¿Cómo pueden los legisladores impulsar la justicia internacional? Esta fue la cuestión que analizaron los miembros de Parlamentarios por la Acción Global el 25 de marzo de 2026, en el marco del 46.º Foro Anual de PGA en Ciudad de México.
Los legisladores llevan mucho tiempo impulsando el progreso en materia de justicia internacional, como lo demuestran los resultados concretos logrados por los miembros de la PGA, que contribuyeron a la ratificación y la aplicación nacional del Estatuto de Roma, entre otros logros. Sin embargo, la actual fragilidad de las normas internacionales y el preocupante aumento de las crisis en todo el mundo exigen un compromiso más firme, incluso a través de la participación parlamentaria. En este contexto, legisladores de las Islas Cook, Guyana, Jamaica, los Países Bajos, Nigeria, Gambia, Ucrania y Zimbabue se reunieron para hacer balance de la situación actual y debatir estrategias para dar prioridad a la lucha contra la impunidad.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: amenazas y oportunidades
La Corte Penal Internacional se enfrenta a retos sin precedentes, entre ellos amenazas de retirada o procedimientos de retirada que socavan la universalidad de la Corte. Muchas de estas amenazas se ven alimentadas por conceptos erróneos persistentes sobre el mandato de la Corte, que los legisladores pueden desmontar mediante el diálogo entre pares y la sensibilización de la opinión pública. Tal y como destacaron los participantes, la ratificación del Estatuto de Roma es crucial para fortalecer el Estado de derecho a todos los niveles, un criterio fundamental para los países democráticos que no debe verse comprometido en estos tiempos difíciles.
125 países son Estados Partes en el Estatuto de Roma, mientras que otros 29 Estados signatarios aún deben completar el proceso de ratificación y otros tendrían que adherirse al tratado para alcanzar una verdadera universalidad. Jamaica, que firmó el Estatuto en 2000, aún no ha finalizado su ratificación debido a obstáculos constitucionales y presiones políticas externas que han debilitado la voluntad política. La Hon. Dra. Angela Brown Burke, diputada (Jamaica), ilustró cómo los cambios geopolíticos han ofrecido nuevas oportunidades para retomar el diálogo: las consecuencias de las crisis mundiales sobre los ciudadanos jamaicanos (en particular la situación de los estudiantes jamaicanos que se encontraban en Ucrania en el momento de la agresión de la Federación de Rusia) han puesto de relieve la gravedad y la relevancia de la justicia internacional, lo que llevó a la oposición política a apoyar la ratificación y relanzar el debate a nivel nacional. Subrayó la necesidad de que los parlamentarios y las partes interesadas aprovechen este momento, lo que requiere una sensibilización pública sostenida.
Por el contrario, el camino de Ucrania hacia la ratificación ofrece el ejemplo de un proceso largo pero exitoso. La Hon. Dra. Galyna Mykhailiuk, diputada (Ucrania), expuso a los participantes los esfuerzos parlamentarios realizados durante 24 años para superar los obstáculos, que finalmente condujeron a la aprobación por parte de la Verkhovna Rada de la ley que ratifica el Estatuto de Roma y sus enmiendas en 2024. Sin embargo, subrayó que la ratificación marca solo el comienzo: los parlamentarios deben ahora impulsar la implementación nacional para garantizar la efectividad del tratado.
La necesidad de implementación en la legislación nacional encontró eco entre los participantes. Para el Hon. Daniel Molokele, diputado (Zimbabue), el Ministerio de Justicia debería adoptar un plan de acción para incorporar el Estatuto de Roma al derecho interno y lograr su ratificación. Por parte de Gambia, los Hon. Abdoulie Ceesay y Fatoumatta Njai, diputados, subrayaron la importancia del Diálogo del Grupo de Trabajo Africano de la PGA sobre Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, organizado en noviembre de 2025 en Nairobi, que puso de manifiesto las carencias de su legislación nacional actual y les impulsó a entablar un diálogo con su gobierno y trabajar en una legislación específica.
