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Mobilizing Legislators as Champions for Human Rights, Democracy, and a Sustainable World
Movilizando parlamentarios como defensores y defensoras de los derechos humanos, la democracia y un mundo sostenible. Conozca más

Últimas Actividades:

Crédito de la foto: Reunión DROI - Intercambio de puntos de vista con diputadas afganas en el exilio © Unión Europea (2026) - Parlamento Europeo

Crisis de derechos humanos en Afganistán: Las parlamentarias afganas se dirigen al Parlamento Europeo

El 18 de marzo de 2026, las parlamentarias afganas, forzadas al exilio desde la toma del poder militar por los talibanes en agosto de 2021, intervinieron en una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo.


Parliamentarians for Global Action Elects New Board Members at 46ᵗʰ Annual Forum in Mexico City

Parliamentarians for Global Action Elects New Board Members at 46ᵗʰ Annual Forum in Mexico City

PGA’s International Council is made up of legislative leaders from 18 countries who serve as the chairs of PGA national groups

Mexico City, Mexico — Following the close of the 46th Annual Forum and 46th Consultative Assembly of Parliamentarians for the Oceans (4th CAP-Oceans), held March 26–27 in Mexico City, Parliamentarians for Global Action (PGA) convened its International Council to elect PGA’s Executive Committee for the 2026-2027 term. PGA’s International Council is made up of legislative leaders from 18 countries who serve as the chairs of PGA national groups. These cross-party caucuses of parliamentarians enable legislators to work collectively on domestic legislation and policies while staying integrated into PGA’s global advocacy work. The International Council elected a new Chairperson of the International Council and a new Treasurer, while re-electing Hon. Syed Naveed Qamar, MP (Pakistan) as President of PGA. PGA extends its heartfelt congratulations to the newly elected members of the 2026–2027 Executive Committee: Hon. Syed Naveed Qamar, MP (Pakistan) — President Dip. Jorge Calix (Honduras) — Chairperson, International Council Hon. Bernard Georges, MP (Seychelles) — Treasurer Hon. Abdoulie Ceesay, MP (The Gambia) Sen. Janelle Chanona (Belize) Hon. Daniel Fortune Molokele, MP (Zimbabwe) Hon. Millie Odhiambo, MP (Kenya) Dep. Christelle Vuanga (Democratic Republic of Congo) Hon. Ebu Jones, MP (Surrname) “We are proud to welcome this extraordinary group of legislators to PGA’s leadership,” said Mónica Adame, Secretary-General of PGA. “The diversity of this Executive Committee — representing government and opposition parties, all regions of the world, and both chambers of parliament — reflects the breadth of our global parliamentary movement. At a moment when democracy and international cooperation face serious headwinds, we are grateful for the commitment and leadership that each of these legislators brings to our network.” PGA expresses its deep gratitude to its outgoing Board members - Mr. Ali Ehsassi, MP (Canada), Ms. Petra Bayr, MP (Austria), Hon. Valerie Woods, Speak of the National Assembly (Belize), and Sen. Boris Dittrich (The Netherlands) - for their years of dedicated service to PGA’s governance and mission. Their leadership has been invaluable in advancing PGA’s work across programs, regions, and campaigns.  

#MPsShapeTheFuture

#MPsShapeTheFuture

Pocas veces el mundo ha estado tan necesitado de voces creíbles y humanas que expliquen por qué es importante la cooperación y qué se consigue con ella.

NOS ENCONTRAMOS EN UNA ENCRUCIJADA. Durante casi dos décadas, la democracia ha estado en declive en todo el mundo. En todo el planeta, las instituciones democráticas están siendo atacadas, a menudo desde dentro. La separación de poderes, fundamento básico de una democracia sana, se está desmantelando. El espacio cívico se está cerrando. La desinformación está ahogando la verdad. La integridad electoral se está viendo comprometida. Los cimientos que hacen posible la cooperación se están erosionando. Pero esto es lo que sabemos: cuando los sistemas se rompen, crean espacio para la transformación. Como rama democrática más cercana al pueblo, los parlamentarios se encuentran en una posición única para dar forma a lo que vendrá después. Para defender lo que debe protegerse. Para construir lo que debe surgir. Para afirmar los principios y valores sobre los que se sustentan nuestras comunidades. Y para hacerlo juntos. Parliamentarians for Global Action está lanzando #MPsShapeTheFuture, una campaña para unir a los parlamentarios como defensores de la democracia y la cooperación internacional. Hacemos un llamamiento a los parlamentarios de todos los rincones del mundo que creen en la promesa de la democracia, la reivindicación de la justicia y el derecho a la libertad inherente a la humanidad, para que se comprometan con las siguientes actividades y prácticas: ① DEFENDER LA DEMOCRACIA EN CASA Las democracias fuertes son la base para que las comunidades se sientan seguras, disfruten de la igualdad de derechos y prosperen. Nos comprometemos a tomar medidas concretas que: Protejan la separación de poderes y la independencia judicial Salvaguarden los derechos civiles y políticos de todas las comunidades Garanticen que el espacio cívico permanezca abierto al disenso y al diálogo Combatan la desinformación con alfabetización mediática y transparencia Garanticen la integridad electoral frente a las interferencias ② DEFENDER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL La cooperación internacional no es solo idealismo. Ofrece oportunidades para tener voz en la toma de decisiones a nivel mundial que reflejen nuestras necesidades nacionales y transformen nuestras comunidades locales. Los problemas a los que nos enfrentamos —la crisis climática, la ciberdelincuencia, las pandemias, los desplazamientos masivos— traspasan fronteras. Las soluciones que desarrollemos también deben ser globales. La cooperación internacional no es simplemente idealismo, es la forma en que participamos en los procesos de toma de decisiones que benefician a nuestras comunidades y ayudan a resolver problemas que traspasan fronteras. Nos comprometemos a promover marcos internacionales que protejan los derechos y la dignidad de todas las personas y del planeta, entre ellos: Apoyar la integridad del derecho internacional, incluida la defensa de la Corte Penal Internacional y la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas Abogar por la regulación del comercio internacional de armas para mantener la seguridad de nuestras comunidades Proteger nuestros océanos, mares y recursos marinos mediante la conservación y el uso sostenible Abordar la ciberdelincuencia mundial y el uso responsable de la inteligencia artificial mediante una buena gobernanza El fortalecimiento de la acción climática que garantice la democracia medioambiental y la justicia climática. La garantía de que todas las personas tengan el mismo valor, vivan con dignidad y puedan alcanzar su máximo potencial, libres de toda forma de violencia y discriminación. La petición de un relator especial de las Naciones Unidas sobre la democracia para supervisar y proteger la gobernanza democrática en todo el mundo. ③ DAR PRIORIDAD AL DIÁLOGO Y LA SOLIDARIDAD Los parlamentarios debemos dar ejemplo en la construcción de puentes que pedimos a nuestros gobiernos que practiquen. Nos comprometemos a: Defender el Código Parlamentario Global de Conducta Democrática de la PGA. Participar en redes de aprendizaje entre pares transfronterizas. Mostrar solidaridad con los parlamentarios amenazados. Crear coaliciones entre partidos centradas en soluciones, no en divisiones Colaborar con la sociedad civil para fortalecer nuestras comunidades Promover una gobernanza democrática inclusiva, transparente y responsable en todo el mundo. Por qué es importante El orden internacional basado en normas, creado para evitar los devastadores conflictos globales que el mundo vivió a principios del siglo XX, se enfrenta a amenazas existenciales. Las instituciones fundamentales de este orden mundial se están resquebrajando. La cooperación multilateral y la arquitectura de resolución colectiva de problemas que en su día fueron prometedoras se encuentran bajo amenaza directa. Pero no estamos indefensos. Como representantes electos, traducimos los marcos globales en impacto local. Hacemos que nuestros gobiernos rindan cuentas de los compromisos internacionales. Proporcionamos voces humanas y creíbles que las instituciones distantes no pueden ofrecer. Nuestros electores necesitan que les expliquemos por qué es importante la cooperación. La oportunidad que se nos presenta Esta campaña consiste en imaginar y construir los sistemas de gobernanza que necesitamos para el siglo XXI. Sistemas que: Sirvan a todas las comunidades, no solo a los poderosos Protejan a las generaciones futuras, no solo los intereses actuales Permitan la cooperación respetando la soberanía Utilicen la tecnología de forma responsable para mejorar la democracia, no para socavarla Los parlamentarios son los artífices de lo que surja de este momento de crisis. Únase a #MPsShapeTheFuture Durante los próximos meses, Parlamentarios por la Acción Global ofrecerá una serie de recursos (intercambios de aprendizaje entre pares, reuniones, herramientas de comunicación y promoción coordinada) para ayudarle a defender la democracia en su país, articular la importancia y la relevancia de la cooperación internacional y fomentar una visión del futuro que todos podamos estar orgullosos de dejar a las generaciones que vengan después de nosotros. Este es nuestro momento para innovar y transformar. Oportunidades inmediatas para actuar

Un comienzo prometedor: el GIAI celebra los avances hacia una convención sobre crímenes contra la humanidad

Un comienzo prometedor: el GIAI celebra los avances hacia una convención sobre crímenes contra la humanidad

La primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes contra la Humanidad, celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero de 2026, supuso un importante paso adelante en el avance

