Abogando por la rendición de cuentas ante amenazas sin precedentes
La justicia internacional se enfrenta a amenazas sin precedentes en medio de la escalada de conflictos armados y atrocidades masivas. En particular, la Corte Penal Internacional está sujeta a sanciones que ponen en peligro su labor fundamental en favor de las víctimas, mientras que un Estado parte, Hungría, ha decidido retirarse del Estatuto de Roma, lo que socava aún más el estado de derecho dentro de sus fronteras y en toda la Unión Europea.
En este difícil contexto, el papel de los parlamentarios es indispensable, ya que pueden alzar la voz y adoptar medidas decisivas para proteger los derechos de las víctimas. Conscientes de este momento crítico, la Campaña del Estatuto de Roma de Parlamentarios para la Acción Global ha intensificado sus esfuerzos para promover la rendición de cuentas y fortalecer el sistema del Estatuto de Roma. En los últimos seis meses, hemos emitido declaraciones, organizado y participado en eventos cruciales y facilitado visitas parlamentarias a La Haya, instando repetidamente a las partes interesadas a que adopten medidas concretas para defender el sistema del Estatuto de Roma y participar en la lucha contra la impunidad.
Paralelamente, estamos preparando la sesión especial de la Asamblea de los Estados Partes (7-9 de julio de 2025), en la que los Estados examinarán las enmiendas relativas al crimen de agresión. Cerrar la brecha de rendición de cuentas, algo por lo que llevamos mucho tiempo abogando, es esencial para hacer justicia a las víctimas del uso ilícito de la fuerza. Esto significa garantizar que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión esté plenamente alineada con su mandato de enjuiciar e investigar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Parlamentarios para la Acción Global hace un llamamiento a sus miembros para que colaboren con sus gobiernos a fin de garantizar que no se pierda esta oportunidad crucial. Juntos podemos fortalecer el marco mundial de rendición de cuentas, promover el derecho internacional y defender los derechos de las víctimas.
En esta 11.ª edición encontrarán:
Logros prometedores en medio de desafíos sin precedentes
El año 2025 comenzó con un espíritu especialmente prometedor para la lucha contra la impunidad: el 1 de enero, Ucrania se convirtió oficialmente en el 125º Estado Parte del Estatuto de Roma. Este hito, resultado de los esfuerzos sostenidos de los miembros de la PGA, refleja que los procesos de paz nunca deben lograrse a expensas de la rendición de cuentas. Al conmemorar tres años de guerra a gran escala en Ucrania, la Dra. Galyna Mykhailiuk, diputada (Ucrania) y miembro del Comité Ejecutivo de la PGA, afirmó: «No puede haber paz sin justicia, y para que esto sea posible, los responsables deben rendir cuentas, incluso por el delito de agresión».
Sin embargo, los retos mundiales se han intensificado en los últimos seis meses. El 19 de febrero, la PGA expresó su grave preocupación por la escalada de violencia en la República Democrática del Congo (RDC). La población civil lleva mucho tiempo sufriendo atrocidades, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. La honorable Christelle Vuanga, diputada (RDC) y miembro de la PGA, pidió que se tomaran medidas urgentes: «Debemos romper el ciclo de impunidad […]. La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones y brindar apoyo y solidaridad a la República Democrática del Congo, actuando con decisión para proteger a los civiles, apoyar a los supervivientes y trabajar en pro de una paz justa y duradera».
Mientras tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido objeto de amenazas sin precedentes, entre ellas órdenes de detención de la Federación de Rusia contra funcionarios de la Corte, ciberataques y campañas de intimidación. En febrero de 2025, el Gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones contra el Fiscal de la CPI y, posteriormente, las amplió a cuatro jueces en junio de 2025. Con el fin de dar a conocer estas presiones, la PGA copatrocinó un acto de alto nivel titulado «Más allá de la retórica: el papel de la UE en la defensa de la justicia internacional», que se celebró el 6 de marzo en el Parlamento Europeo. En esta ocasión, el secretario de la CPI destacó la contribución de la CPI a un mundo en el que los responsables rinden cuentas, porque «la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de la justicia». Los participantes, entre los que se encontraba Juan Fernando López Aguilar, diputado del Parlamento Europeo y miembro del PGA, se sumaron a los llamamientos para instar a la Unión Europea a que adopte medidas concretas para proteger a la Corte, entre otras cosas activando el Estatuto de Bloqueo.
