perspectiva de género e interseccionales en todos los procesos de rendición de cuentas, reparación y justicia transicional; Fortalecer y poner en práctica la Política de la UE en materia de justicia transicional mediante un apoyo político y financiero sostenido a las iniciativas lideradas por los supervivientes, de base y de titularidad local que promuevan la verdad, la reparación, la memoria, la reforma institucional y las garantías de no repetición; Salvaguardar los logros pasados y actuales en materia de justicia transicional apoyando los procesos de conmemoración, búsqueda de la verdad, reparación y reforma institucional, y oponiéndose a los intentos de negar, revisar o legitimar los crímenes atroces y a sus autores; Ampliar el apoyo a la reparación, incluso mediante el uso responsable de sanciones individuales selectivas y medidas de recuperación de activos vinculadas a crímenes internacionales; Proteger a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y a las iniciativas lideradas por supervivientes que trabajan en favor de la rendición de cuentas, incluso proporcionando financiación sostenible; Garantizar el apoyo político y financiero a largo plazo a las instituciones y mecanismos internacionales de justicia y derechos humanos. La GIAI mantiene su compromiso de garantizar que la justicia internacional llegue a quienes más la necesitan: los supervivientes, las comunidades afectadas y las generaciones futuras.

Noticias sobre Justicia Internacional - Mayo 2026

Noticias sobre Justicia Internacional - Mayo 2026

La actualización de PGA sobre la justicia internacional se ofrece como un recurso para nuestros miembros y el público en general sobre los titulares importantes sobre la brecha de la impunidad, los desarrollos legislativos y parlamentarios y las noticias judiciales.

El Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos elabora esta actualización sobre justicia internacional con fines meramente informativos. Las opiniones expresadas en los artículos incluidos en esta actualización no reflejan necesariamente la postura de PGA ni de ninguna persona relacionada con PGA; tampoco PGA ni ninguna persona relacionada con PGA garantiza la veracidad del contenido de dichos artículos. 2026mayo16-31 Destacado Hungría El 27 de mayo de 2026, el Parlamento húngaro votó a favor de revertir su retirada prevista de la Corte Penal Internacional. La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes acogió con satisfacción la decisión de Hungría de seguir siendo Estado Parte del Estatuto de Roma. Euronews, CPI Cooperación Filipinas El 21 de mayo de 2026, el ministro de Justicia filipino ordenó a las autoridades policiales que detuvieran al senador Ronald «Bato» dela Rosa, buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad. Al Jazeera Esferas de impunidad Israel, Palestina El 22 de mayo de 2026, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó de que la crisis en Gaza y Cisjordania había alcanzado niveles catastróficos, reiterando los llamamientos para que se rindieran cuentas por las presuntas violaciones del derecho internacional. ACNUDH Israel El 24 de mayo de 2026, Middle East Eye informó de que la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, había declarado que el exjefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad la había presionado para que pusiera fin a la investigación de la Corte sobre crímenes de guerra en Israel. Middle East Eye Reino Unido, Afganistán El 28 de mayo de 2026, BBC News informó sobre un testimonio ante la Comisión de Investigación Independiente sobre Afganistán en el que un exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Especiales del Reino Unido afirmó que las denuncias de crímenes de guerra contra el Servicio Aéreo Especial no se remitieron a la policía militar en 2011 debido al temor de que una investigación pudiera perturbar las operaciones y minar la moral, a pesar de las preocupaciones relativas a las ejecuciones extrajudiciales. BBC News Asuntos legislativos/parlamentarios Afganistán, Unión Europea El 27 de mayo de 2026, 83 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Parlamentarios por la Acción Global, instaron a la Unión Europea y a sus Estados miembros a abstenerse de entablar relaciones con representantes talibanes y a apoyar los esfuerzos internacionales en materia de justicia que se están llevando a cabo. FIDH Asuntos judiciales Libia El 21 de mayo de 2026, la Corte Penal Internacional concluyó la vista de confirmación de los cargos en el caso contra Khaled Mohamed Ali El Hishri, un antiguo alto cargo de la prisión de Mitiga sospechoso de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Libia entre 2014 y 2020. CPI Chad, Senegal El 25 de mayo de 2026, Human Rights Watch conmemoró el 10.º aniversario de la condena del exdictador chadiano Hissène Habré ante las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal, señalando que esta sentencia histórica ha inspirado los esfuerzos por la justicia a nivel mundial. Sin embargo, las indemnizaciones de aproximadamente 123 millones de euros concedidas a cerca de 7.400 víctimas y supervivientes siguen sin pagarse en su mayor parte. Human Rights Watch Polonia, Israel, Palestina El 25 de mayo de 2026, supervivientes polaco-palestinos y organizaciones asociadas presentaron una denuncia penal en Polonia contra altos cargos israelíes por presunto genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y obstrucción de la ayuda humanitaria en Gaza. Fundación Hind Rajab Filipinas El 27 de mayo de 2026, la Sala de Primera Instancia III de la Corte Penal Internacional fijó la apertura del juicio en el caso El Fiscal contra Rodrigo Roa Duterte para el 30 de noviembre de 2026. CPI Suecia, Sudán El 28 de mayo de 2026, el Tribunal de Distrito de Estocolmo concluyó el juicio