Avanzando hacia una Convención sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad La primera sesión del Comité Preparatorio de la (ONU) sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad, celebrada en Nueva York del 19 al 30 de enero de 2026, supuso un importante paso adelante en el avance de las negociaciones hacia un tratado internacional largamente esperado. A lo largo de dos semanas, los países participaron en consultas sustantivas sobre el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y publicado en 2019, que servirá de base para las negociaciones de la futura convención. Según el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 79/122, los debates abordaron el alcance de la futura convención, las definiciones de los delitos que se incluirán, las obligaciones de los Estados en materia de prevención y castigo, la cooperación internacional y la aplicación, así como las cuestiones de procedimiento que guiarán las próximas fases del proceso. Los debates reflejaron el gran interés de los Estados y los grupos regionales en la elaboración de una convención específica y contribuyeron a identificar tanto los ámbitos de convergencia como las cuestiones que requieren un examen más detenido. La participación inclusiva de la sociedad civil como base para una convención creíble La Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) acoge con satisfacción la decisión del Comité Preparatorio de garantizar una participación inclusiva en las próximas etapas de las negociaciones. Esto incluye ampliar la participación a las organizaciones de la sociedad civil sin estatus consultivo ante el ECOSOC, así como a representantes de instituciones académicas y del sector privado. Esta decisión refuerza la legitimidad, la transparencia y la eficacia del proceso. Reconoce el papel esencial de las víctimas, las comunidades afectadas y los actores de la sociedad civil en la configuración de una convención significativa y centrada en los supervivientes, así como la importancia de la experiencia vivida para garantizar que la futura convención sea creíble, responda a los daños reales y sea capaz de impartir justicia. La FIDH, en nombre de la GIAI, presentó una declaración durante la sesión en la que se esbozaban las prioridades clave para una convención sólida y eficaz. En particular, la GIAI hizo hincapié en la necesidad de que la futura Convención: sea progresista y refleje el derecho internacional contemporáneo, incluidos sus últimos avances; esté inequívocamente centrada en las víctimas, garantizando explícitamente sus derechos a la información, la participación, la protección y la reparación plena y efectiva; abordar los delitos que con demasiada frecuencia han permanecido invisibles o impunes, incluyendo el reconocimiento explícito de los delitos basados en el género, como el apartheid de género y las violaciones graves de la autonomía reproductiva, así como la incitación a cometer crímenes contra la humanidad como delito independiente; y establecer un mecanismo específico de supervisión y denuncia para garantizar su aplicación efectiva. La declaración completa está disponible aquí, así como una grabación en vídeo de la intervención aquí. Próximos pasos Los Estados deben presentar propuestas formales de enmiendas al proyecto de artículos a más tardar el 30 de abril de 2026. Estas propuestas se recopilarán en un texto consolidado, que servirá de base para las negociaciones en la conferencia diplomática prevista para principios de 2028 y nuevamente en el transcurso de 2029. Antes de la fecha límite de abril, los socios de GIAI contribuyeron a una serie de informes temáticos para informar las negociaciones, entre ellos: Derechos de las víctimas – Nota informativa conjunta de REDRESS y FIDH en nombre de la GIAI, con el apoyo de TRIAL International, Women’s Initiatives for Gender Justice, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Global Survivors’ Fund. Responsabilidad de las personas jurídicas por crímenes contra la humanidad – TRIAL International, respaldado por FIDH, ECCHR, REDRESS, Women’s Initiatives for Gender Justice, Amnistía Internacional y Alessandra De Tommaso, entre otros. «Hacia una convención sobre los crímenes contra la humanidad: recomendaciones clave para las negociaciones en curso» – ECCHR «Promover la justicia de género en la Convención sobre los Crímenes contra la Humanidad: una declaración» – Crimes Against Humanity Treaty Now Justicia para los niños en la futura convención – Coalición Niños y Crímenes contra la Humanidad Propuesta de revisión de la definición de tortura - informe conjunto de la Facultad de Derecho de la American University Washington, REDRESS, Parlamentarios para la Acción Global y OMCT Estas contribuciones tienen por objeto ayudar a los Estados a garantizar que la futura convención suponga avances concretos en materia de rendición de cuentas, prevención y justicia para las víctimas de crímenes contra la humanidad.

Parliamentary Resolution in Support of a UN Special Rapporteur on Democracy

Parliamentary Resolution in Support of a UN Special Rapporteur on Democracy

This initiative builds on decades of parliamentary advocacy and complements existing UN human rights mechanisms, providing a dedicated, cross-cutting focus on democracy worldwide.

Add Your Name to the Declaration Overview Parliamentarians for Global Action (PGA) calls on the United Nations Human Rights Council to establish a UN Special Rapporteur on Democracy to report and advise the United Nations on the state of democracy as it relates to human rights. This independent authority would: Monitor global and regional democratic governance Identify risks of democratic backsliding Promote good practices and advise governments and parliaments Engage civil society and marginalized communities to inform policy This initiative builds on decades of parliamentary advocacy and complements existing UN human rights mechanisms, providing a dedicated, cross-cutting focus on democracy worldwide. Background Democracy is under unprecedented pressure worldwide. Shrinking civic space, rising authoritarianism, and the erosion of democratic norms threaten human rights, peace, and accountable governance. At this critical moment, Parliamentarians for Global Action is advancing a new initiative to strengthen democratic governance through the international human rights system. Building on PGA’s ongoing efforts and broad parliamentary support, we are launching a Parliamentary Resolution in Support of the Establishment of a UN Special Rapporteur on Democracy. This resolution calls on the United Nations Human Rights Council to create a dedicated mandate — a Special Rapporteur on Democracy — to monitor democratic practices, identify emerging risks, promote good practices, and support effective, rights‑based democratic governance worldwide. The resolution draws on decades of successful advocacy on democracy and emphasizes the unique role parliamentarians play in safeguarding democratic accountability, inclusiveness, and the rule of law. It also responds directly to calls from civil society organizations, inter‑parliamentary bodies, and democratic actors for a more structured and systemic approach to democracy within the United Nations human rights architecture. Why Sign? Democracy is facing a critical global moment. Shrinking civic space, rising authoritarianism, and eroding democratic norms threaten human rights, peace, and accountable governance. Using your voice as a parliamentarian can: Protect democratic institutions and uphold civic freedoms Amplify the voices of women, youth, and marginalized communities Support a UN mandate that provides early warning and guidance on democratic risks Position yourself as a global defender of democracy Why This Matters - Next Steps for Legislators The establishment of a UN Special Rapporteur on Democracy would enhance the international community’s capacity to safeguard democratic governance at a moment of profound global challenge. For legislators, this initiative offers a strategic opportunity to reinforce democratic norms internationally while advancing national commitments to human rights, the rule of law, and accountable institutions. A dedicated UN mandate would: Provide early warning of democratic erosion, enabling States and parliaments to respond before crises escalate; Promote good practices in electoral integrity, parliamentary independence, inclusive political participation, and checks and balances; Elevate citizen voices, particularly those of women, youth, and marginalized groups whose participation is essential to democratic legitimacy; Strengthen multilateral cooperation on democracy promotion by aligning national policies with international human rights standards; Reaffirm the UN’s commitment to the rights articulated in Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, ensuring democracy remains a core priority across the UN agenda. Parliamentary Resolution in Support of the Establishment of a UN Special Rapporteur on Democracy Preamble Recognizing that democracy is the best system to protect human rights, enshrined in key international instruments, including Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, which affirms that “the will of the people shall be the basis of the authority of government,” and that democratic principles are central to the legitimacy, accountability, transparency, and inclusiveness of political institutions; Affirming that democratic backsliding, the erosion of civic space, and the rise of authoritarianism pose serious and growing risks to the enjoyment of human rights, as well as to peace, stability, and sustainable development worldwide; Acknowledging that existing United Nations mechanisms, including Human Rights Council thematic mandates, protect key democratic rights, but that no dedicated mandate currently provides a comprehensive, structural, and systemic focus on democracy; Further acknowledging that civil society organizations, inter-parliamentary bodies, and other relevant stakeholders have called for the creation of a United Nations Special Rapporteur on Democracy to help address this gap in the international human rights architecture; Recalling that the United Nations Human Rights Council has established a wide range of independent,  pro bono Special Rapporteurs under its “special procedures” system, who serve as impartial experts tasked with fact-finding, consultation, research, reporting, and the formulation of recommendations; Recognizing that a Special Rapporteur on Democracy could complement existing mandates by providing cross-cutting institutional and structural analysis, identifying emerging risks and good practices, and supporting capacity-building efforts related to democratic governance; Affirming that parliamentarians play a critical role in safeguarding democracy, promoting accountability, upholding the rule of law, and ensuring inclusive political representation, particularly for women, youth, marginalized groups, and underrepresented communities. Operative Clauses Calls upon the United Nations Human Rights Council to establish, as soon as feasible, a new thematic mandate, namely, a Special Rapporteur on Democracy, under the system of independent special procedures. Requests that the mandate of the Special Rapporteur on Democracy be clearly defined and grounded in international human rights law. It may include the following core functions: < a. Monitoring and Analysis Conduct structural, institutional, and comparative analysis of democratic governance at the global and regional levels; Identify trends, risks, and opportunities related to democratic backsliding, democratic resilience, and reform; Assess the state of civic space, political participation, electoral integrity, checks and balances, parliamentary effectiveness, and accountability mechanisms. b. Fact-Finding and Reporting Undertake country visits, with the consent of States, to assess democratic practices, challenges, and reforms; Gather information from a wide range of stakeholders, including citizens, civil society organizations, marginalized communities, parliaments, political parties, and regional and international bodies; Prepare and present reports to the Human Rights Council, and where appropriate to the General Assembly, containing findings, analysis, identified good practices, and recommendations. c. Cooperation and Coordination Work closely with existing UN Special Rapporteurs and mandate holders, including those on freedom of expression, freedom of peaceful assembly and association, and the independence of judges and lawyers, to ensure complementarity and avoid duplication; Establish consultative mechanisms, including engagement with democracy scholars, civil society practitioners, and other relevant stakeholders, to inform the mandate’s work and ensure expert input. Urges United Nations Member States, particularly those committed to democratic governance and human rights, to co-sponsor and actively support establishing the Special Rapporteur on Democracy. Encourages parliamentarians, through national parliaments, parliamentary caucuses, and inter-parliamentary organizations, to champion this initiative within their national delegations to the United Nations and to build sustained political momentum for the creation and support of this mandate. Calls for meaningful engagement with civil society organizations, youth movements, marginalized groups, and grassroots democratic actors in supporting the work of the Rapporteur, ensuring that their perspectives and lived experiences inform its analysis and recommendations. Requests that the Special Rapporteur pay particular attention to issues of democratic inclusion, including the political participation and representation of women, youth, minorities, indigenous peoples, and other marginalized or underrepresented groups. Affirms that the establishment of this mandate would strengthen global efforts to uphold human rights, reinforce the rule of law, and reaffirm the centrality of democracy within the United Nations system, consistent with the purposes and principles of the UN Charter. Decides to transmit this resolution to the President of the United Nations Human Rights Council, the Permanent Missions of Member States, and relevant inter-parliamentary and multilateral networks. The health and resilience of democratic systems worldwide are essential to the protection and fulfillment of human rights. Supporting the creation of a UN Special Rapporteur on Democracy would help strengthen democratic institutions, counter authoritarian backsliding, and empower citizens to participate meaningfully in shaping their societies. We therefore call upon all democratically minded parliamentarians and States to join this effort and to lend their voice and influence to making this mandate a reality. Concrete Next Steps for Legislators Table a Parliamentary Question Introduce a parliamentary question to the Minister of Foreign Affairs to clarify the government’s position on the proposed Special Rapporteur on Democracy and to encourage proactive support. Introduce a Parliamentary Motion or Resolution Sponsor or support a motion affirming parliamentary backing for the mandate, reinforcing the government’s diplomatic position and signaling cross-party commitment. Engage with the Foreign Ministry and UN Mission Request briefings and urge your country’s Permanent Mission in Geneva or New York to explore co-sponsorship of a resolution establishing the UN Special Rapporteur on Democracy. Coordinate with Regional and Inter-Parliamentary Networks Build momentum through cross-party and cross-border collaboration, encouraging collective action within regional and thematic parliamentary bodies. Amplify Civil Society Voices Engage with democracy and human rights organizations to inform parliamentary advocacy and strengthen public messaging. Public Communication and Awareness Use parliamentary statements, media engagement, social media, and opinion pieces to highlight the importance of protecting democracy globally. Prepare for United Nations Human Rights Council or United Nations General Assembly Sessions Monitor upcoming sessions where the initiative may be tabled and encourage early endorsement or co-sponsorship by national governments.

