Del 1 al 5 de diciembre de 2025, representantes de los países que son Estados Partes en el Estatuto de Roma, organizaciones internacionales y la sociedad civil se reunieron en La Haya (Países Bajos) para celebrar la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional. En un contexto de creciente presión política sobre el sistema del Estatuto de Roma, la sesión brindó la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso común de luchar contra la impunidad y defender el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, encargada de investigar y enjuiciar a las personas por los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
A pesar de la erosión de la cooperación, la retirada del Estatuto de Roma y las crecientes tensiones geopolíticas, Parliamentarians for Global Action tuvo el honor de invitar a la Honorable Grace Neema Paininye, diputada (República Democrática del Congo), y a la Honorable Fawzia Koofi, diputada en el exilio (Afganistán), para que se dirigieran a los participantes y pidieran el fortalecimiento de los mecanismos de justicia internacional y el aumento del apoyo a los supervivientes y las comunidades de víctimas en sus respectivos países y en todo el mundo.
La urgencia de promover la universalidad del Estatuto de Roma
El 1 de diciembre de 2025, en un evento paralelo coorganizado con Parlamentarios por la Acción Global, los puntos focales sobre universalidad, el embajador de la República de Corea, Su Excelencia el Embajador Seok-in Hong, y el Representante Permanente de los Países Bajos ante la Corte Penal Internacional, Su Excelencia Govert Jan Bijl de Vroe, destacaron los esfuerzos realizados por sus países para ampliar la jurisdicción universal del Estatuto de Roma. Reiteraron su compromiso de seguir promoviendo la ratificación del Estatuto de Roma, en particular en la región de Asia y el Pacífico (la menos representada entre los Estados Partes). Para alcanzar este objetivo, señalaron la importancia de la cooperación mundial y el papel fundamental que desempeñan la sociedad civil y el alcance de Parlamentarios por la Acción Global con sus miembros en todo el mundo.
La presidenta de la Corte Penal Internacional, Excma. Sra. Jueza Tomoko Akane, destacó que la universalidad refuerza la legitimidad de la Corte y consolida el compromiso internacional en el centro de su adopción. Destacó la importancia de la aplicación a nivel nacional y el principio de complementariedad, que permite a las autoridades nacionales enjuiciar los delitos graves. A medida que aumenta la carga de trabajo de la Corte, promover la universalidad del Estatuto de Roma es un parámetro que le permite funcionar con mayor eficacia.
Al abordar las retiradas del Estatuto de Roma, la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), Excma. Sra. Embajadora Päivi Kaukoranta, describió el papel de la Secretaría de la ASP en la colaboración temprana con los países, al tiempo que animó a todas las demás partes interesadas a hacer lo mismo para reforzar los esfuerzos destinados a corregir las percepciones erróneas sobre la Corte.
El embajador de Ucrania en los Países Bajos, el Excmo. Sr. embajador Andriy Kostin, declaró que la decisión de Ucrania de ratificar el Estatuto de Roma en octubre de 2024 fue una respuesta directa a la guerra de agresión de Rusia, lo que demuestra la voluntad de su país de consolidarse como defensor del Estado de derecho internacional. Para él, las seis órdenes de detención públicas emitidas por la Corte Penal Internacional contra altos funcionarios rusos sirven como prueba de que incluso los funcionarios de más alto rango pueden ser considerados responsables, lo cual es un elemento esencial para generar confianza en la justicia internacional. Advirtiendo que «la justicia retrasada es a menudo justicia denegada», subrayó la necesidad de dar prioridad a la rendición de cuentas por los delitos más graves, apoyando los esfuerzos de los mecanismos judiciales a nivel nacional, regional e internacional. Reconoció las limitaciones de la jurisdicción de la CPI sobre el delito de agresión, y la importancia de la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania para colmar la brecha de rendición de cuentas en la situación de Ucrania.
