Loading...

Mobilizing Legislators as Champions for Human Rights, Democracy, and a Sustainable World
Movilizando parlamentarios como defensores y defensoras de los derechos humanos, la democracia y un mundo sostenible. Conozca más

Últimas Actividades:

46ᵗʰ Annual Forum and 4ᵗʰ Consultative Assembly of Parliamentarians for the Oceans

The Assembly provided a vital platform for discussions on advancing international cooperation on the ocieans


Noticias sobre Justicia Internacional - Noviembre 2025

Noticias sobre Justicia Internacional - Noviembre 2025

La actualización de PGA sobre la justicia internacional se ofrece como un recurso para nuestros miembros y el público en general sobre los titulares importantes sobre la brecha de la impunidad, los desarrollos legislativos y parlamentarios y las noticias judiciales.

El Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos elabora esta actualización sobre justicia internacional con fines meramente informativos. Las opiniones expresadas en los artículos incluidos en esta actualización no reflejan necesariamente la postura de PGA ni de ninguna persona relacionada con PGA; tampoco PGA ni ninguna persona relacionada con PGA garantiza la veracidad del contenido de dichos artículos. 2025Noviembre16–30 Destacado CPI, Estados Partes El 25 de noviembre de 2025, antes de la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes (ASP24) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó un documento de posición con cuatro recomendaciones clave para que los Estados Partes adopten medidas urgentes para defender la corte, apoyar a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas. FIDH Esferas de impunidad Tanzania El 12 de noviembre de 2025, The New Humanitarian informó de la indignación generalizada por los presuntos asesinatos y abusos cometidos durante y después de las elecciones del 29 de octubre de 2025 en Tanzania, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que se investigaran los asesinatos y otras presuntas violaciones de los derechos humanos. The New Humanitarian, ACNUDH Global, Estados Partes de la CPI El 19 de noviembre de 2025, Human Rights Watch publicó una nota informativa para la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, en la que advertía que el sistema judicial de la corte está siendo objeto de ataques cada vez más intensos, entre los que se incluyen sanciones, amenazas y la falta de cooperación por parte de algunos Estados. Human Rights Watch Alemania El 24 de noviembre de 2025, CBC informó de que todos los registros documentales de los juicios de Núremberg han sido digitalizados y puestos a disposición del público de forma gratuita en línea por el Proyecto de los Juicios de Núremberg, coincidiendo con el 80.º aniversario del primer día de los juicios. CBC Israel, Palestina El 27 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional informó de que, a pesar del alto el fuego declarado, continúan las graves violaciones contra los palestinos en Gaza, incluidos los asesinatos ilegales, los desplazamientos forzados y la destrucción de infraestructuras civiles. Amnistía Internacional Asuntos legislativos/parlamentarios UE, Ucrania El 27 de noviembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a la UE y a sus Estados miembros a asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad europea y a apoyar una paz justa y duradera en Ucrania que respete los principios del derecho internacional. Parlamento Europeo Asuntos Judiciales Bangladesh El 17 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal Internacional de Bangladesh condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina tras declararla culpable de crímenes contra la humanidad por su papel en la represión mortal de las protestas estudiantiles de 2024, que se saldó con numerosos muertos y heridos, según estimaciones de la ONU. CNN Sudán El 18 de noviembre de 2025, los fiscales de la Corte Penal Internacional solicitaron la cadena perpetua para el líder miliciano sudanés Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, recientemente condenado por crímenes de guerra por las atrocidades cometidas en Darfur entre 2003 y 2004. Al Jazeera Israel El 21 de noviembre de 2025, el Wall Street Journal informó de que Israel había solicitado a la Corte Penal Internacional que invalidara una orden de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, alegando una supuesta conducta indebida y parcialidad por parte del fiscal. Wall Street Journal Azerbaiyán, Armenia El 27 de noviembre de 2025, un tribunal azerbaiyano continuó las audiencias relativas a las causas penales contra varios ciudadanos armenios acusados de crímenes de guerra, genocidio y terrorismo derivados de la agresión militar de Armenia contra Azerbaiyán. Trend Filipinas El 28 de noviembre de 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud del expresidente filipino Rodrigo Duterte de libertad provisional en su caso por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la «guerra contra las drogas». CPI 2025Noviembre1–15 Destacado RDC El 12 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal de París inició el juicio contra el antiguo señor de la guerra congoleño Roger Lumbala Tshitenga, acusado de crímenes contra la humanidad. El juicio supone un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas tras décadas de abusos e impunidad por las atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo. Human Rights Watch Cooperación Italia, Libia El 5 de noviembre de 2025, el general libio Osama Almasri Najim, buscado por la CPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fue detenido en Trípoli. Anteriormente había sido detenido en Turín en enero, pero posteriormente fue puesto en libertad y trasladado de vuelta a Trípoli, lo que provocó críticas al Gobierno italiano por no cooperar con la Corte. The Guardian Esferas de impunidad Sudán El 3 de noviembre de 2025, los fiscales de la Corte Penal Internacional declararon que están recopilando pruebas de asesinatos en masa y violaciones en Al-Fashir, Sudán, tras la toma de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares. Desde 2005, la CPI ha estado investigando las denuncias de genocidio y crímenes de guerra en Darfur. Reuters, CPI CPI, Global El 11 de noviembre de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas debatió el informe anual de la Corte Penal Internacional. La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, presentó el informe de la corte e instó a los Estados miembros a defender el sistema jurídico internacional. ONU UE, Ucrania El 11 de noviembre de 2025, Euronews informó de que la creación del Tribunal Especial para los Crímenes de Agresión contra Ucrania, acordada por el Consejo de Europa y el presidente ucraniano Zelenskyy, está en peligro debido a los problemas presupuestarios de los países europeos para cubrir los gastos de funcionamiento. Euronews Asuntos legislativos/parlamentarios EE. UU. El 6 de noviembre de 2025, Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, declaró a la BBC que los recientes ataques aéreos estadounidenses contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental podrían considerarse crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. En los últimos dos meses, al menos 66 personas han muerto a causa de los ataques. BBC Turquía El 7 de noviembre de 2025, la fiscalía de Estambul dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí Netanyahu y otros 36 funcionarios israelíes, acusándolos de genocidio y crímenes contra la humanidad en Gaza. Al Jazeera Sudán, Global El 10 de noviembre de 2025, los ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios de varios países emitieron una declaración conjunta en la que condenaban las atrocidades y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Sudán. Gobierno del Reino Unido Asuntos Judiciales Uganda El 6 de noviembre de 2025, la Sala de Cuestiones Preliminares III de la Corte Penal Internacional confirmó 39 cargos contra Joseph Kony, líder ugandés del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el norte de Uganda entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005. CPI CPI El 10 de noviembre de 2025, entró en vigor una enmienda al reglamento de la Corte Penal Internacional. Los jueces de la CPI modificaron el artículo 23 para clasificar las solicitudes de órdenes de detención o citaciones para comparecer como secretas o bajo sello, salvo que una Sala autorice lo contrario. CPI

International Leaders Champion Abolition of the Death Penalty in Malawi at UN Review

International Leaders Champion Abolition of the Death Penalty in Malawi at UN Review

The event highlighted Malawi’s journey towards abolition, discussed remaining challenges, and shared best practices.

