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On 11 June 2012, the Ministers of Foreign Affairs of the Union of South American Nations (UNASUR) called upon all States Parties to ratify the amendments adopted in Kampala.

Los miembros de PGA en la República Centroafricana han estado trabajando en el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra la impunidad en el país desde el 2009.

Comoros, a signatory of the Rome Statute, deposited at the UN its instrument of ratification of the Rome Statute on 18 August 2006, as a result of PGA Members in the Parliament of Comoros.

Congo (Brazzaville) signed the Rome Statute on 17 July 1998, and ratified on 3 May 2004, becoming the 94th state party.

PGA se enorgullece especialmente de su continuo apoyo a las iniciativas tomadas por sus Miembros en Colombia y los felicita por adoptar leyes progresistas que contribuyen a crear un orden internacional reglamentado para un mundo más equitativo, seguro y democrático.

Los miembros de PGA en Costa de Marfil han promovido la lucha contra la impunidad desde 2001. Estos esfuerzos dieron lugar a la ratificación del Estatuto de Roma en el 2012 y a la adopción una legislación de implementación en el 2015.

Cook Islands acceded to the Rome Statute on July 18th, 2008 becoming the 108th State Party to the ICC.

On 21 July 2009, Czechia deposited the Instrument of Ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) at the United Nations in New York.

Los miembros de PGA en la República Democrática del Congo, tanto en el Parlamento Nacional como en las Asambleas Provinciales, se han movilizado para promover la lucha contra la impunidad desde 2006.

Denmark signed the Rome Statute on 25 September 1998. Denmark ratified on 21 June 2001, becoming the 35th State Party.

PGA has a long and solid partnership history with the Dominican Republic, a state party to the Rome Statute, of promoting the fight against impunity for the most serious crimes of international concern.

Tras la ratificación del Estatuto, la prioridad de PGA en Ecuador ha sido la adopción de una legislación nacional completa que contenga los crímenes y principios básicos incluidos en el Estatuto de Roma, así como disposiciones para establecer un mecanismo nacional que cumpla la obligación de cooperación con la CPI.