Los derechos humanos en Afganistán han seguido deteriorándose gravemente bajo el régimen talibán, que ha aplicado una opresión sistemática y una discriminación selectiva contra las mujeres y las niñas. Los expertos consideran que esta discriminación institucionalizada equivale a un «apartheid de género», definido como una «guerra extrema, sistemática y estructural contra [las mujeres] [...] destinada a deshumanizar y reprimir con el fin de afianzar el poder».

El 19 de junio de 2025, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) organizó una mesa redonda de alto nivel en el marco de la Iniciativa Global contra la Impunidad para fomentar el diálogo sobre la necesidad de reforzar la rendición de cuentas en materia de justicia de género en Afganistán. El Senado de los Países Bajos acogió generosamente el evento, al que asistieron parlamentarios afganos en el exilio, defensores de los derechos humanos afganos, senadores neerlandeses, expertos internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de diversos países.

Abogando por la rendición de cuentas en Afganistán

«Estamos juntos en esta lucha», declaró el senador Jan Anthonie Bruijn, presidente del Senado de los Países Bajos, afirmando el compromiso común de defender y promover el Estado de derecho y la democracia. El senador Boris Dittrich (Países Bajos) y coordinador de nuestra Campaña por el Estatuto de Roma de la CPI, subrayó la responsabilidad colectiva de la comunidad internacional de garantizar que el pueblo afgano, en particular las mujeres afganas, no se quede atrás. Hizo un llamamiento a todas las partes interesadas para que alcen la voz y utilicen todos los instrumentos de justicia internacional a su alcance para garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad, especialmente ahora que el sistema de justicia mundial se enfrenta a una presión cada vez mayor y a crecientes amenazas.

Los líderes afganos en el exilio, que siguen profundamente vinculados a los afganos sobre el terreno, expresaron su preocupación por la marginación de las mujeres afganas y la sociedad civil. La Sra. Fawzi Koofi, exdiputada en el exilio (Afganistán) y galardonada con el Premio Defensor de la Democracia 2024 de PGA, destacó la interconexión entre los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la paz y la seguridad. Advirtió contra cualquier forma de reconocimiento a los talibanes, incluso en sus reivindicaciones antiterroristas, ya que representan la principal fuente de inseguridad. No debe tomarse ninguna medida a expensas de la sociedad afgana, y los afganos, incluidas las mujeres afganas, deben seguir siendo el centro de cualquier proceso que configure el futuro del país.

La Sra. Mariam Solaimankhil, diputada en el exilio (Afganistán), se hizo eco de estos sentimientos: «Afganistán cayó debido a un acuerdo alcanzado a puerta cerrada que excluía a las mujeres. Hoy, las mujeres afganas luchan en primera línea». Advirtió de que la situación en Afganistán no se mantendrá dentro de sus fronteras si la comunidad internacional no actúa, y pidió a otros países y partes interesadas que alcen la voz y exijan responsabilidades a todos los niveles.

Reconocer el apartheid de género

Durante la mesa redonda, los ponentes hicieron hincapié en la necesidad de tipificar el apartheid de género como delito en el derecho internacional. La Dra. Ewelina Ochab, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI), explicó que nombrar y enjuiciar el apartheid de género es un paso fundamental para poner fin a la impunidad. Destacó los avances positivos en las vías legales para exigir responsabilidades, como la remisión de un Estado parte que apoya la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Afganistán y las dos solicitudes de órdenes de detención presentadas por la Fiscalía de la CPI. Además, acogió con satisfacción la iniciativa de Australia, Canadá, Alemania y los Países Bajos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, apoyada por 26 gobiernos, en la que se pide a Afganistán que ponga fin a las violaciones de la Convención. Destacó la necesidad de adoptar nuevas medidas, como llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, lo que sigue siendo una medida muy esperada por el pueblo afgano.

El Sr. Richard Bennett, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, hizo hincapié en la necesidad de adoptar un «enfoque integral» en materia de rendición de cuentas, garantizando que los derechos de las mujeres afganas ocupen un lugar central en todas las respuestas internacionales. En su último informe, detalló cómo los talibanes han instrumentalizado el sistema judicial afgano para imponer un orden represivo y profundamente misógino. «La justicia no debe ser un privilegio», afirmó, subrayando la urgente necesidad de crear condiciones en las que las mujeres y las niñas afganas puedan vivir con dignidad y libertad. El Sr. Bennett pidió que se llevaran a cabo investigaciones con perspectiva de género, incluido el uso de la jurisdicción universal. Instó a los países a:

La Sra. Valeria Babără, asesora jurídica de Women's Initiative for Gender Justice, abordó la brecha que existe desde hace mucho tiempo en el reconocimiento de los daños de género y advirtió que la codificación no garantiza la rendición de cuentas. Instó a las partes interesadas a apoyar los esfuerzos para codificar el apartheid de género, defender su inclusión en el proyecto de Tratado sobre Crímenes contra la Humanidad y amplificar las demandas de los afganos a través de resoluciones específicas.

Empoderar las voces afganas

La Sra. Mónica Adame, secretaria general de la PGA, concluyó la mesa redonda con un llamamiento conjunto a la acción: garantizar que las voces afganas sigan siendo visibles, apoyadas y empoderadas. Animó a los miembros de la PGA a pedir a sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores que apoyen los procesos de rendición de cuentas en curso para Afganistán, entre otras cosas acelerando el caso ante la CIJ. La PGA mantiene su compromiso de colaborar con los parlamentarios afganos en el exilio y de movilizar su red parlamentaria mundial para ayudar a que el pueblo afgano obtenga rendición de cuentas y dignidad.