Nueva York/La Haya
Con el fin de celebrar el Día Internacional de la Justicia este 17 de julio, Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés) desea recordar la importancia de unirse en este día en apoyo a la justicia, los derechos de las víctimas y la prevención de crímenes que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de nuestro planeta.
Los parlamentarios de todo el mundo desempeñan un papel único para fortalecer el Estado de Derecho y apoyar la justicia internacional no solo haciendo uso de sus prerrogativas legislativas, sino también expresando públicamente su apoyo al sistema del Estatuto de Roma y, en especial, a la indispensable labor que desempeña la Corte Penal Internacional (CPI).
Para que la justicia internacional sea realmente universal y efectiva, todos los Estados deben ratificar e implementar el Estatuto de Roma de la CPI en sus sistemas jurídicos nacionales. Destacamos con entusiasmo así, los esfuerzos realizados en Gambia para aprobar el proyecto de ley de aplicación del Estatuto de Roma y las acciones claves e incesantes realizadas por los miembros de PGA y organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de la justicia internacional en Ucrania que conllevaron a la adopción del proyecto de ley nº 2689 (enlace disponible en inglés) por la Verkhovna Rada el 20 de mayo de 2021, sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos para la aplicación del Derecho Penal y el Derecho Internacional Humanitario.
La CPI no sustituye a los sistemas nacionales de justicia penal ni tiene una relación de preeminencia respecto de éstas. La CPI complementa a los tribunales nacionales y solo actúa en caso de que los Estados no estén en situación de llevar a cabo investigaciones y procesamientos genuinos o se nieguen a hacerlo. Por lo tanto, la adopción y aplicación de estas leyes integrales son de suma importancia para que las jurisdicciones nacionales puedan lograr la rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos en su propio territorio y en cualquier otra parte del mundo donde se cometan.
PGA recuerda además que la ratificación universal de las enmiendas al Estatuto de Roma no sólo hará efectiva la promesa hecha por la comunidad internacional del “nunca más”, sino que también reducirá la impunidad y protegerá a la humanidad del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En este sentido, aplaudimos la labor de nuestros miembros en Bolivia quienes llevaron a que el país presentara el instrumento de ratificación del crimen de agresión ante las Naciones Unidas. Esfuerzos similares se han llevado a cabo en países como Noruega, Croacia y Portugal, que han ratificado igualmente varias enmiendas este año.
Así mismo, es importante destacar que la cooperación de los Estados Partes es vital para el buen funcionamiento de la Corte. Con el nuevo Fiscal, el Sr. Khan (enlace disponible en inglés y francés), y una carga de trabajo importante, la Fiscalía necesitará que los Estados Partes faciliten el acceso a las pruebas en su territorio, aseguren la protección adecuada de los testigos y las víctimas y garanticen su independencia judicial. Para ello, PGA exhorta a sus miembros a nivel mundial a que sigan garantizando que sus gobiernos apoyen plenamente a la CPI como único tribunal internacional permanente del mundo con el mandato de enjuiciar a los responsables de crímenes internacionales, celebren acuerdos de cooperación voluntarios con la Corte y cooperen en todas las fases de las actividades de la misma. También, hacemos un llamado a nuestros miembros para que continúen con sus extraordinarios esfuerzos para redactar e introducir leyes de cooperación con la CPI en el parlamento como ha sido notablemente el caso deChile y Ecuador.
No obstante, se necesita mucho más apoyo para asegurar que la carga de la cooperación sea compartida colectivamente entre los Estados. La ausencia de procesos claros a nivel nacional en materia de cooperaciónpuede llevar a que los Estados utilicen mecanismos inapropiados y que no se ajusten a los estándares establecidos por la misma Corte. PGA, por lo tanto, insta a los legisladores a apoyar la implementación de estas leyes ya que aumentan la seguridad jurídica tanto para los Estados Partes como para la Corte, optimizan las solicitudes de cooperación realizadas por la misma ypermiten una participación efectiva en el sistema de justicia internacional.
Por último, dado que la Corte se enfrenta a amenazas cada vez mayores, PGA hace un llamado global para que todos los legisladores aprovechen los foros públicos, los eventos internacionales, regionales o nacionales, y los días internacionales reconocidos por Naciones Unidas, para reiterar su firme compromiso y apoyo hacia la CPI. Aunque 74 de los 123 Estados Partes de la CPI hicieron público su apoyo férreo hacia la Corte en noviembre de 2020 tras las “sanciones” impuestas a varios de sus funcionarios, esto no es suficiente.
El valor a largo plazo de la CPI y del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto, reside en poner fin a la impunidad por la comisión de crímenes pasados y actuales y en prevenir futuros. Sin una cooperación y un apoyo efectivo y sin enjuiciamientos nacionales adecuados en virtud del principio de complementariedad, el sistema del Estatuto de Roma será más simbólico que efectivo. El sistema del Estatuto de Roma ha cambiado ahora la forma en que el mundo considera los crímenes más graves en el marco del derecho internacional: desde el establecimiento de esta jurisdicción internacional permanente en La Haya, se ha solicitado y facultado simultáneamente a las jurisdicciones nacionales para que impidan la impunidad de modo que las generaciones futuras puedan prosperar en un mundo más pacífico y justo.
La Corte y las jurisdicciones nacionales no son un sistema perfecto y, ciertamente, su acción combinada necesita ser mejorada teniendo en cuenta incluso aquellos logros más recientes como los procedimientos nacionales contra el expresidente sudanés Al-Bashir, que se esperan sean seguidos por juicios en la CPI por el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur. Sin embargo, si todas las partes interesadas trabajamos colectivamente, podemos garantizar que los autores de los crímenes más graves de trascendencia internacional no disfruten de un refugio seguro en ningún lugar del mundo.
