Fila superior: Hble. Rozaina Adam (Maldivas); Dra. Hannah Neumann (Alemania) Foto: Parlamento Europeo / Daina Le Lardic; Margareta Cederfelt, (Suecia); Segunda fila: Hble. Dorcas Sibanda (Zimbabue); Senadora Leila de Lima (Filipinas); Fila inferior: Joana Mamombe (Zimbabue); Dip. Karina Sosa (El Salvador); Alexandria Ocasio-Cortez, Rep. (Estados Unidos) Foto: Ståle Grut/NRKbeta.
Desafortunadamente, hemos visto un incremento de graves violaciones de derechos humanos y ataques a nuestras instituciones democráticas durante la pandemia de covid-19 y, en particular, un aumento preocupante de discriminación y violencia política contra las mujeres y los más vulnerables. Hoy, como miembros de parlamentos de todo el mundo, nos unimos para denunciar la persecución, el sexismo, el acoso y todas las demás formas de discriminación y violencia contra las mujeres parlamentarias de todo el mundo.
La violencia, en cualquiera de sus formas, debe evitar ser utilizada como herramienta para reprimir a las mujeres y a quienes participan en los espacios políticos. El desequilibrio y la desigualdad de género, y los ataques a las mujeres, debilitan nuestra capacidad para construir democracias más fuertes y sociedades más resilientes. Dra. Hannah Neumann, europarlamentaria de Alemania,
Cofundadora del Equipo Parlamentario de Respuesta Rápida (EPRR)
Según un reciente informe (disponible únicamente en inglés), la existencia y prevalencia del sexismo, la misoginia, el retroceso democrático y el autoritarismo han creado un terreno fértil para la institucionalización de la violencia contra las mujeres en la política y las defensoras de derechos humanos. La violencia contra las mujeres en la política puede ser física, verbal, sexual, y/o económica; manifestándose en secuestros, acoso, arrestos arbitrarios, violaciones y ataques públicos y por internet. En un importante número de casos, dichos ataques han resultado en agresiones físicas, e incluso, en la muerte. La lucha por la plena participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones políticas y la promoción de sus derechos integrales ha tenido un gran costo para las mujeres, en particular para aquellas quienes se movilizan en los parlamentos con el fin de adoptar medidas necesarias para eliminar cualquier tipo de violencia en su contra. La pandemia, también ha servido como excusa, en varias ocasiones, para restringir la capacidad de las mujeres de ejercer el derecho de reunión y otros derechos civiles y políticos, especialmente cuando protestan contra políticas estatales que son injustas y violan los derechos fundamentales.
Mujeres políticas de todo el mundo, víctimas de estos ataques, han visto como sus casos han quedado impunes. El caso de la senadora filipina Leila de Lima, miembro de Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por su sigla en inglés), es un ejemplo claro de ello. La senadora de Lima, una mujer valiente y defensora de los derechos humanos que ha condenado públicamente a su gobierno, se ha visto perseguida, difamada y encarcelada bajo acusaciones falsas. En múltiples ocasiones (artículos disponibles en inglés), la membresía global de PGA ha pedido al gobierno del presidente Duterte que libere a la senadora de Lima de la prisión donde se encuentra detenida desde hace más de cuatro años. A pesar de los esfuerzos y la condena internacional, la senadora de Lima continúa privada arbitrariamente de su derecho fundamental a la libertad.
En julio de 2020, la congresista estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez no sólo recibió insultos sexistas por parte del congresista republicano Ted Yoho, sino que también admitió públicamente que era una sobreviviente de una agresión sexual. La asambleísta Soledad Buendía, ex presidenta del Grupo Nacional de PGA en el Ecuador y defensora de los derechos humanos, aún permanece en exilio luego de recibir varias amenazas de muerte, agresiones publicas a través de diferentes medios de comunicación, persecución política y graves violaciones a su integridad física y psicológica.
