Noticias sobre Justicia Internacional - Marzo 2025
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Destacado
Rusia, Ucrania
Un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania ha descubierto que el uso «generalizado y sistemático» por parte de Rusia de desapariciones forzadas y tortura de ucranianos constituye un crimen contra la humanidad. El informe se presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 19 de marzo de 2025.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto visitar Hungría el 2 de abril de 2025, a pesar de la orden de detención de la CPI, para reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y otros funcionarios antes de regresar a Israel el 6 de abril de 2025.
El destacado activista David Yambio ha advertido a la Corte Penal Internacional de que su teléfono móvil fue blanco de un software espía mercenario mientras proporcionaba información confidencial sobre víctimas de tortura en Libia. Esto plantea dudas sobre si una agencia gubernamental con acceso a software espía de grado militar puede haber estado tratando de interferir en los procedimientos de la CPI.
El 19 de marzo de 2025, la presidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza Tomoko Akane, se reunió con la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y la Comisión de Asuntos Jurídicos para debatir los desafíos de la CPI y el impacto de las sanciones de EE.UU. Instó enérgicamente a la UE a que tomara medidas inmediatas para proteger la Corte y el Estado de Derecho, incluso mediante la modificación del estatuto de bloqueo de la UE.
El 20 de marzo de 2025, organizaciones de derechos humanos bielorrusas e internacionales presentaron pruebas de posibles crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades bielorrusas desde mayo de 2020 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
El 21 de marzo de 2025, los expertos jurídicos del Grupo Central completaron el trabajo técnico sobre tres borradores de documentos para el establecimiento del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, que se someterán a consideración política.
El 24 de marzo de 2025, el Reino Unido impuso sanciones a cuatro personas implicadas en atrocidades durante la guerra civil de Sri Lanka. Entre ellas se encuentran el general retirado Shavendra Silva y el excomandante de la Marina Wasantha Karannagoda. Las medidas incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos.
El 18 de marzo de 2025, el Centro Internacional para la Justicia de los Palestinos (ICJP) lanzó Global 195, una iniciativa para hacer responsable a Israel de los crímenes de guerra en Gaza y permitir el enjuiciamiento de los sospechosos de crímenes de guerra en todo el mundo.
La Corte Internacional de Justicia ha fijado el 10 de abril de 2025 como fecha para la audiencia entre Sudán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Sudán ha acusado a los EAU de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) rebeldes y de hacerlos «cómplices del genocidio de los masalit», un grupo étnico no árabe que es objeto de una violencia brutal en la región de Darfur.
El 11 de marzo de 2025, el gobierno filipino detuvo al expresidente Rodrigo Duterte en el aeropuerto principal de Manila tras recibir una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) que lo acusaba de crímenes contra la humanidad. La CPI está investigando la brutal ofensiva antidroga de Duterte, que ha matado a más de 6.000 personas según datos policiales.
El 7 de marzo de 2025, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) puso en marcha una consulta pública sobre su proyecto de política sobre delitos cibernéticos en virtud del Estatuto de Roma. La Fiscalía anima a las partes interesadas, incluidos los Estados Partes, la sociedad civil y las organizaciones con experiencia en este ámbito, a que presenten sus observaciones antes del 30 de mayo de 2025.
El 9 de marzo de 2025, la presidencia siria anunció la formación de una comisión nacional independiente para investigar los incidentes violentos en Latakia y Tartus por parte de los restos del régimen de Assad.
El 12 de marzo de 2025, el Congreso de Perú aprobó una controvertida ley contra las ONG que impone restricciones a la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para iniciar acciones legales contra el Estado por abusos de los derechos humanos. La ley ha sido objeto de importantes críticas debido a sus implicaciones potencialmente de gran alcance para la defensa legal de las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
El 3 de marzo de 2025, la Corte Internacional de Justicia nombró a Yuji Iwasawa como su nuevo presidente, sucediendo a Nawaf Salam, el nuevo primer ministro del Líbano. Iwasawa, profesor de derecho internacional en la Universidad de Tokio y presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigirá la corte hasta que expire su mandato en 2027.
El 5 de marzo de 2025, Sudán presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares de Sudán en la guerra civil, acusándolos de complicidad en el genocidio de la comunidad masalit en Darfur Occidental.
El 12 de marzo de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que había recibido 45 comunicaciones escritas de Estados y organizaciones internacionales en relación con las obligaciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Las audiencias públicas se celebrarán en el Palacio de la Paz de La Haya el 28 de abril de 2025.
El 14 de marzo de 2025, Rodrigo Roa Duterte, sospechoso de asesinato en Filipinas, compareció ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional a través de un enlace de video desde el Centro de Detención de la CPI. La audiencia de confirmación de cargos está programada para el 23 de septiembre de 2025, para determinar si existen pruebas suficientes que establezcan motivos sustanciales para los crímenes.
El 14 de marzo de 2025, un tribunal de distrito finlandés condenó al ciudadano ruso Voislav Torden a cadena perpetua en Finlandia por crímenes de guerra cometidos contra soldados ucranianos en 2014. Esta es la primera vez que un tribunal finlandés condena a alguien por crímenes de guerra en Ucrania.