Los parlamentarios instan a la rendición de cuentas en un contexto de crímenes atroces
La Honorable Grace Neema Paininye, diputada (República Democrática del Congo), describió las décadas de conflicto y crímenes atroces que afectan a las comunidades de la República Democrática del Congo. Destacó el papel decisivo que desempeñan los parlamentarios en el apoyo a los supervivientes y las comunidades de víctimas, incluido el fortalecimiento de la legislación nacional y la armonización de la legislación nacional con el Estatuto de Roma. Mencionó que los parlamentarios de la República Democrática del Congo también desempeñan una importante función de supervisión y contribuyen a la promoción del establecimiento de un Tribunal Penal Especial en el país. Señaló la importancia de apoyar los programas psicosociales y sanitarios, financiar la reparación y reforzar los mecanismos de justicia transicional.
Sabemos que una paz duradera requiere verdad, reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y restauración de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones. (...) La República Democrática del Congo espera de la comunidad internacional un apoyo claro e inquebrantable a los principios consagrados en el Estatuto de Roma, para que no sigan siendo teóricos, sino que se conviertan en vivos, aplicables y efectivos. Hon. Grace Neema Paininye, diputada (República Democrática del Congo)
La honorable Fawzia Koofi, diputada en el exilio (Afganistán), recordó a la audiencia que la capacidad de dar voz a los que no la tienen y garantizar su protección mediante mecanismos de rendición de cuentas se ve más amenazada que nunca. Afganistán es el único país en el que más de 18 millones de mujeres son oprimidas por su género. Esta represión equivale a un delito de apartheid de género, que debe ser reconocido y codificado en el derecho internacional, incluso en el marco del proyecto de convención sobre crímenes contra la humanidad y mediante la modificación del Estatuto de Roma (véase el informe sobre el apartheid de género de PGA, en el que se describe el papel del Parlamento a la hora de pedir el reconocimiento y la codificación del apartheid de género como delito en el derecho internacional). Haciendo hincapié en la importancia de los avances en la Corte Penal Internacional, en particular las dos órdenes de detención públicas contra líderes talibanes, insistió en que se necesitaba más apoyo de la comunidad internacional para que prevaleciera la rendición de cuentas. Medidas como estas órdenes de detención dan a la comunidad afgana esperanza y la sensación de que el mundo no los ha olvidado.
Existe una eliminación sistemática de las mujeres de la vida pública, social y política en Afganistán. (...) Las mujeres están siendo oprimidas, lo cual no es su elección. No elegimos ser mujeres, por lo que no deberíamos cargar con el peso de los dictadores. Lo que está sucediendo en Afganistán puede suceder mañana en cualquier lugar. Es una responsabilidad global apoyar la rendición de cuentas global. Hon. Fawzia Koofi, diputada en el exilio (Afganistán)
La promesa de solidaridad a través de compromisos más firmes
Al final de la semana, los Estados Partes adoptaron por consenso seis resoluciones sobre:
- el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y la Asamblea de los Estados Partes;
- la cooperación;
- las enmiendas al Reglamento de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional,
- aplicación de la recomendación R108 del Grupo de Expertos Independientes relativa al establecimiento de paneles de investigación ad hoc en caso de denuncias contra funcionarios electos;
- el procedimiento y los criterios para la exención de la pérdida del derecho de voto, y
- presupuesto por programas para 2026.
El panorama geopolítico, cada vez más complejo, lleva a todas las partes interesadas a reconocer la urgente necesidad de reforzar los esfuerzos colectivos para defender la rendición de cuentas. Esto incluye salvaguardar y ampliar el sistema del Estatuto de Roma, fundamental para proteger a los supervivientes y las comunidades de víctimas, así como apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos que están al frente de los esfuerzos por la justicia y se enfrentan a riesgos cada vez mayores. La entrega de un sospechoso en la situación de Libia por parte de Alemania a la Corte Penal Internacional fue un avance significativo al margen de la Asamblea. Desde que se abrió la investigación en 2011, es la primera vez que un sospechoso de crímenes internacionales cometidos en Libia es llevado ante la Corte, lo que da esperanza a cientos de víctimas y sobrevivientes que anhelan justicia.