Estas amenazas volvieron a ser el centro de atención durante el Día de la Unión Europea contra la Impunidad, celebrado el 23 de mayo. La Iniciativa Global contra la Impunidad, que incluye a Parlamentarios para la Acción Global, hizo un llamamiento urgente a la Unión Europea para que adopte medidas que impidan de manera decisiva la erosión de la rendición de cuentas y defiendan los derechos de las víctimas. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil firmaron la declaración conjunta.A estos retos se suma que, el 2 de junio, Hungría depositó formalmente su instrumento de retirada del Estatuto de Roma, lo que supone un grave revés para la lucha contra la impunidad en Europa. Si bien este acontecimiento forma «parte de un patrón más amplio de retroceso democrático» en el país, según ha señalado Tineke Strik, diputada del Parlamento Europeo y miembro de la PGA, esta decisión debilita los mecanismos de rendición de cuentas y corre el riesgo de envalentonar a quienes ignoran el Estado de derecho. La retirada de Hungría entrará en vigor dentro de un año, concretamente el 2 de junio de 2026. En respuesta, los miembros de PGA han pedido a sus gobiernos que adopten una posición clara con respecto al retroceso democrático de Hungría.
Fomentar el apoyo a la universalidad
La ampliación de la ratificación del Estatuto de Roma sigue siendo el objetivo central de la campaña de Parlamentarios para la Acción Global. Los días 22 y 23 de enero, la secretaría facilitó, por segunda vez, la visita de una delegación de diputados somalíes a La Haya para profundizar en la comprensión del papel de la CPI. A pesar de que la inestabilidad política en el país retrasa los avances, los parlamentarios somalíes reiteraron su compromiso con la ratificación, y Parlamentarios para la Acción Global está dispuesta a apoyar sus esfuerzos para lograrlo.
El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 7 de marzo, la Campaña por el Estatuto de Roma y la Campaña por la Renovación Democrática y los Derechos Humanos hicieron un llamamiento conjunto para eliminar todos los obstáculos a la participación de las mujeres en la vida pública. En esta ocasión, los diputados afganos en el exilio destacaron la opresión sistemática de las mujeres por parte de los talibanes, describiéndola como un «apartheid de género» institucionalizado. Reconocer esta realidad es fundamental para los esfuerzos de rendición de cuentas, que deben adoptar un enfoque centrado en las sobrevivientes y con perspectiva de género.
Estas cuestiones se pusieron aún más de relieve durante una mesa redonda de alto nivel celebrada el 19 de junio, organizada por el Senado de los Países Bajos. Parlamentarios afganos en el exilio, defensores de los derechos humanos afganos, senadores neerlandeses, expertos internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de diversos países debatieron estrategias para mantener a Afganistán en la agenda internacional y buscar justicia para las mujeres afganas, entre otras cosas mediante la tipificación del delito de apartheid de género. La secretaria general de la PGA, Mónica Adame, destacó que los parlamentarios de todo el mundo tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de la rendición de cuentas, entre otras cosas abogando por que sus países presenten la causa contra Afganistán ante la Corte Internacional de Justicia.
Avances en materia de rendición de cuentas
A pesar de los retos, se dieron pasos significativos para reforzar la rendición de cuentas. Del 15 al 16 de enero, la PGA participó en el Primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra. Con solo 77 Estados parte en la Convención, el Congreso pidió que se renovaran los esfuerzos para promover su ratificación universal. Los miembros de Parlamentarios para la Acción Global, el Sr. Vladimir Vardanyan, diputado (Armenia), y el senador Boris Dittrich (Países Bajos), destacaron el papel fundamental de los parlamentarios para impulsar un cambio positivo.