On 4 November, the United Nations Human Rights Council reviewed Malawi’s human rights record through a process called the Universal Periodic Review. This peer-review mechanism enables every United Nations Member State to evaluate each other’s progress on human rights and to offer recommendations for improvement. For Malawi, one issue stood out: despite several attempts and commitments, the country has yet to abolish the death penalty. While the country hasn't executed anyone in three decades, maintaining what's called a de facto moratorium, the death penalty remains on the books. The Universal Periodic Review provided an opportunity to definitively put an end to this practice. During this 2025 review, 31 UN Member States recommended that Malawi abolish the death penalty and/or ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. Within this context, Parliamentarians for Global Action, Reprieve, and The Advocates for Human Rights gathered national and international experts in Geneva for an “Information Meeting on the Universal Periodic Review Process in Malawi: Towards the Abolition of the Death Penalty in Malawi and the Region.” The event highlighted Malawi’s journey towards abolition, discussed remaining challenges, and shared best practices. Malawi’s Evolving Stance on the Death Penalty Opening the meeting, Ms. Grace Malera, Commissioner of the Malawi Human Rights Commission and Ombudsperson for Malawi, traced the country’s journey towards abolition. She explained that while Malawi’s 1993 Constitution enshrines one of the most progressive Bills of Rights, including the right to life, the death penalty persists as a holdover from the colonial era, embedded in the Penal Code and Criminal Procedure and Evidence Code. A turning point came in 2007 with a landmark Constitutional Court ruling declaring the mandatory death penalty unconstitutional. Ms. Malera emphasized that abolishing the death penalty isn’t just a legal matter — it’s a political and human rights issue requiring inclusive dialogue, engagement, and leadership. That leadership can be seen in recent parliamentary actions in Malawi. PGA member Hon. Victor Musowa, First Deputy Speaker of the Parliament of Malawi, highlighted the work done in 2022 when the Legal Aid Committee conducted the largest public consultation ever held in the country and demonstrated unequivocal support for abolition across Malawi. I make the commitment knowing where we are coming from, knowing our commitments, knowing what we are able to achieve and knowing what we are able to do as Malawian Parliament. The work out here is enormous but manageable if we catch the new MPs to understand the whole concept of the abolition of death sentence. Honorable Victor Musowa, MP (Malawi), PGA Member Mr. Chimwemwe Chithope-Mwale, Director of the Legal Aid Bureau, shared an encouraging success story from the Malawi Resentencing Project,  carried out in partnership with Reprieve and the Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide. The initiative followed the 2007 High Court landmark ruling abolishing the mandatory death penalty, which allowed prisoners to seek reduced sentences based on mitigating factors the courts had previously overlooked. Through careful investigation and presentation of new evidence, sentencing hearings were held under international fair trial standards. Many prisoners were released immediately, others received reduced sentences (with only one case resulting in life imprisonment), and no individual was resentenced to death. For Mr. Chithope-Mwale, this project demonstrated that when mitigation is conducted and fair trials are ensured, the death penalty loses its appeal as a sentence. Even more striking were the stories of reconciliation: Traditional leaders and communities welcomed back former inmates after resentencing — powerful examples of forgiveness and social healing in action. Mr. Chithope-Mwale also emphasized the importance of addressing prison conditions in the justice process, as they are often degrading and inhumane. They must be urgently addressed to uphold justice and human dignity. Lessons from other countries and international commitments Dr. Rajiv Narayan, Co-Executive Director of the International Commission Against the Death Penalty, brought a more global perspective, citing the different paths that other countries have taken toward abolition, including: Legislative reforms and political leadership, such as in Zambia, Zimbabwe, or France Ratification of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, such as in Mongolia or Kazakhstan Breaking away from an oppressive past, such as Rwanda or Cambodia Constitutional Court judgement, such as in South Africa Malawi has already taken important steps, Dr. Narayan observed. Now the country should consider ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights — the key international instrument for abolition. Ms. Liza Sekaggya, OHCHR Desk Officer for Malawi, welcomed the growing momentum across Africa. She highlighted recent progress in Zambia and Côte d’Ivoire as the last two countries to have ratified the Second Optional Protocol. She reminded participants that the UN provides crucial frameworks for this work. The Universal Periodic Review and States’ pledges create structured pathways for countries to advance human rights and monitor compliance with international law. She also pointed to the 2024 General Assembly Resolution on a Moratorium on the use of the death penalty, which received a record 130 votes in favor — clear evidence of increasing global momentum toward abolition. Calling Malawi to Action: Mr. Victor Mhango, Founder and Executive Director of the Centre for Human Rights Education, Advice and Assistance (CHREAA), urged the new government and parliamentarians to act swiftly and hold an early debate in the new legislature to pass legislative reform. Malawi has the opportunity and responsibility to join the growing number of African nations that have abolished the death penalty. Continuing diplomatic engagement and peer-to-peer dialogue among parliamentarians will be essential to sustaining this momentum and supporting Malawi on its path towards full abolition.

PGA National Group in The Gambia leads the way on Gender Equality and Inclusive Leadership

PGA National Group in The Gambia leads the way on Gender Equality and Inclusive Leadership

The virtual briefing brought together members of parliament, civil society leaders, and international partners to reflect on both the progress made and the structural challenges that persist in ensuring that every girl in The Gambia can live free from violence, discrimination, and exclusion.

On the International Day of the Girl Child 2025, Parliamentarians for Global Action’s National Group in The Gambia, under the leadership of Hon. Abdoulie Ceesay, convened a cross-party high-level parliamentary dialogue to reaffirm The Gambia’s commitment to gender equality, the empowerment of girls, and the creation of inclusive political spaces for women. The virtual briefing brought together members of parliament, civil society leaders, and international partners to reflect on both the progress made and the structural challenges that persist in ensuring that every girl in The Gambia can live free from violence, discrimination, and exclusion. In his opening remarks, Hon. Ceesay highlighted the urgent need to move from commitment to implementation, emphasizing that while The Gambia has a solid legal framework protecting the rights of women and girls, gaps in enforcement and deep-rooted cultural practices continue to hinder progress. He further stressed the importance of legislative leadership in promoting justice, particularly in aligning customary, religious, and international laws to uphold the rights of girls in areas such as marriage, inheritance, and reproductive health. Removing Tax on Sanitary Pads: "A Matter of Dignity and Public Health" Hon. Ceesay also called for the elimination of import taxes on sanitary pads, framing menstrual hygiene as a public health and human rights issue. He argued that continued taxation of menstrual products disproportionately affects girls, especially those in rural areas, who may miss school, suffer embarrassment, or resort to unsafe alternatives during their periods. "As a father of two daughters, I know firsthand that sanitary pads are not a luxury — they are a necessity," he said. "Removing taxes on these essential products is a matter of dignity, health, and equality." His call to action echoes long-standing advocacy from grassroots organizations, such as Women in Liberation and Leadership, who have raised awareness on "period poverty" and its impact on education and social participation. Structural Barriers to Transformative Change Dr. Fatou Baldeh, founder of Women in Liberation and Leadership, delivered a powerful address underscoring the persistence of harmful practices such as female genital mutilation, child marriage, and sexual and gender-based violence. She emphasized the critical need for political will, legislative reform, and collaboration with civil society to shift social norms and ensure the safety and inclusion of girls. Participants also discussed several other actions to be taken: The need for greater representation and training for women in political spaces, including efforts that could re-introduce a gender quota bill to reserve at least 30% of parliamentary and local government seats in The Gambia for women. Although the bill failed to pass in the 5th Legislature due to political and procedural obstacles, renewed momentum aims to build consensus and ensure stronger women’s representation in decision-making. Support for policies that allow pregnant girls and adolescent mothers to stay in school. The importance of strengthening oversight bodies such as the National Human Rights Commission and the Office of the Ombudsman to promote greater accountability, transparency, and equal protection under the law. By equipping these bodies with sufficient resources, independence, and authority, they can more effectively safeguard rights, address discrimination, and reinforce public trust in democratic governance. Notably, Hon. Gibbi Mballow shared personal experiences of backlash faced by MPs who speak out against female genital mutilation, underscoring the risks and resistance encountered in pushing for gender-sensitive reforms. He called for greater public awareness and education, and stronger enforcement of legislative reforms. The dialogue also highlighted key national initiatives under way in The Gambia: The National Gender Policy 2025 - 2034, which provides a comprehensive framework to mainstream gender equality across all sectors. The Strategic Plan 2025 - 2030, which outlines a roadmap for implementing gender commitments through cross-sectoral collaboration. Plans to host a regional Women, Peace and Security training in 2025, displaying leadership in gender-inclusive peacebuilding. Towards Real Change: A Shared Responsibility Ms. Melissa Verpile, Director of Democracy, Gender, and Inclusion at Parliamentarians for Global Action, closed the session by reaffirming support for The Gambia’s efforts and encouraging legislators to be bold in translating principles into practice. Participants left the convening with the following key steps for further action: Menstrual health must be addressed through practical policies, including tax exemptions on sanitary products. Customary and international laws must be harmonized to uphold gender equality in all spheres of life. Civil society partnerships are essential for reaching communities, challenging norms, and providing support to survivors. Political representation of women and girls must be increased through quotas, mentorship, and capacity building. Oversight and enforcement mechanisms must be strengthened to ensure that rights are protected and violators held accountable. This year’s commemoration of the International Day of the Girl Child in The Gambia served, as more than a symbolic observance, it was a strategic platform for action. Parliamentarians for Global Action celebrates the leadership of its National Group in The Gambia and calls on parliamentarians worldwide to continue building inclusive, safe, and equitable political spaces, where girls today can become the empowered women leaders of tomorrow.

