El 15 de diciembre de 2016, Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por su sigla en inglés), en colaboración con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, organizó una Conferencia sobre el Sistema Judicial establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La Conferencia, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de Argentina, en Buenos Aires, tuvo como objetivo proporcionar una plataforma a los funcionarios argentinos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para intercambiar y profundizar el conocimiento del sistema de la CPI y su función en la lucha en contra de la impunidad por los crímenes más graves de transcendencia internacional.
Los panelistas de la Conferencia incluyeron a funcionarios de la CPI, funcionarios gubernamentales de alto nivel de Argentina, así como expertos del mundo académico y de la sociedad civil. La Conferencia fue presidida por la Diputada Margarita Stolbizer, Presidenta de PGA. En sus observaciones, destacó el principio de complementariedad, subrayando que la CPI interviene sólo cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Recordó que Argentina ha sido víctima de dictaduras muy crueles que han violado los derechos humanos y expresó su convicción de que estos crímenes no hubieran ocurrido si la CPI hubiera existido en ese momento. Además, reafirmó que el apoyo a la CPI es una política de Estado en Argentina, ya que los diferentes gobiernos han avanzado el proceso de la CPI en el país a través de los años.
La Dip. Patricia Giménez, 2ª Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Argentina, estrenó la sesión de apertura manifestando su firme apoyo a la lucha contra la impunidad como contribución a la prevención de nuevas atrocidades y a la promoción de la paz. En su discurso, también destacó la importancia de la reciente firma del acuerdo voluntario de cooperación en materia de protección de testigos entre Argentina y la CPI. Sus palabras fueron seguidas por las del vicecanciller Pedro Raúl Villagra Delgado, Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, quien expresó su firme apoyo a la CPI, refiriéndose a ella como “uno de los mayores logros en materia de derechos humanos y derecho internacional”. En este contexto, explicó el rol clave de Argentina en las negociaciones del Estatuto de Roma y, reconociendo la importancia de la activación de la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión, se comprometió a avanzar el proceso de ratificación de las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión en Argentina. El Dr. Martín Casares, Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Argentina, destacó que el paso dado por este gobierno con la firma del acuerdo voluntario sobre la reubicación de testigos es sólo un primer paso, considerando que existe el compromiso de continuar apoyando la labor de la CPI mediante la firma de otros acuerdos de cooperación.
El primer panel sobre los Retos de la Comunidad Internacional frente a la impunidad de los crímenes internacionales más graves fue introducido por la Dip. Cornelia Schmidt-Liermann, presidenta del grupo nacional de PGA en Argentina. Después de la introducción de la Dip. Schmidt-Liermann, la Profesora Mónica Pinto, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, relató la historia del derecho internacional penal, la creación de los tribunales ad hoc por el Consejo de Seguridad, y también la creación del Estatuto del Roma que ha culminado con la creación del primer tribunal internacional permanente para procesar los delitos internacionales. La segunda panelista, Érica Lucero, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina a la Embajada de Países Bajos, introdujo a la audiencia los principios de la complementariedad, la irretroactividad y la irrelevancia del cargo oficial. También describió las situaciones y casos actuales siendo investigados por la Corte.
Durante el panel segundo sobre Implementación sustantiva del Estatuto de Roma al nivel nacional como herramienta para el fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales, el Dr. Alejandro Kiss, oficial jurídico a las cámaras de la CPI, ofreció un panorama de la jurisdicción de la CPI, el propósito de su activación y explicó sus limitaciones materiales, temporales y territoriales. Mientras estuvo resumiendo los tipos y las particularidades legales de las definiciones de genocidio y crímenes en contra la humanidad del Estatuto de Roma, proveyó una comparación muy útil con las disposiciones de estos crímenes en virtud de los estatutos de otros tribunales internacionales, en particular los Estatutos de la Carta del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La presentación fue seguida por la experta presentación del Sr. Luciano Pezzano, Profesor de la Facultad de Derecho de Córdoba, quien explicó parte de la competencia sustantiva de la Corte: crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Basándose en la noción de Derecho Internacional Humanitario y su ámbito de aplicación, clasificó los setenta y cuatro crímenes de guerra del artículo 8 del Estatuto de Roma en función del conflicto armado en el que pudieran ocurrir, destacando la diferente regulación de los crímenes de guerra cometidos en el contexto de un conflicto armado a carácter internacional y conflicto armado a carácter no internacional. En la base de la relación ius in bello con ius ad bellum, a continuación expuso sobre los principales elementos del crimen de agresión, tal como se ha recibido en el artículo 8 bis, destacando sus principales características y desafíos.