Parlamentarios africanos promueven la justicia internacional

Parlamentarios africanos promueven la justicia internacional

El 28 de noviembre de 2025, 22 parlamentarios de 14 países africanos se reunieron en Nairobi (Kenia) para participar en el Diálogo del Grupo de Trabajo Africano sobre Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, organizado por la PGA.

El 28 de noviembre de 2025, 22 parlamentarios de 14 países africanos se reunieron en Nairobi (Kenia) para participar en el Diálogo del Grupo de Trabajo Africano sobre Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, organizado por la PGA. El evento culminó con la adopción del Plan de Acción de Nairobi, que describe medidas concretas para fortalecer la justicia penal tanto a nivel internacional como nacional, promover la universalidad del Estatuto de Roma y otras iniciativas de justicia internacional, y defender la independencia de la CPI. Contexto Los miembros de Parlamentarios para la Acción Global en África han desempeñado un papel fundamental en el avance de la ratificación del Estatuto de Roma. Sin embargo, los renovados debates sobre el equilibrio entre la paz, la rendición de cuentas y la soberanía, junto con la persistente percepción de parcialidad de la CPI hacia los Estados africanos, han llevado a Burkina Faso, Malí y Níger a anunciar su intención de retirarse del Estatuto. En este contexto, el Diálogo, que reunió a miembros de los parlamentos de Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Djibouti, Ghana, Kenia, Malawi, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Gambia, Zambia y Zimbabue, así como a expertos internacionales de la CPI y organizaciones de la sociedad civil, supuso una intervención oportuna y estratégica. Permitió mantener debates sinceros sobre los obstáculos a la universalidad y la aplicación efectiva, reforzar el compromiso entre los Estados africanos y la CPI, desarrollar la capacidad parlamentaria para promover las obligaciones del Estatuto de Roma e identificar vías concretas para mejorar la cooperación entre los mecanismos de justicia nacionales, regionales e internacionales. El compromiso de África con el sistema del Estatuto de Roma Durante los debates sobre la relación de África con la CPI, los expertos aclararon los argumentos relativos al sesgo de la CPI hacia África. Ofrecieron una visión general detallada de las investigaciones y situaciones actuales, demostrando que las investigaciones en curso de la CPI y los países en situación abarcan múltiples regiones, lo que reafirma el alcance global de la Corte. Los ponentes subrayaron la necesidad de contrarrestar las percepciones erróneas persistentes sobre la Corte y de profundizar el compromiso constructivo a través de la Asamblea de los Estados Partes y las reformas nacionales. Los expertos compartieron vías legislativas para incorporar los delitos, los principios y los procedimientos de cooperación en la legislación nacional, incluida la no aplicación de inmunidades, la responsabilidad del mando y marcos claros de detención y entrega, de modo que los delitos internacionales puedan investigarse y enjuiciarse eficazmente a nivel nacional o en la CPI, en caso de que el sistema nacional no pueda o no quiera hacerlo de forma genuina. Tras una detallada descripción jurídica del contenido de la legislación de aplicación efectiva proporcionada por la directora del programa de la PGA, Frederika Schweighoferova, la abogada penalista internacional de la Fundación Wayamo, Linda Bore Kamp, hizo hincapié en la necesidad de contar con marcos nacionales sólidos y una jurisdicción universal para colmar las lagunas en materia de rendición de cuentas: «Los sistemas nacionales son la primera línea de defensa. Nos corresponde a nosotros, en nuestras propias jurisdicciones nacionales, fortalecer nuestros sistemas nacionales para fomentar la justicia penal internacional... Si reforzamos nuestra propia capacidad nacional, muchos casos no tendrán que llegar a la CPI». Linda Bore Kamp, International Criminal Lawyer and Project Coordinator, Wayamo Foundation Parlamentarios de Kenia, la República Democrática del Congo, Gambia y otros países compartieron sus experiencias y estrategias legislativas para incorporar los delitos del Estatuto de Roma y los mecanismos de cooperación en la legislación nacional. Hicieron hincapié en la urgente necesidad de adoptar enfoques centrados en las víctimas y abordar los delitos basados en el género para garantizar la justicia para los supervivientes. Hicieron referencia a los esfuerzos de implementación en curso y a las vías complementarias para la rendición de cuentas, incluidos los retos asociados con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y jurisdicciones especiales como el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana. Impulsar las iniciativas de justicia internacional Los parlamentarios tienen una oportunidad crucial para fortalecer y promover el Estatuto de Roma a través de varios desarrollos normativos en curso. Entre ellos se incluyen los esfuerzos para promover enmiendas que aborden los crímenes internacionales sujetos a un desarrollo normativo o una codificación en curso, como el crimen de agresión, los crímenes propuestos de ecocidio, esclavitud y trata de esclavos. Paralelamente, los instrumentos complementarios de justicia internacional —entre los que destacan el Convenio de Asistencia Jurídica Mutua de Liubliana-La Haya (aprobado en 2023) y el proyecto de convenio sobre crímenes contra la humanidad (cuya negociación está en curso y cuya aprobación se prevé para 2029)— refuerzan aún más el sistema del Estatuto de Roma al mejorar la cooperación, colmar las lagunas en materia de rendición de cuentas y apoyar la aplicación efectiva a nivel nacional mediante el principio de complementariedad. La Dra. Ewelina Ochab, abogada del programa de la Asociación Internacional de Abogados, destacó la importancia de la participación parlamentaria en la reforma de la jurisdicción relativa al delito de agresión (prevista para 2029), así como la necesidad de reformas nacionales para colmar las lagunas en la aplicación del Estatuto de Roma. La profesora Jocelyn Getgen Kestenbaum, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo, debatió las enmiendas propuestas sobre la inclusión de la esclavitud y la trata de esclavos como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con el objetivo de poner fin a la impunidad de la esclavitud contemporánea. El Honorable Ernest Yaw Anim (diputado de Ghana) abordó el daño medioambiental a través de la enmienda propuesta al Estatuto de Roma sobre el ecocidio y la supervisión nacional: «El Estatuto de Roma ha evolucionado anteriormente en materia de genocidio, niños soldados y el crimen de agresión porque la humanidad reconoció nuevas amenazas. Hoy en día, la amenaza existencial es el colapso medioambiental. Si no actuamos, nuestros hijos heredarán ríos envenenados, tierras áridas y un clima inestable. Si actuamos con decisión, África puede liderar el mundo en el avance hacia una nueva era de justicia medioambiental... Reconocer el ecocidio no es solo una cuestión técnica jurídica, es un deber moral y una responsabilidad generacional». Hon. Ernest Yaw Anim (diputado de Ghana) Por último, en vista de las amenazas externas, las sanciones y los ciberataques contra la Corte, se instó a los parlamentarios a que prestaran un apoyo político y operativo firme a la CPI. Los parlamentarios comprometidos con la justicia internacional Mediante la adopción unánime del Plan de Acción de Nairobi para la Justicia Internacional, los legisladores se comprometieron a promover la ratificación y la aplicación efectiva a nivel nacional del Estatuto de Roma y sus enmiendas, y a abogar por una cooperación internacional más sólida entre los Estados africanos. Además, acordaron reforzar los marcos jurídicos nacionales para hacer frente a los delitos de género, defender la independencia y la imparcialidad de la CPI, apoyar las iniciativas de justicia internacional en curso, proporcionar suficiente apoyo político y financiero a la CPI y al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, y reconocer el papel fundamental de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de la rendición de cuentas y el estado de derecho internacional.

