Noticias sobre justicia internacional - Agosto de 2026
El Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos elabora esta actualización sobre justicia internacional con fines meramente informativos. Las opiniones expresadas en los artículos incluidos en esta actualización no reflejan necesariamente la postura de PGA ni de ninguna persona relacionada con PGA; tampoco PGA ni ninguna persona relacionada con PGA garantiza la veracidad del contenido de dichos artículos.
Destacado
Global
El 28 de agosto de 2026, los expertos en derechos humanos de la ONU exigieron a los Estados miembros de la CPI que tomaran medidas audaces y urgentes para proteger a la Corte, instando a la UE a activar la Estatuto de Bloqueo e instaron a los Estados a mitigar el impacto de las sanciones sobre los jueces, los fiscales y el personal.
El 18 de agosto de 2026, como parte de su campaña para «desmantelar» la Corte Penal Internacional, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y el fiscal principal Abdoulaye Seye.
El 19 de agosto de 2026, la CPI deploró las nuevas sanciones de EE. UU. calificándolas de «ataque flagrante» a la independencia judicial que socava el Estado de Derecho y el orden jurídico internacional.
El 24 de agosto de 2026, 70 organizaciones de derechos humanos de Myanmar e internacionales emitieron una declaración conjunta con motivo del noveno aniversario de las atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar contra los rohingya, reiterando sus llamamientos a la justicia y la rendición de cuentas.
El 28 de agosto de 2026, Groenlandia anunció la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar la anticoncepción forzada impuesta por Dinamarca a miles de mujeres inuit indígenas entre los años 60 y 90, después de que los expertos no lograran ponerse de acuerdo sobre si dicha práctica constituía un genocidio.
El 25 de agosto de 2026, Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia un extenso expediente en el que se documenta el incumplimiento por parte de Israel de las órdenes de medidas provisionales destinadas a proteger al pueblo palestino del genocidio.
El 28 de agosto de 2026, un tribunal neerlandés condenó a un ciudadano neerlandés nacido en Ruanda a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra cometidos durante el genocidio de Ruanda de 1994.
El 7 de agosto de 2026, la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes expresó su preocupación por las retiradas del Estatuto de Roma por parte de Chad y Venezuela, advirtiendo de que tales decisiones corren el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de la justicia y debilitar los esfuerzos globales para poner fin a la impunidad.
El 7 de agosto de 2026, Amnistía Internacional declaró que la decisión del Gobierno venezolano de retirarse del Estatuto de Roma representa un intento de eludir el escrutinio y la rendición de cuentas por crímenes contra la humanidad.
El 13 de agosto de 2026, el presidente del Consejo del Poder Judicial neerlandés condenó las amenazas de EE. UU. de desmantelar la CPI e instó a Europa a prestar su apoyo, incluida la aplicación del Reglamento de bloqueo de la UE.
El 6 de agosto de 2026, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Legal Agenda concluyeron que un ataque israelí en el sur del Líbano que causó la muerte de la periodista Amal Khalil y dejó herido a su colega constituye un crimen de guerra.
El 11 de agosto de 2026, cuatro organizaciones de derechos humanos interpusieron una demanda ante un tribunal federal de EE. UU. contra la Administración Trump por las sanciones impuestas a la CPI, alegando que dichas sanciones equivalen a un ataque ilegal contra la justicia internacional.
El 12 de agosto de 2026, el secretario de Defensa de EE. UU. advirtió de que la CPI podría investigar los ataques con embarcaciones estadounidenses en América Latina, que han causado más de 200 muertes desde septiembre de 2025 y han sido criticados por organizaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.
El 13 de agosto de 2026, Human Rights Watch informó de que el ataque con municiones en racimo perpetrado por Rusia contra Kiev, en el que murieron tres civiles, debería investigarse como un posible crimen de guerra.
El 11 de agosto de 2026, un tribunal sirio condenó a muerte en ausencia al expresidente Bashar al-Assad por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los 14 años de guerra civil en Siria, junto con su hermano y seis antiguos mandos militares y de seguridad.
