Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por las informaciones sobre una posible visita oficial de representantes de los talibanes a Bruselas en junio de 2026.

Es importante recordar que los talibanes no representan al pueblo de Afganistán, ya que carecen de legitimidad democrática interna. Su autoridad no se ha establecido mediante ningún proceso participativo, inclusivo, representativo o constitucional.

Dos altos dirigentes talibanes son actualmente objeto de órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional por el delito contra la humanidad de persecución por motivos de género, y numerosas personas asociadas con los talibanes siguen figurando en las listas de los regímenes de sanciones internacionales, incluidos los de la Unión Europea.

En este contexto, cualquier contacto oficial con representantes de los talibanes, especialmente en territorio europeo, conlleva importantes implicaciones jurídicas, políticas y simbólicas. Se corre el riesgo de que se perciba como una forma de normalización o de reconocimiento implícito.

Desde agosto de 2021, los talibanes han aplicado una amplia gama de políticas, decretos y medidas institucionales que han dado lugar al desmantelamiento sistemático de los derechos y libertades fundamentales. Las mujeres y las niñas han quedado casi totalmente excluidas de la vida pública, entre otras cosas mediante la prohibición de la educación secundaria y superior, y graves restricciones al empleo, la libertad de circulación y la participación en los espacios cívicos y políticos.

Estas medidas, consideradas en su conjunto, han sido evaluadas, además de por la Corte Penal Internacional, por diversos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y juristas, quienes consideran que podrían constituir una persecución por motivos de género como crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.

Además, se han recibido informes constantes de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales; tortura y malos tratos; y represalias contra defensores de los derechos humanos, periodistas y antiguos funcionarios públicos. La falta de transparencia y de mecanismos de supervisión independientes dificulta la verificación del alcance total de estas violaciones, aunque las pruebas disponibles indican un patrón profundamente preocupante y continuado. Lo que es seguro es que no ha habido rendición de cuentas para las víctimas y los supervivientes de las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales mencionados anteriormente.

Los recientes marcos jurídicos y judiciales introducidos bajo el régimen talibán han restringido aún más el acceso a la justicia, han socavado las garantías del debido proceso y han institucionalizado prácticas discriminatorias, en particular contra las mujeres y las niñas.

También nos preocupan profundamente las políticas en curso y propuestas relacionadas con el retorno forzoso de solicitantes de asilo afganos desde los Estados miembros de la UE. Cualquier retorno forzoso de personas a Afganistán en las condiciones actuales suscitaría graves preocupaciones en virtud del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Esta preocupación es especialmente grave en el caso de las mujeres y las niñas, cuyas vidas, seguridad y derechos fundamentales corren un riesgo inmediato y sistémico bajo el régimen talibán. Afganistán es actualmente uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer, y el retorno forzoso expondría a muchas de ellas a la persecución, la violencia y una grave privación de derechos.

Por lo tanto, instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros a:

1. Abstenerse de mantener contactos con representantes talibanes a nivel político o diplomático en las condiciones actuales, ya que dichos contactos corren el riesgo de contribuir a la normalización y la legitimación implícita de una situación caracterizada por graves violaciones de los derechos humanos, incluida la opresión sistemática de las mujeres y las niñas;
2. Reconocer que las condiciones mínimas que suele citar la UE para el diálogo —incluido el respeto de los derechos fundamentales, en particular los derechos de las mujeres— no se cumplen actualmente, y que seguir adelante a pesar de ello socavaría los compromisos de la Unión Europea en materia de derechos humanos;
3. Apoyar activamente los esfuerzos de la justicia internacional para abordar las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales, en particular la persecución por motivos de género, incluso mediante una cooperación efectiva con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Afganistán, a fin de garantizar que la rendición de cuentas no quede relegada a un segundo plano en favor de consideraciones políticas o relacionadas con la migración;
4. Afirmar pública e inequívocamente que los derechos de las mujeres y niñas afganas no son negociables, y no pueden verse comprometidos ni utilizarse como moneda de cambio en el contexto de las relaciones diplomáticas o la política migratoria;
5. Apoyar activamente las vías de litigio estratégico, incluso a través de mecanismos de jurisdicción universal y extraterritorial, para reforzar el acceso de las víctimas a recursos efectivos por delitos internacionales graves y contribuir a la rendición de cuentas judicial de los presuntos autores;
6. Detener inmediatamente cualquier retorno forzoso de solicitantes de asilo afganos, en pleno cumplimiento del principio de no devolución, reconociendo que el retorno en las condiciones actuales expondría a las personas —en particular a las mujeres y las niñas— a persecución y daños graves;
7. Garantizar que ninguna persona vinculada a las autoridades talibanes, ni ninguna persona contra la que se hayan formulado acusaciones creíbles de graves violaciones de los derechos humanos, sea recibida, acogida o participe en ninguna forma de cooperación o consulta;
8. Entablar consultas estructuradas y significativas con la sociedad civil afgana, las víctimas y las defensoras de los derechos humanos, para garantizar que sus perspectivas influyan directamente en las decisiones políticas de la UE.

El incumplimiento de estos principios corre el riesgo de afianzar aún más la impunidad, socavar la credibilidad del compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y la justicia de género, y abandonar a las víctimas y supervivientes afganas en un momento crítico.

Estamos dispuestos a colaborar de manera constructiva con los socios europeos e internacionales para garantizar que cualquier respuesta a la situación en Afganistán se base en la rendición de cuentas, la justicia y la protección de los derechos fundamentales.