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – October - December 2025

Quarterly Update of the Campaign for the Abolition of the Death Penalty – October - December 2025

2025: alarming developments for the abolition of the death penalty

2025: alarming developments for the abolition of the death penalty The final quarter of 2025 left the movement for the abolition of the death penalty facing grim realities. Executions reached record highs, especially for offences not meeting the “most serious crimes” threshold (intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences) required under international law. Across all regions, concerning trends emerged: A surge in the number of executions in Iran, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America, alongside the continued use of public executions by the Taliban in Afghanistan; Legislative setbacks – including expansion of the death penalty to drug-trafficking offences in The Maldives, a discriminatory bill targeting Palestinians in Israel, and an amendment to reinstate the death penalty in Burkina Faso. The need for parliamentary leadership Now more than ever there is the need for parliamentarians worldwide to take action and mobilize. The death penalty is not an effective tool in the fight against crime it is often applied arbitrarily and discriminatorily; it represents a form of torture; and it does not guarantee security. Parliamentarians for Global Action highlighted this message on the 10th World Day Against the Death Penalty with its factsheet “The Death Penalty protects No One.” This document provides parliamentarians with concrete arguments to counter prevailing narratives and describes how governments have used “security” as a political tool to justify capital punishment. An important focus of the abolitionist work must also address the gender dimension of the death penalty. Between 500-1,000 women in 42 countries sentenced to death live in deplorable conditions. The Guardian published the stories of five women on death row describing the intersectional nature of their situation and more difficult conditions of detention, such as heightened security and solitary confinement. Read more about the gender dimension of the death penalty and work of the World Coalition Against the Death Penalty on gender here. Hope in action: parliamentarians driving change Despite these worrying developments, hope remains fueled by the commitment of parliamentarians around the world. Hon. Musowa, MP and PGA Member (Malawi), exemplified this during Malawi’s Universal Periodic Review, where Parliamentarians for Global Action and civil society partners organized an “Information Meeting on the Universal Periodic Review Process in Malawi: Towards the Abolition of the Death Penalty in Malawi and the Region.” The event highlighted Malawi’s journey towards abolition, discussed remaining challenges, and shared best practices. On this occasion, Hon. Musowa reaffirmed: “I make the commitment knowing where we are coming from, knowing what we are able to achieve and knowing what we are able to do as Malawian Parliament.” Mobilization was also key during the fifth regional congress on the death penalty in East Asia, organized by Ensemble contre la peine de mort in Tokyo (Japan), and to which Parliamentarians for Global Action Secretariat attended, alongside former PGA members and allies of the abolitionist movement, such as Hon. Oyungerel Tsedevdemba (Mongolia) or Mario Marazziti (Italy). Japanese parliamentarians also attended the Congress and made a strong commitment to reopening the debate on abolition, and to working on the need for more transparency in death penalty proceedings, judicial reform, and regional cooperation. Hope for generating progress in the region also came from Malaysia, as Hon. Kulasegaran, Deputy Law Minister in the Malaysian Prime Minister’s Department and PGA Member announced a comprehensive study on the abolition of the death penalty, launching in January 2026. This could represent the first step toward full abolition of the death penalty in the country. The year 2025 thus ended on a somber note, but it is worth remembering that globally, two third of UN Member States have abolished the death penalty in their legislation and nearly three-quarters have ceased executions – notably thanks to the action and commitment of parliamentarians. Progress continues, and the will to uphold human rights is evident, as demonstrated by the adoption, with 31 votes in favor, of the resolution on the death penalty at the Human Rights Council. October to December 2025 at a Glance Positive developments:  Council of Europe:  The Committee of Ministers (the Council of Europe’s decision-making body, comprising Ministers of Foreign Affairs of all the Member States) adopted a set of decisions reviewing the existing measures against the trade in goods used for the death penalty, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including further actions to strengthen their implementation.  Kyrgyzstan:  The Constitutional Court ruled as unconstitutional the government’s proposal to reinstate the death penalty for crimes against women and children, declaring that “bringing back the death penalty is unacceptable and legally impossible,” as it would constitute a violation of the constitutional guarantee of the right to life and breach Kyrgyzstan’s international human rights obligations.  Malaysia:  Malaysian government announced that it will launch a comprehensive study on the abolition of the death penalty beginning in January 2026. This announcement follows the decision in 2023 to abolish the mandatory death penalty and reduce its scope. According to Amnesty International, in 2025, 97 individuals remain on death row, including 47 waiting for an appeal.  Sudan:  Lawyer and human rights defender Montaser Abdullah, who offered legal assistance to survivors of gender-based violence and was facing the death penalty, has been released after the Criminal Court in Port Sudan acquitted him. Montaser Abdullah was charged for alleged espionage and denied the charges. Since the outbreak of war in Sudan in 2023, lawyers have been among those most targeted by both warring parties, including cases of arbitrary detentions, enforced disappearances, torture and arbitrary killings. Setbacks:  Afghanistan:  The Taliban de facto authorities conducted new public executions, bringing the number to at least 12 public executions since the Taliban took over in August 2021. The international community and UN experts, including the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan, condemned the public executions and called on the de facto authorities to immediately impose a moratorium and abolish the death penalty.  Bangladesh:  The International Crimes Tribunal sentenced, in absentia, Bangladesh’s former prime minister to death, for crimes against humanity. She was found guilty of ordering a deadly crackdown on student-led protest in 2024, which led to the death of at least 1,400 people and thousands wounded – most by gunfire from security forces. The death sentence was condemned by civil society organizations, including the Anti-Death Penalty Asia Network, who recalled that “the death penalty does not enhance accountability, nor does it strengthen the rule of law.”  Burkina Faso:  Burkina Faso’s government adopted a draft bill to reform the Penal Code, which includes reinstating the death penalty for offences such as “high treason,” “terrorism,” and “acts of espionage,” seven years only after it abolished capital punishment for ordinary crimes. The bill was passed to the Transitional Legislative Assembly. Civil society organizations urge the Transitional Legislative Assembly to oppose the reintroduction of the death penalty in the Penal Code, as it would represents a serious setback for human rights in the country, and the rule of law. Iran:  According to Iran Human Rights, at least 1,500 people were executed in 2025 (including at least 700 for drug-related offences), the highest number since the late 1980s and a rise of 106% compared to 2024. Many stakeholders, including the UN Fact-Finding Mission expressed alarm by the surge in repression and executions, especially since Israeli airstrikes in June, which were followed by a government crackdown that has further “constricted civic space, undermined due process and eroded respect for the right to life.” The Fact-Finding Mission noted that most death penalty cases investigated appear to contravene international human rights law, thereby violating the right to life.  The Guardian Council approved new anti-espionage legislation which expands penalties for spying and collaboration with Israel and the United States, including the death penalty. Israel:  The Knesset (Israel’s Parliament) approved a bill in its first reading which aims at introducing a mandatory death penalty for Palestinians convicted of deadly attacks against Israelis. The bill requires two more readings before becoming law. It raised serious concerns among human rights organizations and UN Human Rights Chief Volker Türk urged the Israeli authorities to not pass the bill, recalling its discriminatory principle, and its inconsistency with Israel’s obligations under international law.  Kingdom of Saudi Arabia:  At least 356 people were executed in Saudi Arabia in 2025, making this year the “bloodiest year of executions in the Kingdom since monitoring began” according to Reprieve. Among these, at least two thirds were convicted for drug-related offences, in violation with international norms and standards. Other important cases include a journalist and two individuals who were children at the time of their alleged protest-related crimes.  Kuwait:  New anti-drugs legislation expands the death penalty cases for at least 10 drug offences, including for those who repeat the drugs-related crime.  Maldives:  The People’s Majlis (Maldives’s parliament) adopted legislation expanding the scope of the death penalty to drug-trafficking offences through amendments to the Drugs Act. Civil society organizations, including Parliamentarians for Global Action, joined the Anti-Death Penalty Asia Network's call to the government of the Maldives to repeal the amendment, to maintain the moratorium on executions, and to adopt a clear plan towards full abolition.  Singapore:  In 2025, at least 17 people have been executed, most for drug-related offences. It represents the deadliest year since 2003 according to the NGO Capital Punishment Justice Project. Tunisia:  A man was sentenced to death for social media publications criticizing the President. The man received a presidential pardon one week later, but this unprecedented sentence for nonviolent expression raises serious concerns about restrictions on the freedom of expression and the rule of law in the country.  United States of America:  In 2025, 47 executions took place in the country, the highest level in 16 years. Methods used included nitrogen gas execution in Alabama and Louisiana, despite it being considered as amounting to cruel, inhuman or degrading treatment and torture.  From October-December 2025, a total of 13 executions were recorded, included: 6 executions in Florida; 1 execution in Indiana; 1 execution in Missouri; 1 execution in Mississippi; 1 execution in Arizona; 1 execution in Alabama; 1 in South Carolina; and 1 in Tennessee. New Reports and Resources:  African Commission on Human and Peoples’ Rights  The ACHPR adopted the activity report of the Working Group on the Death Penalty, Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions and Enforced Disappearances in Africa. The latter confirms the predominantly abolitionist trend in the African continent, although it underlines concerns for the fairness of proceedings in retentionist States and for the extent to which the continued existence of the death penalty violates the prohibition of torture and other cruel or inhuman treatment.  International Federation for Human Rights (FIDH)  FIDH published a new report on the death penalty in Asia (2020-2025), “Enduring injustice.” It finds that in most of the retentionist countries in Asia, the death penalty remains in force for offences that do not meet the threshold of the “most serious crimes under international law.”  Universal Periodic Session – 50th session:  States formulated recommendations to abolish the death penalty to Belarus, Jamaica, Liberia, Libya, Malawi and the Maldives.  UN Human Rights Council 60th session:  The Human Rights adopted the resolution on the question of the death penalty, with 31 votes in favor, 8 abstentions and 7 votes against. The resolution urges States to protect the rights of persons facing the death penalty, to respect international standards that provide safeguards guaranteeing protection of the human rights of those facing the death penalty, to ensure fair trial guarantees, and to consider acceding or ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.

Los parlamentarios piden rendición de cuentas en la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes

Los parlamentarios piden rendición de cuentas en la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes

Del 1 al 5 de diciembre de 2025, representantes de los países que son Estados Partes en el Estatuto de Roma, organizaciones internacionales y la sociedad civil se reunieron en La Haya (Países Bajos) para celebrar la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional.

