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La retirada oficial de Venezuela del Estatuto de Roma supone un grave revés para la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia de las víctimas y los supervivientes.
La retirada de Chad socava de manera significativa los considerables esfuerzos realizados por los miembros de nuestra organización para dar a conocer el sistema del Estatuto de Roma y promover su aplicación a nivel nacional.
Cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar los crímenes más graves, la justicia internacional ayuda a garantizar que nadie escape a la justicia.