El tercer panel, sobre la cooperación con la CPI y la contribución del Estatuto de Roma en el fortalecimiento del sistema judicial por la lucha en contra de la impunidad, fue presentado por la Sra. Romina Morello, asesora jurídica de PGA, quien, en base a ejemplos concretos, demostró que la cooperación con la CPI es indispensable y crucial para el establecimiento de justicia. La Sra. Morello hizo una comparación entre dos casos, uno sobre el Sr. Omar Al Bashir, presidente de Sudán y otro sobre el Sr. Jean- Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, que, como resultado de la falta de cooperación de los Estados, tuvo consecuencias diametralmente opuestas para dar justicia a las víctimas en virtud del hecho de que los autores sean llevados ante la justicia. En su presentación, explicó además el sistema de cooperación sui generis establecido por la CPI y las obligaciones de los Estados, establecidas en el Estatuto de Roma: (i) la obligación de cooperar plenamente y (ii) la obligación de implementar los procedimientos necesarios para permitir la cooperación dentro del marco jurídico interno. También se refirió a las consecuencias de la no cooperación de los Estados, que incluyen, en particular, la negación del acceso a la justicia por las víctimas, obstaculizando el efecto disuasivo de la CPI y aumentando los costos financieros incurridos por los Estados asociados a la protección de las víctimas, de los testigos y la preservación de las pruebas.
En la segunda parte del panel, la Lic. Antonia Pereira de Sousa, Asesora de Relaciones Exteriores y Cooperación de la CPI, dio a conocer el contenido de los acuerdos voluntarios de cooperación, así como su importancia para hacer posible el funcionamiento eficaz de la CPI. También destacó el número actual limitado de acuerdos voluntarios de cooperación y la importancia de que más países sigan el ejemplo de Argentina para firmar acuerdos y para entablar negociaciones con la CPI. La Lic. Pereira de Sousa también enfatizó las oportunidades que la firma de este tipo de acuerdos con la Corte podría implicar para el país, especialmente respecto a la creación de capacidad y el fortalecimiento de los sistemas de justicia internos.
En la segunda parte del panel, la Lic. Antonia Pereira de Sousa dio a conocer el contexto de los acuerdos voluntarios de cooperación y la significancia de los acuerdos que permiten el funcionamiento eficiente de la CPI. Además, indicó qué pequeño es el número de los acuerdos voluntarios de cooperación y la importancia de que otros países sigan el ejemplo de Argentina de tomar acción para firmar los acuerdos y participar en las negociones con la CPI. La Lic. Pereira de Sousa enfatizó las oportunidades que para los países cuando los firman, en particular en cuanto al desarrollo de capacidad y el fortalecimiento del sistema jurídico nacional.
Durante el último panel sobre el rol de las víctimas en el sistema del Estatuto de Roma, la audiencia se benefició de la participación de la Sra. Mariana Pena, la oficial jurídica a la Open Society Justice Initiative y del Dr. Felipe Michelini, miembro de la junta directiva del fondo fiduciario de la CPI en beneficio de las víctimas. La Sra. Pena subrayó que el Estatuto de Roma creó un sistema único de participación de las víctimas donde estas no son ni demandantes ni parte civil, pero participan en el proceso de manera auxiliar. También, hizo hincapié en los roles diferentes de las víctimas y del fiscal porque representan intereses diferentes. El fiscal representa a los intereses de la comunidad y en el caso de la CPI de la comunidad internacional, lo que implica un alcance más amplio de responsabilidades. Estos se extienden más que los intereses de las víctimas, que representan una determinación de la verdad y la reconstrucción histórica, con un impacto sobre la reconciliación entre los estados y sus comunidades. En la segunda parte del panel, el Dr. Michelini sensibilizó a los participantes sobre el rol importante de las víctimas en los procedimientos de la CPI y el sistema de reparaciones que fue creado por el Estatuto de Roma. También, explicó el mandato diferente del fondo fiduciario de la CPI en beneficio de las víctimas y el trabajo importante que hace esta institución para mejorar la realidad de las comunidades afectadas por los crímenes bajo la investigación de la CPI.
En el marco de la Conferencia, PGA organizó varias reuniones formales con funcionarios del gobierno de Argentina para explorar más oportunidades de cooperación entre Argentina y la CPI. La Sra. Romina Morello, asesora jurídica de PGA y la Sra. Antonia Pereira De Sousa, la oficial de Relaciones Exteriores y Cooperación del Secretariado de la CPI, se encontraron con el Jefe de Gabinete del Subsecretario del Ministerio de Justica, quien está a cargo del Sistema Penitenciario de Argentina. El enfoque de la reunión fue la firma de un acuerdo voluntario sobre la cooperación en la ejecución de las sentencias entre Argentina y la CPI, reunión durante la cual el subsecretario expresó su gran interés en la continuación de las negociaciones oficiales al nivel nacional con el objetivo de firmar dicho acuerdo.
Durante la reunión con la Oficina Especializada de Investigaciones Financieras, los representantes de la Oficina se comprometieron a apoyar a la CPI en las redes internacionales de fiscales, así como a mantener contactos informales con la Corte a fin de facilitar la cooperación.
La Asesora Jurídica de PGA también se reunió con el Director de Información e Investigaciones del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR para intercambiar visiones sobre los ámbitos futuros de cooperación con PGA, que pueden estar relacionados con el examen de un proyecto de “ley referente” sobre la cooperación con la CPI para los países del MERCOSUR y la sensibilización sobre las actividades de la CPI.
La conferencia y las reuniones formales resultaron en la reafirmación del apoyo a la CPI y el avance de la voluntad política para cooperar con la CPI. Los compromisos de los representantes de las instituciones argentinas abrieron la posibilidad de negociar y concluir otros acuerdos voluntarios, así como de implementar el Estatuto de Roma en la legislación nacional.
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