We Call Upon Parliamentarians to Take Action on this World Day Against the Death Penalty 2025

We Call Upon Parliamentarians to Take Action on this World Day Against the Death Penalty 2025

Each year on 10 October, the global abolitionist movement comes together to observe the World Day Against the Death Penalty. In 2024 and 2025, the focus has been on addressing the myth that the death penalty ensures safety, with the message: “The Death Penalty Protects No One: Abolish it Now.”

Each year on 10 October, the global abolitionist movement comes together to observe the World Day Against the Death Penalty. In 2024 and 2025, the focus has been on addressing the myth that the death penalty ensures safety, with the message: “The Death Penalty Protects No One: Abolish it Now.” A primary duty of any country’s government is to ensure the security of citizens. Living in a safe and secure society not only means living in a community free from conflict. It also requires creating the conditions that foster peace, uphold accountability, and protect individuals from threats and violations of their fundamental rights and freedoms. The death penalty has no place in these societies. We are living in challenging times, marked by escalating global crises and the erosion of the rules-based international order. But as complex as the current context may be, no one should justify executions as a means of strengthening security. The death penalty protects no one, and to claim otherwise, is both false and dangerous. The use of capital punishment perpetuates cycles of violence and disproportionately targets marginalized and vulnerable communities. It is an ineffective, irreversible punishment that amounts to torture and other cruel, inhumane, and degrading treatment. A year of contrasts for abolitionists The World Day Against the Death Penalty’s bi-yearly theme has focused on the link between the death penalty and security, challenging the false narrative that executions ensure safety. It highlights the progress gained by advocates for abolition: fewer countries are carrying out executions and retentionist countries are increasingly isolated. Today, 113 countries have abolished the death penalty in law and 29 countries observe a moratorium on executions. This means that 77% of the world’s countries no longer carry out executions. Yet despite this progress, there has been a sharp rise in executions, with at least 1,518 people executed in 2024 across just 15 countries — the second consecutive year in which executions reached their highest level since 2015 according to Amnesty International. This alarming trend has continued into 2025, with more than 1,000 executions already recorded in Iran alone — the highest figure in over three decades according to the NGO Iran Human Rights. Many of these recorded executions are carried out under the guise of maintaining public order (despite clear evidence that the death penalty does not deter crimes). They also violate international law, as they fail to meet the “most serious crimes” threshold (defined as crimes of extreme gravity involving intentional killing). For example, in 2024, 43% of recorded executions were for drug-related offences, which do not meet this criterion. While there is growing consensus to put an end to the death penalty, continued action is vital to prevent backsliding and promote universal abolition. The international community must redouble efforts to combat punitive narratives and to reaffirm a human rights-based approach to justice and security. Dangerous revivals: security as a pretext for executions In several countries, some political leaders are reviving rhetoric that equates security with punishment, calling for reinforcement or even the reintroduction of capital punishment. Some very recent developments are particularly worrying: United States: a Presidential proclamation reintroduces the death penalty in Washington D.C. to “deter and punish the most heinous crimes.” Kyrgyzstan: the President instructed the drafting of a bill to reinstate the death penalty for severe crimes against children and women, despite the country’s abolition in 2007 and its commitment under the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights to abolish the death penalty. Chad: a new commission has been established to consider restoring the death penalty, only four years after the country abolished the death penalty. Israel: a bill allowing the death penalty for “terrorist” crimes has passed its first reading. Invoking “security” to justify executions is common political rhetoric. Security comes by addressing the root causes of violence, ensuring the good management of security and justice sectors, while promoting accountability. Resorting to the death penalty only deepens social divisions, entrenches unfairness and replaces justice with vengeance. Even in the most difficult contexts of insecurity and conflict, we have chosen the path of abolition – proof that strong political will can pave the way for positive change. We know that executions bring neither peace nor justice. Only truth, accountability and reparations can do that. Abolishing the death penalty means investing in human rights. I call on my fellow parliamentarians around the world to work together to ensure that the death penalty becomes a thing of the past. Hon. Émilie Béatrice Epaye, MP (Central African Republic), member of Parliamentarians for Global Action Parliamentarians at the forefront of abolition Parliamentarians have a crucial role to play in advancing universal abolition of the death penalty and countering the narrative that seek to justify it, whether they hold roles in abolitionist, abolitionist in practice, or retentionist countries. Legislators have the power to amend, draft, and adopt legislations that narrow the scope of the death penalty and lead to its eventual abolition. To support these efforts, Parliamentarians for Global Action and the World Coalition Against the Death Penalty published a factsheet in honor of World Day: “The Death Penalty Protects No One.” The publication outlines how governments have used “security” as a political tool to justify executions and provides parliamentarians with clear arguments and practical steps to counter these false narratives and drive action towards universal abolition. As punitive narratives regain ground in many parts of the world, this work has never been more urgent. Executions neither deter crime nor promote safety: they perpetuate fear and inequality. Parliamentarians, regardless of their country’s current stance on the death penalty, can take concrete action to promote universal abolition: Support or initiate legislative efforts that restrict and ultimately abolish capital punishment. Collaborate with like-minded parliamentarians across party lines to identify legislative strategies for universal abolition. Promote the universal ratification or accession to relevant regional or international instruments, such as the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights to abolish the death penalty. Challenge pro-death penalty narratives, including by publicly committing not to call for its use, even in contexts of insecurity, and promoting stronger accountability systems and policies that address the root causes of violence. Promote dialogue about justice, security, and human rights, and engage with citizens, victims’ associations, civil society organizations, and other relevant stakeholders. On this World Day, PGA call on its members to stand with the abolitionist movement, reaffirming a clear message: the death penalty protects no-one, abolish it now.

