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Campaña para la universalidad y eficacia del sistema del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)

El desafío: luchar contra la impunidad por los crímenes internacionales

El siglo XX estuvo marcado por conflictos armados y la comisión de crímenes que conmocionaron la conciencia de la humanidad. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio para llevar a los perpetradores de éstos crímenes ante la justicia, poniendo fin a la impunidad que caracterizó al período entre las dos Guerras Mundiales. Con la adopción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948, que dispone el establecimiento de un tribunal penal internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) invitó a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) a trabajar en el proyecto del estatuto de un órgano judicial internacional permanente para juzgar a los acusados de genocidio y otros delitos en virtud del derecho internacional.

Con el advenimiento de la Guerra Fría, el concepto de un sistema de justicia penal internacional fue "congelado" durante varias décadas. En 1989, con la caída del muro de Berlín, la AGNU decidió reasignar a la CDI el establecimiento de tribunal penal internacional por medio de una resolución adoptada por unanimidad. Esta resolución había sido redactada y presentada por el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, el Sr. ANR Robinson, MP. El Sr. Robinson fue miembro del Comité Ejecutivo de PGA que ayudó a establecer el Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos de nuestra red parlamentaria.

En la década de 1990, el mundo una vez más fue testigo de atrocidades indescriptibles cometidas en la ex-Yugoslavia y en Ruanda. Ante la inacción de la Comunidad Internacional para poner fin a estas atrocidades masivas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) decidió establecer tribunales ad hoc para cada una de estas situaciones en 1993 y 1994. Estos eventos reimpulsaron a la CDI en 1994 a producir un proyecto de estatuto para un tribunal penal internacional, que fue presentado para consideración del Comité Ad Hoc de la ONU sobre una Corte Penal Internacional (CPI) en 1995. Ese mismo año, Italia ofreció a la AGNU organizar y patrocinar una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios para la adopción de un estatuto de una CPI. La AGNU aceptó la oferta y estableció un Comité Preparatorio para el Establecimiento de una CPI en 1996-1998. Este Comité transmitió el texto de un proyecto de estatuto a la Conferencia Diplomática de Roma. La Conferencia de Roma tuvo lugar del 15 de junio al 17 de julio de 1998 y finalizó con la aprobación del Estatuto de Roma de la CPI, que el Secretario General de la ONU, el Sr. Kofi Annan, acogió con satisfacción como un "regalo de esperanza para las generaciones futuras".

El 17 de julio de 1998, representantes de 160 Estados adoptaron el Estatuto de Roma de la CPI. 120 Estados votaron a favor, 7 Estados en contra y 21 se abstuvieron, mientras que 12 Estados no asistieron a la votación final, que tuvo lugar luego de la medianoche. Esto dio origen a la primera corte internacional permanente e independiente capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas acusadas de cometer las violaciones más graves del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, a saber: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Sin embargo, los Estados siguen siendo fundamentales para garantizar que los autores de crímenes internacionales rindan cuentas, dado que la CPI no es una organización supranacional, sino una organización internacional basada en la cooperación estatal e interestatal.

En primer lugar, la CPI es un tribunal de último recurso y no sustituye a los tribunales nacionales. Según el Estatuto de Roma, la CPI solo puede intervenir cuando un Estado no puede o no está dispuesto a llevar a cabo una investigación y procesar a los presuntos autores de crímenes internacionales. En segundo lugar, la CPI no tiene una fuerza policial propia, por lo que depende de la cooperación estatal e interestatal para el arresto y la entrega de sospechosos.

Para que el sistema establecido por el Estatuto de Roma de la CPI sea verdaderamente universal y efectivo, los miembros del parlamento (MPs) juegan un papel fundamental. Utilizando sus prerrogativas legislativas, pueden avanzar la ratificación del Estatuto de Roma y sus enmiendas, la implementación del Estatuto en los marcos legales nacionales y la firma de acuerdos de cooperación bilateral con la CPI, así como la ratificación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC, por sus siglas en inglés). Dado que el sistema del Estatuto de Roma no cuenta con el respaldo de ningún órgano parlamentario internacional; la Campaña de PGA para el Estatuto de Roma de la CPI también está diseñada para crear, desarrollar y mantener una circunscripción parlamentaria "global" para la CPI.