contra antiguos ejecutivos de Lundin Oil por complicidad en crímenes de guerra cometidos en Sudán entre 1999 y 2003, anunciando que la sentencia se dictará en diciembre. Africanews Australia, Israel, Palestina El 31 de mayo de 2026, activistas vinculados a la Flotilla Global Sumud anunciaron que habían presentado pruebas ante la Corte Penal Internacional sobre presuntos abusos, torturas y otras violaciones tras la interceptación israelí de la flotilla humanitaria con destino a Gaza. ABC 2026Mayo1-15 Destacado Libia El 19 de mayo de 2026, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional abrirá la audiencia de confirmación de los cargos en el caso El Fiscal contra Khaled Mohamed Ali El Hishri. El Hishri, antiguo alto cargo de la prisión de Mitiga, se enfrenta a 17 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos contra ciudadanos libios, migrantes y refugiados entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2020. Se trata del primer caso relativo a la situación en Libia que llega a la fase de confirmación de los cargos ante la CPI. CPI, FIDH Cooperación Global El 6 de mayo de 2026, el primer ministro Pedro Sánchez instó a la Comisión Europea a activar el Estatuto de Bloqueo de la UE para proteger a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas de las sanciones de Estados Unidos. Middle East Eye Tayikistán El 7 de mayo de 2026, la Presidencia de la Corte Penal Internacional remitió el incumplimiento de Tayikistán a la Asamblea de los Estados Partes por no cooperar con la solicitud de la Corte de detener y entregar al presidente ruso Vladimir Putin. CPI Filipinas El 15 de mayo de 2026, Filipinas se comprometió a cooperar con la CPI y a detener al senador Ronald Marapon Dela Rosa, sobre quien pesa una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes contra la humanidad. Al Jazeera Esferas de impunidad República Democrática del Congo El 5 de mayo de 2026, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos de forma generalizada por las Fuerzas Democráticas Aliadas contra la población civil en el este de la RDC. Amnistía Internacional Afganistán, Pakistán El 5 de mayo de 2026, los talibanes acusaron a Pakistán de matar a tres civiles e hirir a catorce personas en un ataque transfronterizo, calificando el incidente de crimen de guerra. El ataque se produjo tras un alto el fuego negociado por China en abril, tras varios meses de enfrentamientos armados. Al Jazeera Asuntos legislativos/parlamentarios Global El 12 de mayo de 2026, 11 Estados africanos se sumaron a la iniciativa de Francia y México para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, lo que eleva a 118 el número total de Estados que la respaldan. Agencia Anadolu Ucrania, Rusia El 15 de mayo de 2026, 34 países europeos, Australia, Costa Rica y la UE aprobaron una resolución para establecer un tribunal especial encargado de juzgar a Rusia por el delito de agresión contra Ucrania. France 24 Asuntos judiciales Siria El 5 de mayo de 2026, la justicia siria imputó a Atef Najib, un antiguo alto cargo de seguridad, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con la represión de las protestas de 2011. Se trata del primer proceso judicial contra antiguos funcionarios del régimen de Assad. DW Ruanda, Francia El 6 de mayo de 2026, el Tribunal de Apelación de París anuló la desestimación de los cargos de genocidio contra la ex primera dama ruandesa Agathe Habyarimana y ordenó que se reanudara la investigación. Habyarimana, que vive en Francia desde 2004, se enfrenta a cargos de complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad relacionados con el genocidio tutsi de 1994. Le Monde Filipinas El 11 de mayo de 2026, los jueces de la CPI hicieron pública una orden de detención contra el senador Ronald Marapon Dela Rosa por crímenes contra la humanidad de asesinato en relación con al menos 32 homicidios cometidos entre julio de 2016 y abril de 2018 durante la guerra contra las drogas del Gobierno de Duterte. CPI