A Historic Milestone in High Seas Ocean Governance

A Historic Milestone in High Seas Ocean Governance

In a momentous display of effective global cooperation, the High Seas Treaty achieved 60 ratifications.

On September 19, 2025, in a momentous display of effective global cooperation, the High Seas Treaty achieved 60 ratifications, triggering its entry into force. This is a historic milestone for ocean governance and the first international, legally binding framework for the protection of the high seas. The Treaty will enter into force on January 17, 2026. Two years after the finalization of the Treaty text, countries from every region of the world have come together to accelerate multilateral action towards the Treaty’s realization. The Treaty establishes a framework for the creation of marine protected areas, or MPAs, in areas beyond national jurisdiction. In doing so, it reinforces the 2030 Agenda for Sustainable Development and contributes to achieving the 30 by 30 goal to protect at least 30 percent of the ocean by 2030, as established in the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Parliamentarians have championed the Treaty as an effective tool for global governance through PGA’s Oceans Campaign since 2019, and we look forward to continuing this historic momentum towards its effective implementation to protect this common heritage of humankind. Over the years, PGA members have championed the protection of the high seas. A few statements below showing their support: Our oceans are the lifeblood of our planet, and their health is directly tied to our right to a clean, healthy and sustainable environment for present and future generations. As we face the triple planetary crisis of biodiversity loss, pollution, and climate change, the need to protect our oceans has never been more urgent. Supporting the High Seas Treaty is a crucial step in this fight … As Parliamentarians, we must sign on to the High Seas Treaty as we must be committed to human rights and sustainable development. Hon. Naveed Qamar Syed, MP (Pakistan) PGA President I am truly delighted that the BBNJ Agreement has now reached 60 ratifications. Even though I come from a landlocked country, I know that healthy oceans are essential for the wellbeing of our entire planet and for all of humanity. The high seas regulate our climate, provide food and livelihoods, and are home to an incredible diversity of life. This milestone is therefore much more than a legal achievement – it is a strong step toward protecting marine biodiversity, strengthening global cooperation, and safeguarding our shared future.Ms. Petra Bayr, MP (Austria), PGA Treasurer The 60th ratification of the High Seas Treaty is a historic milestone for humanity and for the health of our planet. As parliamentarians, we understand that our oceans know no borders, and their protection demands bold collective action. This achievement reflects years of tireless advocacy, including the leadership of PGA members, to safeguard biodiversity beyond national jurisdiction. It is now our duty to ensure that this Treaty is fully implemented, so that future generations inherit oceans that are resilient, thriving, and a source of shared prosperity.Hon. Amanza Walton-Desir, MP (Guyana), PGA Board Member With The Gambia's ratification bringing the BBNJ into force for 60 parties, the international community rededicates itself to safeguarding marine biodiversity beyond national jurisdiction. This historic milestone reinforces the UN's commitment to shared stewardship, equitable benefit-sharing, and capacity-building—ensuring sustainable ocean governance for current and future generations and resilient coastal communities. Hon. Abdoulie Ceesay, MP (The Gambia) Anything that protects our planet deserves solid words and actions. Its preservation, therefore, must be our primary objective. The High Seas Treaty is necessary to safeguard the oceans.Hon. Roger Mancienne, Speaker of the National Assembly of the Republic of Seychelles during PGA’s 3rd CAP-Oceans I want Seychelles to be one of the first countries to ratify the High Seas Treaty and it is my job to bring Treaty ratification to the floor for a vote.Hon. Bernard Georges, MP (Seychelles) during PGA’s 3rd CAP-Oceans It was my love for the ocean that first brought me into politics. As both a marine biologist and a Swedish parliamentarian, I am truly delighted by the adoption of the BBNJ Agreement. This treaty is a milestone for protecting life in the high seas and for restoring faith in international cooperation. I hope countries will move swiftly towards ratification so that this historic achievement becomes real protection for our shared ocean. Ms. Emma Nohrén, MP (Sweden) Any effort made in the direction of protecting the seas is an effort that we must support. This agreement goes in that direction, especially in those areas of the sea that are not part of the EEZ of the countries.Dep. Felix Gonzalez (Chile) As the first landlocked country to ratify the High Seas Treaty, Malawi’s ratification comes as an important step towards environmental protection that benefits all of humankind. The urgent entry into force of this Treaty is vital to protect our oceans, our planet, and all people for generations to come.Hon. Roseby Gadama, MP (Malawi) The future of marine ecosystems and livelihoods around the world depends on decisive action to protect marine biodiversity and to promote responsible and sustainable ocean use. Ratifying the High Seas Treaty is one clear action that addresses these environmental challenges in a meaningful way.Hon. Valerie Woods, MP, Speaker of the House of Representatives of Belize, PGA Board Member We need to protect the human rights of our constituents to a healthy environment. The high seas are two-thirds of the oceans, essential to the livelihoods of millions of people. I suggest that MPs share lessons learned through PGA National Groups to assure that the Treaty becomes a reality, including experiences through ratification and implementation of other TreatiesMr. Patrick Kensenhuis, former member of parliament in Suriname during PGA’s 3rd CAP-Oceans The High Seas Treaty demonstrates our government’s willingness to prioritize our oceans’ health … For us, as MPs concerned with the objectives of the BBNJ, it is essential to note that deep sea mining is inconsistent with the Treaty’s objective.Hon. Ralph Regenvanu, MP (Vanuatu) during PGA’s 3rd CAP-Oceans

Apartheid de género – Informe de políticas

Apartheid de género – Informe de políticas

Los parlamentarios pueden desempeñar un papel fundamental en la defensa del reconocimiento y la codificación del apartheid de género como delito en virtud del derecho internacional, así como en la promoción de la solidaridad y el apoyo a las voces de las mujeres afganas e iraníes.