La respuesta: la Campaña para el Estatuto de Roma de la CPI

En septiembre de 1998, PGA lanzó la Campaña para la Universalidad y Efectividad del Sistema del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La ratificación del Estatuto de Roma por Ghana, en 1999, fue el primer logro de la Campaña. Tal logro fue el resultado de los esfuerzos del miembro del Comité Ejecutivo de PGA, el Sr. Albin Bagbin (MP), quien redactó una ley para ratificar el Estatuto de Roma y propuso al Gobierno de Ghana que lo transmitiera al Parlamento. En su calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Hon. Bagbin presidió un proceso acelerado de aprobación, convirtiendo a Ghana en el cuarto Estado en unirse al sistema del Estatuto de Roma.

La campaña tiene la intención de promover una cultura universal de defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la dignidad humana mediante la lucha contra la impunidad por la comisión del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Estos esfuerzos están en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, en particular la Meta 16.3, que compromete a los gobiernos a promover el Estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Para lograr su objetivo, la Campaña para el Estatuto de Roma de la CPI persigue lo siguiente:

Estrategia a medida

Para adaptar los esfuerzos de la Campaña a las necesidades de países, grupos de países o regiones específicas, la Secretaría de PGA trabaja con MPs a nivel nacional, regional e internacional.

  1. Países objetivo
    PGA utiliza una metodología entre pares para generar apoyo para la ratificación e implementación doméstica del Estatuto de Roma, al igual que otras iniciativas estratégicas destinadas a combatir la impunidad y garantizar el acceso a justicia para las víctimas.

  2. Grupos de trabajo regionales
    PGA lleva a cabo consultas políticas, legales y estratégicas con un grupo seleccionado de parlamentarios de regiones específicas. Los expertos y los funcionarios de la CPI están invitados a dar su opinión y participar en las discusiones interactivas. Los grupos regionales comprenden:

  3. Parlamentos regionales
    Los miembros y el personal de PGA también monitorean los desarrollos y, de ser possible, asisten y abordan los siguientes parlamentos regionales:

  4. Multilateral Fora
    A nivel internacional, los miembros de PGA y la Secretaría de PGA monitorean los desarrollos y, de ser posible, asisten y abordan los siguientes foros multilaterales:

  5. Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la CPI y el Estado de Derecho (ACP-CPI)
    La ACP-CPI de PGA se celebra cada dos años y es la única reunión mundial de legisladores centrados únicamente en la CPI. Sus reuniones representan una oportunidad única para varios cientos de parlamentarios de todos los continentes para debater, definir estrategias y mobilizarse a favor del Estatuto de Roma de la CPI.

Publication

Guía parlamentaria sobre la Corte Penal Internacional
Guía parlamentaria sobre la Corte Penal Internacional

Guía parlamentaria sobre la Corte Penal Internacional

Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.

Description

Creada por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional permanente e independiente capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas que cometen las violaciones más graves del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

El Estatuto de Roma define los crímenes de su competencia y establece los principios y procedimientos generales de funcionamiento de la Corte. También esboza las obligaciones de cooperación de sus Estados Parte. Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.

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  • Tipo de publicación: Toolkit
  • Autor/es: Parliamentarians for Global Action

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Las mujeres afganas en primera línea por la justicia de género

Las mujeres afganas en primera línea por la justicia de género

El 19 de junio de 2025, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) organizó una mesa redonda de alto nivel en el marco de la Iniciativa Global contra la Impunidad para fomentar el diálogo sobre la necesidad de reforzar la rendición de cuentas en materia de justicia de género en Afganistán.

