El 28 de noviembre de 2025, 22 parlamentarios de 14 países africanos se reunieron en Nairobi (Kenia) para participar en el Diálogo del Grupo de Trabajo Africano sobre Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, organizado por la PGA. El evento culminó con la adopción del Plan de Acción de Nairobi, que describe medidas concretas para fortalecer la justicia penal tanto a nivel internacional como nacional, promover la universalidad del Estatuto de Roma y otras iniciativas de justicia internacional, y defender la independencia de la CPI.
Contexto
Los miembros de Parlamentarios para la Acción Global en África han desempeñado un papel fundamental en el avance de la ratificación del Estatuto de Roma. Sin embargo, los renovados debates sobre el equilibrio entre la paz, la rendición de cuentas y la soberanía, junto con la persistente percepción de parcialidad de la CPI hacia los Estados africanos, han llevado a Burkina Faso, Malí y Níger a anunciar su intención de retirarse del Estatuto.
En este contexto, el Diálogo, que reunió a miembros de los parlamentos de Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Djibouti, Ghana, Kenia, Malawi, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Gambia, Zambia y Zimbabue, así como a expertos internacionales de la CPI y organizaciones de la sociedad civil, supuso una intervención oportuna y estratégica. Permitió mantener debates sinceros sobre los obstáculos a la universalidad y la aplicación efectiva, reforzar el compromiso entre los Estados africanos y la CPI, desarrollar la capacidad parlamentaria para promover las obligaciones del Estatuto de Roma e identificar vías concretas para mejorar la cooperación entre los mecanismos de justicia nacionales, regionales e internacionales.
El compromiso de África con el sistema del Estatuto de Roma
Durante los debates sobre la relación de África con la CPI, los expertos aclararon los argumentos relativos al sesgo de la CPI hacia África. Ofrecieron una visión general detallada de las investigaciones y situaciones actuales, demostrando que las investigaciones en curso de la CPI y los países en situación abarcan múltiples regiones, lo que reafirma el alcance global de la Corte. Los ponentes subrayaron la necesidad de contrarrestar las percepciones erróneas persistentes sobre la Corte y de profundizar el compromiso constructivo a través de la Asamblea de los Estados Partes y las reformas nacionales.
Los expertos compartieron vías legislativas para incorporar los delitos, los principios y los procedimientos de cooperación en la legislación nacional, incluida la no aplicación de inmunidades, la responsabilidad del mando y marcos claros de detención y entrega, de modo que los delitos internacionales puedan investigarse y enjuiciarse eficazmente a nivel nacional o en la CPI, en caso de que el sistema nacional no pueda o no quiera hacerlo de forma genuina. Tras una detallada descripción jurídica del contenido de la legislación de aplicación efectiva proporcionada por la directora del programa de la PGA, Frederika Schweighoferova, la abogada penalista internacional de la Fundación Wayamo, Linda Bore Kamp, hizo hincapié en la necesidad de contar con marcos nacionales sólidos y una jurisdicción universal para colmar las lagunas en materia de rendición de cuentas:
«Los sistemas nacionales son la primera línea de defensa. Nos corresponde a nosotros, en nuestras propias jurisdicciones nacionales, fortalecer nuestros sistemas nacionales para fomentar la justicia penal internacional... Si reforzamos nuestra propia capacidad nacional, muchos casos no tendrán que llegar a la CPI». Linda Bore Kamp, International Criminal Lawyer and Project Coordinator, Wayamo Foundation
Parlamentarios de Kenia, la República Democrática del Congo, Gambia y otros países compartieron sus experiencias y estrategias legislativas para incorporar los delitos del Estatuto de Roma y los mecanismos de cooperación en la legislación nacional. Hicieron hincapié en la urgente necesidad de adoptar enfoques centrados en las víctimas y abordar los delitos basados en el género para garantizar la justicia para los supervivientes. Hicieron referencia a los esfuerzos de implementación en curso y a las vías complementarias para la rendición de cuentas, incluidos los retos asociados con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y jurisdicciones especiales como el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana.
Impulsar las iniciativas de justicia internacional
Los parlamentarios tienen una oportunidad crucial para fortalecer y promover el Estatuto de Roma a través de varios desarrollos normativos en curso. Entre ellos se incluyen los esfuerzos para promover enmiendas que aborden los crímenes internacionales sujetos a un desarrollo normativo o una codificación en curso, como el crimen de agresión, los crímenes propuestos de ecocidio, esclavitud y trata de esclavos. Paralelamente, los instrumentos complementarios de justicia internacional —entre los que destacan el Convenio de Asistencia Jurídica Mutua de Liubliana-La Haya (aprobado en 2023) y el proyecto de convenio sobre crímenes contra la humanidad (cuya negociación está en curso y cuya aprobación se prevé para 2029)— refuerzan aún más el sistema del Estatuto de Roma al mejorar la cooperación, colmar las lagunas en materia de rendición de cuentas y apoyar la aplicación efectiva a nivel nacional mediante el principio de complementariedad.
La Dra. Ewelina Ochab, abogada del programa de la Asociación Internacional de Abogados, destacó la importancia de la participación parlamentaria en la reforma de la jurisdicción relativa al delito de agresión (prevista para 2029), así como la necesidad de reformas nacionales para colmar las lagunas en la aplicación del Estatuto de Roma. La profesora Jocelyn Getgen Kestenbaum, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo, debatió las enmiendas propuestas sobre la inclusión de la esclavitud y la trata de esclavos como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con el objetivo de poner fin a la impunidad de la esclavitud contemporánea.
El Honorable Ernest Yaw Anim (diputado de Ghana) abordó el daño medioambiental a través de la enmienda propuesta al Estatuto de Roma sobre el ecocidio y la supervisión nacional:
«El Estatuto de Roma ha evolucionado anteriormente en materia de genocidio, niños soldados y el crimen de agresión porque la humanidad reconoció nuevas amenazas. Hoy en día, la amenaza existencial es el colapso medioambiental. Si no actuamos, nuestros hijos heredarán ríos envenenados, tierras áridas y un clima inestable. Si actuamos con decisión, África puede liderar el mundo en el avance hacia una nueva era de justicia medioambiental... Reconocer el ecocidio no es solo una cuestión técnica jurídica, es un deber moral y una responsabilidad generacional». Hon. Ernest Yaw Anim (diputado de Ghana)
Por último, en vista de las amenazas externas, las sanciones y los ciberataques contra la Corte, se instó a los parlamentarios a que prestaran un apoyo político y operativo firme a la CPI.
Los parlamentarios comprometidos con la justicia internacional
Mediante la adopción unánime del Plan de Acción de Nairobi para la Justicia Internacional, los legisladores se comprometieron a promover la ratificación y la aplicación efectiva a nivel nacional del Estatuto de Roma y sus enmiendas, y a abogar por una cooperación internacional más sólida entre los Estados africanos. Además, acordaron reforzar los marcos jurídicos nacionales para hacer frente a los delitos de género, defender la independencia y la imparcialidad de la CPI, apoyar las iniciativas de justicia internacional en curso, proporcionar suficiente apoyo político y financiero a la CPI y al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, y reconocer el papel fundamental de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de la rendición de cuentas y el estado de derecho internacional.