Antecedentes El llamado para reconocer el crimen de apartheid de género como crimen contra la humanidad surgió por primera vez en la década de 1990, cuando expertos de la ONU informaron de que los talibanes habían «introducido lo que, en realidad, es un sistema de apartheid con respecto a las mujeres». Sin embargo, ninguna medida concreta condujo a la codificación de este crimen en el derecho internacional, lo que dejó un vacío persistente en materia de rendición de cuentas para los sobrevivientes y víctimas. El apartheid de género es único en su intención y carácter institucionalizado: no solo tiene como objetivo discriminar a un grupo por su identidad de género mediante actos inhumanos, sino también establecer y mantener un sistema de dominación y exclusión total de ese grupo de la vida social, económica, cultural y política de un país. El regreso al poder de los talibanes en 2021 ha manifestado la urgente necesidad de reconocer el apartheid de género. A través de leyes impuestas por el Estado y prácticas institucionalizadas, las mujeres y niñas afganas son excluidas de la educación, el empleo, la atención sanitaria, la participación política y cualquier tipo de participación pública. Se les niegan sus derechos humanos y el control sobre sus propios cuerpos y vidas. Mujeres afganas e iraníes, defensoras de los derechos de las mujeres, lideran la campaña mundial para el reconocimiento de este crimen a través de la iniciativa End Gender Apartheid. Su demanda es clara: la comunidad internacional debe tipificar el apartheid de género como un crimen contra la humanidad y tomar medidas decisivas para desmantelar y prevenir los regímenes de apartheid de género. Los parlamentarios pueden desempeñar un papel fundamental en la defensa del reconocimiento y la tipificación del apartheid de género como crimen en virtud del derecho internacional, así como en la promoción de la solidaridad y el apoyo a las voces de las mujeres afganas e iraníes. ¿Qué es el apartheid de género? El crimen de apartheid es un crimen contra la humanidad reconocido internacionalmente, que tiene sus raíces en la historia de Sudáfrica. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo definen como la dominación institucionalizada de un grupo racial o étnico sobre otro. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos amplía el concepto para incluir las formas de apartheid basadas en el género. Expertos de las Naciones Unidas y defensores de los derechos humanos han documentado persecuciones y violaciones por motivos de género en países como Afganistán e Irán, donde se utilizan mecanismos diseñados, coordinados e institucionalizados por el Estado para oprimir a un grupo específico por su género. Esto da lugar a su exclusión y marginación de la vida social, económica, cultural y política del país. En Afganistán, la eliminación de los derechos y libertades de las mujeres y las niñas, impuesta por las leyes, políticas y prácticas talibanes, refleja el sistema de apartheid basado en el género. Por lo tanto, la definición actual del crimen de apartheid en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional debería adaptarse para reconocer el apartheid de género, conceptualizado como: «actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo de género sobre cualquier otro grupo o grupos de género, y cometidos con la intención de mantener ese régimen». ¿Por qué es importante reconocer y nombrar el apartheid de género? Actualmente, el derecho internacional no reconoce el crimen de apartheid de género. Si bien los instrumentos jurídicos disponibles, como el crimen de persecución por motivos de género, abordan la existencia de violaciones graves que privan a las personas de sus derechos por motivos de género, no tienen en cuenta la naturaleza sistemática, diseñada por el Estado e institucionalizada del apartheid de género. Tampoco reflejan la intención específica de mantener un régimen de dominación, que es un elemento que distingue al apartheid de otros crímenes contra la humanidad. En la lucha contra la impunidad, los crímenes deben nombrarse, definirse y codificarse para garantizar que los autores rindan cuentas, que las víctimas y los supervivientes obtengan justicia y reparación, y que se prevengan futuras violaciones. Sin la codificación en marcos jurídicos, no se puede romper el ciclo de violencia, lo que deja a las víctimas y a los supervivientes sin remedio y perpetúa la falta de rendición de cuentas. Reconocer el apartheid de género como un crimen contra la humanidad complementaría las disposiciones existentes sobre los crímenes de género y las violaciones de los derechos humanos, al tiempo que crearía un marco jurídico más sólido para exigir responsabilidades a los regímenes que tratan de borrar a las mujeres y las niñas de la vida social, económica, cultural y política de un país. Evolución actual y oportunidades para el reconocimiento del crimen de apartheid de género El liderazgo de las defensoras de los derechos de las mujeres afganas e iraníes ha cobrado impulso para codificar el crimen de apartheid de género como un crimen contra la humanidad. El término es ahora cada vez más utilizado por expertos, organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y otras partes interesadas, lo que crea una oportunidad única para reconocerlo en el derecho internacional. 1) La Convención sobre Crímenes contra la Humanidad La oportunidad más inmediata y concreta reside en las negociaciones en curso de una nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad, en la que los países podrían garantizar que el apartheid de género se reconozca y defina explícitamente. Este proceso requiere un fuerte apoyo político para evitar que el apartheid de género quede marginado. En noviembre de 2024, los países adoptaron una resolución que ordena la celebración de una Conferencia de Plenipotenciarios en 2028 y otra en 2029, para negociar el texto definitivo de la Convención con el objetivo de abrirla a la firma y ratificación posteriormente. Durante 2026, un comité preparatorio revisará los proyectos de artículos y examinará las enmiendas propuestas, lo que brindará una oportunidad para abogar por la inclusión del apartheid de género en la Convención. 2) Modificar el Estatuto de Roma Una vía paralela para incluir el apartheid de género como crimen internacional es modificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, otorgando a la Corte el mandato de investigar este crimen y enjuiciar a sus autores, reconociendo así la responsabilidad penal individual en la comisión de este crimen. Sin embargo, esta vía puede ser larga y requeriría una voluntad política significativa: cualquier Estado Parte en el Estatuto de Roma puede proponer enmiendas, que deben ser adoptadas por consenso o por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión. Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna enmienda formal sobre esta cuestión, lo que hace que éste sea un momento crucial para abrir el debate entre los Estados Partes con el fin de asumir el liderazgo en el avance del reconocimiento del apartheid de género en el sistema del Estatuto de Roma. 3) Recopilación de datos en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Para garantizar un seguimiento y una rendición de cuentas eficaces, los parlamentarios deben pedir que se realice un seguimiento sistemático de los indicadores que revelan el alcance y el impacto del apartheid de género, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre ellos figuran el acceso a la educación (ODS 4), en particular la matriculación y la asistencia de las niñas a la enseñanza secundaria y terciaria; la participación de las mujeres en la población activa y el acceso a un trabajo decente (ODS 8); las restricciones a la libertad de movimiento, incluida la imposición de la tutela masculina y los códigos de vestimenta obligatorios (ODS 5 y ODS 16); y la prevalencia de castigos, detenciones y tecnologías de vigilancia utilizadas para imponer la segregación por motivos de género (ODS 9 y ODS 16). Mediante la recopilación y publicación de datos desglosados sobre estos indicadores, los parlamentos pueden identificar las áreas en las que persiste la opresión sistémica y evaluar los progresos realizados en la consecución de la igualdad de género en el marco del ODS 5. Dada la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre de 2025 en Nueva York, los parlamentarios tienen una oportunidad vital para abogar por la integración de estos indicadores en los marcos de información mundiales, reforzando así el consenso internacional y la rendición de cuentas sobre la eliminación del apartheid de género. ¿Qué pueden hacer los parlamentarios? Los parlamentarios pueden convocar a debates sobre el apartheid de género para situar la cuestión en lo más alto de las agendas nacionales e internacionales y adoptar recomendaciones para su codificación jurídica y reconocimiento mundial. Como parlamentario, usted puede: Abogar por el reconocimiento y la codificación del apartheid de género: Pedir a su gobierno que apoye la inclusión del apartheid de género en el proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad. Pedir a su gobierno que inicie el apoyo a la propuesta de una enmienda para incluir el apartheid de género en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Establecer grupos de trabajo parlamentario y emitir resoluciones parlamentarias dedicadas al reconocimiento y la codificación del apartheid de género a nivel nacional, regional e internacional. Promover la solidaridad y el apoyo: Destacar las voces de las defensoras de los derechos de las mujeres afganas e iraníes que lideran la campaña mundial para acabar con el apartheid de género, en particular incluyéndolas en cualquier debate o evento relacionado con la cuestión. Colaborar con organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil para crear conciencia y abogar por la inclusión del apartheid de género en el derecho internacional. Garantizar un seguimiento eficaz: Pedir el seguimiento sistemático de los indicadores que revelan el alcance y el impacto del apartheid de género, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Acciones parlamentarias de los miembros de PGA En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Petra Bayr, diputada (Austria) y miembro del Comité Ejecutivo de PGA, presentó una resolución aprobada el 26 de junio de 2025 en la que se insta «a los Estados miembros del Consejo de Europa que son Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a que consideren la posibilidad de proponer una enmienda al estatuto con el fin de incluir el crimen de «apartheid de género». En los Países Bajos: PGA organizó una mesa redonda sobre justicia de género para Afganistán en junio de 2025, en la que se reunieron senadores neerlandeses, parlamentarios afganos en el exilio y expertos para fomentar el diálogo sobre la necesidad de la rendición de cuentas en materia de género en Afganistán y el reconocimiento del apartheid de género. En el Parlamento Europeo: Los miembros, entre ellos Hannah Neumann, miembro de PGA, diputada (Alemania)— presentaron una moción para una resolución adoptada el 19 de septiembre de 2024, en la que se instaba a «la UE a apoyar el reconocimiento del apartheid de género como crimen contra la humanidad». En Canadá: el 18 de abril de 2024, el Sr. Ali Ehsassi, presidente del Consejo Internacional de PGA, presentó dos peticiones en el Senado de Canadá, en nombre de las mujeres afganas e iraníes, respectivamente. Las peticiones exigían que las instituciones internacionales reconocieran el apartheid de género como un crimen contra la humanidad en virtud del derecho internacional, abogando por que los principios feministas y el universalismo de los derechos humanos se reflejaran en el derecho internacional existente y emergente. Las peticiones instaban a otros países a tomar medidas para adoptar políticas similares. En el Reino Unido: En 2024, la baronesa Kennedy of The Shaws LT KC, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) y miembro de PGA, estableció una investigación parlamentaria ad hoc sobre el apartheid de género para examinar la cuestión y presionar al Gobierno para que tomara medidas.

