En el 2011, México empezó la revisión de su Código Penal Federal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México, consecuentemente, trabajó en un proyecto de ley de aplicación del Estatuto de Roma que se adoptaría como sección específica dentro del Código Penal. Durante la Conferencia de Revisión, México se comprometió a presentar un proyecto de enmienda en el primer trimestre de 2011.

Respecto a la legislación sobre cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), el 15 de diciembre de 2009, el Senado mexicano presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Uno de los obstáculos para la aprobación de este proyecto se derivó de la enmienda al artículo 21 de la Constitución Mexicana realizada en el 2005, mediante la cual se añadió el párrafo 8 que establece que “el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.” Varios sectores de la academia y la sociedad civil consideraron esta enmienda incompatible con el Estatuto de Roma.

Desde el 2012, PGA ha estado trabajando en la implementación del Estatuto de Roma en México, sin embargo, debido a cuestiones políticas internas, el proyecto de ley de implementación y la enmienda constitucional para eliminar posibles obstáculos a la cooperación con la CPI se han retrasado. Varias solicitudes de diversos partidos políticos, no obstante, han impulsado a PGA a no solo a proporcionar asesoramiento y apoyo técnico sobre el proyecto de ley de cooperación con la CPI, sino también a alentar al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley de complementariedad con el fin de armonizar el código penal con el Estatuto de Roma.

Los días 16 y 17 de septiembre de 2013, PGA organizó en el Parlamento de Uruguay un Grupo de Trabajo Subregional sobre los Desafíos para la Eficacia del sistema del Estatuto de Roma en las Américas al que asistieron dos diputados de México. En este taller, los parlamentarios tuvieron la oportunidad de hablar con expertos sobre la implementación del Estatuto de Roma en sus propios países y PGA señaló la existencia de una importante barrera legal en la Constitución de México que imposibilita la plena cooperación con la CPI. Después de dicho evento, dos miembros de PGA de la oposición presentaron, el 10 de febrero de 2014, en la Legislatura LXII de la Cámara de Diputados, una iniciativa para modificar el párrafo ocho del artículo 21 de la Constitución y permitir la cooperación efectiva con la CPI. Dicha iniciativa permitía al Ejecutivo Federal reconocer plenamente la cooperación con la CPI sin la necesidad de una consulta con el Senado. Al respecto, PGA emitió un Comunicado de Prensa alentando a sus miembros en América Latina a enviar una carta en apoyo a la iniciativa y llamando a otros parlamentarios del mundo a apoyarla. En marzo de 2014, los Dip. Ortiz y Dip. Tapia enviaron a los miembros del Comité Constitucional una carta en apoyo a esta Iniciativa de Reforma Constitucional.

La iniciativa de reforma constitucional, que buscaba modificar el párrafo 8 del artículo 21 para otorgar plena cooperación con la CPI, fue apoyada por otros 30 legisladores, entre ellos el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dip. Julio César Moreno, de varios sectores políticos (PRD, el PT y el partido Movimiento Ciudadano). Dicha iniciativa estuvo en revisión en la Comisión y, el 2 de abril de 2014, la Comisión rechazó la propuesta por un voto (10 a favor, 11 en contra).

A pesar de ello, se han llevado a cabo nuevos esfuerzos para armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Estatuto de Roma. El 25 de octubre de 2022, el senador Emilio Álvarez Icaza, miembro activo de PGA, y sus colegas, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución. Este proyecto incluye, entre otros, la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y de agresión. Asimismo, contempla el pleno reconocimiento de la jurisdicción de la CPI y añade nuevos apartados para facultar al Congreso a emitir leyes de cooperación con la Corte y legislar en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

El 4 de noviembre de 2021, el Secretariado de PGA compartió con el Senador Icaza un proyecto de resolución parlamentaria sobre la ratificación de las enmiendas de Kampala y las enmiendas más recientes del Estatuto de Roma. De igual forma, el 9 de noviembre de 2022, el Senador Icaza junto con otros legisladores, presentaron una propuesta que instaba al Ejecutivo a publicar el proyecto de ley sobre las enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma, aprobado por unanimidad por el Senado el 9 de septiembre de 2021.