Durante los últimos seis meses, los acontecimientos en el ámbito de la justicia internacional han puesto de relieve tanto la vulnerabilidad como la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma. Si bien tres Estados del Sahel (Níger, Burkina Faso y Malí) notificaron formalmente su retirada de la Corte Penal Internacional, el recién constituido Parlamento de Hungría dio marcha atrás en su decisión de abandonar la Corte, optando por mantener su compromiso con la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
En este contexto, los parlamentarios han seguido movilizándose en la lucha contra la impunidad. La organización «Parlamentarios por la Acción Global» (PGA) participó en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre una futura Convención sobre Crímenes contra la Humanidad; los miembros de la PGA contribuyeron a los debates de alto nivel sobre la crisis de los derechos humanos en Afganistán, reforzaron el compromiso parlamentario con la justicia internacional y se sumaron a iniciativas globales como el Día de la UE contra la Impunidad. Además, PGA está sensibilizando sobre las elecciones judiciales de la CPI de este año y abogando por la selección de candidatos judiciales independientes, diversos y elegidos en función de sus méritos.
En esta 13.ª edición, encontrará:
Impulso de una Convención global sobre crímenes contra la humanidad
En enero de 2026, la PGA participó en la primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes contra la Humanidad, celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero. La sesión supuso un paso significativo hacia una futura Convención sobre los Crímenes contra la Humanidad, ya que los Estados y los expertos debatieron los proyectos de artículo para reforzar la prevención, la rendición de cuentas y la cooperación internacional, complementando así el marco del Estatuto de Roma. PGA y la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) abogaron por un tratado firme que refleje el Derecho internacional contemporáneo, apoye a las víctimas, aborde delitos como el apartheid de género y establezca un mecanismo para garantizar su aplicación efectiva.
Para mantener este impulso, y con vistas a la fecha límite del 30 de abril de 2026 en la que los Estados deben presentar propuestas para su inclusión en el proyecto de artículos, la PGA ha publicado el documento de posición Hacia un tratado sobre los crímenes contra la humanidad con el fin de ayudar a los parlamentarios a comprender la convención propuesta, las propuestas clave que se están debatiendo, las diferencias con respecto al Estatuto de Roma y las medidas concretas que los parlamentos pueden adoptar para impulsar el impulso político. Además, la PGA respaldó una nota informativa de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en la que se aboga por la inclusión en la Convención de una obligación clara de tipificar como delito independiente y autónomo la incitación directa y pública a cometer crímenes contra la humanidad.
Abordar el apartheid de género en Afganistán
El 18 de marzo de 2026, la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo organizó en Bruselas un debate con las parlamentarias afganas en el exilio, la Excma. Sra. Fawzia Koofi y la Excma. Sra. Mariam Solaimankhil, miembros de la PGA, sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas. Las diputadas describieron el sistema de persecución por motivos de género impuesto por los talibanes y el desmantelamiento sistemático de los derechos de las mujeres, haciendo hincapié en la urgente necesidad de un compromiso sostenido por parte de la UE para reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y justicia.
El 27 de mayo de 2026, PGA se unió a 82 organizaciones de derechos humanos afganas e internacionales para firmar una carta abierta en la que se oponían a los planes de la UE de mantener contactos con representantes talibanes en Bruselas en el marco de las conversaciones de la UE sobre migración y deportación. La carta advertía de que dicho diálogo de alto nivel podría legitimar a un régimen responsable de violaciones sistemáticas, en particular de persecución por motivos de género, e instaba a la UE y a sus Estados miembros a detener cualquier retorno forzoso a Afganistán, dando prioridad, en su lugar, a la rendición de cuentas y a la protección.
La honorable Fawzia Koofi, la primera mujer vicepresidenta del Parlamento de Afganistán, abordó además esta cuestión en un artículo de opinión publicado en The Guardian, en el que instaba a la UE a promulgar leyes para poner fin al apartheid de género y a la impunidad, en lugar de dar la bienvenida a los responsables a Bruselas. «Ver cómo se da la bienvenida a los talibanes en suelo europeo se percibe como una traición devastadora. Es una bofetada en la cara a todas las mujeres y niñas afganas que han luchado, sufrido y resistido la opresión talibán», escribió la Sra. Koofi.