Episode 22: Ms. Petra Bayr, MP (Austria) and Hon. Amanza Walton Desir, MP (Guyana) on PGA Oceans Campaign

Episode 22: Ms. Petra Bayr, MP (Austria) and Hon. Amanza Walton Desir, MP (Guyana) on PGA Oceans Campaign

PGA Treasurer, Ms. Petra Bayr, MP (Austria) and PGA Board Member, Hon. Amanza Walton Desir, MP (Guyana), reflect on PGA’s Oceans Campaign, highlighting the inextricable link between human rights and the health of our oceans.

PGA Treasurer, Ms. Petra Bayr, MP (Austria) and PGA Board Member, Hon. Amanza Walton Desir, MP (Guyana), reflect on PGA’s Oceans Campaign, highlighting the inextricable link between human rights and the health of our oceans. They underscore the urgent need to advance the High Seas Treaty to protect marine ecosystems, uphold human rights, and secure the livelihoods of communities that depend on the ocean. In 2022, the UN General Assembly recognized a clean, healthy and sustainable environment as a universal human right (Resolution 76/300). Climate change, a threat multiplier, has placed already disenfranchised populations to bear the increasing cost of its impacts. Climate health is directly linked to the Oceans as they serve as a vital buffer against climate change, absorbing nearly one-quarter of carbon dioxide emissions and roughly 90 percent of the excess heat generated by greenhouse gas emissions. Climate threats are adversely affecting both marine and land ecosystems and populations on the forefront. Human rights defenders on environmental matters are urgently mobilizing to protect this recently adopted universal human right. Protections for both human rights defenders on environmental matters, including for Oceans and land are more urgent now than ever before. Through the Campaign to Mobilize Parliamentarians on Climate Action and the Campaign for the Protection of the Oceans and Implementation of Sustainable Development Goal 14, PGA Members champion these human rights protections and call for an end to impunity for crimes committed on and against the world’s oceans and their related human rights violations. The Insights by Lawmakers on Human Rights and the Environment series (#InsightsByLawmakers) highlights ongoing efforts, national experiences, lessons learned and good practices implemented by parliamentarians to advance the goals of these Campaigns. In each episode, lawmakers from around the world share their insights, raising awareness and underlining the importance of taking action to protect our Ocean, our planet, and all human rights defenders on environmental matters.

International Day of the World’s Indigenous Peoples

International Day of the World’s Indigenous Peoples

This year’s theme, “Indigenous Peoples and AI: Defending Rights, Shaping Futures,” highlights the opportunities and challenges that artificial intelligence presents for Indigenous communities.

International Day of the World’s Indigenous Peoples is held annually on 9 August since 1994. The United Nations General Assembly (UNGA) adopted this Day to honor Indigenous Peoples, recognize their knowledge systems, and promote their rights.  This year’s theme, “Indigenous Peoples and AI: Defending Rights, Shaping Futures,” highlights the opportunities and challenges that artificial intelligence presents for Indigenous communities in helping preserve endangered languages, mapping ancestral lands, and amplifying Indigenous knowledge in the fight against climate change. Yet, without the full and meaningful participation of Indigenous Peoples, these technologies risk reinforcing exclusion and violating their rights. Visit PGA’s resources to learn more about two landmark agreements that elevate the voices and rights of Indigenous Peoples: the Escazú Agreement— ensuring access rights in Latin America and the Caribbean, and protecting all human rights defenders in environmental matters, including Indigenous Peoples; and the High Seas Treaty—recognizing the importance of traditional knowledge from Indigenous communities in protecting marine biodiversity. Factsheet for Parliamentarians: United Nations High Seas Treaty, a Historic Agreement to Protect the Ocean Toolkit for Parliamentarians: the Escazu Agreement, Promoting Human Rights in Environmental Matters

Los parlamentarios exigen avances en el delito de agresión

Los parlamentarios exigen avances en el delito de agresión

Del 7 al 9 de julio de 2025, el comité ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global participó en la sesión especial sobre la revisión de las enmiendas al delito de agresión de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI.