Los derechos humanos en Afganistán han seguido deteriorándose gravemente bajo el régimen talibán, que ha aplicado una opresión sistemática y una discriminación selectiva contra las mujeres y las niñas. Los expertos consideran que esta discriminación institucionalizada equivale a un «apartheid de género», definido como una «guerra extrema, sistemática y estructural contra [las mujeres] [...] destinada a deshumanizar y reprimir con el fin de afianzar el poder». El 19 de junio de 2025, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) organizó una mesa redonda de alto nivel en el marco de la Iniciativa Global contra la Impunidad para fomentar el diálogo sobre la necesidad de reforzar la rendición de cuentas en materia de justicia de género en Afganistán. El Senado de los Países Bajos acogió generosamente el evento, al que asistieron parlamentarios afganos en el exilio, defensores de los derechos humanos afganos, senadores neerlandeses, expertos internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de diversos países. Abogando por la rendición de cuentas en Afganistán «Estamos juntos en esta lucha», declaró el senador Jan Anthonie Bruijn, presidente del Senado de los Países Bajos, afirmando el compromiso común de defender y promover el Estado de derecho y la democracia. El senador Boris Dittrich (Países Bajos) y coordinador de nuestra Campaña por el Estatuto de Roma de la CPI, subrayó la responsabilidad colectiva de la comunidad internacional de garantizar que el pueblo afgano, en particular las mujeres afganas, no se quede atrás. Hizo un llamamiento a todas las partes interesadas para que alcen la voz y utilicen todos los instrumentos de justicia internacional a su alcance para garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad, especialmente ahora que el sistema de justicia mundial se enfrenta a una presión cada vez mayor y a crecientes amenazas. Los líderes afganos en el exilio, que siguen profundamente vinculados a los afganos sobre el terreno, expresaron su preocupación por la marginación de las mujeres afganas y la sociedad civil. La Sra. Fawzi Koofi, exdiputada en el exilio (Afganistán) y galardonada con el Premio Defensor de la Democracia 2024 de PGA, destacó la interconexión entre los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la paz y la seguridad. Advirtió contra cualquier forma de reconocimiento a los talibanes, incluso en sus reivindicaciones antiterroristas, ya que representan la principal fuente de inseguridad. No debe tomarse ninguna medida a expensas de la sociedad afgana, y los afganos, incluidas las mujeres afganas, deben seguir siendo el centro de cualquier proceso que configure el futuro del país. La Sra. Mariam Solaimankhil, diputada en el exilio (Afganistán), se hizo eco de estos sentimientos: «Afganistán cayó debido a un acuerdo alcanzado a puerta cerrada que excluía a las mujeres. Hoy, las mujeres afganas luchan en primera línea». Advirtió de que la situación en Afganistán no se mantendrá dentro de sus fronteras si la comunidad internacional no actúa, y pidió a otros países y partes interesadas que alcen la voz y exijan responsabilidades a todos los niveles. Reconocer el apartheid de género Durante la mesa redonda, los ponentes hicieron hincapié en la necesidad de tipificar el apartheid de género como delito en el derecho internacional. La