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El juicio de Al Mahdi por la Corte Penal Internacional abre el camino en la lucha contra los grupos extremistas violentos dentro del Estado de Derecho

Ahmad Al Faqi Al Mahdi on trial in the ICC in The Hague. ©ICC-CPI
Ahmad Al Faqi Al Mahdi on trial in the ICC in The Hague. ©ICC-CPI

Actualización: 27 de septiembre de 2016 | Nueva York / La Haya 22 de agosto de 2016


Actualización: La Sala de Primera Instancia VIII de la Corte Penal Internacional (CPI) declara al Sr. Al Mahdi culpable del crimen de guerra de atacar edificios históricos y religiosos en Tombuctú y lo sentencia a nueve años de prisión


Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés) da la bienvenida a la apertura del juicio contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi por la CPI, el día de hoy en La Haya, como ejemplo de que los miembros de grupos extremistas violentos pueden ser procesados y juzgados en virtud de penal internacional ley.

Un nacional maliense, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, está acusado de haber sido miembro de Ansar Eddine, un movimiento tuareg afiliado a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) durante su ocupación de Tombuctú (Mali). Se alega que él era el jefe de la "Hesbah", la brigada de la moral, la cual fue creada en abril de 2012 y que participó en el Tribunal Islámico de la obra de Tombuctú.

La Sala de Cuestiones Preliminares I encontró el 1 de marzo 2016 que las pruebas presentadas por la Oficina de la Fiscal eran suficientes para establecer que hay motivos suficientes para creer que, entre el 30 de junio y 11 de julio 2012, Ahmad Al Faqi Al Mahdi cometió directa o indirectamente el crimen de guerra de destrucción de monumentos históricos y religiosos en la ciudad de Tombuctú. Teniendo en cuenta que Ahmad Al Faqi Al Mahdi ha expresado su deseo de declararse culpable, se estima que el juicio sólo durará unos pocos días. El acusado es defendido por Mohamed Aouini, un abogado de Túnez y ex miembro del Parlamento, que participó en el Grupo de Trabajo de PGA sobre la universalidad del Estatuto de Roma en la región de Medio Oriente y el Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés).

PGA considera que este caso demuestra claramente que las violaciones graves de derechos humanos cometidas por grupos extremistas violentos en todo el mundo  deben considerarse como crímenes internacionales y serán investigados y procesados en el marco del Estado de Derecho.

En 2016, el PGA lanzó una campaña parlamentaria para prevenir y contrarrestar el extremismo violento, en virtud de su Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Varios miembros de PGA de la región MENA se han propuesto trabajar en este delicado asunto. Esta campaña está estrechamente ligada a la Campaña CPI de PGA y a la Plataforma Parlamentaria para la Abolición de la Pena de Muerte por medio de la cual PGA sostiene que la represalia violenta como los 'asesinatos selectivos' son ineficaces para la prevención y la lucha contra el crecimiento del extremismo violento y que los autores de estas atrocidades deben ser puestos a disposición judicial en el marco del derecho internacional.

El juicio de Ahmad Al Faqi Al Mahdi debería allanar el camino para futuros procesamientos, ante tribunales nacionales, así como las jurisdicciones internacionales, de los miembros de los grupos extremistas violentos. Las víctimas de estas atrocidades tienen el derecho de ver al autor de los abusos sufridos ante la justicia; algo que los asesinatos selectivos o ejecuciones sumarias violan de facto. El proceso judicial es la única manera de someter a los extremistas violentos responsables de estos crímenes a la rendición de cuentas y demostrar el compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Como parlamentario maliense, estoy contento de ver que los abusos sufridos por mi pueblo son vistos como lo que son, crímenes de guerra, y no quedarán sin castigo. Los extremistas violentos no serán detenidos con el fin de una venganza violenta, sino para hacerlos responsables de las atrocidades que cometieron y para el aumento de la concienciación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Hon. Idrissa Sankaré (Mali), MP y miembro de la PGA