Noticias sobre Justicia Internacional - Junio 2025
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Destacado
CPI
El 30 de junio de 2025, la Corte Penal Internacional anunció que había contenido un sofisticado ciberataque dirigido contra la corte la semana anterior y que estaba tomando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de sus actividades.
El 19 de junio de 2025, el jefe de prensa del Palacio de Filipinas declaró que el presidente Ferdinand R. Marcos Jr. está abierto a debatir la reincorporación del país a la Corte Penal Internacional. La sugerencia fue planteada por la relatora especial de las Naciones Unidas, Irene Khan, en un informe presentado ante la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 23 de junio de 2025, un asesor de política exterior del Kremlin declaró que el presidente ruso, Vladímir Putin, no viajará a la cumbre del BRICS que se celebrará en Brasil del 6 al 7 de julio debido a una orden de detención pendiente emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra.
El 28 de junio de 2025, el presidente alemán Steinmeier advirtió contra la visita del primer ministro israelí Netanyahu, haciendo hincapié en que Berlín no debe socavar el derecho internacional a la luz de las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y el exministro de Defensa Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El 16 de junio de 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que las violaciones de los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo (RDC) por parte de rebeldes respaldados por Ruanda, tropas congoleñas y milicias aliadas podrían constituir crímenes de guerra. La investigación realizada por su oficina reveló un desprecio total por la protección de la población civil durante y después de las operaciones militares.
El 22 de junio de 2025, la agencia AP informó de que se había presentado un informe confidencial ante la Corte Penal Internacional en el que se alegaba que el Grupo Wagner, vinculado a Rusia, había cometido crímenes de guerra en África Occidental al difundir imágenes de atrocidades en las redes sociales.
El 26 de junio de 2025, Reuters informó de que la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca ha recomendado poner fin a la financiación estadounidense de casi dos docenas de programas que investigan crímenes de guerra y promueven la rendición de cuentas a nivel mundial, entre otros en Myanmar, Siria, Ucrania, Irak, Nepal, Sri Lanka, Colombia, Bielorrusia, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Gambia. El Departamento de Estado tiene la opción de apelar.
El 23 de junio de 2025, la UE impuso medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones globales de la Unión Europea en materia de derechos humanos a cinco personas responsables de graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Siria. Estas personas están vinculadas al antiguo régimen de al-Assad y son responsables de apoyar crímenes contra la humanidad y de alimentar la violencia sectaria.
El 16 de junio de 2025, un tribunal alemán condenó al médico sirio Alaa Mousa a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato y tortura, cometidos en Siria en 2011 y 2012. El juicio en Fráncfort fue posible gracias al principio de jurisdicción universal del derecho penal internacional, que permite el enjuiciamiento de crímenes de guerra cometidos en el extranjero.
El 25 de junio de 2025, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, firmaron un acuerdo para establecer un Tribunal Especial para los Crímenes de Agresión contra Ucrania. El acuerdo tiene por objeto determinar la responsabilidad penal de los responsables del delito de agresión contra Ucrania y evitar la duplicación de enjuiciamientos a nivel nacional.
El 30 de junio de 2025, Euractiv informó de que el fiscal de la Corte Penal Internacional había solicitado a los jueces que declararan a Italia en incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma tras la liberación en enero del sospechoso de crímenes de guerra libio Nijeem Osama Almasri.
El 5 de junio de 2025, Estados Unidos impuso sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional, acusándolos de tomar «medidas ilegítimas e infundadas» contra Estados Unidos y sus aliados. La CPI deploró las sanciones, que calificó de intento de socavar su independencia. La Corte se ha comprometido a continuar su labor sin desviarse de su objetivo.
El 4 de junio de 2025, se descubrieron decenas de cadáveres en fosas comunes en Libia, entre los que se encontraban presuntos instrumentos de tortura y posibles pruebas de ejecuciones extrajudiciales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido que se precanten los lugares y que se juzgue sin demora a los responsables.
El 5 de junio de 2025, el presidente de la Asamblea de los Estados Partes lamentó la retirada de Hungría del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, con efecto a partir del 2 de junio de 2026.
El 11 de junio de 2025, varios legisladores del Reino Unido criticaron al exministro de Asuntos Exteriores David Cameron, después de que se supiera que había amenazado con retirar la financiación y la adhesión del Reino Unido a la Corte Penal Internacional si esta emitía órdenes de detención contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
En una sesión plenaria prevista para el 18 de junio de 2025, titulada «Detener el genocidio en Gaza: es hora de que la UE imponga sanciones», se espera que el Parlamento Europeo utilice por primera vez el término «genocidio». El debate también abordará los llamamientos para que la UE imponga sanciones a Israel en medio de la actual crisis humanitaria.
El 3 de junio de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI dictaminó que la confirmación de los cargos contra Joseph Kony puede continuar en su ausencia. Esta decisión podría tener importantes repercusiones en otros casos en los que el acusado no se encuentra bajo custodia, garantizando el derecho a un juicio justo incluso en los casos en los que no se requiere la comparecencia inicial.
El 3 de junio de 2025, el Tribunal Regional Superior de Stuttgart condenó a cadena perpetua a un combatiente sirio pro Assad por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Siria. Ammar A, un antiguo miliciano, fue declarado culpable de asesinato y tortura en un juicio en el que declararon 30 testigos.
El 13 de junio de 2025, el equipo de defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional presentó una moción para su libertad provisional en un país que no ha sido revelado. Duterte se enfrenta a acusaciones de crímenes contra la humanidad en relación con su campaña de varios años contra los consumidores y traficantes de drogas. Los fiscales de la CPI han acordado no oponerse a la solicitud, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
El 15 de junio de 2025, Camboya solicitó a la Corte Internacional de Justicia que resolviera sus disputas fronterizas con Tailandia, tras un recrudecimiento del conflicto que provocó la movilización de tropas. Camboya propuso que ambos países llevaran conjuntamente cuatro zonas de disputa fronteriza ante la CIJ y iniciaran procedimientos legales de forma independiente, a pesar del rechazo de Tailandia a la jurisdicción del tribunal.