Del 7 al 9 de julio de 2025, el comité ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global participó en la sesión especial sobre la revisión de las enmiendas al delito de agresión de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La sesión ofreció a los Estados Partes una oportunidad única para armonizar la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión con la del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, una cuestión por la que PGA lleva mucho tiempo abogando. Los parlamentarios participaron activamente a lo largo de la sesión junto con organizaciones de la sociedad civil. Nuestro presidente, el Honorable Syed Naveed Qamar, diputado (Pakistán), pronunció una declaración durante el debate general. El Honorable Amanza Walton-Desir, exdiputado (Guyana), intervino durante un evento paralelo que coorganizamos. Y miembros de la junta directiva de Austria, Argentina, Camerún, Pakistán y Ucrania participaron en las reuniones oficiales. La secretaría de la PGA se dirigió al pleno con un mensaje contundente en favor de la armonización de la jurisdicción durante las consultas informales en nombre de un grupo de organizaciones de la sociedad civil. A pesar del firme apoyo y el reconocimiento de la urgencia de la armonización, la iniciativa quedó finalmente bloqueada por la oposición de un pequeño grupo de Estados Partes, entre ellos Canadá, Francia, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Debido a la falta de consenso, la Asamblea de los Estados Partes aprobó una resolución para convocar otra sesión especial en 2029, en la que se volverá a examinar la propuesta de enmienda relativa a la armonización, presentada en abril de 2025 por Costa Rica, Alemania, Sierra Leona, Eslovenia y Vanuatu, será revisada. La necesidad de cerrar la brecha de rendición de cuentas Las enmiendas de Kampala, aprobadas por unanimidad por los Estados Partes en junio de 2010, definieron el crimen de agresión y establecieron el procedimiento para que la Corte Penal Internacional (CPI) ejerza su jurisdicción. Estas enmiendas entraron en vigor en 2018 y facultan a la Corte para exigir responsabilidades a los dirigentes políticos y militares por las formas más graves de uso ilícito de la fuerza. Sin embargo, a diferencia de los otros tres crímenes fundamentales del Estatuto de Roma, la CPI no puede enjuiciar los actos de agresión que involucran a Estados no partes o a Estados Partes que no han ratificado las enmiendas. Incluso cuando la agresión se comete en el territorio de un Estado parte que ha aceptado la jurisdicción sobre el crimen de agresión, la Corte sigue sin poder ejercer su jurisdicción. Estas restricciones han creado un grave vacío de rendición de cuentas para las víctimas de guerras agresivas. Dado que el uso ilícito de la fuerza continúa en todo el mundo, la necesidad de colmar este vacío mediante la armonización de la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión es más urgente que nunca. Los actos de agresión no solo violan la prohibición internacional del uso de la fuerza, un principio fundamental del derecho internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, sino que también dan lugar a graves abusos de los derechos humanos y a crímenes atroces. Desafíos para el consenso: abordar las principales objeciones Los Estados Partes acordaron revisar las enmiendas siete años después de su activación, lo que dio lugar a la sesión especial de julio de 2025. A lo largo de las reuniones preparatorias y el debate general, muchos países confirmaron su apoyo a la rendición de cuentas y la armonización como única vía posible para fortalecer el sistema del Estatuto de Roma y avanzar en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, varios Estados Partes plantearon objeciones, citando a menudo argumentos jurídicos y políticos como los siguientes: El papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Algunos sostienen que solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la autoridad para determinar la existencia de actos de agresión. Si bien el Consejo desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la CPI funciona de manera independiente e imparcial. La Corte debe poder tomar sus propias decisiones jurídicas. Depender únicamente de un órgano político socava la imparcialidad y la eficacia de la Corte, especialmente en casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encuentra en un punto muerto, como se ha visto con su inacción ante la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania. Impugnaciones jurisdiccionales Los críticos afirman que el delito es demasiado complejo para la CPI, o que tal vez sea más adecuado que lo juzguen los tribunales nacionales. Si bien muchos Estados Partes incluyen el delito de agresión en sus códigos penales, los enjuiciamientos nacionales se enfrentan a importantes limitaciones derivadas de la naturaleza del delito como delito de liderazgo y de su complejidad. Un país no puede emprender un proceso de este tipo contra los altos dirigentes de otro país debido a la aplicación de las inmunidades personales. La CPI es la única institución capaz de exigir responsabilidades a los dirigentes de los Estados Partes. La definición del delito de agresión Algunos países consideran que la definición de agresión es demasiado vaga, en particular en relación con sus posibles implicaciones para la legítima defensa o las intervenciones humanitarias. Sin embargo, el Estatuto de Roma ofrece una definición clara y consensuada de la agresión, elaborada a lo largo de décadas de deliberaciones y negociaciones jurídicas. Muchos Estados Partes que ya han ratificado las enmiendas y las han incorporado a su legislación nacional, proporcionan prácticas valiosas que pueden servir de guía a otros para abordar estas preocupaciones. Falta de ratificación por todos los Estados Partes A día de hoy, 49 Estados Partes han ratificado las enmiendas relativas al crimen de agresión, lo que las convierte en las enmiendas más ampliamente ratificadas del Estatuto de Roma. Las ratificaciones recientes, como la de Seychelles el 1 de julio de 2025, muestran un impulso creciente, como ha señalado el miembro ejecutivo de la PGA, el Honorable Bernard Georges, diputado (Seychelles). Los parlamentarios pueden desempeñar un papel activo en este proceso. Solidaridad con las víctimas del crimen de agresión Parlamentarios para la Acción Global se solidariza con las víctimas del crimen de agresión y subraya el papel crucial de los parlamentarios en la defensa de la rendición de cuentas. Como representantes de los ciudadanos directamente afectados por el crimen de agresión, las voces de los parlamentarios son importantes en nuestro esfuerzo colectivo por cerrar la brecha de rendición de cuentas y garantizar el acceso igualitario a la justicia para todas las víctimas. El presidente de la PGA, Qamar, instó a los Estados a adoptar la enmienda propuesta en virtud del artículo 121 (5) del Estatuto de Roma, el mismo procedimiento que las enmiendas originales de Kampala. «No hay lugar para compromisos que traicionen a las víctimas de este crimen atroz», afirmó. Para amplificar las voces de las comunidades afectadas, Parlamentarios para la Acción Global también coorganizó un evento paralelo el 7 de julio, titulado «Lo que está en juego: el impacto devastador en las víctimas de la agresión y los argumentos a favor de la armonización desde la perspectiva de la sociedad civil». En colaboración con el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, la Iniciativa Global para la Prevención de la Agresión y Trial International, y con Suiza como anfitriona, el evento reunió diversas perspectivas de Armenia, la República Democrática del Congo (RDC), Guyana y Ucrania. A partir de sus experiencias en sus respectivos países, los ponentes de organizaciones de la sociedad civil compartieron relatos desgarradores sobre el impacto devastador del crimen de agresión sobre la población civil. Sus testimonios crudos y conmovedores pusieron de relieve la amplia gama de atrocidades sufridas por las víctimas y los supervivientes, entre ellas el desplazamiento forzoso, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la violación y otros tipos de violencia sexual, la destrucción de los medios de subsistencia, graves crisis humanitarias y profundos traumas psicológicos. Los defensores de los derechos humanos, en sus esfuerzos por documentar y denunciar estos crímenes, también se han enfrentado a secuestros y otras formas de represalia. Un mensaje recurrente en todas sus intervenciones fue la urgente necesidad de abordar la actual falta de rendición de cuentas, ya que la falta de enjuiciamiento efectivo del crimen de agresión solo alimenta la impunidad y la comisión continuada de crímenes atroces. La Honorable Amanza Walton-Desir, exdiputada (Guyana), hizo hincapié en la voluntad política necesaria para avanzar en la armonización. Basándose en la propia experiencia de Guyana con las tensiones territoriales, destacó la importancia de armonizar la jurisdicción, especialmente para los países pequeños. «No se trata de un debate abstracto [...]. Cuando las naciones más pequeñas se ven amenazadas, la eficacia del derecho internacional es nuestra única protección», afirmó. El evento concluyó con unas declaraciones contundentes que subrayaron la importancia de las organizaciones de la sociedad civil a la hora de expresar sus preocupaciones sobre el crimen de agresión, en particular las de las personas más afectadas. Los ponentes también destacaron la importancia de la justicia en el proceso de recuperación de las víctimas y concluyeron con un firme llamamiento a la acción instando a los Estados a no retrasar las reformas que finalmente harán rendir cuentas a los autores de la agresión. La movilización de Parlamentarios para la Acción Global envió un mensaje firme y unánime: la justicia debe ser coherente, deben respetarse los derechos de todas las víctimas y debe reforzarse el sistema del Estatuto de Roma. En un contexto mundial marcado por la escalada de guerras agresivas, seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros miembros parlamentarios para garantizar que la armonización del Estatuto de Roma sea una realidad y que ninguna persona afectada quede atrás en la lucha contra la impunidad.

Víctimas ignoradas, justicia denegada: ¡ACTÚEN YA!

Víctimas ignoradas, justicia denegada: ¡ACTÚEN YA!

En el 27.º aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Iniciativa Global contra la Impunidad reafirma el papel esencial de la justicia internacional en la defensa del orden internacional basado en normas.