Parlamentarios de todas las regiones del mundo aprueban el Plan de Acción de Ciudad de México para una gobernanza robusta de los océanos

Parlamentarios de todas las regiones del mundo aprueban el Plan de Acción de Ciudad de México para una gobernanza robusta de los océanos

El acto, organizado bajo los auspicios del Senado de México en Ciudad de México, reunió a parlamentarios, expertos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas clave para entablar debates interactivos.

Los días 26 y 27 de marzo, Parlamentarios por la Acción Global celebró su Cuarta Asamblea Consultiva de Parlamentarios por los Océanos (CAP-Oceans) en el marco del 46.º Foro Anual de PGA. El evento, organizado bajo los auspicios del Senado de México en la Ciudad de México, reunió a parlamentarios, expertos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas clave para participar en debates interactivos, compartir buenas prácticas y comprometerse con la implementación efectiva de las áreas marinas protegidas (AMP), incluso en alta mar, como herramienta para una gobernanza oceánica sólida. Las presentaciones de los expertos destacaron la importancia de la cooperación para construir un marco jurídico sólido de gobernanza oceánica, los beneficios generalizados de las áreas marinas protegidas inclusivas y la entrada en vigor del Tratado de las Naciones Unidas sobre la Alta Mar en enero de 2026. Los parlamentarios expresaron su compromiso con el objetivo global de proteger el 30 % de los océanos para 2030 y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Vida submarina, compartiendo experiencias y lecciones aprendidas en sus respectivos países y haciendo un llamamiento a la acción para proteger este patrimonio común de la humanidad. La defensa de los océanos es una tarea indispensable para salvaguardar los equilibrios que hacen habitable nuestro planeta. Los océanos cubren más del 70 % de la superficie de la Tierra y sustentan la mayor parte de sus ecosistemas.  La mayor parte del oxígeno que respiramos proviene del océano, y los medios de vida y los intercambios de millones de personas en todo el mundo también dependen de ellos. Por lo tanto, cuidar los océanos también significa cuidar de nuestra gente, defender la justicia social y, sobre todo, asumir la responsabilidad para con las generaciones futuras. Defender los océanos exige actuar con responsabilidad global . Nos exige considerar esta agenda no solo como una cuestión nacional , sino como una causa vinculada a la cooperación internacional y a la diplomacia parlamentaria. Y hoy, esa responsabilidad cobra especial relevancia con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, que busca reforzar la protección de las aguas internacionales, entre otras medidas, mediante la creación de áreas marinas protegidas que cubran al menos el 30 % de los océanos. La senadora Laura Itzel Castillo (México), presidenta del Senado A continuación se presentan los tres pilares principales que guiaron las conversaciones y las medidas concretas que los parlamentarios están adoptando en sus países: Los participantes debatieron sobre la creación y la gestión conjunta efectiva de las áreas marinas protegidas, así como sobre el reconocimiento del papel crucial de las mujeres, entre otros grupos, para alcanzar el objetivo de proteger el 30 % de los océanos para 2030. Los parlamentarios hicieron hincapié en la necesidad de involucrar a las comunidades locales y en los amplios beneficios que supone apoyar a las mujeres de estas comunidades. No estamos hablando de una visión romántica de el océano, estamos hablando de medios de vida. No hay tema más fundamental para la justicia social que la preservación de nuestro océano. Sin el océano, no hay vida.» Dip. Kattia Cambronero Aguiluz (Costa Rica), miembro de la Comisión Especial de Medio Ambiente La exploración petrolera ha provocado una grave contaminación del océano, además de afectar a los medios de subsistencia de las comunidades costeras. Por primera vez desde la década de 1960, Nigeria ha creado un Ministerio de Economía Marina y Azul. La aplicación de la ley será más estricta e contará con la participación de las comunidades locales. Tengo previsto colaborar con otros miembros de la PGA en Nigeria para establecer la estructura jurídica necesaria para crear AMP y garantizar su cumplimiento. Hon. Bamidele Salam, diputado (Nigeria), presidente de la Comisión de Cuentas Públicas y presidente del Grupo Nacional de la PGA Debemos proteger nuestro litoral para las comunidades de mujeres cuyos medios de vida dependen de él. La gobernanza de los océanos no ha reconocido tradicionalmente a las mujeres, quienes son más vulnerables a sufrir los efectos del cambio climático. Para que el Tratado de Alta Mar funcione, la gobernanza de los océanos no debe acentuar los desequilibrios históricos. Las AMP no se crean tras un escritorio, sino en los contextos locales y sobre el terreno; deben desarrollarse en diálogo con las mujeres y deben constituir un acto de justicia ambiental. Dip. Gabriela Benavides Cobos (México), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Las mujeres del sector pesquero en Jamaica se dedican principalmente al procesamiento, más que a la captura. Al igual que en la mayor parte del Caribe, este trabajo está infravalorado. El reciente huracán ha afectado a todos los pescadores, pero las mujeres se enfrentan a efectos agravados porque muchas son cabezas de familia solteras. Jamaica afirma que estamos en vía de alcanzar el objetivo de 30 para 2030, pero actualmente solo estamos en el 14 %, por lo que hay una gran brecha que cerrar. Hon. Dra. Angela Brown Burke, diputada (Jamaica), miembro de la Junta Directiva de la PGA Cuando hablamos de los derechos de las mujeres en la pesca, hablamos de dignidad, seguridad alimentaria , resiliencia y el futuro de las comunidades de las islas del Pacífico. Si queremos políticas pesqueras serias, las mujeres deben tener un lugar en la mesa. Si