Dra. Ewelina Ochab, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI), explicó que nombrar y enjuiciar el apartheid de género es un paso fundamental para poner fin a la impunidad. Destacó los avances positivos en las vías legales para exigir responsabilidades, como la remisión de un Estado parte que apoya la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Afganistán y las dos solicitudes de órdenes de detención presentadas por la Fiscalía de la CPI. Además, acogió con satisfacción la iniciativa de Australia, Canadá, Alemania y los Países Bajos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, apoyada por 26 gobiernos, en la que se pide a Afganistán que ponga fin a las violaciones de la Convención. Destacó la necesidad de adoptar nuevas medidas, como llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, lo que sigue siendo una medida muy esperada por el pueblo afgano. El Sr. Richard Bennett, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, hizo hincapié en la necesidad de adoptar un «enfoque integral» en materia de rendición de cuentas, garantizando que los derechos de las mujeres afganas ocupen un lugar central en todas las respuestas internacionales. En su último informe, detalló cómo los talibanes han instrumentalizado el sistema judicial afgano para imponer un orden represivo y profundamente misógino. «La justicia no debe ser un privilegio», afirmó, subrayando la urgente necesidad de crear condiciones en las que las mujeres y las niñas afganas puedan vivir con dignidad y libertad. El Sr. Bennett pidió que se llevaran a cabo investigaciones con perspectiva de género, incluido el uso de la jurisdicción universal. Instó a los países a: Apoyar el establecimiento de un mecanismo independiente de rendición de cuentas en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en octubre para investigar las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Presten un apoyo político y financiero sostenido a las organizaciones de la sociedad civil afgana. Aumenten las oportunidades de reasentamiento. Garanticen la participación segura y significativa de las mujeres afganas en todos los procesos de paz, seguridad y rendición de cuentas. La Sra. Valeria Babără, asesora jurídica de Women's Initiative for Gender Justice, abordó la brecha que existe desde hace mucho tiempo en el reconocimiento de los daños de género y advirtió que la codificación no garantiza la rendición de cuentas. Instó a las partes interesadas a apoyar los esfuerzos para codificar el apartheid de género, defender su inclusión en el proyecto de Tratado sobre Crímenes contra la Humanidad y amplificar las demandas de los afganos a través de resoluciones específicas. Empoderar las voces afganas La Sra. Mónica Adame, secretaria general de la PGA, concluyó la mesa redonda con un llamamiento conjunto a la acción: garantizar que las voces afganas sigan siendo visibles, apoyadas y empoderadas. Animó a los miembros de la PGA a pedir a sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores que apoyen los procesos de rendición de cuentas en curso para Afganistán, entre otras cosas acelerando el caso ante la CIJ. La PGA mantiene su compromiso de colaborar con los parlamentarios afganos en el exilio y de movilizar su red parlamentaria mundial para ayudar a que el pueblo afgano obtenga rendición de cuentas y dignidad.

