Durante la primera mitad del 2021, a pesar de la existencia de vacunas contra la COVID-19, el mundo continuaba luchando contra sus devastadores efectos que han tenido impacto en cada rincón del universo. Mientras las diferentes instituciones públicas y judiciales empezaban a reabrir lentamente sus puertas para volver a la “normalidad,” la mayoría de las organizaciones, incluida PGA y sus miembros, tuvieron que adaptarse e innovar para continuar sus actividades haciendo uso de las nuevas tecnologías. La Secretaría de PGA se esforzó por superar la creciente fatiga generada por el incremento de reuniones y eventos realizados por plataformas como Zoom con el fin de seguir fomentando intercambios entre los Miembros del Parlamento (MP) y otros actores relevantes, sobre temas cercanos a la Campaña para la Universalidad y Eficacia del Sistema del Estatuto de Roma de la CPI.

PGA, por su parte, se adaptó a las nuevas realidades virtuales y promovió debates dinámicos en línea entre parlamentarios, expertos, académicos, profesionales y representantes de la sociedad civil sobre cómo abordar estos nuevos retos y fortalecer los sistemas jurídicos nacionales para dar continuidad efectiva a la lucha contra la impunidad. Entre los eventos en línea que organizó la Secretaría de PGA con sus Miembros, se destaca la segunda parte de la 8ª sesión del Grupo de Trabajo de Oriente Medio y el Norte de África y el Taller Parlamentario de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental que versaron sobre la lucha contra la impunidad (enlaces disponibles en inglés). Así mismo, en el marco de la campaña, PGA celebró el Seminario Anual Parlamentario sobre la implementación de estándares internacionales para la lucha contra la impunidad por la comisión crímenes atroces en Latinoamérica.

Dichos eventos, fueron una ocasión para que los diputados de Nigeria y Gambia (enlaces disponibles en inglés) reiteraran su compromiso de trabajar por la implementación del Estatuto de Roma en sus respectivos países y para que, los diputados de América Latina, entre ellos, la asambleísta Esther Cuesta de Ecuador, expresaran su compromiso de presentar un nuevo proyecto de ley de cooperación con la CPI.

Igualmente, nuestros Miembros mostraron su determinación para fortalecer el Estado de Derecho a pesar de la actual situación. Notablemente, PGA trabajó en colaboración con la Honorable Solaimankhail (Afganistán) para preparar un Proyecto de Resolución Parlamentaria sobre Paz con Justicia para Afganistán reiterando las obligaciones internacionales del país y su compromiso con la CPI, quien actualmente tiene abierta una investigación en su territorio. PGA, de igual forma, ofreció apoyo técnico a parlamentarios chilenos y compartió con ellos una evaluación legal exhaustiva con enmiendas al Proyecto de Ley sobre cooperación con la CPI. En una nota similar, PGA, representada por el Diputado Tucapel Jiménez (Chile), participó en una reunión técnica de trabajo organizada por la Organización de Estados Americanos sobre el fortalecimiento de la cooperación con la CPI. Este evento, fue una ocasión importante para que los Estados renovaran su compromiso de cooperar plenamente con la Corte.

PGA ha trabajado arduamente para mejorar nuestro sitio web y así ofrecer información fiable sobre el “Estatus del sistema del Estatuto de Roma.” Dicha herramienta, que todavía es un trabajo en curso y contendrá información sobre todos los países del mundo, ofrece actualmente y, de manera detallada, información sobre cómo se aplican los crímenes internacionales en las diferentes jurisdicciones nacionales, el estado de ratificación de las Enmiendas de Kampala y la existencia de acuerdos de cooperación entre los Estados y la Corte, entre otros. La Secretaría de PGA, por lo tanto, pone a disposición de legisladores, organizaciones de la sociedad civil y de cualquier ciudadano interesado, esta herramienta, como un medio para informar sobre la participación de un Estado en la lucha contra la impunidad por la comisión de crímenes internacionales.

Durante el primer semestre del 2021, se produjo un importante avance en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la CPI. El Sr. Dominic Ongwen, antiguo niño soldado y comandante de la Brigada Sinia del “Ejército de Resistencia del Señor” en el norte de Uganda, fue declarado culpable de 61 crímenes, entre ellos el matrimonio forzado como crimen de lesa humanidad. Esta decisión supuso la primera vez que la Corte Penal Internacional declara a un autor responsable del delito de matrimonio forzado.

Junto a la Iniciativa de Mujeres por una Justicia de Género (WIGJ, por sus siglas en inglés) PGA organizó una mesa redonda (enlace disponible en inglés) para fomentar un intercambio entre parlamentarios, supervivientes de violencia sexual, expertos y representantes de la sociedad civil, sobre la importancia de proteger los derechos de las víctimas en las constituciones nacionales, la responsabilidad de los Estados de ofrecer reparación a las víctimas y supervivientes y cómo los parlamentarios pueden utilizar sus prerrogativas legislativas para avanzar en la aplicación del Estatuto de Roma en sus respectivas jurisdicciones.

Hacia tal objetivo, PGA creó una herramienta sobre el Papel de los Parlamentarios en la Implementación del Matrimonio Forzado como un Crimen de Lesa Humanidad en su Legislación Nacional (documento disponible en inglés). Este documento es una herramienta de promoción y apoyo para los parlamentarios, los representantes de la sociedad civil y todos aquellos individuos que deseen fortalecer y mejorar la protección jurídica, así como su acceso a la justicia, de víctimas y sobrevivientes de crímenes internacionales, incluyendo los crímenes sexuales y por razón de género. Como resultado de esta mesa redonda, PGA trabajará con el Grupo Nacional en Uganda en dos proyectos de ley destinados a proteger a las mujeres: de un lado, el Proyecto de Ley sobre Matrimonio y Divorcio y, de otro, el Proyecto de Ley sobre Justicia Transicional que prevé la reparación de las víctimas de los conflictos armados de acuerdo con las normas del derecho internacional.

El 6 de mayo, la CPI, observando que existían 4.095 víctimas autorizadas a participar en el caso Ongwen, había una importante cantidad de información relevante para la orden de reparación y que los crímenes tuvieron lugar hace más de 15 años, consideró que la fase de reparaciones del procedimiento debía avanzar para evitar retrasos innecesarios (enlace disponible en inglés). Por lo tanto, la Corte ordenó a las Partes, a la Secretaría y al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, a que presentaran sus alegaciones antes del 6 de septiembre sobre varias cuestiones, incluyendo el número estimado de víctimas directas e indirectas de los crímenes por los que el Sr. Ongwen fue condenado y una estimación de los costes.

Aunque la decisión de la Corte ha sido acogida con satisfacción y acerca a las supervivientes de violencia sexual y por razón de género a la obtención de reparaciones, la Sra. Grace Acan, defensora de los derechos de la Red de Defensa de la Mujer (Uganda) y la Sra. Jackline Atingo, investigadora-consultora del Proyecto de Investigación sobre Justicia y Seguridad de la London School of Economics (Uganda), hicieron énfasis en el papel fundamental que desempeñan los legisladores en la consecución de este objetivo. En efecto, los parlamentarios son claves para la correcta aplicación de legislaciones que apoyen efectivamente a las supervivientes de matrimonios forzados y a sus hijos y garantice, así mismo, su acceso a la tierra y a la educación. Las jurisdicciones nacionales, por lo tanto, deben trabajar siempre en complementariedad con la CPI.