La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.
La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.
La pena de muerte no tiene un efecto disuasorio frente al delito: no hay pruebas de que los Estados que aplican la pena capital tengan índices de delincuencia más bajos, ni de que los índices de delincuencia aumenten cuando se suprime la pena de muerte. Al contrario, los estudios demuestran que es la amenaza de ser detenido y sancionado, más que la severidad de la sanción en sí, el factor clave en la prevención de la delincuencia.
La pena de muerte afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y, en particular, a las minorías, las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad mental y otros grupos ya marginados. En algunos países, la pena de muerte puede utilizarse como instrumento de represión política.
Ningún sistema judicial es inmune al error: incluso cuando el debido proceso y todas las garantías judiciales se aplican y respetan debidamente, es imposible garantizar que nuevas pruebas no revelen que se ha ejecutado a una persona inocente.
El sistema judicial no debería tener derecho a matar: la pena de muerte no es ética y es moralmente incorrecta. Llevar a cabo ejecuciones viola el derecho a la vida de los condenados y les priva de cualquier posibilidad de rehabilitación y futura contribución a la sociedad.
Por ello, cada año, son más los países que deciden abolir la pena de muerte, reforzando así la tendencia global a favor de poner fin definitivamente a este cruel castigo. El avance del movimiento abolicionista se tradujo, en particular, en un apoyo sin precedentes a la novena resolución de la ONU para una moratoria universal del uso de la pena de muerte. Este instrumento crucial para hacer avanzar las normas internacionales fue adoptado el 15 de diciembre por una mayoría histórica de 125 Estados a favor.
A pesar del creciente aislamiento de Estados que aún emplean la pena de muerte, las ejecuciones en todo el mundo han aumentado significativamente en 2022. Amnistía Internacional informó de que, en 2022, fueron ejecutadas al menos 883 personas (excluida China, donde las cifras se mantienen en secreto), lo que supone la cifra más alta desde 2017 (993 - excluida China). Resulta alarmante que el 93% de estas ejecuciones registradas se produjeran en la región de Oriente Medio y Norte de África, especialmente en Irán (más de 576 ejecuciones registradas) y Arabia Saudí (196 ejecuciones registradas).
Además, y en contra de la tendencia mundial, algunos Estados que habían abolido o aplicado desde hace tiempo una moratoria sobre la pena de muerte, están yendo en contra de esta tendencia abolicionista. Así, en muchos países se alzan voces que abogan por el endurecimiento de las condenas penales y el restablecimiento de la pena capital.
En este contexto, es responsabilidad del movimiento abolicionista intensificar sus esfuerzos para lograr la abolición universal de la pena de muerte.
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A mayo de 2023. Fuente: Amnesty International
* Países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes pero que no han ejecutado a nadie en los últimos 10 años o más.
En 2013, PGA lanzó su Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte. El objetivo de la campaña es garantizar que se respete el derecho a la vida y promover sistemas de justicia basados en el Estado de Derecho en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, en particular la meta 16.3. Los parlamentarios tienen un papel crucial que desempeñar en el movimiento para restringir el uso de la pena de muerte y, en última instancia, abolirla mediante la elaboración de leyes, la deliberación sobre las políticas nacionales y la sensibilización de la opinión pública.
Para ello, PGA ayuda a sus miembros tanto de países retencionistas como abolicionistas y adopta un enfoque gradual para avanzar hacia el abolicionismo en el país, que incluye:
Hasta la fecha, PGA ha movilizado con éxito a parlamentarios de aproximadamente 30 países. A lo largo de los años, los miembros de PGA han
"One of the most common misconceptions on death penalty is that it deters people from committing crimes (...). That is simply not supported by studies," PGA member Hon. @DorcasSibanda7 on why Parliament of Zimbabwe should abolish the death penalty. https://t.co/kcp1VaP5HD
— Parliamentarians for Global Action (@PGAction) April 1, 2020
Los miembros de PGA participan cada tres años en el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte organizado por EPCM (disponible en inglés)
Apoyados por una Secretaría experta, los miembros de PGA trabajan juntos para educar, sensibilizar, crear capacidad técnica y reforzar la voluntad política de los parlamentarios para lograr los objetivos de la campaña a través de iniciativas legislativas y políticas concretas. PGA trabaja con parlamentarios individuales en sus contextos nacionales a través de estrategias específicas para cada país, aprovechando esa capacidad con redes internacionales para facilitar las conexiones entre los parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, responsables políticos nacionales e internacionales y otras partes interesadas.
It is with profound concern that PGA became aware this morning of the communication of a circular from the Ministry of Justice of the Democratic Republic of the Congo formalizing the decision to lift the moratorium on the death penalty in the country.
The ratification comes 2.5 years after the ratification of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), aiming at the abolition of the death penalty (ICCPR-OP2) by the Government of Armenia which took place on 18 March 2021.
Capital punishment constitutes a grave violation of international standards and human rights law, as it inflicts torture and other forms of ill-treatment on death row inmates – the prohibition of which is nevertheless a peremptory norm of international law.