La retirada de Hungría del Estatuto de Roma es una amenaza para la justicia

La retirada de Hungría del Estatuto de Roma es una amenaza para la justicia

Esta decisión sin precedentes de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) supone un grave revés para la justicia internacional y la lucha contra la impunidad: debilita el sistema mundial de rendición de cuentas por los delitos más graves que se cometen en el mundo.

Parliamentarians for Global Action lamenta profundamente la retirada oficial de Hungría del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) el 2 de junio de 2025, con efecto a partir del 2 de junio de 2026. Esta decisión sin precedentes de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) supone un grave revés para la justicia internacional y la lucha contra la impunidad: debilita el sistema mundial de rendición de cuentas por los delitos más graves que se cometen en el mundo, a saber, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Además, envía un mensaje político perjudicial en un momento en que el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y del Estado de derecho internacional es más crucial que nunca.. La retirada de Hungría del Estatuto de Roma debe considerarse en el contexto más amplio del retroceso democrático y los ataques continuados al Estado de Derecho. Desde 2018, el Parlamento Europeo ha reconocido un riesgo significativo de violación grave de los valores de la UE en Hungría, destacando las amenazas a la independencia judicial, la sociedad civil y los derechos de las personas LGBTQI+, las mujeres y las minorías. Las recientes enmiendas constitucionales han erosionado aún más las libertades fundamentales y el Estado de derecho. Estas medidas no solo aíslan a Hungría de los valores defendidos por la UE, sino que también corren el riesgo de envalentonar a los movimientos contrarios al Estado de derecho. La salida de Hungría de la CPI debería servir de llamada de atención, no solo para la UE, sino para toda la comunidad internacional. La impunidad es una amenaza directa para la propia democracia. Sra. Tineke Strik, diputada del Parlamento Europeo (Países Bajos) y miembro de la PGA Desde 1998, PGA ha trabajado sin descanso con parlamentarios de todo el mundo para apoyar la ratificación universal del Estatuto de Roma y sus enmiendas. Este esfuerzo es fundamental para ampliar la jurisdicción de la CPI y que pueda cumplir su mandato: enjuiciar a las personas responsables de los delitos más graves cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Sin universalidad, la rendición de cuentas sigue siendo desigual y la justicia sigue siendo difícil de alcanzar. Por lo tanto, la PGA hace un llamamiento: A la Unión Europea y sus instituciones para que adopten todas las medidas necesarias para reincorporar a Hungría y reafirmar el apoyo inquebrantable de la UE a la CPI. A todos los Estados Partes para que defiendan el sistema del Estatuto de Roma y promuevan activamente su universalidad. A los parlamentarios y los Estados Partes para que denuncien públicamente las amenazas y los ataques contra la justicia internacional. A los parlamentarios de todo el mundo a que sigan defendiendo la justicia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho mediante el apoyo a la CPI, entre otras cosas garantizando la cooperación internacional y la asistencia judicial a la Corte. Antecedentes Hungría ratificó el Estatuto de Roma en 2001 y, desde entonces, ha desempeñado un papel activo en el funcionamiento de la CPI, entre otras cosas mediante la elección del juez Péter Kovács de Hungría Péter Kovács en 2015. Sin embargo, las recientes críticas al tribunal contradicen sus compromisos previos con la justicia y la cooperación internacionales. La retirada de Hungría también contraviene sus obligaciones como Estado miembro de la UE. En consonancia con sucesivas resoluciones del Decisión del Consejo de 2011 sobre la CPI y el Acuerdo entre la UE y la CPI, los Estados miembros de la UE se han comprometido a apoyar a la Corte y a defender la justicia penal internacional. El 29 de abril de 2025, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley al respecto (disponible en húngaro), que permite la retirada del país del Estatuto de Roma. El Gobierno ha alegado que el Estatuto nunca se incorporó plenamente al Derecho interno debido a la falta de promulgación del proyecto de ley de ratificación. Aunque este tecnicismo constitucional se ha debatido durante mucho tiempo a nivel nacional, no exime a Hungría de su obligación internacional en virtud de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: el cumplimiento de los tratados ratificados es obligatorio. La retirada de Hungría entrará en vigor dentro de un año, lo que significa que el país seguirá estando legalmente vinculado al Estatuto de Roma hasta ese momento. Miembros de la PGA toman medidas Los miembros de la PGA de los países de la UE han respondido a la erosión de los principios democráticos en Hungría, que tiene implicaciones para el conjunto de la Unión Europea, planteando la cuestión en sus parlamentos nacionales. Sus acciones tienen por objeto reforzar el compromiso nacional y fomentar una respuesta unificada dentro de la Unión Europea para defender el Estado de Derecho. El Sr. Sven Clement, diputado (Luxemburgo), presentó una pregunta parlamentaria al Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo (disponible en luxemburgués) – 13 de mayo de 2025 La Honorable Federica Onori y la Honorable Lia Quartapelle, diputadas (Italia), presentaron una pregunta parlamentaria al Ministro de Asuntos Europeos de Italia (disponible en italiano) – 28 de mayo de 2025. Imagen: Edificio del Parlamento húngaro. Crédito: Wei-Te Wong

Reivindicar la promesa de la rendición de cuentas

Reivindicar la promesa de la rendición de cuentas

La Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) celebra este año con gran preocupación el Día Europeo contra la Impunidad, en un momento en el que la justicia internacional y la rendición de cuentas se enfrentan cada vez a más amenazas y ataques directos.