Otro hito se produjo cuando las autoridades filipinas lograron detener al expresidente Rodrigo Duterte y trasladarlo a la CPI el 11 de marzo. El Sr. Duterte se enfrenta a cargos como presunto coautor indirecto de crímenes contra la humanidad, relacionados con miles de ejecuciones extrajudiciales durante su «guerra contra las drogas». La senadora Leila de Lima, diputada (Filipinas) y miembro de la PGA, que fue injustamente encarcelada durante casi siete años por oponerse a las políticas de Duterte, reflexionó: «No se trata de venganza. Se trata de que la justicia finalmente siga su curso».
En los últimos meses, la secretaría de Parlamentarios para la Acción Global ha intensificado su labor de promoción antes de la próxima sesión especial sobre la revisión de las enmiendas al delito de agresión, prevista para los días 7 a 9 de julio de 2025 en Nueva York.
Esta sesión ofrece una oportunidad única para armonizar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el delito de agresión con la de los otros tres delitos de los que es competente la Corte: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, una cuestión por la que PGA lleva mucho tiempo abogando.
Desde que se activó el crimen de agresión en 2018, la Corte Penal Internacional está facultada para enjuiciar a los líderes políticos y militares por las formas más graves de uso ilícito de la fuerza. Este mandato es cada vez más importante, ya que el orden internacional se ve socavado por un número creciente de violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario.
Sin embargo, el actual régimen jurisdiccional sigue siendo muy restrictivo. La Corte Penal Internacional no puede ejercer su jurisdicción sobre actos de agresión en los que estén involucrados Estados que no son partes en el Estatuto de Roma, ni siquiera Estados partes que no hayan aceptado formalmente la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión. Esto es así incluso cuando la víctima es un Estado parte. Esta limitación ha creado un grave vacío de responsabilidad, negando efectivamente la justicia a muchas víctimas.
Ante el resurgimiento de las guerras agresivas, es de suma importancia reforzar la rendición de cuentas por el crimen de agresión, y esta sesión especial ofrece una oportunidad crucial para fortalecer el marco jurídico internacional destinado a prevenir y castigar los actos de agresión. Parlamentarios para la Acción Global hace un llamamiento a todos sus miembros para que colaboren con sus gobiernos a fin de aprovechar este momento.
Su voz y su acción son urgentemente necesarias para ayudar a promover una mayor rendición de cuentas y cambiar esta dinámica. En el período previo a la sesión especial, les instamos encarecidamente a que se pongan en contacto con su Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Insten a su gobierno a que confirme su participación en la sesión especial de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
- Abogar por el apoyo a la armonización de la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión con la de los otros tres crímenes fundamentales, en particular respaldando la propuesta de enmienda presentada por Costa Rica, Alemania, Sierra Leona, Eslovenia y Vanuatu.
- Abogar por que la enmienda entre en vigor siguiendo el mismo procedimiento que las enmiendas originales de Kampala relativas al crimen de agresión, a través del artículo 121, apartado 5, del Estatuto de Roma, que regula la entrada en vigor de las enmiendas relativas a los crímenes fundamentales, incluido el crimen de agresión.
Cualquier otro procedimiento sugerido, como el del artículo 121(4) del Estatuto de Roma, tal y como proponen algunos Estados, haría que la entrada en vigor fuera poco realista, ya que requiere que 7/8 Estados ratifiquen la enmienda para que entre en vigor, lo que actualmente supondría 109 Estados. Por lo tanto, tal medida es inviable y, lo que es más importante, jurídicamente innecesaria.
Si desean tomar medidas o necesitan ayuda, la Secretaría está dispuesta a apoyar sus esfuerzos.