Del 1 al 5 de diciembre de 2025, representantes de los países que son Estados Partes del Estatuto de Roma, organizaciones internacionales y la sociedad civil se reunieron en La Haya (Países Bajos) para celebrar la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional. En un contexto de creciente presión política sobre el sistema del Estatuto de Roma, la sesión brindó la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso común de luchar contra la impunidad y defender el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, encargada de investigar y enjuiciar a las personas por los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. A pesar de la erosión de la cooperación, la retirada del acuerdo por países parte del Estatuto de Roma y las crecientes tensiones geopolíticas, Parlamentarios para la Acción Global tuvo el honor de invitar a la Honorable Grace Neema Paininye, diputada (República Democrática del Congo), y a la Honorable Fawzia Koofi, diputada en el exilio (Afganistán), para que se dirigieran a los participantes y pidieran el fortalecimiento de los mecanismos de justicia internacional y el aumento al apoyo a los sobrevivientess y a las comunidades de víctimas en sus respectivos países y en todo el mundo. La urgencia de promover la universalidad del Estatuto de Roma El 1 de diciembre de 2025, en un evento paralelo coorganizado con Parlamentarios para la Acción Global, los puntos focales sobre universalidad, el embajador de la República de Corea, Su Excelencia el Embajador Seok-in Hong, y el Representante Permanente de los Países Bajos ante la Corte Penal Internacional, Su Excelencia Govert Jan Bijl de Vroe, destacaron los esfuerzos realizados por sus países para ampliar la jurisdicción universal del Estatuto de Roma. Reiteraron su compromiso de seguir promoviendo la ratificación del Estatuto de Roma, en particular en la región de Asia y el Pacífico (la menos representada entre los Estados Partes). Para alcanzar este objetivo, señalaron la importancia de la cooperación mundial y el papel fundamental que desempeñan la sociedad civil y el alcance de Parlamentarios para la Acción Global a través de sus miembros en todo el mundo. La presidenta de la Corte Penal Internacional, Excma. Sra. Jueza Tomoko Akane, destacó que la universalidad refuerza la legitimidad de la Corte y consolida el compromiso internacional al centro de su adopción. Destacó la importancia de la aplicación a nivel nacional y el principio de complementariedad, que permite a las autoridades nacionales enjuiciar los delitos graves. A medida que incrementa la labor de la Corte, promover la universalidad del Estatuto de Roma es un parámetro que le permite funcionar con mayor eficacia. Al abordar las retiradas de países partes del Estatuto de Roma, la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), Excma. Sra. Embajadora Päivi Kaukoranta, describió el papel de la Secretaría de la ASP en la colaboración temprana con los países, al tiempo que animó a todas las partes interesadas a hacer lo mismo para reforzar los esfuerzos destinados a corregir las percepciones erróneas sobre la Corte. El embajador de Ucrania en los Países Bajos, el Excmo. Sr. Embajador Andriy Kostin, declaró que la decisión de Ucrania de ratificar el Estatuto de Roma en octubre de 2024 fue una respuesta directa a la guerra de agresión de Rusia, lo que demuestra la voluntad de su país en consolidarse como defensor del Estado de derecho internacional. Para él, las seis órdenes de detención públicas emitidas por la Corte Penal Internacional contra altos funcionarios rusos sirven como prueba de que incluso los funcionarios de más alto rango pueden ser considerados responsables, lo cual es un elemento esencial para generar confianza en la justicia internacional. Advirtiendo que «la justicia retrasada es a menudo justicia denegada», subrayó la necesidad de dar prioridad a la rendición de cuentas por los delitos más graves, apoyando los esfuerzos de los mecanismos judiciales a nivel nacional, regional e internacional. Reconoció las limitaciones de la jurisdicción de la CPI sobre el delito de agresión, y la importancia de la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania para cerrar la brecha de rendición de cuentas en la situación de Ucrania. Los parlamentarios instan a la rendición de cuentas en un contexto de crímenes atroces La Honorable Grace Neema Paininye, diputada (República Democrática del Congo), describió las décadas de conflicto y crímenes atroces que afectan a las comunidades de su país. Destacó el papel decisivo que desempeñan los parlamentarios en el apoyo a los sobrevivientes y a las comunidades de víctimas, incluido el fortalecimiento de la legislación nacional y la armonización de la legislación nacional con el Estatuto de Roma. Mencionó que los parlamentarios de la República Democrática del Congo también desempeñan una importante función de supervisión y contribuyen a la promoción del establecimiento de un Tribunal Penal Especial en el país. Señaló la importancia de apoyar los programas psicosociales y de salud, el apoyo financiero a las reparaciones y reforzar los mecanismos de justicia transicional. Sabemos que una paz duradera requiere verdad, reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y restauración de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones. (...) La República Democrática del Congo espera de la comunidad internacional un apoyo claro e inquebrantable a los principios consagrados en el Estatuto de Roma, para que no sigan siendo teóricos, sino que se conviertan en vivos, aplicables y efectivos. Hon. Grace Neema Paininye, diputada (República Democrática del Congo) La honorable Fawzia Koofi, diputada en el exilio (Afganistán), recordó a la audiencia que la capacidad de dar voz a los que no la tienen y garantizar su protección mediante mecanismos de rendición de cuentas se ve más amenazada que nunca. Afganistán es el único país en el que más de 18 millones de mujeres son oprimidas por su género. Esta represión equivale a un delito de apartheid de género, que debe ser reconocido y codificado en el derecho internacional, incluyendo en el marco del proyecto de convención sobre crímenes contra la humanidad y mediante la modificación del Estatuto de Roma (véase el informe sobre el apartheid de género de PGA, en el que se describe el papel del Parlamento a la hora de solicitar el reconocimiento y la codificación del apartheid de género como delito en el derecho internacional). Haciendo hincapié en la importancia de los avances en la Corte Penal Internacional, en particular las dos órdenes de detención públicas contra líderes talibanes, insistió en que se necesita más apoyo de la comunidad internacional para que prevalezca la rendición de cuentas. Medidas como estas órdenes de detención dan a la comunidad afgana esperanza y la sensación de que el mundo no los ha olvidado. Existe una eliminación sistemática de las mujeres de la vida pública, social y política en Afganistán. (...) Las mujeres están siendo oprimidas, lo cual no es su elección. No elegimos ser mujeres, por lo que no deberíamos cargar con el peso de los dictadores. Lo que está sucediendo en Afganistán puede suceder mañana en cualquier lugar. Es una responsabilidad global apoyar la rendición de cuentas global. Hon. Fawzia Koofi, diputada en el exilio (Afganistán) La promesa de solidaridad a través de compromisos más firmes Al final de la semana, los Estados Partes adoptaron por consenso seis resoluciones sobre: el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y la Asamblea de los Estados Partes; la cooperación; las enmiendas al Reglamento de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, la aplicación de la recomendación R108 del Grupo de Expertos Independientes relativa al establecimiento de páneles de investigación ad hoc en caso de denuncias contra funcionarios electos; el procedimiento y los criterios para la exención de la pérdida del derecho de voto, y presupuesto para programas para 2026. El panorama geopolítico, cada vez más complejo, lleva a todos los actores involucrados a reconocer la urgente necesidad de reforzar los esfuerzos colectivos para defender la rendición de cuentas. Esto incluye salvaguardar y ampliar el sistema del Estatuto de Roma, fundamental para proteger a los sobreivivientes y a las comunidades de víctimas, así como apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos que están al frente de los esfuerzos por la justicia y se enfrentan a riesgos cada vez mayores. La entrega de un sospechoso por parte de Alemania en la situación de Libia a la Corte Penal Internacional fue un avance significativo al margen de la Asamblea. Desde que se abrió la investigación en 2011, es la primera vez que un sospechoso de crímenes internacionales cometidos en Libia es llevado ante la Corte, lo que da esperanza a cientos de víctimas y sobrevivientes que anhelan justicia.

PGA 2025 Year in Review and Looking Ahead to 2026

PGA 2025 Year in Review and Looking Ahead to 2026

As another year draws to a close, we reflect on the extraordinary resource at the heart of everything we do: our member parliamentarians.