Llamamiento urgente a la acción de la Iniciativa Global contra la Impunidad con motivo del Día Europeo contra la Impunidad La Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) celebra este año con gran preocupación el Día Europeo contra la Impunidad, en un momento en el que la justicia internacional y la rendición de cuentas se enfrentan cada vez a más amenazas y ataques directos. Los conflictos armados, la violencia ejercida por el Estado y las atrocidades masivas están aumentando en todo el mundo, mientras muchos gobiernos e instituciones internacionales permanecen en silencio ante la impunidad generalizada y la creciente aplicación de dobles raseros. Esta falta de acción selectiva socava los derechos de las víctimas y refuerza las narrativas que deshumanizan a las personas supervivientes de los crímenes más graves. Instamos a la UE y sus Estados miembros a tomar medidas firmes, decididas y concertadas para defender los derechos humanos y proteger los mecanismos de justicia internacional. Esta labor debe estar impulsada por un compromiso renovado con las víctimas y las personas supervivientes. Debemos garantizar la asistencia quienes reclaman justicia y velar por que sus derechos, sus voces y sus necesidades sigan siendo fundamentales en todos los procesos de justicia y rendición de cuentas. Los países europeos y sus aliados conmemoraron recientemente el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero la actual agitación mundial y el alarmante aumento de los conflictos armados ensombrecen estas celebraciones. La población civil, en especial las mujeres, los niños y las niñas, es quien se ve más afectada por la violencia. Las numerosas víctimas y el derrumbe del orden basado en normas no son simples daños colaterales, sino que son el resultado de fallos políticos deliberados y de la falta de acción jurídica que exigen una corrección urgente. A lo largo de casi un año, diversas organizaciones de la sociedad civil han dado la voz de alarma sobre las sanciones y amenazas sin precedentes contra la Corte Penal Internacional (ICC) que han puesto en peligro la importante labor del tribunal en favor de las víctimas y las personas supervivientes en todo el mundo. En un clima de creciente presión para que se rindan cuentas, el incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones jurídicas y su falta de respeto de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) socavan aún más los esfuerzos que se llevan a cabo para llevar la justicia allí donde más se necesita. La credibilidad y la eficacia del sistema de justicia internacional dependen de un apoyo y un cumplimiento constantes. El Parlamento Europeo se ha hecho eco de estas preocupaciones y ha instado a la Unión Europea en varias ocasiones a responder a los ataques contra la justicia internacional, lo que incluye activa los mecanismos de protección como el estatuto de bloqueo. Todavía no se ha producido una respuesta firma y unida, teniendo en cuenta que ni Italia ni Hungría han ejecutado las órdenes de detención de la CPI y Hungría ha anunciado su retirada del Estatuto de Roma de la CPI, lo que erosiona los valores fundamentales de la UE. Se han producido otros acontecimientos que han debilitado el derecho internacional humanitario, como la reciente intención que ha manifestado Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia de retirarse de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales – fundamental para prevenir crímenes de guerra y proteger a la población civil – que suponen otros fracasos en la lucha contra la impunidad. Esta peligrosa tendencia socava el marco jurídico internacional y amenaza la vida y el bienestar psicológico de millones de personas al conceder a los regímenes autoritarios libertad para continuar perpetrando los abusos o intensificarlos. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil operan en condiciones cada vez más hostiles, incluso dentro de la propia Unión Europea. Las libertades civiles se han deteriorado en todo el mundo y se han visto gravemente limitadas en Europa en el curso de los últimos cinco años, lo que ha llevado a la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y los movimientos de solidaridad que prestan asistencia a las víctimas de los crímenes internacionales. Además, la retirada de fuentes de ayuda esenciales, como los programas de USAID y los recortes de financiación de numerosos gobiernos europeos, amenazan la asistencia que se presta a las personas que más lo necesitan, en particular a las mujeres y las minorías, así como el trabajo en curso para mejorar la rendición de cuentas. La repercusión acumulada de las amenazas continuadas exige una solidaridad renovada y un compromiso colectivo más firme para apoyar a las víctimas, las personas supervivientes y sus comunidades en su demanda de justicia, verdad, reparación y no repetición de todos los crímenes. No somos personas que necesitan ser alimentadas. Tenemos hambre, pero no porque no tengamos comida. Tenemos hambre porque estamos bajo ocupación, nos están sitiando, estamos sufriendo un genocidio. Esto no es lo que quiere la gente de Gaza. No solo queremos comer. Queremos libertad. Eso es lo que queremos. Mosab Abu Toha, escritor, poeta, académico de Gaza y ganador del Premio Pulitzer 2025 al mejor comentario por su descripción de la guerra de Gaza en la revista New Yorker, en declaraciones realizadas el 