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125 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 20 son de Europa oriental, 28 de 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. |
Del 7 al 9 de julio de 2025, el comité ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global participó en la sesión especial sobre la revisión de las enmiendas al delito de agresión de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI.
The European Parliament’s Subcommittee on Human Rights held an exchange of views with the International Criminal Court (ICC) Prosecutor, Ms. Fatou Bensouda, marking the 9th (and final) year of her non-renewable mandate.
PGA co-sponsored a high-level ministerial event at the UN to celebrate the 20th anniversary of the Rome Statute, International Justice Day, and the entry into force of the Court’s jurisdiction over the crime of aggression.
PGA urges Myanmar to stop the on-going systematic persecution of Rohingyas and to ratify the Rome Statute and thus demonstrate the country’s commitment to criminal justice and human rights.
Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
Creada por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional permanente e independiente capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas que cometen las violaciones más graves del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
El Estatuto de Roma define los crímenes de su competencia y establece los principios y procedimientos generales de funcionamiento de la Corte. También esboza las obligaciones de cooperación de sus Estados Parte. Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
Criteria and recommendations for parliamentarians to improve national nomination procedures for International Criminal Court judicial candidates.
La CPI es el primer y único tribunal permanente independiente con el mandato de investigar y enjuiciar a los máximos responsables de cometer crímenes internacionales, a saber, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Sus 18 magistrados, procedentes de todo el mundo y elegidos por un mandato de nueve años, desempeñan un papel fundamental a la hora de asegurar que se cumplen estas expectativas mediante la garantía de juicios justos y el dictamen de jurisprudencia autoritativa y de la más alta calidad.
La calidad de los magistrados de la CPI, por lo tanto, tiene una importancia fundamental para el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la Corte puesto que de ello depende el éxito a largo plazo de la CPI y del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto. Bajo estos antecedentes, PGA ha elaborado este manual con el fin de establecer criterios y recomendaciones específicas para que los parlamentarios alienten a sus Gobiernos a mejorar los procedimientos nacionales de designación de candidatos a magistrados de la CPI y adopten buenas prácticas y requisitos para garantizar que estos procesos sean justos, transparentes y meritocráticos. El objetivo de un procedimiento de designación sólido es el de garantizar que sólo los candidatos a magistrados o juristas del más alto calibre figuren en la papeleta de votación.
A handbook aimed at assisting States in ratifying the Kampala Amendments, helping criminalize the most serious forms of the illegal use of force.
Es para nosotros un honor y un privilegio presentarles el Manual sobre la Ratificación e Implementación de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Este Manual es producto de nuestros esfuerzos colectivos dirigidos a asistir a los Estados en la ratificación de las enmiendas aprobadas por consenso en Kampala—enmiendas que son fundamentales para el proceso de criminalización efectiva del uso ilegal de la fuerza en los asuntos internacionales.