Noticias sobre Justicia Internacional - Julio 2025
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Destacado
CIJ
El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva histórica que aclara las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. El tribunal subrayó que garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos exige proteger el sistema climático y otras partes del medio ambiente.
El 16 de julio de 2025, Khaled Mohamed Ali El Hishri, sospechoso de crímenes de guerra en Libia, fue detenido en Alemania en virtud de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional. Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas PGA, acogieron con satisfacción la detención e instaron a los Estados a entregar sin demora a los sospechosos y a cooperar plenamente con la investigación de la CPI sobre Libia.
El 24 de julio de 2025, los jueces de la Corte Penal Internacional remitieron a Hungría a su órgano de supervisión por no detener al primer ministro israelí Netanyahu durante su visita a Budapest en abril.
El 22 de julio de 2025, más de 100 abogados franceses solicitaron que el fiscal de la Corte Penal Internacional investigue a miembros del ejecutivo francés, incluidos el presidente, el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y 19 legisladores, por complicidad en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos por las fuerzas israelíes contra los palestinos. Los abogados sostienen que estos funcionarios han proporcionado a Israel apoyo militar, político, económico, diplomático y propagandístico.
El 31 de julio de 2025, Physicians for Human Rights y la Organización para la Justicia y la Rendición de Cuentas en el Cuerno de África publicaron los resultados de una investigación que indica que las fuerzas etíopes y eritreas han cometido violaciones masivas, embarazos forzados, esclavitud sexual y tortura sexual de mujeres y niños en Tigray, lo que constituye crímenes contra la humanidad.
El 16 de julio de 2025, los jueces de la Corte Penal Internacional rechazaron la petición de Israel de retirar las órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás Ibrahim al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
El 18 de julio de 2025, la jueza de distrito estadounidense Nancy Torresen determinó que la orden ejecutiva del presidente Trump dirigida contra quienes trabajan con la Corte Penal Internacional es probablemente una violación de la Primera Enmienda. La juez Torreson protegió a dos activistas de derechos humanos estadounidenses de cualquier sanción por violar la orden, afirmando que restringe la actividad basada en el discurso más allá de sus objetivos declarados.
El 23 de julio de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil anunció que está ultimando una intervención formal ante la Corte Internacional de Justicia, uniéndose al caso de Sudáfrica que alega que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.
El 24 de julio de 2025, la Corte Penal Internacional declaró a dos antiguos líderes de la milicia Anti-Balaka de la República Centroafricana culpables de múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los señores Ngaïssona y Yekatom fueron declarados culpables de dirigir y facilitar ataques contra civiles en Bangui durante la guerra civil de 2013-14. Fueron condenados a 15 y 12 años de prisión, respectivamente.
Del 7 al 9 de julio de 2025, la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional celebró una sesión extraordinaria para examinar las enmiendas al delito de agresión, que dio lugar a la adopción por consenso de la resolución ICC-ASP/S-1/Res.1. Durante la sesión, más de 85 organizaciones de la sociedad civil instaron a los Estados Partes a armonizar la jurisdicción de la CPI sobre el delito de agresión.
El 8 de julio de 2025, funcionarios de la ONU y supervivientes conmemoraron el 30.º aniversario del genocidio de Srebrenica de 1995 y pidieron verdad, justicia y vigilancia.
El 9 de julio de 2025, Estados Unidos impuso sanciones a la relatora especial de la ONU Francesca Albanese por colaborar con la Corte Penal Internacional sin el consentimiento de Estados Unidos ni de Israel. Amnistía Internacional denunció las sanciones como una amenaza significativa para la justicia internacional y el orden basado en normas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, instó a que se revocaran de inmediato las sanciones y se pusiera fin a los ataques y amenazas contra los titulares de mandatos de los procedimientos especiales y la CPI.
El 10 de julio de 2025, durante una reunión de la Asamblea de los Estados Partes, un asesor jurídico del Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a la Corte Penal Internacional que pusiera fin a todas las investigaciones y órdenes de detención contra Israel. Advirtió que, de lo contrario, los Estados Unidos utilizarían todos los instrumentos diplomáticos, políticos y jurídicos a su alcance para impedir que la CPI se extralimitara en sus funciones.
El 15 de julio de 2025, Amnistía Internacional informó de que las autoridades venezolanas están cometiendo desapariciones forzadas como parte de un ataque sistemático contra la población civil. El último informe de la organización concluye que estas graves violaciones de los derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad.
El 14 de julio de 2025, The Guardian informó de que un grupo multipartidista de abogados, políticos y académicos está estudiando un proyecto de ley para tipificar el genocidio como delito, con el fin de prevenirlo y animar al Gobierno británico a que la prevención de atrocidades sea una prioridad más clara para el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El 8 de julio de 2025, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI dictó órdenes de detención contra dos altos dirigentes talibanes, el Sr. Haibatullah Akhundzada y el Sr. Abdul Hakim Haqqani, por presunta persecución de mujeres y niñas en Afganistán por motivos de género y políticos.
El 11 de julio de 2025, la fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que actualmente se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región occidental de Darfur, en Sudán. Los investigadores de la CPI han recopilado más de 7000 pruebas documentales, testimoniales y digitales, y se han comprometido a garantizar que se haga justicia a los responsables.