6 de mayo de 2025 en Democracy Now! El mundo atraviesa un momento decisivo e histórico que requiere que la Unión Europea utilice plenamente los diversos mecanismos e instrumentos de los que dispone para preservar el derecho internacional y promover la paz, la estabilidad y la justicia para las generaciones futuras. Por ello, en el Día Europeo contra la Impunidad, la GIAI pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que lideren con determinación, salvaguarden las instituciones de justicia y se mantengan firmes al lado de las víctimas, las personas supervivientes y sus comunidades en la lucha mundial contra la impunidad. En particular, instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que: Reorienten sus estrategias de seguridad para dar prioridad a la seguridad de las personas por encima de cualquier enfoque militarizado, abordando los determinantes estructurales de la impunidad, como la corrupción, la discriminación, la debilidad del Estado de derecho y las masculinidades militarizadas. Esto supone, entre otras cosas, establecer mecanismos de rendición de cuentas para las exportaciones de armas, velando por que no contribuyan a violaciones del derecho internacional humanitario; Impidan la comisión de cualquier crimen internacional en toda situación, incluso a través del cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ, como las que exigen a los Estados que impidan los actos de genocidio, faciliten la prestación de asistencia humanitaria y reparadora cuando sea necesario y preserven las pruebas relacionadas con todos los presuntos crímenes internacionales; Cooperen con la CPI, en particular ejecutando las órdenes de detención, entregando a las personas sospechosas a la Corte y suspendiendo las relaciones diplomáticas con quienes han cometido los crímenes más graves; Adopten y apliquen medidas de protección nacionales y regionales, como el estatuto de bloqueo de la Unión Europea, con el fin de respaldar las operaciones de la Corte Penal Internacional y proteger a las personas que cooperan con ella; Garanticen los derechos de las víctimas de crímenes internacionales, concretamente facilitando su participación y su acceso efectivo a la justicia, incluso mediante la prestación de apoyo psicosocial, servicios de traducción y protección integral de los/as testigos; Apoyen los mecanismos de rendición de cuentas y a las personas expertas de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por acceder a las víctimas, investigar, proteger, defender los derechos humanos y hacer justicia por los crímenes internacionales; Investiguen y enjuicien los crímenes internacionales a nivel nacional, mediante la adopción de la legislación necesaria y reforzando la capacidad de las autoridades nacionales para garantizar procedimientos creíbles, independientes y eficaces, incluso recurriendo al uso de la jurisdicción universal y extraterritorial; Promuevan el acceso de las personas supervivientes a la reparación, entre otras cosas promoviendo el uso de sanciones selectivas y medidas de recuperación de activos contra las personas autoras de crímenes internacionales como forma de promover la justicia reparadora para las comunidades de víctimas; Garanticen que se presta un apoyo financiero adecuado y sostenible a los sistemas de justicia internacional, entre otros, a la CPI, el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones locales, que trabajan para mejorar la justicia y la rendición de cuentas; Garanticen la transparencia en toda la labor realizada en ámbito nacional para combatir la impunidad, ya que es fundamental para coordinar el trabajo, identificar los ángulos ciegos y proporcionar evaluaciones significativas del compromiso de los Estados, mediante lapublicación de datos desglosados anuales sobre los procedimientos penales en curso o pasados por crímenes internacionales. Acerca de la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) La Iniciativa Global contra la Impunidad de los crímenes internacionales: haciendo que la Justicia Funcione (GIAI) es un Consorcio de ocho ONG internacionales y la Coaliciones por la CPI, cofinanciada por la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la impunidad apoyando un enfoque completo, integrado e inclusivo de la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes internacionales. En línea con este compromiso, lanzamos hoy la Plataforma de Gestión de Conocimiento de la GIAI, un centro de coordinación digital inclusivo y multilingüe para la colaboración, el aprendizaje y el intercambio de información. En este Día Europeo contra la Impunidad, insto a la UE a cumplir con sus obligaciones legales y morales implementando leyes y políticas de gestión de fronteras que respeten los derechos y protejan la vida de las personas migrantes y refugiadas. Las prácticas actuales las exponen al riesgo de tortura, esclavitud y naufragios, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, a la vez que brindan refugio a los criminales buscados por la CPI. Las víctimas desean ser escuchadas, tener un espacio seguro para expresar sus opiniones e inquietudes, y sentir que el sistema de justicia sigue siendo algo en lo que pueden confiar. Incluyamos las voces de las sobrevivientes en nuestra lucha por la dignidad, la justicia y la rendición de cuentas. David Yambio, defensor comunitario, defensor de los derechos humanos y portavoz de Refugees in Libya.