Estimados/as colegas: Al acercarnos al cierre de otro año, deseamos reflexionar sobre el recurso más valioso que sustenta todo nuestro trabajo: nuestras y nuestros parlamentarios miembros. Son la piedra angular del trabajo de PGA y la razón de ser de esta red. En los parlamentos de todo el mundo, nuestras y nuestros miembros defienden los principios que dan identidad a nuestra organización, los mismos valores fundamentales que aspiramos a ver reflejados en nuestras sociedades: la justicia y el Estado de derecho, el respeto mutuo y por el medio ambiente, la democracia, la rendición de cuentas y la paz sostenible. Los logros que se destacan a continuación reflejan el profundo nivel de compromiso y dedicación que las y los miembros de PGA aportan para que nuestro espacio cívico prospere. Demuestran que la acción legislativa, cuando se guía por principios y se nutre del aprendizaje entre pares, puede generar cambios significativos para las comunidades, tanto dentro como fuera de sus países. En una época de creciente polarización, cuando las diferencias a menudo parecen insuperables, las y los miembros de PGA demuestran que la colaboración interpartidaria para promover los principios más fundamentales de nuestras sociedades no solo es posible, sino esencial. Desde Gambia hasta Ecuador, desde Pakistán hasta los Países Bajos, las y los miembros de PGA han estado trabajando por encima de las divisiones políticas a nivel nacional para garantizar que el apoyo a los derechos humanos trascienda la pertenencia partidaria. Ya sea reuniéndose para promover la igualdad de género, fortalecer la protección del medio ambiente o reforzar los mecanismos de justicia internacional, las y los miembros de PGA nos demuestran que los valores compartidos pueden unir incluso a las perspectivas políticas más diversas. Este año, PGA dio un paso importante para garantizar que los valiosos conocimientos y la experiencia de nuestra comunidad parlamentaria puedan seguir orientando el trabajo de la organización incluso después de que finalice el mandato de sus miembros. Lanzamos nuestra Red de Personas Exalumnas, encabezada por la exmiembro de PGA, Esther Cuesta (Ecuador), con el fin de crear un vínculo duradero con quienes, aun habiendo concluido su labor parlamentaria, mantienen su compromiso con los principios de PGA. Las y los miembros actuales de PGA se beneficiarán del acompañamiento y la experiencia de quienes integran la red de exalumnas y exalumnos, mientras que estos últimos tendrán la oportunidad de mantenerse conectados con sus pares y con las campañas de PGA. Al mirar hacia 2026, lo hacemos con agradecimiento por el incansable trabajo de nuestras y nuestros miembros y socios, y con un compromiso renovado de brindarles apoyo en todo lo que podamos. Juntas y juntos, seguimos construyendo el orden internacional basado en normas que es necesario para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático. Con nuestro agradecimiento,  Hon. Syed Naveed Qamar, Diputado (Pakistán) Presidente, Parlamentarios para la Acción Global LOGROS CLAVE PARA 2025 PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS Y GOBERNANZA MEDIOAMBIENTAL Dip. Bilaine de Ceita (Santo Tomé y Príncipe); la ministra Nilda da Mata, del Ministerio de Medio Ambiente, Juventud, Turismo y Sostenibilidad (Santo Tomé y Príncipe); y el diputado Arlindo dos Santos (Santo Tomé y Príncipe) Ratificación del Tratado sobre la Alta Mar El innovador Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas alcanzó las 60 ratificaciones en septiembre de 2025, lo que provocó su entrada en vigor en enero de 2026 como el primer marco internacional jurídicamente vinculante para la protección de la alta mar. Los miembros de la PGA han defendido el Tratado como una herramienta eficaz para una gobernanza oceánica sólida desde 2019, y parlamentarios de países de todo el mundo han liderado los llamamientos para su universalidad y aplicación efectiva. Lanzamiento del kit de herramientas del Acuerdo de Escazú Parliamentarians for Global Action publicó el Kit de herramientas para parlamentarios sobre el Acuerdo de Escazú: Promoción de los derechos humanos en materia ambiental, que proporciona a los parlamentarios los conocimientos, las herramientas y los recursos necesarios para mejorar de manera eficaz la gobernanza climática y los derechos ambientales en toda América Latina y el Caribe. Delegación de la PGA en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza, Francia Fortalecimiento de la protección de las áreas marinas Este año se ha producido un aumento de más del 1,6 % de las áreas marinas protegidas en todo el mundo, incluido el anuncio de la primera red de áreas marinas protegidas en Santo Tomé y Príncipe, donde los miembros de la PGA han intensificado sus llamamientos para una aplicación más sólida y una cogestión de estas áreas. IGUALDAD E INCLUSIÓN Hon. Sharmila Faruqui, diputada (Pakistán) y miembro de la PGA Acabar con el matrimonio forzado precoz en Pakistán La Asamblea Nacional de Pakistán aprobó una ley histórica que eleva la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años para todos los niños, gracias en gran parte a la activismo de la miembro de la PGA, la honorable Sharmila Faruqui, diputada. Delegación afgana en La Haya, junio de 2025 Sensibilización sobre el apartheid de género En junio, el Senado de los Países Bajos acogió una mesa redonda de la PGA en la que ocho parlamentarios afganos en el exilio lideraron un diálogo sobre los mecanismos de rendición de cuentas para Afganistán. En septiembre, la PGA publicó un informe sobre la política de apartheid de género en el que se destacan las vías parlamentarias para tipificar el apartheid de género como crimen contra la humanidad. Mónica Adame, secretaria general de la PGA, destacó la cuestión del apartheid de género en la Reunión Anual de 2025 de la Iniciativa Global Clinton, donde participó en el Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos. Promoción de la inclusión en el Pacífico Hemos lanzado un conjunto de herramientas con base cultural que proporciona a los parlamentarios del Pacífico estrategias para la reforma legislativa y la creación de coaliciones con el fin de promover la inclusión de los habitantes de las islas del Pacífico con orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales diversas. La exmiembro de la PGA, la embajadora Louisa Wall (Nueva Zelanda), presentó el conjunto de herramientas del Pacífico al vicepresidente del Parlamento y a los líderes de la sociedad civil en Kiribati, tendiendo un puente directo entre el liderazgo parlamentario y las voces de la comunidad. La embajadora Wall también destacó el impacto del conjunto de herramientas en su artículo en The Parliamentarian: 2025, número tres (páginas 22-23), contribuyendo a elevar la importancia del liderazgo parlamentario inclusivo en todos los países de la Commonwealth. p> PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES Lanzamiento de la Iniciativa Parlamentaria Global sobre Inteligencia Artificial Responsable Parlamentarios por la Acción Global lanzó una iniciativa para movilizar a los legisladores de todo el mundo con el fin de garantizar que la innovación en materia de IA proteja los derechos humanos y la democracia. A través de seminarios web regionales en África, el Caribe y Asia-Pacífico, los parlamentarios aprendieron sobre la Convención Marco sobre IA y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. El presidente del Grupo Nacional de la PGA en Malasia, el honorable M. Kulasegaran, diputado, emitió una declaración pública en la que animaba a Malasia a solicitar la condición de observador en el Comité de IA del Consejo de Europa. Hon. Bernard Georges, diputado (Seychelles) y miembro del Comité Ejecutivo de la PGA Lucha contra la ciberdelincuencia mediante la ratificación del Convenio de Budapest Tras el taller regional de la PGA sobre ciberdelincuencia celebrado en Fiyi en 2024, varios países participantes ratificaron el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia. En 2025, esa lista se amplió para incluir a Vanuatu y Nueva Zelanda. Además, y en gran parte gracias a los esfuerzos del miembro del Comité Ejecutivo de la PGA, el Honorable Bernard Georges, Seychelles fue invitada a adherirse al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia. El Convenio ofrece garantías fundamentales para los derechos humanos, incluidas la libertad de expresión y la privacidad. DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS Sesión especial sobre la revisión de las enmiendas relativas al crimen de agresión en la sede de las Naciones Unidas en julio de 2025 Revisión de las enmiendas relativas al crimen de agresión En julio, Parlamentarios por la Acción Global participó en la sesión especial sobre la revisión de las enmiendas al delito de agresión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.& nbsp;La sesión ofreció a los Estados Partes la oportunidad de armonizar la jurisdicción de la Corte sobre el delito de agresión con la del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, una cuestión por la que PGA lleva mucho tiempo abogando.& Reunión del Grupo de Trabajo Africano sobre Justicia Internacional en noviembre de 2025 Grupo de Trabajo Africano sobre Justicia Internacional El 28 de noviembre, la PGA convocó a 22 legisladores de 15 países africanos en Nairobi para debatir los retos y las vías para lograr la universalidad y la aplicación efectiva del Estatuto de Roma. Los parlamentarios adoptaron un plan de acción para reforzar los esfuerzos en la lucha contra la impunidad. En particular, el honorable Abdoulie Ceesay, diputado (Gambia), presentó una moción en la que instaba a su Gobierno a incorporar el Estatuto de Roma a la legislación nacional y a elaborar la legislación necesaria. Reunión informativa sobre el proceso del Examen Periódico Universal en Malawi, celebrada en Ginebra en noviembre de 2025 Avances en los esfuerzos para abolir la pena de muerte La PGA participó en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas sobre el historial de derechos humanos de Malaui y coorganizó un evento específico para promover los esfuerzos nacionales de abolición durante el cual un miembro de PGA, el Honorable Musowa, reafirmó el firme compromiso de Malaui de lograr la abolición total de la pena de muerte. MIRANDO HACIA EL 2026 Entramos en 2026 con determinación y esperanza. Los retos que tenemos por delante son importantes, pero también lo es la fuerza de nuestra red parlamentaria mundial. Los días 26 y 27 de marzo nos reuniremos para celebrar el 46.º Foro Anual de la PGA y la 4.ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios por los Océanos (CAP-Oceans) en el Senado de México, en la Ciudad de México. Esta reunión se centrará en el papel de los parlamentarios en la aceleración de las medidas para la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos mediante la implementación efectiva de áreas marinas protegidas tanto en aguas nacionales como en alta mar. Aprovechando el impulso del año pasado, continuaremos fomentando el diálogo entre los parlamentarios y con nuestros socios de la sociedad civil. Exploraremos el desarrollo de nuevas herramientas y recursos para apoyar a nuestros parlamentarios miembros en la consecución de avances significativos en las cuestiones que constituyen el núcleo de la misión de la PGA. Y continuaremos nuestros esfuerzos para promover la justicia internacional, fortalecer una gobernanza medioambiental reflexiva, fomentar una mayor inclusión e igualdad en nuestras legislaturas y comunidades, salvaguardar la democracia y apoyar el florecimiento de la paz y la seguridad. Al igual que muchas organizaciones sin ánimo de lucro, la PGA se enfrentó al reto de los recortes en la financiación del Gobierno de los Estados Unidos en 2025. Sin embargo, los retos a los que nos enfrentamos también dieron lugar a nuevas oportunidades por parte de financiadores que demostraron su confianza y su fe en el modelo de la PGA. Estas nuevas asociaciones confirman que nuestro enfoque de empoderar a todos los parlamentarios para que sean defensores de los derechos humanos sigue siendo tan relevante y necesario como siempre. Tenemos esperanzas en lo que nos deparará el año 2026 y en la oportunidad de ampliar nuestras alianzas para promover nuestra visión compartida de un mundo equitativo, seguro, sostenible y democrático. Junto con nuestros parlamentarios miembros, seguiremos demostrando que la democracia, a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo nuestra mejor esperanza para crear un mundo en el que todas las personas puedan vivir en paz, con dignidad, libertad y justicia. div.breakout .clear

Strengthening Protections for Parliamentarians: A Dialogue with the European Parliament

Strengthening Protections for Parliamentarians: A Dialogue with the European Parliament

To address this serious threat to democracy and to demonstrate solidarity with its members, Parliamentarians for Global Action created the Parliamentary Rapid Response Team in 2020.

