Noticias sobre Justicia Internacional - Abril 2026
El Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos elabora esta actualización sobre justicia internacional con fines meramente informativos. Las opiniones expresadas en los artículos incluidos en esta actualización no reflejan necesariamente la postura de PGA ni de ninguna persona relacionada con PGA; tampoco PGA ni ninguna persona relacionada con PGA garantiza la veracidad del contenido de dichos artículos.
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Global
El 17 de abril de 2026, el secretario general de la ONU, António Guterres, se dirigió a la Corte Internacional de Justicia con motivo de su 80.º aniversario, haciendo hincapié en el aumento de las violaciones del derecho internacional y las tensiones geopolíticas. Hizo un llamamiento a los Estados para que «refuercen el derecho internacional, renueven su compromiso con la solución pacífica de las controversias, respeten las sentencias de la CIJ, apliquen sus opiniones consultivas y defiendan la Carta de las Naciones Unidas».
El 24 de abril de 2026, Human Rights Watch informó de que el primer ministro electo Péter Magyar había manifestado su intención de revertir la retirada de Hungría de la Corte Penal Internacional, con el fin de restablecer el Estado de derecho y las relaciones con la Unión Europea. También indicó que Hungría ejecutaría la orden de detención de la CPI contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu si este visitaba Budapest en octubre.
El 21 de abril de 2026, Amnistía Internacional presentó su informe anual 2025/26, El estado de los derechos humanos en el mundo, en el que advertía de una nueva y peligrosa era de ataques depredadores contra el multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil.
El 28 de abril de 2026, Human Rights Watch informó de que el gabinete de Israel aprobó un plan de 334 millones de dólares para trasladar a miles de civiles israelíes más a los Altos del Golán sirios ocupados, calificándolo de clara declaración de intenciones de cometer crímenes de guerra.
El 30 de abril de 2026, The Guardian informó de que la Comisión Nacional para la Justicia de Transición de Siria estaba preparando un caso por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra Fadi Saqr, un antiguo comandante de la milicia de las Fuerzas de Defensa Nacional, en relación con la masacre de Tadamon de 2013 en Damasco, en la que murieron cerca de 300 civiles.
El 23 de abril de 2026, Le Monde informó de que la Unión Europea estaba considerando activar su estatuto de bloqueo en respuesta a las sanciones de la administración estadounidense contra 11 jueces de la CPI. El juez francés de la CPI Nicolas Guillou, él mismo objeto de sanciones, advirtió de que las medidas «ponen de manifiesto la fragilidad de Europa» y amenazan el Estado de derecho en todo el mundo.
El 22 de abril de 2026, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó la competencia de la Corte en El Fiscal contra Rodrigo Roa Duterte, en relación con presuntos delitos cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, mientras el país era Estado Parte del Estatuto de Roma. El 23 de abril de 2026, los jueces de instrucción de la CPI confirmaron por unanimidad todos los cargos de crímenes contra la humanidad contra el expresidente Duterte, remitiendo el caso a juicio.
El 28 de abril de 2026, la Sala de Primera Instancia X de la CPI concedió reparaciones colectivas basadas en la comunidad a las víctimas en la causa El Fiscal c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, tras la condena del Sr. Al Hassan por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Tombuctú, Malí, entre 2012 y 2013.
El 2 de abril de 2026, Human Rights Watch publicó un informe que documenta los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto de Burkina Faso desde 2023, incluidos asesinatos en masa, ataques generalizados contra la población civil y desplazamientos forzados.
El 2 de abril de 2026, la Corte Penal Internacional anunció que su Presidencia había remitido a la Asamblea de los Estados Partes el caso de la falta de cooperación de Italia con la Corte, después de que la Sala de Cuestiones Preliminares I determinara que Italia había incumplido sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma al no detener y entregar al Sr. Njeem, un general libio buscado por presuntos crímenes de guerra, mientras se encontraba en territorio italiano.
El 2 de abril de 2026, Amnistía Internacional informó de que las autoridades iraníes están reclutando y desplegando a niños soldados de tan solo 12 años en una campaña militar, lo que los pone en grave peligro y viola el derecho internacional humanitario.
El 3 de abril de 2026, el director ejecutivo de Human Rights Watch advirtió de que, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, los líderes están mostrando un desprecio flagrante por el derecho internacional y la seguridad de la población civil, arriesgándose a ser cómplices de crímenes de guerra.
Instó a los gobiernos a alzar la voz en defensa de la justicia y la rendición de cuentas por dichos crímenes.
El 7 de abril de 2026, Ruanda inició una semana de conmemoraciones para marcar los 32 años del genocidio de 1994 contra los tutsis, durante el cual aproximadamente un millón de personas fueron asesinadas a lo largo de 100 días por extremistas hutus.
El 13 de abril de 2026, más de 100 expertos en derecho internacional firmaron una carta abierta en la que advertían de que los ataques estadounidenses contra Irán violan claramente la Carta de las Naciones Unidas y suscitan graves preocupaciones sobre violaciones del derecho internacional humanitario y posibles crímenes de guerra.
El 10 de abril de 2026, los expertos en derechos humanos de la ONU acogieron con satisfacción la decisión de España de crear una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco, calificándola de paso histórico hacia la verdad, la reparación y la indemnización de las víctimas.
El 7 de abril de 2026, activistas rohingya y grupos de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, acusándolo de cometer genocidio contra los rohingya, incluyendo violaciones masivas, incendios provocados, tortura y persecución. La Fiscalía General de Indonesia aceptó formalmente el caso en virtud del nuevo código penal del país, que incorpora el principio de jurisdicción universal.