Diálogo parlamentario sobre justicia internacional
Al margen del 46.º Foro Anual de la PGA celebrado en Ciudad de México, el 25 de marzo de 2026, parlamentarios de diversos países participaron en un diálogo específico sobre la justicia internacional y la CPI. Las sesiones ofrecieron una plataforma para debatir las amenazas y oportunidades en el marco del Estatuto de Roma, la necesidad de su incorporación a la legislación nacional y las iniciativas para abordar las lagunas jurídicas internacionales, como el proyecto de ley sobre crímenes contra la humanidad, el reconocimiento del ecocidio, el refuerzo de las leyes de lucha contra la trata de personas y la ratificación y aplicación de la Convenio de Liubliana-La Haya. Los legisladores también intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre las iniciativas parlamentarias destinadas a dar prioridad a la lucha contra la impunidad.
En defensa de la justicia internacional en la UE
En mayo de 2026, la Iniciativa Global contra la Impunidad, de la que forma parte PGA, emitió una declaración conjunta con motivo del Día de la UE contra la Impunidad. La declaración instaba a la UE y a sus Estados miembros a defender el sistema de justicia internacional y a apoyar firmemente a los supervivientes y a las comunidades afectadas, en un contexto de continua escalada de amenazas y ataques contra los tribunales y los mecanismos de rendición de cuentas.
Unos días más tarde, la Asamblea Nacional de Hungría aprobó una ley que revocaba su retirada prevista del Estatuto de Roma, confirmando así el apoyo de Hungría a la CPI y su condición de Estado Parte. La PGA acogió con satisfacción esta decisión como un ejemplo de cómo los parlamentos pueden reafirmar su compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho, incluso en medio de una presión sin precedentes sobre las instituciones multilaterales.
Retiradas de los Estados africanos del Estatuto de Roma
Por el contrario, los esfuerzos por defender la CPI en África sufrieron reveses, ya que Níger, Malí y Burkina Faso presentaron formalmente sus notificaciones de retirada del Estatuto de Roma los días 18 y 24 de junio, respectivamente. Los parlamentarios expresaron su profunda preocupación ante estos acontecimientos, instando a los tres países a reconsiderar sus decisiones, especialmente dado que persisten graves violaciones de los derechos humanos en la región del Sahel. De conformidad con el artículo 127 del Estatuto de Roma, estos Estados siguen estando sujetos a todas las obligaciones derivadas del tratado hasta un año después de que se hayan depositado sus notificaciones de retirada.
De cara al segundo semestre de 2026 y más allá, la PGA está dando a conocer las próximas elecciones judiciales de la CPI, que tendrán lugar en diciembre. Las elecciones constituyen un momento crucial para el sistema de justicia internacional, ya que los jueces de la CPI garantizan juicios justos en casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, lo que, a su vez, determina el funcionamiento, la integridad y la credibilidad de la Corte.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma han presentado las candidaturas de 14 candidatos judiciales de cada región para ser elegidos por un mandato de nueve años en la 25.ª Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma (AEP). En su calidad de copresidente del Grupo de Trabajo de las OSC sobre Elecciones Judiciales, junto con la Coalición para la Corte Penal Internacional (CICC), la PGA contribuye a los esfuerzos por promover procesos justos, transparentes y basados en los méritos para la presentación de candidaturas y la elección de los jueces de la CPI. Esto incluye garantizar que los jueces cumplan los elevados criterios de cualificación establecidos por el Estatuto de Roma, a saber, alta consideración moral, imparcialidad e integridad.
En mayo, la PGA puso en marcha una campaña de comunicación y sensibilización para dar a conocer las próximas elecciones judiciales, instando a los parlamentarios a supervisar el proceso y a examinar la lista de candidatos. La campaña destacó el Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM) como parte del proceso permanente de diligencia debida de la Corte, que recopila y evalúa las denuncias de conducta indebida de los candidatos, incluyendo el acoso sexual, el abuso de autoridad, la discriminación, las violaciones de los derechos humanos y otras infracciones graves. La PGA también contribuyó a la elaboración de un cuestionario para los candidatos y distribuyó el memorándum «Salvaguardia del mérito, la integridad y la transparencia: las elecciones judiciales de la CPI de 2026».
En los próximos meses, el equipo electoral compartirá más detalles sobre los candidatos individuales y los cuestionarios que han cumplimentado, con el fin de facilitar una toma de decisiones informada de cara a las elecciones de diciembre. Mientras tanto, la PGA mantiene su compromiso de apoyar la acción parlamentaria para proteger y reforzar el sistema del Estatuto de Roma.
Puede consultarse aquí un resumen de algunos de los principales acontecimientos judiciales de la CPI en el primer semestre de 2026.
Para obtener actualizaciones más frecuentes, la publicación quincenal de la PGA International Justice Updates ofrece los aspectos más destacados a nivel mundial en materia de cooperación, impunidad, novedades legislativas y parlamentarias, y novedades judiciales.