Violence against parliamentarians has intensified across all regions of the world, even within long-standing democracies. Attacks that were once exceptional have now become a part of the daily reality faced by many elected representatives. To address this serious threat to democracy and to demonstrate solidarity with its members, Parliamentarians for Global Action created the Parliamentary Rapid Response Team in 2020. This team brings together committed parliamentarians from all regions of the globe who are ready to mobilize when legislators or human rights defenders are placed at immediate risk. On 3 December 2025, we had the opportunity to present our work before the European Parliament’s Subcommittee on Human Rights during an exchange of views on the protection of parliamentarians at risk worldwide. The session was organized in partnership with the Committee on the Human Rights of Parliamentarians of the Inter-Parliamentary Union (IPU). It featured Senator Etienne Blanc, Chair of the IPU Committee, and Hon. Job Sikhala, MP (Zimbabwe), who testified about the political repression and arbitrary detention he endured, as well as attacks suffered by his family because of his political work. Parliamentarians at risk: an increasing phenomenon A decade ago, the Inter-Parliamentary Union recorded approximately 300 to 350 cases of legislators in danger through its dedicated Committee on the Human Rights of Parliamentarians, with which PGA collaborates closely. Today, this number exceeds 1,000 cases worldwide. Such an environment threatens the ability of parliamentarians to carry out their mandate. They may lose their political rights following politically motivated prosecutions, arbitrary arrests, unfair trials, and suspensions driven by the government or parliamentary majorities. Existing disciplinary mechanisms to address misconduct by MPs often remain unused or prove ineffective. Threats vary across regions, but they follow a global pattern: Weaponization of justice through politically motivated charges, arbitrary detention, and unfair proceedings. Digital attacks, including smear campaigns, online publication of personal information (doxing), misogynistic online harassment, and threats amplified by algorithms. Physical violence such as assaults, abductions, and assassinations. State-sponsored repression, including surveillance and suspension of parliamentary immunities. Growing attacks on political parties. Violence targeting women MPs, in all their diversities It is important to raise awareness about the specific threats faced by women parliamentarians, who are victims of disproportionate harassment and intimidation, both online and offline, as well as gender-based and sexual violence, among other forms of physical assaults. Many of these attacks go unreported, in part because official reporting systems are often inadequate or nonexistent. This situation discourages many women from engaging in politics, a sphere where they remain underrepresented. The consequences can be devastating for a truly representative democracy. Answering the threats: Parliamentary Rapid Response Team The Parliamentary Rapid Response Team (PARRT) is committed to addressing the needs of parliamentarians at risk through urgent action alerts, public statements, direct or quiet advocacy, referrals to specialized civil society partner, and coordinated engagement with governments, diplomatic missions, and international partners. Parliamentarians at risk, or their colleagues, can refer cases directly to PARRT. The team then reviews the case according to rigorous criteria before deciding the appropriate action to take. This approach allows PARRT to act rapidly, responsibly, and effectively in partnership with parliamentarians. Since its creation in 2020, the Parliamentary Rapid Response Team has intervened in a wide range of situations across regions, including the cases of Hon. Leila de Lima, MP (The Philippines), Fabien Banciryanino, MP (Burundi), Soledad Buendía, MP (Ecuador), and numerous other cases in Afghanistan, Bangladesh, Nicaragua, Sudan, Venezuela, and beyond. This solidarity is not symbolic — it has a real impact. In several cases, international pressure has helped secure due process guarantees, obtained release from detention, or improved the safety conditions of threatened MPs. Leadership to protect democracy Violence against parliamentarians is part of a broader context of democratic backsliding, misogyny, disinformation ecosystems, shrinking of civic space, and normalization of authoritarian practices. To stop these attacks, institutions must address their root causes and protect the rule of law. In this context, it is also essential to counter hate speech, which is on the rise and for which parliamentarians should be the first ones to lead by example. Parliamentarians for Global Action developed a Global Parliamentary Code of Democratic Conduct, open to signatures of all parliamentarians worldwide, to hold legislators accountable for their speech, encourage respectful and inclusive dialogue, and ensure they refrain from disseminating disinformation. Continued leadership can protect democratic institutions. By reporting on cases of legislators at risk; strengthening international initiatives such as PARRT; and promoting early detection, rapid solidarity, and coordinated international action, parliamentarians can exercise their mandates in a safer environment, ensuring a stronger democracy.

Noticias sobre Justicia Internacional - Noviembre 2025

Noticias sobre Justicia Internacional - Noviembre 2025

La actualización de PGA sobre la justicia internacional se ofrece como un recurso para nuestros miembros y el público en general sobre los titulares importantes sobre la brecha de la impunidad, los desarrollos legislativos y parlamentarios y las noticias judiciales.

El Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos elabora esta actualización sobre justicia internacional con fines meramente informativos. Las opiniones expresadas en los artículos incluidos en esta actualización no reflejan necesariamente la postura de PGA ni de ninguna persona relacionada con PGA; tampoco PGA ni ninguna persona relacionada con PGA garantiza la veracidad del contenido de dichos artículos. 2025Noviembre16–30 Destacado CPI, Estados Partes El 25 de noviembre de 2025, antes de la 24.ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes (ASP24) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó un documento de posición con cuatro recomendaciones clave para que los Estados Partes adopten medidas urgentes para defender la corte, apoyar a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas. FIDH Esferas de impunidad Tanzania El 12 de noviembre de 2025, The New Humanitarian informó de la indignación generalizada por los presuntos asesinatos y abusos cometidos durante y después de las elecciones del 29 de octubre de 2025 en Tanzania, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que se investigaran los asesinatos y otras presuntas violaciones de los derechos humanos. The New Humanitarian, ACNUDH Global, Estados Partes de la CPI El 19 de noviembre de 2025, Human Rights Watch publicó una nota informativa para la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, en la que advertía que el sistema judicial de la corte está siendo objeto de ataques cada vez más intensos, entre los que se incluyen sanciones, amenazas y la falta de cooperación por parte de algunos Estados. Human Rights Watch Alemania El 24 de noviembre de 2025, CBC informó de que todos los registros documentales de los juicios de Núremberg han sido digitalizados y puestos a disposición del público de forma gratuita en línea por el Proyecto de los Juicios de Núremberg, coincidiendo con el 80.º aniversario del primer día de los juicios. CBC Israel, Palestina El 27 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional informó de que, a pesar del alto el fuego declarado, continúan las graves violaciones contra los palestinos en Gaza, incluidos los asesinatos ilegales, los desplazamientos forzados y la destrucción de infraestructuras civiles. Amnistía Internacional Asuntos legislativos/parlamentarios UE, Ucrania El 27 de noviembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a la UE y a sus Estados miembros a asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad europea y a apoyar una paz justa y duradera en Ucrania que respete los principios del derecho internacional. Parlamento Europeo Asuntos Judiciales Bangladesh El 17 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal Internacional de Bangladesh condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina tras declararla culpable de crímenes contra la humanidad por su papel en la represión mortal de las protestas estudiantiles de 2024, que se saldó con numerosos muertos y heridos, según estimaciones de la ONU. CNN Sudán El 18 de noviembre de 2025, los fiscales de la Corte Penal Internacional solicitaron la cadena perpetua para el líder miliciano sudanés Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, recientemente condenado por crímenes de guerra por las atrocidades cometidas en Darfur entre 2003 y 2004. Al Jazeera Israel El 21 de noviembre de 2025, el Wall Street Journal informó de que Israel había solicitado a la Corte Penal Internacional que invalidara una orden de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, alegando una supuesta conducta indebida y parcialidad por parte del fiscal. Wall Street Journal Azerbaiyán, Armenia El 27 de noviembre de 2025, un tribunal azerbaiyano continuó las audiencias relativas a las causas penales contra varios ciudadanos armenios acusados de crímenes de guerra, genocidio y terrorismo derivados de la agresión militar de Armenia contra Azerbaiyán. Trend Filipinas El 28 de noviembre de 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud del expresidente filipino Rodrigo Duterte de libertad provisional en su caso por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la «guerra contra las drogas». CPI 2025Noviembre1–15 Destacado RDC El 12 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal de París inició el juicio contra el antiguo señor de la guerra congoleño Roger Lumbala Tshitenga, acusado de crímenes contra la humanidad. El juicio supone un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas tras décadas de abusos e impunidad por las atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo. Human Rights Watch Cooperación Italia, Libia El 5 de noviembre de 2025, el general libio Osama Almasri Najim, buscado por la CPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fue detenido en Trípoli. Anteriormente había sido detenido en Turín en enero, pero posteriormente fue puesto en libertad y trasladado de vuelta a Trípoli, lo que provocó críticas al Gobierno italiano por no cooperar con la Corte. The Guardian Esferas de impunidad Sudán El 3 de noviembre de 2025, los fiscales de la Corte Penal Internacional declararon que están recopilando pruebas de asesinatos en masa y violaciones en Al-Fashir, Sudán, tras la toma de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares. Desde 2005, la CPI ha estado investigando las denuncias de genocidio y crímenes de guerra en Darfur. Reuters, CPI CPI, Global El 11 de noviembre de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas debatió el informe anual de la Corte Penal Internacional. La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, presentó el informe de la corte e instó a los Estados miembros a defender el sistema jurídico internacional. ONU UE, Ucrania El 11 de noviembre de 2025, Euronews informó de que la creación del Tribunal Especial para los Crímenes de Agresión contra Ucrania, acordada por el Consejo de Europa y el presidente ucraniano Zelenskyy, está en peligro debido a los problemas presupuestarios de los países europeos para cubrir los gastos de funcionamiento. Euronews Asuntos legislativos/parlamentarios EE. UU. El 6 de noviembre de 2025, Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, declaró a la BBC que los recientes ataques aéreos estadounidenses contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental podrían considerarse crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. En los últimos dos meses, al menos 66 personas han muerto a causa de los ataques. BBC Turquía El 7 de noviembre de 2025, la fiscalía de Estambul dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí Netanyahu y otros 36 funcionarios israelíes, acusándolos de genocidio y crímenes contra la humanidad en Gaza. Al Jazeera Sudán, Global El 10 de noviembre de 2025, los ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios de varios países emitieron una declaración conjunta en la que condenaban las atrocidades y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Sudán. Gobierno del Reino Unido Asuntos Judiciales Uganda El 6 de noviembre de 2025, la Sala de Cuestiones Preliminares III de la Corte Penal Internacional confirmó 39 cargos contra Joseph Kony, líder ugandés del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el norte de Uganda entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005. CPI CPI El 10 de noviembre de 2025, entró en vigor una enmienda al reglamento de la Corte Penal Internacional. Los jueces de la CPI modificaron el artículo 23 para clasificar las solicitudes de órdenes de detención o citaciones para comparecer como secretas o bajo sello, salvo que una Sala autorice lo contrario. CPI

International Leaders Champion Abolition of the Death Penalty in Malawi at UN Review

International Leaders Champion Abolition of the Death Penalty in Malawi at UN Review

The event highlighted Malawi’s journey towards abolition, discussed remaining challenges, and shared best practices.