queremos un Pacífico resiliente, las mujeres en el sector pesquero deben ser vistas, deben ser escuchadas, deben ser apoyadas y deben ser valoradas. Hon. Tina Browne, diputada (Islas Cook), líder de la oposición Los participantes analizaron el Tratado de la Alta Mar como una herramienta eficaz para la gobernanza de los océanos, subrayando su marco histórico para la creación de áreas marinas protegidas en alta mar. Los parlamentarios destacaron que el Tratado es esencial para alcanzar el objetivo de proteger el 30 % de los océanos para 2030, y señalaron su relevancia para todas las personas de todos los países del mundo. Esperamos que los parlamentarios —especialmente los miembros de la PGA— tomen medidas concretas para ratificar el Tratado de Alta Mar. En el caso de los diputados de países que ya ratificado, deben tomar medidas para incorporar el Tratado a su legislación nacional. A continuación, deben asumir la responsabilidad de supervisar y comunicar la importancia del Tratado a sus electores. Debemos proteger especialmente a las mujeres que se dedican a la pesca, ya que se ven afectadas de manera desproporcionada por las actividades que comprometen nuestro océano. Hon. Millie Odhiambo (Kenia), miembro de la Comisión Departamental de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores; Miembro de la Junta Directiva de la PGA Antes de que Gambia ratificara el Tratado de Alta Mar , llevamos a cabo un proceso deliberado e inclusivo para asegurarnos de que nuestro pueblo comprendiera el Tratado. Involucramos a comunidades, ONG, empresas y expertos para alinearnos con los objetivos nacionales de desarrollo y la prosperidad económica. La PGA ayudó a sensibilizar e involucrar a los miembros de la Asamblea Nacional para que comprendieran el Tratado. Hago un llamamiento a los parlamentarios de todo el mundo para que alcen la voz y se aseguren de que otros países se adhieran al Tratado! Hon. Abdoulie Ceesay, diputado (Gambia), líder adjunto de la mayoría , presidente del Grupo Nacional de la PGA, miembro de la Junta Directiva de la PGA Nuestro océano está amenazado. El Tratado de Alta Mar es la esperanza más importante para el océano que hemos visto. Todos deberíamos ratificar este acuerdo lo antes posible. También debemos reforzar la gestión basada en la comunidad para la pesca sostenible y la gestión de los ecosistemas.” Hon. Sir Iakoba Taeia Italeli, diputado (Tuvalu), presidente del Parlamento de Tuvalu Como bióloga marina de formación, me presenté a las elecciones parlamentarias para ser la voz del océano. Suecia está tratando de ser una defensora en cuestiones oceánicas. Cuando ratifiquemos [el Tratado de Alta Mar] —probablemente este verano— estaremos preparados para cumplir. Sra. Emma Nohren, diputada (Suecia), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura Los participantes compartieron experiencias de cooperación eficaz a nivel nacional, regional y mundial, lo que ha quedado demostrado por los avances en los marcos de gobernanza de los océanos y es necesario para la materialización de estos compromisos. Los parlamentarios hicieron hincapié en la necesidad de participar en iniciativas multilaterales y de carácter multipartidista, destacando la importancia de la transparencia y la participación de múltiples partes interesadas en estos procesos. La cooperación también vincula el medio ambiente, la economía y la supervivencia. Para Belice, no es un término abstracto: es una cuestión existencial. La pesca, el turismo y los medios de vida costeros dependen de océanos saludables, y, dependiendo de esos océanos, el ecosistema marino sustenta la economía azul. La ratificación del Tratado de Alta Mar amplificó nuestra voz como pequeño país, dotándola de credibilidad. La PGA nos permite promover y generar apoyo multipartidista – compartiendo herramientas jurídicas, marcos normativos y convirtiendo acuerdos internacionales como el Tratado de Alta Mar en legislación nacional. La PGA ayuda a países como Belice a pasar del compromiso a la acción y, posteriormente, a la implementación. Hon. Valerie Woods, diputada (Belice), presidenta de la Cámara de Representantes, miembro de la Junta Directiva de la PGA Es importante explicar a los pescadores por qué se adoptan estas medidas para proteger los océanos. No queríamos que se sintieran sorprendidos por nuestra legislación, por lo que les dimos dos años para prepararse para los cambios. Nos coordinamos con la UE para proporcionarles ayuda y nos coordinamos para disponer de instrumentos que financien sus puestos de trabajo y les permitan adaptar sus negocios. Estamos tratando de averiguar cómo ayudar a cada uno de ellos. Si conoces a las personas a las que debes dirigirte, sus posiciones y sus problemas, entonces abre un espacio para mantener un diálogo y generar confianza. Saben que este cambio será una transición justa, que no se verán afectados negativamente y que es por el bien común. Es importante contar con el apoyo de los ciudadanos en los cambios que necesitamos para la protección del medio ambiente. Hon. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, diputada (Grecia), Enviada Especial del Primer Ministro para el Océano Parlamentarios: ¡ustedes pueden impulsar el progreso en la protección de los océanos! Sra. Elinor Hammarskjold, subsecretaria general de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos y asesora jurídica de las Naciones Unidas Cuando hablamos del océano, debemos dejar de lado todas nuestras diferencias partidistas para protegerlo. Debemos redactar leyes que creen incentivos para que nuestros ciudadanos protejan el océano. No estamos aquí para hablar, sino para luchar por proteger nuestro océano. ¡Debemos tomar medidas al regresar a nuestros países! Dip. Jorge Calix (Honduras) La Hon. Amanza Walton Desir, diputada (Guyana) y miembro de la Junta de la PGA, dirigió el debate sobre el Plan de Acción de la Ciudad de México: El océano nos exige que cumplamos: ¡necesitamos actuar!