Como mujer y legisladora, no puedo sentirme más identificada y conectada con todos estos casos en los que hemos visto un abuso absoluto de poder que proviene de las instituciones políticas de nuestros países. Los despreciables actos de humillación e intimidación contra las mujeres parlamentarias son, en particular, de lo que debemos abstenernos rotundamente como representantes del pueblo. Hay conductas morales y democráticas que debemos respetar independientemente de nuestras diferencias políticas. Los comportamientos contrarios, no solo obstaculizan lo que como mujeres hemos logrado en términos de igualdad de género, sino que también dañan los fundamentos más intrínsecos de nuestras democracias y el Estado de Derecho. Hble. Rozaina Adam, parlamentaria de Maldivas,
Presidenta del EPRR
Notablemente, la pandemia causada por el covid-19 ha provocado un incremente de la violencia que sufren las mujeres parlamentarias a través de las redes sociales y otras plataformas virtuales. En una declaración a principios de este año, la legisladora del Reino Unido Sra. Maria Miller, admitió (artículo en inglés) que, como diputada, “ha tenido que acostumbrarse a un bombardeo constante de abuso verbal proveniente de estas plataformas virtuales, que incluyen, entre otras, amenazas de violación y asesinato.” Así mismo, señaló que el suyo no es un caso aislado, ya que “[m]uchas colegas de toda la Cámara son atacadas rutinariamente con comentarios abusivos, sexistas y amenazantes. Tal como ha demostrado Amnistía Internacional, las parlamentarias negras tienen aún más probabilidades de ser sometidas a abusos inaceptables e ilegales.” El 9 de marzo de 2021, Roberto Carlos Silva, un conocido “YouTuber” y activista del partido político Nuevas Ideas en El Salvador, fue recientemente detenido después de hostigar, amenazar físicamente y proferir un discurso violento en contra de la ex miembro de la Junta Directiva de PGA diputada Karina Sosa.
En Bielorrusia, la principal campaña presidencial de oposición ejercida por la candidata Sviatlana Tsikhanouskaya en plena pandemia, constituyó uno de los mayores desafíos para la reelección de Alexander Lukashenko. El presidente Lukashenko no solo atacó deliberadamente a la Sra. Tsikhanouskaya, sino también a mujeres activistas, políticas y a sus familiares, mientras las amenazaba con graves represalias en función de su género, incluyendo su sometimiento a actos de violencia sexual. La Fundación Internacional para Sistemas Electorales, ha determinado que “la violencia contra las mujeres durante las elecciones es una amenaza grave para la integridad de los procesos electorales: puede afectar a la participación de las mujeres como votantes, candidatas, funcionarias electorales, activistas y lideresas de partidos políticos, y socava el proceso democrático libre, justo e inclusivo.”
Lamentablemente, y a pesar del lento avance en la promoción de la igualdad de género y la participación igualitaria de las mujeres en los parlamentos, estos ataques continúan con una preocupante tendencia hacia la sistematización de conductas discriminatorias. En marzo de 2020, la Corte Suprema de Zimbabue dictaminó que el ascenso a ciertos puestos de poder del partido de la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, era irregular. Con la sentencia de la Corte como justificación, el Gobierno y otros partidos políticos destituyeron unilateralmente del Parlamento a diputados y diputadas de la oposición, incluida la presidenta del Grupo Nacional de PGA en Zimbabue Hble. Dorcas Sibanda.
Aunado a esto, el 26 de abril de 2021, el Equipo Parlamentario de Respuesta Rápida (EPRR) de PGA recibió una remisión urgente sobre la situación de tortura, abuso sexual y otras violaciones graves de los derechos humanos contra parlamentarias y activistas del Movimiento por el Cambio Democrático en Zimbabue. El caso hace referencia a la legisladora Hble. Joana Mamombe y las activistas del ala juvenil del partido, Cecilia Chimbiri y Netsai Marova, quienes el año pasado fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad tras asistir a una protesta que se realizó durante el confinamiento por la covid-19.Según su testimonio, la policía las torturó y las agredió sexualmente, arrojándolas después en una zona rural donde las encontraron gravemente heridas y traumatizadas. Tras hacer públicos estos hechos, fueron detenidas por fingir su secuestro y tortura y posteriormente fueron puestas bajo prisión preventiva.
Este no ha sido el único caso en el que las tres mujeres han sido detenidas. En febrero de este año, la legisladora Mamombe y las activistas Chimbiri y Marova fueron nuevamente detenidas por violar las medidas de contención de la covid-19. Mientras estaba en prisión, la parlamentaria Mamombe fue trasladada al hospital por presentar un agudo dolor de estómago. Sin embargo, a pesar de su condición crítica, los agentes la forzaron a salir del hospital (artículo en inglés) sin previa autorización de los médicos. Luego de múltiples comparecencias ante los tribunales y solicitudes de fianza denegadas repetidamente, el 5 de mayo de 2021, la parlamentaria Mamombe y la Sra. Chimbiri finalmente fueron puestas en libertad bajo una fianza de 20.000 dólares zimbabuenses (artículo disponible en inglés) cada una, a condición de no interferir con testigos, continuar residiendo en sus respectivas casas y evitar cualquier tipo de reunión que supere las 50 personas.
