Durante más de 20 años, el bipartidismo político liderado por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha generado importantes frustraciones en El Salvador.Tipo de Amenza:
Ataques al Poder Legislativo
Violaciones al Debido Proceso/Juicios Justos
Discursos de Odio
Cierre del Espacio Público
Ataques a Grupos Marginados
Persecución de MPs/HRDs
Campaña de Desinformación
Limitaciones al Discurso/Prensa
Debilitamento del Poder Judicial
Contexto
Durante más de 20 años, el bipartidismo político liderado por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha generado importantes frustraciones en El Salvador que ha llevado al país a ser catalogado por organizaciones como Freedom House, como parcialmente libre y democrático. El tiempo, no obstante, ha demostrado el hartazgo de los salvadoreños que con la elección del nuevo Presidente Nayib Bukele en junio de 2019, esperaban un giro positivo en la democracia del país. Desafortunadamente, la irrupción de Bukele en la escena política ha acarreado hasta el momento, un efecto diferente l esperado.
El Salvador fue uno de los primeros países latinoamericanos en decretar un estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 en todo el territorio nacional, después de que la Asamblea Legislativa del país diera su aprobación el 14 de marzo de 2020. Para ese entonces, El Salvador no había registrado ningún caso de COVID-19. Sin embargo, debido al aumento de personas contagiadas por el virus (actualmente hay alrededor de 2,278 casos confirmados y 42 muertos), el presidente Bukele decretó el 21 de marzo de 2020 la cuarentena domiciliaria obligatoria por un periodo de 30 días. Dicha medida viene precedida por una grave crisis institucional que se originó el 9 de febrero del mismo año. Liderada por el presidente en su afán por conseguir la financiación de un préstamo de 109 millones de dólares para su estrategia de seguridad nacional, Bukele, acompañado por el ejército nacional, irrumpió en la Asamblea en un acto sin precedentes que supuso una grave violación a los principios democráticos y a la separación de poderes del estado.
Desde el inicio de su campaña, Nayib Bukele ha convertido la reducción de muertes violentas en uno de sus principales objetivos políticos. Para ello, empezó a dotar a las fuerzas públicas de mayor competencia y equipamiento para luchar contra pandillas como los Maras Salvatruchas y Barrio 18, entre otras. Con el fin de garantizar un mayor control, el presidente alertó que las fuerzas de seguridad podían hacer uso de la “fuerza letal” para aplacar los asesinatos y decretó así mismo máxima emergencia en las penitenciarías del país. Consecuentemente, decretó el encierro de presos por 24 horas para evitar la comunicación entre las mismas bandas y ordenó mezclar en una misma celda a miembros de diferentes pandillas. La repercusión que tuvo la adopción de medidas tan polémicas a nivel nacional e internacional no se hizo esperar, pues fueron duramente criticadas por diferentes actores debido a que podían empeorar la emergencia sanitaria en la que el país ya estaba sumergido. Las imágenes de hacinamiento en las cárceles y el trato inhumano hacia los presos produjeron un fuerte rechazo por parte de varias organizaciones internacionales, entre ellas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Así mismo, siguiendo esta misma línea autoritaria, el presidente Bukele autorizó públicamente a militares y cuerpos del estado a proceder con arrestos para neutralizar el aumento por contagios de COVID-19. Ante estas circunstancias, la Corte Suprema de Justicia emitió varias resoluciones declarando la improcedencia de dichas detenciones. Sin embargo, y en reiteradas ocasiones, el presidente desoyó sus pronunciamientos. La lista de decisiones políticas controversiales no termina aquí. El estado de emergencia cuya vigencia expiraba a finales de abril de 2020, fue unilateralmente prorrogado por Bukele a pesar de que la Asamblea Legislativa había declinado extenderlo. La Fiscalía consideró que dicha prórroga no se ajustaba a derecho, puesto que el presidente había prescindido de las funciones del Congreso para decretar el estado de emergencia.
