Aunque Filipinas fue el primer país asiático en abolir la pena de muerte en virtud de la Constitución de 1987, se volvió a imponer durante el gobierno del presidente Fidel Ramos para hacer frente al aumento de la tasa de delincuencia en 1993 para ser abolida de nuevo en 2006 después de que la entonces presidenta Gloria Macapagal-Arroyo firmara una ley que reducía la pena máxima a cadena perpetua. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2007, el país firmó y ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (2PF-PIDCP).
La elección en mayo de 2016 del presidente Rodrigo Duterte que, durante su campaña prometió reintroducir la pena de muerte para combatir el narcotráfico en Filipinas y otros delitos, supuso una nueva y grave amenaza para la protección de los derechos humanos en el país. El 7 de marzo de 2017, la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría el proyecto de ley n.º 4727 (enlace disponible en inglés) sobre el restablecimiento de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas y delitos "atroces". El proyecto de ley, sin embargo, permaneció estancado en el Senado durante los meses siguientes debido a la falta de apoyo de los senadores, incluidos varios miembros de PGA que se pronunciaron públicamente (enlace disponible en inglés) en contra de la reintroducción de la pena capital en el país.
Sin embargo, las elecciones de mitad de mandato de mayo de 2019 que dieron la mayoría a los senadores del partido del presidente Duterte (PDP-Laban), relanzaron el movimiento a favor de la pena de muerte y, en septiembre de ese mismo año, se presentaron en la Cámara de Representantes 18 proyectos de ley relativos a esta cuestión. Aunque sin éxito, se volvieron a hacer otros intentos en 2020, tras un tiroteo en Tarlac (enlace disponible en inglés).
El 2 de marzo de 2021, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley nº 7814 (enlace disponible en inglés) que permitía la reintroducción de la pena de muerte en virtud de la Ley Integral de Drogas Peligrosas de 2002: el segundo proyecto de ley en cinco años que proponía la vuelta a la pena capital y que pasaba al Senado. Sin embargo, disminuyó el apoyo de los senadores que anteriormente se posicionaron a favor de dicha reinstauración, lo que redujo el riesgo de que se volviera a aplicar la pena capital.
En general, se debe tener cautela, sobre todo teniendo en cuenta la llegada al poder de Ferdinand "Bongbong" Marcos Junior como presidente y de Sara Duterte como vicepresidenta (enlace disponible en inglés) tras las elecciones presidenciales de mayo de 2022. La amenaza de una posible reintroducción de la pena de muerte en Filipinas sigue latente.
Filipinas ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1986 como su Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (2PF-PIDCP) en 2007.
Actividades de PGA sobre la abolición de la pena de muerte en el país:
30-31 de octubre de 2018: PGA organizó, en colaboración con la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN, por sus siglas en inglés) y la “Ensemble contre la peine de mort (ECPM)”, un seminario parlamentario regional titulado “Haciéndole Frente a la Pena de Muerte en Asia: El papel de los parlamentarios” (enlace disponible en inglés) en Kuala Lumpur (Malasia). El Honorable Tomasito Villarin, miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas, asistió al evento y realizó una intervención sobre la experiencia de Filipinas con la pena de muerte, incluidos los recientes esfuerzos para bloquear su reintroducción.
29 de noviembre de 2017: PGA organizó un evento paralelo durante su 39º Foro Anual en Milán (Italia), titulado “Alejándose de la pena capital en Asia” (enlace disponible en inglés). El evento se centró en los temas y argumentos particularmente relevantes para el movimiento abolicionista en los países asiáticos. Esto permitió al Senador Antonio Trillanes, miembro de PGA, compartir su experiencia con otros parlamentarios asiáticos y discutir cómo actuar mejor contra la reintroducción de la pena de muerte en los países abolicionistas.
16 de octubre de 2017: PGA emitió una declaración (enlace disponible en inglés) dando la bienvenida a la posición adoptada por nueve de los veinticuatro senadores filipinos, incluidos los miembros de PGA, senador Antonio Trillanes y senadora Leila de Lima, en contra de la medida del gobierno de reintroducir la pena de muerte en el país. Esto llevó al Comité pertinente a aplazar su discusión del proyecto de ley. El senador Trillanes también publicó una declaración.