Últimas Actividades: Campaña para el Estatuto de Roma de la CPI

Foto: Parliamentarians for Global Action

Del 1 al 5 de diciembre de 2025, representantes de los países que son Estados Partes en el Estatuto de Roma, organizaciones internacionales y la sociedad civil se reunieron en La Haya (Países Bajos) para celebrar la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional.

Crédito de la foto: Parliamentarios para la Acción Global.

Del 7 al 9 de julio de 2025, el comité ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global participó en la sesión especial sobre la revisión de las enmiendas al delito de agresión de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI.

Foto: The Syria Campaign

En el 27.º aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Iniciativa Global contra la Impunidad reafirma el papel esencial de la justicia internacional en la defensa del orden internacional basado en normas.

Estados que forman parte del sistema del Estatuto de Roma a Octubre de 2025

 
Estados que han ratificado el Estatuto de Roma [125]
 
Estados que han firmado el Estatuto de Roma pero aún no lo han [29]
 
Estados que se han retirado del Estatuto de Roma [2]
 
Estados que no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma
 


125 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 20 son de Europa oriental, 28 de 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados.

Estados que han ratificado la enmienda de Kampala al artículo 8 del Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra [veneno y balas en expansión en CANI] (2010) [49]
Estados que han ratificado la enmienda de Kampala al Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión reflejado en el artículo 8 bis (2010) [49]
Estados que han ratificado la enmienda al artículo 124 del Estatuto de Roma (2015) [27]
Estados que han ratificado la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra [fragmentos no detectables] (2017) [24]
Estados que han ratificado la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra [armas biológicas] (2017) [26]
Estados que han ratificado la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra [armas láser cegadoras] (2017) [24]
Estados que han ratificado la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra [la inanición como crimen en CANI] (2019) [22]
Estados que han ratificado el APIC [80]
Estados que han firmado acuerdos bilaterales con la CPI sobre reubicación de testigos y protección de víctimas* [40]
Estados que han firmado acuerdos bilaterales con la CPI sobre la ejecución de sentencias* [19]
Estados que han firmado acuerdos bilaterales sobre libertad provisional* [2]
Estados que han firmado acuerdos bilaterales de puesta en libertad* [1]
Estados que han adoptado legislaciones nacionales de implementación al menos parciales sobre complementariedad** [71]
Estados que han adoptado legislaciones nacionales de implementación al menos parciales sobre cooperación** [58]

*Como los acuerdos pueden ser confidenciales, estos datos pueden ser parciales.
**Por legislación nacional de implementación, PGA se refiere a leyes nacionales que dan efecto a las obligaciones bajo el Estatuto de Roma de la CPI en el orden legal interno. Los Estados pueden implementar el Estatuto de Roma adoptando una nueva legislación o modificando la legislación existente (por ejemplo, el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal). Algunos Estados tuvieron que enmendar su Constitución para alinear su sistema legal con los requisitos del Estatuto de Roma. PGA tiene experiencia en todas estas áreas de reforma legal desde 1999.

 

Cómo trabajamos

Mediante el uso de una metodología de igual a igual y estrategias adecuadas a cada país, la Secretaría de PGA y sus miembros trabajan juntos para educar, sensibilizar, desarrollar capacidad técnica y fortalecer la voluntad política de los parlamentarios para que tomen iniciativas concretas y acciones legislativas y lograr resultados en el marco de las campañas de PGA..

PGA trabaja con parlamentarios individuales en sus contextos y parlamentos nacionales y a partir de allí crea redes internacionales que conectan a la sociedad civil y los parlamentarios, así como también como los responsables políticos y partes interesadas a nivel nacional e internacional.

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