Dominica acceded to the Rome Statute on 12 February 2001, becoming the 29th State Party.
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125 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 20 son de Europa oriental, 28 de 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. |
Contrary to the popular belief, the Rome Statute was effectively opened to the signatures by States on 18 July 1998, when the Final Act of the Rome Diplomatic Conference was signed.
El 19 de junio de 2018, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en primera lectura el Proyecto de ley de Cooperación y Relación con la Corte Penal Internacional.
El 10 y 11 de marzo de 2015, PGA junto con el Senado de la República Dominicana organizó un Taller Parlamentario sobre la Ratificación e Implementación del Estatuto de Roma y las Enmiendas d
PGA has organized a Parliamentary Mission from the Dominican Republic to the Parliament and Government of Haiti to contribute to the furtherance of the country’s engagement with international justice and to promote Ratification of the Rome Statute.
The intense activities and discussions brought together over 25 Parliamentarians from 12 different Latin American States.
Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
Creada por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional permanente e independiente capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas que cometen las violaciones más graves del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
El Estatuto de Roma define los crímenes de su competencia y establece los principios y procedimientos generales de funcionamiento de la Corte. También esboza las obligaciones de cooperación de sus Estados Parte. Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
Criteria and recommendations for parliamentarians to improve national nomination procedures for International Criminal Court judicial candidates.
La CPI es el primer y único tribunal permanente independiente con el mandato de investigar y enjuiciar a los máximos responsables de cometer crímenes internacionales, a saber, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Sus 18 magistrados, procedentes de todo el mundo y elegidos por un mandato de nueve años, desempeñan un papel fundamental a la hora de asegurar que se cumplen estas expectativas mediante la garantía de juicios justos y el dictamen de jurisprudencia autoritativa y de la más alta calidad.
La calidad de los magistrados de la CPI, por lo tanto, tiene una importancia fundamental para el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la Corte puesto que de ello depende el éxito a largo plazo de la CPI y del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto. Bajo estos antecedentes, PGA ha elaborado este manual con el fin de establecer criterios y recomendaciones específicas para que los parlamentarios alienten a sus Gobiernos a mejorar los procedimientos nacionales de designación de candidatos a magistrados de la CPI y adopten buenas prácticas y requisitos para garantizar que estos procesos sean justos, transparentes y meritocráticos. El objetivo de un procedimiento de designación sólido es el de garantizar que sólo los candidatos a magistrados o juristas del más alto calibre figuren en la papeleta de votación.
A handbook aimed at assisting States in ratifying the Kampala Amendments, helping criminalize the most serious forms of the illegal use of force.
Es para nosotros un honor y un privilegio presentarles el Manual sobre la Ratificación e Implementación de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Este Manual es producto de nuestros esfuerzos colectivos dirigidos a asistir a los Estados en la ratificación de las enmiendas aprobadas por consenso en Kampala—enmiendas que son fundamentales para el proceso de criminalización efectiva del uso ilegal de la fuerza en los asuntos internacionales.