El grave retroceso democrático en Zimbabue ha llamado la atención de la comunidad internacional. El año pasado, las Naciones Unidas emitieron una declaración en la que pedían a las autoridades que procesaran a los perpetradores y pusieran fin a los secuestros, la tortura y la violencia sexual contra las mujeres, al mismo tiempo que instaba a adherirse a una política de “tolerancia cero” para tales crímenes atroces. Tras la reunión del Consejo Internacional de PGA celebrada el 19 de marzo de 2021, el vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del Grupo del Parlamento Europeo de PGA, Sr. Fabio Massimo Castaldo, planteó dos preguntas de vital importancia a la Comisión Europea y a los Servicios Europeos de Acción Exterior poniendo de conocimiento la situación de la legisladora Dorcas Sibanda y la de otros legisladores perseguidos y destituidos del Parlamento.
Lo que les está pasando a mis compañeras Joana, Cecilia y Netsai es indignante. El hecho de que a Joana no se le permita recibir un tratamiento médico adecuado es una clara violación de la constitución de Zimbabue que, en su artículo 50(5)(d), establece que todo preso tiene derecho a condiciones de detención que respeten la dignidad inherente al ser humano, incluido el derecho a recibir tratamiento médico adecuado.
Además, el desconocimiento de este derecho básico es una clara violación de los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Desde que la Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés) llegó al poder después del golpe de Estado en 2017, los zimbabuenses han visto cómo el goce de sus derechos fundamentales se ha visto reducido. La democracia, asimismo, se ha erosionado considerablemente en mi país y el Ejecutivo ha logrado hacerse con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, violando el principio de separación de poderes. Hble. Dorcas Sibanda, parlamentaria de Zimbabue,
Cofundadora del EPRR
Es importante destacar que las mujeres parlamentarias aportan habilidades y diferentes perspectivas estructurales y culturales que contribuyen a la resolución creativa de conflictos y a la representación efectiva de la población. Los ataques en su contra suponen un grave obstáculo para el desarrollo de las sociedades. Por este motivo, la participación plena y activa de las mujeres en la toma de decisiones dentro, y fuera de los parlamentos, sin limitaciones ni temor a la represión, resulta esencial para la paz, la democracia y el desarrollo sostenible:
La participación de las mujeres puede traducirse en oportunidades para hacer amplias e importantes reformas legislativas que aborden la violencia contra ellas y el control y seguimiento gubernamental de la misma, tal como sucedió en España cuando los diputados del Congreso crearon una subcomisión de Igualdad encargada de supervisar la aplicación de la Ley Orgánica sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. De igual forma, garantizar la participación de las mujeres puede generar una dinámica que ponga la carga del cambio y el progreso no solo en ellas, sino también en los hombres.
En Suecia, por ejemplo, los parlamentarios de diferentes partidos políticos crearon una red de legisladores que alienta a los hombres, entre otras cosas, a participar en el debate público sobre sus valores, los prejuicios, la igualdad entre todos los seres humanos y, sobre todo, para señalar las responsabilidades que se desprenden cuando los hombres incitan o se involucran en actos de violencia contra las mujeres. Sra. Margareta Cederfelt, parlamentaria de Suecia,
Presidenta de PGA
Cuando los gobiernos menosprecian la importancia de las convenciones internacionales que protegen a las mujeres, como sucedió con la reciente retirada de Turquía de la Convención de Estambul y la decisión de Polonia de seguir un camino similar, se pone en peligro el disfrute de los derechos básicos de las mujeres y la credibilidad y la confianza de las instituciones democráticas. Debemos recordar que la democracia presupone una participación de mujeres y hombres por igual y una asociación genuina entre ambos. La democracia no se trata solo de elecciones, campañas políticas y un equilibrio de pesos y contrapesos. La democracia cubre un espectro mucho más amplio que incorpora principios de igualdad y no discriminación, pleno disfrute de los derechos humanos, participación efectiva en las esferas públicas y privadas y dignidad e inclusión para todos.
La fuerza de la democracia se basa, por lo tanto, en cómo nuestras instituciones representan y son accesibles por igual y libremente a todos los grupos sin ningún tipo de discriminación.
