Defensa del delito de agresión

El 7 de julio de 2025, el presidente de la PGA, el Honorable Syed Naveed Qamar, diputado (Pakistán), dirigió unas palabras a la sesión especial sobre la revisión de las enmiendas al delito de agresión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, instando a los Estados a armonizar la jurisdicción de la CPI sobre el delito de agresión con la del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

En un evento paralelo de alto nivel coorganizado por la PGA y socios de la sociedad civil, la Honorable Amanza Walton-Desir, diputada (Guyana) y miembro del comité ejecutivo de la PGA, compartió la experiencia de su país y destacó la voluntad política necesaria para avanzar en la armonización. Aunque la Asamblea de los Estados Partes no alcanzó un consenso a favor de la armonización, la PGA seguirá movilizando a los parlamentarios en los próximos años para reforzar el apoyo.

Centrarse en las víctimas y promover la justicia de género

Con motivo del Día Internacional de la Justicia Penal, celebrado el 17 de julio de 2025, PGA publicó conjuntamente con la Iniciativa Global contra la Impunidad una declaración en la que se hacía hincapié en que las víctimas y los supervivientes de crímenes atroces deben ocupar un lugar central en los procesos de justicia internacional. La diputada Margarita Stolbizer (Argentina) y la Dra. Galyna Mykhailiuk, diputada (Ucrania) conmemoraron el día mediante mensajes de vídeo, en los que compartieron lo que significa la justicia para los ucranianos.

En los meses posteriores a la mesa redonda sobre justicia de género celebrada en junio de 2025, la PGA publicó un informe de políticas en el que se proporcionaban medidas prácticas que los parlamentarios pueden adoptar para el reconocimiento y la codificación del apartheid de género como delito en virtud del derecho internacional, incluida la futura Convención de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad.

Para mantener el impulso en esta cuestión, en el aniversario de la toma del poder por los talibanes en Afganistán, la PGA compartió mensajes en vídeo de dos parlamentarios afganos en el exilio, la Sra. Mariam Solaimankhil y la Sra. Fawzia Koofi, en los que se destaca la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán y se hace un llamamiento a la solidaridad y la acción internacional.

Ampliación de la universalidad y la participación parlamentaria

El 16 de octubre de 2025, la PGA se reunió con miembros del Parlamento iraquí y del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos para debatir la posible adhesión de Irak al Estatuto de Roma y las reparaciones para las víctimas. En la reunión se identificaron oportunidades para una futura cooperación y un compromiso más profundo con el fin de generar un apoyo informado a la justicia internacional. Al día siguiente, PGA informó a los parlamentarios de su grupo nacional en Ecuador sobre diversos temas relacionados con la justicia internacional, entre ellos la CPI, el Convenio de Liubliana-La Haya, el crimen de agresión, los crímenes contra la humanidad y el ecocidio.

El 28 de noviembre de 2025, la PGA convocó un Diálogo del Grupo de Trabajo Africano sobre Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional en Nairobi, que reunió a 22 parlamentarios de 15 países africanos, así como a expertos, funcionarios gubernamentales y la sociedad civil local. Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron en septiembre su intención de retirarse del Estatuto de Roma, los ponentes abordaron las preocupaciones sobre el compromiso de África con la CPI y los retos para lograr la universalidad y la aplicación efectiva del Estatuto de Roma. Los participantes también debatieron la complementariedad con los mecanismos regionales de justicia y la necesidad de leyes más estrictas para abordar los delitos de género, el ecocidio, la esclavitud y la trata de esclavos.

La reunión concluyó con la adopción de un Plan de Acción en el que los parlamentarios se comprometieron a reforzar la cooperación internacional y promover una ratificación más amplia del Estatuto de Roma para garantizar la rendición de cuentas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión.

El 1 de diciembre de 2025, PGA coorganizó un evento paralelo durante la 24.ª sesión de la Asamblea de las Partes de la CPI en La Haya, en el que se pidió la universalidad del Estatuto de Roma. La honorable Grace Neema Paininye, diputada (República Democrática del Congo) destacó el papel de los parlamentarios en el apoyo a las víctimas y supervivientes de crímenes atroces, el fortalecimiento de la legislación nacional y la armonización de la legislación nacional con el Estatuto de Roma. La honorable Fawzia Koofi, diputada en el exilio (Afganistán), instó al reconocimiento y la codificación del apartheid de género como delito en virtud del derecho internacional y pidió apoyo para los mecanismos de rendición de cuentas a nivel mundial.

Avances positivos para impartir justicia

El 1 de julio de 2025, Seychelles completó la ratificación de las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión. El Honorable Bernard Georges, diputado (Seychelles) y miembro del Comité Ejecutivo de la PGA, compartió con orgullo comentarios sobre el liderazgo y el compromiso de su país en la lucha contra la impunidad. El 17 de octubre de 2025, España ratificó cuatro enmiendas al artículo 8, que abarcan el uso de armas biológicas, fragmentos no detectables, armas láser cegadoras y el hambre como arma de guerra.

El 3 de diciembre de 2025, la PGA firmó una declaración conjunta en la que acogía con satisfacción la entrega por parte de Alemania del Sr. Khaled Mohamed Ali El Hishri, contra quien la CPI había dictado una orden de detención por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Libia entre 2015 y principios de 2020. Dado que su traslado es la primera vez que un sospechoso de crímenes internacionales cometidos en Libia es llevado ante la Corte, supone un paso importante hacia la justicia para las víctimas en el país.

En 2026 se están produciendo importantes avances en relación con la futura Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Estos comenzaron con la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes contra la Humanidad celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero de 2026. Los Estados pueden presentar propuestas de enmiendas al proyecto de artículos hasta el 30 de abril de 2026.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los parlamentarios para que involucren activamente a sus gobiernos en el apoyo a un tratado basado en los derechos humanos que complemente el Estatuto de Roma y garantice que los autores de crímenes contra la humanidad rindan cuentas y sean llevados ante la justicia. La Convención debería incluir:

• La participación significativa garantizada, la protección y la reparación plena y efectiva para las víctimas y los supervivientes;
• La codificación de los avances progresivos en el derecho internacional, incluido el reconocimiento del apartheid de género, el matrimonio forzado, la violencia reproductiva y la esclavitud y la trata de esclavos como delitos distintos contra la humanidad; y
• La modificación de las disposiciones sobre los delitos contra la humanidad de persecución, desaparición forzada y tortura, a fin de ampliar las protecciones de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.




La PGA está dispuesta a apoyar a sus miembros en estos esfuerzos. Si desea tomar medidas o necesita ayuda, póngase en contacto con el Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos.

Juntos, podemos garantizar que la justicia esté al alcance de todas las víctimas y supervivientes de crímenes contra la humanidad.

Un resumen de algunos acontecimientos judiciales clave de la CPI en la segunda mitad de 2025 está disponible aquí.

Para obtener actualizaciones más frecuentes, el boletín quincenal International Justice Updates de PGA ofrece información destacada a nivel mundial sobre cooperación, impunidad, novedades legislativas y parlamentarias, y novedades judiciales.