Bogotá/La Haya
En históricas audiencias celebradas los días 26 y 27 de abril de 2022 en Ocaña (municipio al noreste de Colombia), 11 miembros de las Fuerzas Militares y un civil reconocieron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el macrocaso 03, también conocido como “falsos positivos”, cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
Durante las audiencias, las primeras de este tipo, un ex general del ejército, cuatro coroneles, otros cinco oficiales del ejército y un civil admitieron haber secuestrado a 120 civiles en Catatumbo (Norte de Santander) y comunidades aledañas entre el 2007 y 2008, para matarlos y posteriormente presentarlos falsamente como miembros de grupos armados que operaban en la región. Estas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por todo el territorio nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,fueron utilizadas por agentes del Estado como “estrategia” para aparentar resultados operacionales exitosos contra grupos armados beligerantes, con el fin de obtener condecoraciones, retribuciones de carácter económico y otro tipo de reconocimientos. Los llamados “falsos positivos”, se convirtieron en uno de los períodos más emblemáticos y oscuros de la historia reciente de Colombia.
Tal como lo determinó la JEP - el tribunal creado en virtud del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) -, los 11 imputados son plenamente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada según el Código Penal Colombiano y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Por primera vez, Colombia, el mundo y las víctimas de estos crímenes atroces, tuvieron la oportunidad de escuchar públicamente a los autores sobre su participación y responsabilidad en los hechos imputados. Sobre este importante acontecimiento, el miembro de PGA, el senador Iván Cepeda Castro - férreo defensor de los derechos humanos y del acuerdo de paz -, destacó que:
En un momento tan crítico para nuestro país, donde el proceso de paz que se firmó en el 2016 ha sido objeto de ataques reiterados por parte de diferentes sectores políticos y de la sociedad colombiana, las audiencias que tuvieron lugar esta semana son una muestra y un claro ejemplo de los avances significativos que está consiguiendo la Jurisdicción Especial para la Paz para esclarecer la verdad de los hechos y brindar justicia para todas las víctimas de estos crímenes internacionales.
Esto hechos constituyen un avance crítico en la materia pues, en los procesos que buscan investigar crímenes internacionales, se debe reconocer la verdad y la responsabilidad no solo para cumplir con los objetivos transicionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sino también para contribuir al restablecimiento y mantenimiento de la paz y a los procesos de reconciliación nacional. Las audiencias realizadas esta semana, por lo tanto, son la antesala a la imposición de sanciones alternativas por parte de la JEP que buscarán la rendición de cuentas, la justicia y la reparación de los daños causados a las víctimas. En caso de que la JEP considere que los autores reconocieron toda la verdad y su responsabilidad en los hechos, podrán beneficiarse de penas que tendrán una duración de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.
El esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición es un derecho inalienable de las víctimas. Lo que se prevé con esta y con próximas audiencias que llevará a cabo la JEP en los diferentes casos es buscar la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno y contribuir a esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos comeditas en el mismo. Por este motivo, es importante que el gobierno garantice el correcto funcionamiento de la JEP tal y como quedó previsto en el acuerdo de paz y en el acuerdo de cooperación recientemente firmado entre el gobierno de Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ángela María Robledo, ex miembro de PGA y ex Representante del Congreso de Colombia
A pesar de estos importantes avances, aún queda mucho por hacer. Las propias estimaciones de la JEP establecen que 6.402 civiles fueron asesinados por el ejército y presentados como bajas en combate. Así mismo, varios militares presuntamente implicados en estos crímenes siguen aún en activo y, según algunos representantes de las víctimas, no hubo un reconocimiento pleno y sustantivo de responsabilidad por parte de todos los militares que comparecieron ante la JEP ni tampoco se detalló la política institucional que dio paso a que se transmitieran las órdenes de cometer estos crímenes atroces.
Por su parte, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) acoge favorablemente este progreso hacia la justicia y la rendición de cuentas. No obstante, PGA subraya que se debe continuar aunando esfuerzos para llevar ante los tribunal es a los máximos responsables de la comisión de crímenes internacionales. Los tribunales ordinarios, los Tribunales de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz han mostrado un compromiso significativo al iniciar procedimientos nacionales de rendición de cuentas. Estos avances indican que el principio de complementariedad - piedra angular del sistema de la Corte Penal Internacional basado en la primacía de las jurisdicciones nacionales y en consideraciones de eficiencia y eficacia - está funcionando en Colombia. De hecho, PGA destaca que esto ha llevado a la Fiscalía a tomar la determinación de cerrar su examen preliminar más largo tras considerar que Colombia no se ha mostrado “ni inactivas ni incapaz de investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes que entran en el ámbito del Estatuto de Roma”.
Por lo tanto, PGA insta a otros Estados bajo examen preliminar o investigación a que sigan cooperando con la CPI y adopten todas las medidas necesarias para prevenir e investigar la comisión de los crímenes que son de su competencia, a saber, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Además, insta a los Estados a:
- promulgar e implementar leyes que sean coherentes con las normas jurídicas internacionales para cumplir con el objetivo general de poner fin a la impunidad;
- adoptar legislación en materia de cooperación con la CPI ya que éstas pueden aumentar la seguridad jurídica tanto para los Estados Partes como para la Corte; y
- adoptar medidas para ratificar todas las enmiendas del Estatuto de Roma.