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – January - March 2026

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – January - March 2026

The need to turn commitments into action

The need to turn commitments into action The alarming rise in executions in 2025, particularly those related to drug crimes (which increased 97% from 2024 according to the latest Harm Reduction International report), cast a long shadow over the first quarter of 2026. The international community’s attention was particularly focused on the situation in Iran, where peaceful protests that began December 2025 were met with a brutal crackdown and human rights violations, reportedly resulting in thousands of deaths, as well as mass arrests that have left hundreds at risk of execution. The need to address this violent trend was central to the parliamentary workshop organized by Parliamentarians for Global Action in Mexico City on 25 March. Parliamentarians are more crucial than ever in this difficult context. During discussions, parliamentarians heard poignant testimonies from a defense lawyer and representatives of the abolitionist movement, including experts on the differentiated impact of the death penalty and prison conditions based on gender. In concrete results, parliamentarians from The Gambia and Jamaica committed to action steps, paving the way for change accompanied by sustained political engagement. The urgency of these commitments by champion parliamentarians is underscored by radical legislative initiatives elsewhere in the world. In late March, the Israeli Knesset passed a law reinstating the death penalty for Palestinians, a move condemned by the UN, the international community and civil society as a violation of international law. Meanwhile, the Maldives Government has proposed a bill to effectively end its six-decade moratorium. Faced with the rise of these regressive measures, parliamentarians must translate their commitments into concrete legislative action. The link between gender and the death penalty was raised during the Commission on the Status of Women 70th Session (CSW70) thanks to civil society organizations. The delegation from the World Coalition Against the Death Penalty advocated for the goals of the abolitionist cause, amplified the voices of women sentenced to death, and proposed solutions. Conclusions of CSW70 included, for the first time, references to women in conflict with the law, emphasizing the need to “address the specific needs and circumstances of all women and girls subject to arrest, detention, prosecution, trial and sentencing, including irreversible criminal penalties.” January to March 2026 at a Glance Positive developments: Malaysia: o   New parliamentary data indicate that 976 people, including 889 men and 87 women, were released as of 30 September 2025. This follows Malaysia’s resentencing project process related to the abolition of the mandatory death penalty in November 2023. United States: o   Oklahoma State Senator Nikki Nice is campaigning for a bill to reinstate a moratorium in the state until June 2028. Oklahoma resumed executions in 2021, after observing a six-year moratorium. o   The New Hampshire House of Representatives rejected a bill to reinstate the death penalty, as well as other bills that would have expanded its application. The state abolished capital punishment in 2019, but one person remains on death row. Setbacks Iran: o   Nationwide demonstrations in the country, which began on 28 December 2025, led to serious human rights violation in the country, with thousands of people killed during the crackdown. Hundreds of protesters are at risk of death sentences, including children. o   Since the beginning of the year, at least 184 men and 5 women were executed. Israel: o   The Knesset adopted a death penalty law targeting Palestinians living under occupation.  The law authorizes military courts to impose mandatory death sentences for deliberate killings in actions that are defined as terrorist acts, and denies pardon. Experts and civil society organizations stress its blatant incompatibility with international law and call for its immediate repeal. Maldives: o   Government plans to introduce a bill to end the longstanding moratorium on the death penalty in the Maldives. United States o   Florida Supreme Court upheld a law enabling non-unanimous death verdicts. Florida, along with Alabama, is one of only two states to permit non-unanimous death verdicts. o   Alabama approved a bill expanding the scope of the death penalty. o   Bills are being considered to reinstate the death penalty in Wisconsin (where it was abolished in 1853), and in West Virginia (which abolished it in 1965). o   In Utah, a bill seeks to expedite death penalty proceedings. o   From January-March 2026, a total of 7 executions were recorded, included: §  4 executions in Florida §  2 executions in Texas §  1 execution in Indiana §  1 execution in Oklahoma New Reports and Resources: Harm Reduction International (HRI): o   The Death penalty for drug offences: global overview 2025. The report shows that at least 36 countries still retain the death penalty for drug-related offences, and that 1,212 people were executed for such offences (a 97% increase between 2024 and 2025). Universal Periodic Review – 51st session: o   States formulated recommendations to abolish the death penalty to Lebanon; Maldives; Mauritania; Oman; Saint Lucia; and Singapore. Concerns were also conveyed to Chad regarding the decree seeking to reinstate the death penalty. World Coalition Against the Death Penalty (WCADP): o   WCADP launched an online learning platform designed to strengthen knowledge, advocacy and global action to end the death penalty. The Rights Practice, Institute for Criminal Justice Reform, The Square Circle Clinic, Justice Project Pakistan, Taiwan Alliance to End the Death Penalty, Transformative Justice Collective, Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights, Centre for Prisoners Rights, Japan Federation of Bar Associations, and the Anti-Death Penalty Asia Network: o   Kuala Lumpur Guidelines – Regional guidelines for lawyers representing individuals facing the death penalty and execution in Asia

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