Perspectiva de PGA
Estas medidas no sólo se han convertido en su herramienta de trabajo para neutralizar los poderes del estado, sino que también se han convertido en un arma opresor para generar miedo a los diferentes miembros de la Asamblea Legislativa. Así las cosas, varios parlamentarios han reconocido que se encuentran en una encrucijada: por un lado, sienten la urgencia de desertar debido a circunstancias apremiantes en las que se encuentran, pero de otro, no dan el paso por temor a que se tomen represalias en su contra. La persecución política a la que algunos/as ya se han visto sometidos, ha causado que algunos de los diputados y diputadas del hemiciclo del Salón Azul pidan asilo político a gobiernos aledaños. Tal es el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; un líder político de la izquierda salvadoreña que actualmente se encuentra en México en su calidad de asilado político. Tras las presiones públicas del presidente Bukele a la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República no sólo dio inicio a un procedimiento penal en contra del expresidente del Parlamento por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sino que de igual manera, ordenó la detención administrativa de su esposa, la Dra. Susi Melba Rodríguez de Reyes. Con anterioridad, la Sección de Probidad de la Corte, después de 4 años de investigación, había concluido que no existían tales indicios, además de que en la audiencia inicial, el juez de la causa había dictado una resolución exonerando a los imputados de dichos delitos.
El ejército emana directamente de la rama del Ejecutivo mientras que el Parlamento es el órgano principal de la rama Legislativa. Por tanto, el recinto legislativo puede ser asegurado únicamente por personal de las fuerzas armadas reportándole al presidente del Parlamento… Esta separación material es una garantía esencial para la separación política y moral, misma que se traduce en una autoridad indiscutible del Parlamento para rechazar cualquier propuesta legislativa emanada desde el Ejecutivo Diputado Víctor Bisonó, Presidente del Comité Internacional de PGA, Miembro de la Cámara de Diputados, Segunda Circunscripción del Distrito Nacional
Las medidas adoptadas por el presidente Bukele, desde el inicio de su mandato, no han sido más que violaciones flagrantes a la separación de poderes, el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho. PGA rechaza y condena el socavamiento de la institucionalidad democrática que actualmente está teniendo lugar en El Salvador.
A pesar del reforzamiento democrático de los últimos 30 años, el estado de derecho en los países latinoamericanos sigue siendo débil como consecuencia de gobiernos autoritarios, la alta tasa de criminalidad y los grandes índices de corrupción que persisten en muchas de las instituciones democráticas en el continente. El Salvador no ha sido ajeno a dichas problemáticas, pues el país sufrió una sangrienta guerra civil en los años 80 entre el FMLN y las fuerzas armadas del país que dejó alrededor de 75,000 fallecidos y desaparecidos. No obstante, aunque la guerra concluyó con el acuerdo de paz auspiciado por Naciones Unidas en el año 92, El Salvador quedó seriamente marcado por la guerra, ubicándolo en el ranking de los países más violentos del mundo y más pobres de Latinoamérica.
Los estados de excepción y/o de emergencia, ciertamente profundizan las problemáticas del estado de derecho, especialmente en América Latina donde las diferencias estructurales son más evidentes. Muchos poderes legislativos alrededor del mundo se ven forzados a innovar y sesionar digitalmente y, aunque estas herramientas pueden brindar nuevas oportunidades para la elaboración de leyes y políticas públicas, también pueden exacerbar inequidades preexistentes que se harán más o menos evidentes según la capacidad y los recursos con los que cuente cada país.
Durante situaciones de emergencia, el poder tiende a concentrarse en la rama ejecutiva del Estado. Los gobiernos autoritarios se aprovechan de situaciones como la pandemia causada por el COVID-19 no sólo para subvertir los derechos humanos sino también para menoscabar las instituciones democráticas diseñando reglas opresivas que se encuentren a favor de sus focos ideológicos. Por esta razón es tan importante que los gobiernos democráticos no utilicen situaciones de crisis para imponer decretos de manera unilateral y sin atención a la separación de poderes.
La ciudadanía no debe ser movilizada para atacar los principios democráticos y exacerbar las falencias del estado de derecho. Todo lo contrario: en momentos de crisis, se deben respetar las prerrogativas legislativas de los máximos representantes del pueblo como expresión de la voluntad de la ciudadanía.
Es de suma importancia, por lo tanto, que durante crisis como la que actualmente enfrenta la humanidad, la separación de poderes sea respetada y los controles y balances de poderes del estado y de sus instituciones no se difuminen bajo ninguna circunstancia.