On 4 November, the United Nations Human Rights Council reviewed Malawi’s human rights record through a process called the Universal Periodic Review. This peer-review mechanism enables every United Nations Member State to evaluate each other’s progress on human rights and to offer recommendations for improvement. For Malawi, one issue stood out: despite several attempts and commitments, the country has yet to abolish the death penalty. While the country hasn't executed anyone in three decades, maintaining what's called a de facto moratorium, the death penalty remains on the books. The Universal Periodic Review provided an opportunity to definitively put an end to this practice. During this 2025 review, 31 UN Member States recommended that Malawi abolish the death penalty and/or ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. Within this context, Parliamentarians for Global Action, Reprieve, and The Advocates for Human Rights gathered national and international experts in Geneva for an “Information Meeting on the Universal Periodic Review Process in Malawi: Towards the Abolition of the Death Penalty in Malawi and the Region.” The event highlighted Malawi’s journey towards abolition, discussed remaining challenges, and shared best practices. Malawi’s Evolving Stance on the Death Penalty Opening the meeting, Ms. Grace Malera, Commissioner of the Malawi Human Rights Commission and Ombudsperson for Malawi, traced the country’s journey towards abolition. She explained that while Malawi’s 1993 Constitution enshrines one of the most progressive Bills of Rights, including the right to life, the death penalty persists as a holdover from the colonial era, embedded in the Penal Code and Criminal Procedure and Evidence Code. A turning point came in 2007 with a landmark Constitutional Court ruling declaring the mandatory death penalty unconstitutional. Ms. Malera emphasized that abolishing the death penalty isn’t just a legal matter — it’s a political and human rights issue requiring inclusive dialogue, engagement, and leadership. That leadership can be seen in recent parliamentary actions in Malawi. PGA member Hon. Victor Musowa, First Deputy Speaker of the Parliament of Malawi, highlighted the work done in 2022 when the Legal Aid Committee conducted the largest public consultation ever held in the country and demonstrated unequivocal support for abolition across Malawi. I make the commitment knowing where we are coming from, knowing our commitments, knowing what we are able to achieve and knowing what we are able to do as Malawian Parliament. The work out here is enormous but manageable if we catch the new MPs to understand the whole concept of the abolition of death sentence. Honorable Victor Musowa, MP (Malawi), PGA Member Mr. Chimwemwe Chithope-Mwale, Director of the Legal Aid Bureau, shared an encouraging success story from the Malawi Resentencing Project,  carried out in partnership with Reprieve and the Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide. The initiative followed the 2007 High Court landmark ruling abolishing the mandatory death penalty, which allowed prisoners to seek reduced sentences based on mitigating factors the courts had previously overlooked. Through careful investigation and presentation of new evidence, sentencing hearings were held under international fair trial standards. Many prisoners were released immediately, others received reduced sentences (with only one case resulting in life imprisonment), and no individual was resentenced to death. For Mr. Chithope-Mwale, this project demonstrated that when mitigation is conducted and fair trials are ensured, the death penalty loses its appeal as a sentence. Even more striking were the stories of reconciliation: Traditional leaders and communities welcomed back former inmates after resentencing — powerful examples of forgiveness and social healing in action. Mr. Chithope-Mwale also emphasized the importance of addressing prison conditions in the justice process, as they are often degrading and inhumane. They must be urgently addressed to uphold justice and human dignity. Lessons from other countries and international commitments Dr. Rajiv Narayan, Co-Executive Director of the International Commission Against the Death Penalty, brought a more global perspective, citing the different paths that other countries have taken toward abolition, including: Legislative reforms and political leadership, such as in Zambia, Zimbabwe, or France Ratification of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, such as in Mongolia or Kazakhstan Breaking away from an oppressive past, such as Rwanda or Cambodia Constitutional Court judgement, such as in South Africa Malawi has already taken important steps, Dr. Narayan observed. Now the country should consider ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights — the key international instrument for abolition. Ms. Liza Sekaggya, OHCHR Desk Officer for Malawi, welcomed the growing momentum across Africa. She highlighted recent progress in Zambia and Côte d’Ivoire as the last two countries to have ratified the Second Optional Protocol. She reminded participants that the UN provides crucial frameworks for this work. The Universal Periodic Review and States’ pledges create structured pathways for countries to advance human rights and monitor compliance with international law. She also pointed to the 2024 General Assembly Resolution on a Moratorium on the use of the death penalty, which received a record 130 votes in favor — clear evidence of increasing global momentum toward abolition. Calling Malawi to Action: Mr. Victor Mhango, Founder and Executive Director of the Centre for Human Rights Education, Advice and Assistance (CHREAA), urged the new government and parliamentarians to act swiftly and hold an early debate in the new legislature to pass legislative reform. Malawi has the opportunity and responsibility to join the growing number of African nations that have abolished the death penalty. Continuing diplomatic engagement and peer-to-peer dialogue among parliamentarians will be essential to sustaining this momentum and supporting Malawi on its path towards full abolition.

PGA National Group in The Gambia leads the way on Gender Equality and Inclusive Leadership

PGA National Group in The Gambia leads the way on Gender Equality and Inclusive Leadership

The virtual briefing brought together members of parliament, civil society leaders, and international partners to reflect on both the progress made and the structural challenges that persist in ensuring that every girl in The Gambia can live free from violence, discrimination, and exclusion.

On the International Day of the Girl Child 2025, Parliamentarians for Global Action’s National Group in The Gambia, under the leadership of Hon. Abdoulie Ceesay, convened a cross-party high-level parliamentary dialogue to reaffirm The Gambia’s commitment to gender equality, the empowerment of girls, and the creation of inclusive political spaces for women. The virtual briefing brought together members of parliament, civil society leaders, and international partners to reflect on both the progress made and the structural challenges that persist in ensuring that every girl in The Gambia can live free from violence, discrimination, and exclusion. In his opening remarks, Hon. Ceesay highlighted the urgent need to move from commitment to implementation, emphasizing that while The Gambia has a solid legal framework protecting the rights of women and girls, gaps in enforcement and deep-rooted cultural practices continue to hinder progress. He further stressed the importance of legislative leadership in promoting justice, particularly in aligning customary, religious, and international laws to uphold the rights of girls in areas such as marriage, inheritance, and reproductive health. Removing Tax on Sanitary Pads: "A Matter of Dignity and Public Health" Hon. Ceesay also called for the elimination of import taxes on sanitary pads, framing menstrual hygiene as a public health and human rights issue. He argued that continued taxation of menstrual products disproportionately affects girls, especially those in rural areas, who may miss school, suffer embarrassment, or resort to unsafe alternatives during their periods. "As a father of two daughters, I know firsthand that sanitary pads are not a luxury — they are a necessity," he said. "Removing taxes on these essential products is a matter of dignity, health, and equality." His call to action echoes long-standing advocacy from grassroots organizations, such as Women in Liberation and Leadership, who have raised awareness on "period poverty" and its impact on education and social participation. Structural Barriers to Transformative Change Dr. Fatou Baldeh, founder of Women in Liberation and Leadership, delivered a powerful address underscoring the persistence of harmful practices such as female genital mutilation, child marriage, and sexual and gender-based violence. She emphasized the critical need for political will, legislative reform, and collaboration with civil society to shift social norms and ensure the safety and inclusion of girls. Participants also discussed several other actions to be taken: The need for greater representation and training for women in political spaces, including efforts that could re-introduce a gender quota bill to reserve at least 30% of parliamentary and local government seats in The Gambia for women. Although the bill failed to pass in the 5th Legislature due to political and procedural obstacles, renewed momentum aims to build consensus and ensure stronger women’s representation in decision-making. Support for policies that allow pregnant girls and adolescent mothers to stay in school. The importance of strengthening oversight bodies such as the National Human Rights Commission and the Office of the Ombudsman to promote greater accountability, transparency, and equal protection under the law. By equipping these bodies with sufficient resources, independence, and authority, they can more effectively safeguard rights, address discrimination, and reinforce public trust in democratic governance. Notably, Hon. Gibbi Mballow shared personal experiences of backlash faced by MPs who speak out against female genital mutilation, underscoring the risks and resistance encountered in pushing for gender-sensitive reforms. He called for greater public awareness and education, and stronger enforcement of legislative reforms. The dialogue also highlighted key national initiatives under way in The Gambia: The National Gender Policy 2025 - 2034, which provides a comprehensive framework to mainstream gender equality across all sectors. The Strategic Plan 2025 - 2030, which outlines a roadmap for implementing gender commitments through cross-sectoral collaboration. Plans to host a regional Women, Peace and Security training in 2025, displaying leadership in gender-inclusive peacebuilding. Towards Real Change: A Shared Responsibility Ms. Melissa Verpile, Director of Democracy, Gender, and Inclusion at Parliamentarians for Global Action, closed the session by reaffirming support for The Gambia’s efforts and encouraging legislators to be bold in translating principles into practice. Participants left the convening with the following key steps for further action: Menstrual health must be addressed through practical policies, including tax exemptions on sanitary products. Customary and international laws must be harmonized to uphold gender equality in all spheres of life. Civil society partnerships are essential for reaching communities, challenging norms, and providing support to survivors. Political representation of women and girls must be increased through quotas, mentorship, and capacity building. Oversight and enforcement mechanisms must be strengthened to ensure that rights are protected and violators held accountable. This year’s commemoration of the International Day of the Girl Child in The Gambia served, as more than a symbolic observance, it was a strategic platform for action. Parliamentarians for Global Action celebrates the leadership of its National Group in The Gambia and calls on parliamentarians worldwide to continue building inclusive, safe, and equitable political spaces, where girls today can become the empowered women leaders of tomorrow.

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