Para apoyar a los Estados más pequeños que pueden carecer de capacidad y para aumentar la sensibilización sobre el sistema del Estatuto de Roma, los parlamentarios recomendaron estrechar los lazos con las organizaciones regionales, como la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Unión Africana. La Hon. Amanza Walton-Desir, diputada (Guyana), señaló que dicha asistencia regional sería vital para navegar por marcos jurídicos complejos.
Los participantes debatieron sobre la próxima elección de seis jueces de la Corte Penal Internacional, que tendrá lugar en diciembre de 2026 durante la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma. Como Parlamentarios por la Acción Global lleva tiempo defendiendo, la calidad de los jueces es de fundamental importancia para el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la Corte Penal Internacional, que es el núcleo del éxito a largo plazo del sistema del Estatuto de Roma. Por ello, se recomendó a los parlamentarios que insten a sus gobiernos a establecer procedimientos nacionales de nominación justos, transparentes y basados en el mérito, y que supervisen las elecciones para garantizar que solo las personas más altamente cualificadas sean elegidas como jueces de la CPI.
Oportunidades para la justicia internacional
Los esfuerzos en materia de rendición de cuentas se multiplican, como lo demuestra el creciente número de casos presentados ante la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o en virtud del principio de jurisdicción universal. Otras iniciativas están en marcha para colmar las lagunas del marco jurídico internacional, y los parlamentarios pueden desempeñar un papel crucial apoyando estos avances y garantizando su sólida implementación:
- Crímenes de lesa humanidad: El proyecto de Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, de ser adoptado, colmará lagunas jurídicas críticas y reforzará los derechos y la protección de las víctimas. El proyecto de convención ofrece una oportunidad de innovación al codificar el apartheid de género o al añadir la esclavitud y la trata de personas como delito autónomo, clarificando y ampliando la definición jurídica actual.
- Ecocidio: Los parlamentarios reconocieron la importancia de los esfuerzos para reconocer el ecocidio como crimen internacional, un paso crucial para responsabilizar penalmente a los autores de daños graves y generalizados al medioambiente y para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Los participantes debatieron los esfuerzos actuales liderados por Vanuatu, Fiyi y Samoa para enmendar el Estatuto de Roma, lo que requiere un mayor apoyo de los Estados Partes para ser adoptado. La Hon. Tina Browne, diputada (Islas Cook), subrayó la importancia de estos avances y señaló la necesidad de un mayor compromiso, que repercute directamente en los pequeños estados insulares.
- Trata de personas: Los parlamentarios exploraron las posibilidades de reforzar las leyes de lucha contra la trata de personas en el marco de los instrumentos de justicia internacional, especialmente a la luz de informes recientes que revelan el reclutamiento forzoso de nacionales extranjeros para las fuerzas militares de la Federación de Rusia.
- El Convenio de Ljubljana-La Haya: Adoptado en mayo de 2023 por 68 estados, el Convenio de Ljubljana-La Haya establece un marco jurídico explícito para la asistencia jurídica mutua y la extradición en relación con los crímenes internacionales más graves. Al facilitar la cooperación práctica entre los Estados que investigan y procesan los crímenes internacionales básicos a nivel nacional, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, el Convenio refuerza los sistemas judiciales nacionales y permite a los Estados cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales en la lucha contra la impunidad y dispensar justicia a los grupos de víctimas y supervivientes. Para que este tratado sea plenamente eficaz, la ratificación y la implementación nacional son pasos cruciales en los que los parlamentarios pueden desempeñar un papel decisivo.
Este diálogo reafirmó el mandato crucial de los parlamentarios para transformar los compromisos políticos en marcos jurídicos ejecutables. Como demuestran los enriquecedores intercambios entre los participantes, sus voces y esfuerzos son fundamentales para impulsar la justicia internacional y luchar contra la impunidad.
Manual Para Parlamentarios: Designación Nacional De Candidatos A Magistrados De La Corte Penal Internacional (CPI)