Día de la Justicia Penal Internacional – Declaración de la Iniciativa Global contra la Impunidad En el 27º aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Iniciativa Global contra la Impunidad reafirma el papel esencial de la justicia internacional en la defensa del orden internacional basado en normas. Las víctimas y los supervivientes de crímenes atroces deben ocupar un lugar central en estos procesos y tener derecho a un acceso significativo, equitativo y efectivo a la justicia y la reparación. Ante las amenazas sin precedentes del último año, los mecanismos de justicia internacional han demostrado su resiliencia y determinación. No obstante, seguimos profundamente preocupados por la continua erosión de la rendición de cuentas, que pone en peligro los derechos de las víctimas y debilita el estado de derecho internacional. En muchos contextos, los esfuerzos de justicia transicional se están viendo socavados o cooptados, sin abordar las causas profundas de la violencia ni ofrecer reparación a los más afectados. Hemos sido testigos de respuestas selectivas impulsadas por intereses políticos, injerencias y ataques que amenazan la independencia, la imparcialidad y la eficacia de los órganos judiciales. La ausencia de medidas concretas y coordinadas para preservar el sistema de justicia internacional —a menudo en desafío de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional— ha permitido que las atrocidades persistan y se intensifiquen, causando un sufrimiento devastador a la población civil. En este difícil contexto, resulta aún más inspirador ver el compromiso inquebrantable de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en su lucha contra la impunidad, a pesar de los riesgos a los que se enfrentan, a veces con el precio de sus vidas. Muchos han emprendido acciones legales, documentado y denunciado atrocidades, o movilizado la solidaridad internacional y nacional a través de manifestaciones públicas. Los supervivientes, los grupos de víctimas y las comunidades afectadas han asumido la responsabilidad de liderar los esfuerzos para exigir la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición, incluso en ausencia de apoyo institucional y de la escasez de fondos. Esa determinación de que prevalezca la justicia y de que los responsables rindan cuentas debe seguir siendo nuestro principio rector común en la búsqueda de la justicia internacional. Para preservar el sistema de justicia internacional que hemos construido colectivamente durante décadas, debemos demostrar nuestro compromiso con los derechos humanos y la democracia mediante acciones firmes y audaces. Este momento exige que todas las partes interesadas —Estados y responsables de la toma de decisiones, organizaciones internacionales y actores empresariales— asuman su responsabilidad de cumplir sus obligaciones internacionales y reforzar la lucha contra la impunidad. En particular, la Iniciativa Global contra la Impunidad insta a todos los Estados a que utilicen todos los instrumentos a su alcance —jurídicos, políticos, diplomáticos y económicos— para cumplir sus compromisos y: Garantizar el acceso seguro y equitativo de las víctimas y los supervivientes de crímenes internacionales, entre otras cosas apoyando su participación significativa en los procesos judiciales y la aplicación de marcos de reparación. Esto incluye invertir en mecanismos centrados en los supervivientes y que tengan en cuenta los traumas, que vayan más allá de la consulta y permitan la creación conjunta de procesos de justicia a nivel local, nacional, regional e internacional. Adoptar medidas eficaces y coordinadas para apoyar y fortalecer de manera inequívoca las instituciones de justicia internacional y a quienes las defienden, mediante la adopción de instrumentos jurídicos y otras salvaguardias que protejan adecuadamente a estos órganos y personas, y garantizando un apoyo financiero sostenible. Apoyar a los mecanismos de rendición de cuentas y a los expertos de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por acceder a las víctimas, investigar, proteger, defender los derechos humanos y hacer justicia por los crímenes internacionales. Esto incluye adoptar una postura firme y tomar medidas, incluso mediante presión diplomática, en respuesta a las campañas de desprestigio y los ataques contra ellos. Aplicar medidas decisivas para prevenir los crímenes internacionales y las violaciones graves de los derechos humanos, así como el riesgo de complicidad a través de actividades que se benefician de su comisión, y garantizar la rendición de cuentas de todos los autores, ya sean personas, Estados o empresas. Esto incluye respetar las obligaciones jurídicas internacionales, cumplir las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional. En el Día de la Justicia Penal Internacional, la Iniciativa Global contra la Impunidad reafirma su compromiso de promover la justicia integral y la rendición de cuentas por los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, incluso mediante enfoques de justicia transicional inclusivos y arraigados en el ámbito local que desafíen la impunidad estructural y fomenten la paz y la igualdad a largo plazo, hasta que la justicia funcione, en todas partes y para todos. Acerca de la Iniciativa Global contra la Impunidad La Iniciativa Global contra la Impunidad por los crímenes internacionales: Haciendo que la justicia funcione (GIAI) es un consorcio de ocho ONG internacionales y la Coalición para la CPI, cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la impunidad apoyando un enfoque integral, integrado e inclusivo de la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes internacionales.

Democracy in Action: The Vital Role of Parliaments

Democracy in Action: The Vital Role of Parliaments

We reaffirm our unwavering commitment to strengthening democratic institutions, defending human rights, and promoting inclusive governance

On this International Day of Parliamentarism, celebrated every year on June 30, Parliamentarians for Global Action reaffirms our unwavering commitment to strengthening democratic institutions, defending human rights, and promoting inclusive governance.  As a global, cross-party network of committed legislators, we believe that democracy is not only a goal but an ongoing process that must be continually renewed, protected, and deepened. It is through active, transparent, and accountable parliaments that the will of the people is translated into laws, oversight, and meaningful public policy. At our last Annual Forum in Pakistan, parliamentarians from every region reaffirmed that democracy must be safeguarded through action, not just aspiration. On this International Day of Parliamentarism, we renew our collective resolve to build inclusive, accountable, and rights-based institutions that truly serve the people." Hon. Naveed Qamar, MP (Pakistan), President, Parliamentarians for Global Action Parliamentarians for Global Action remains dedicated to equipping parliamentarians with the tools, knowledge, and global solidarity needed to uphold democratic values and advance justice, equality, and peace. As a network that champions inclusive leadership, we actively support efforts to ensure that women and gender-diverse voices are fully represented and empowered at every level of decision-making. Achieving gender equality in parliaments is not only a matter of representation, it is essential to building laws and policies that reflect the realities of all people. Societies thrive when people are empowered to contribute, engage, and hold power to account, regardless of background, identity, or belief. Today’s observance underscores that the legitimacy of democratic systems depends on the full and equal participation of all members of society. Together with civil society organizations and partners around the world, we will continue working to ensure that parliaments remain strongholds of democracy and engines of positive change for all.  

Photo por PGA

Eventos y actividades

Consulte el calendario de reuniones internacionales y regionales convocadas por Parlamentarios para la Acción Global o en las que participamos y explore cómo puede participar.

Ver el calendario de 2025 →


Materiales y recursos

Explore nuestra amplia biblioteca de publicaciones, documentos y manuales que Parlamentarios para la Acción Global ha desarrollado y/o co-autorado.

Visite nuestra biblioteca de recursos →
lady reading a publication
Foto de Blair Fraser en Unsplash

0
Miembros Activos
0
Países
0
Campañas activas
0
Años de Operación
PGA icon

¿Por qué unirse a PGA?

Los miembros de PGA son parlamentarios en ejercicio, tanto de partidos políticos en gobierno como de la oposición, en países donde el parlamento tiene verdadera legitimidad y autoridad.
Join Parliamentarians for Global Action

Descargue nuestro folleto de afiliación

English Español français Português

Posts destacados

Congratulations to the Parliament of Papua New Guinea ???????? on its approval for accession by PNG to the Budapest Convention on Cybercrime!

— Parliamentarians for Global Action (@pga-champions.bsky.social) November 18, 2025 at 9:40 AM