Noticias sobre Justicia Internacional - Febrero 2026
El Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos elabora esta actualización sobre justicia internacional con fines meramente informativos. Las opiniones expresadas en los artículos incluidos en esta actualización no reflejan necesariamente la postura de PGA ni de ninguna persona relacionada con PGA; tampoco PGA ni ninguna persona relacionada con PGA garantiza la veracidad del contenido de dichos artículos.
Destacado
Filipinas
El 27 de febrero de 2026, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional concluyó la audiencia de confirmación de cargos en el caso El Fiscal contra Rodrigo Roa Duterte. En la audiencia se evaluó si existían pruebas suficientes para confirmar los cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con la «guerra contra las drogas» de Duterte en Filipinas entre 2011 y 2019. Duterte renunció a su derecho a asistir y, tras las alegaciones orales, los jueces están ahora deliberando. Deben emitir una decisión por escrito en un plazo de 60 días.
El 18 de febrero de 2026, Euronews informó de que las sanciones impuestas por Estados Unidos a los jueces de la CPI, entre ellos el juez francés Nicolas Guillou, han restringido gravemente el acceso a los servicios financieros y digitales, lo que pone de relieve la dependencia de Europa de las plataformas con sede en Estados Unidos y ha provocado llamamientos a favor de herramientas soberanas de la UE.
El 16 de febrero de 2026, expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron de que los «archivos Epstein», recientemente publicados, contienen pruebas de abusos sexuales, tráfico y explotación de mujeres y niñas a gran escala que podrían constituir crímenes contra la humanidad. Instaron a las autoridades estadounidenses a proporcionar una reparación y compensación completas a las víctimas y a poner fin a la impunidad de los autores.
El 18 de febrero de 2026, Human Rights Watch informó de que la junta militar de Myanmar había expulsado al diplomático de alto rango de Timor Oriental después de que las autoridades timorenses abrieran un caso de jurisdicción universal en el que se acusaba a altos cargos de la junta, entre ellos Min Aung Hlaing, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos desde el golpe de Estado de 2021.
El 19 de febrero de 2026, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán informó de que las atrocidades cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán durante su toma de El Fasher, en Darfur del Norte, a finales de octubre de 2025, tienen las «características distintivas de un genocidio» contra las comunidades zaghawa y fur.
El 24 de febrero de 2026, cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, el presidente ucraniano Zelenskyy se comprometió a garantizar «la paz y la justicia» para Ucrania, destacando la resiliencia y el sacrificio de los ucranianos en la defensa de su independencia y su condición de Estado.
El 25 de febrero de 2026, cinco organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos instaron al Líbano a tomar medidas concretas para garantizar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas del conflicto en curso con Israel, entre otras cosas, llevando a cabo investigaciones nacionales independientes, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en el Líbano y considerando la ratificación del Estatuto de Roma.
El 26 de febrero de 2026, Amnistía Internacional advirtió de que la aceleración de la expansión de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada está convirtiendo la anexión en una realidad irreversible, argumentando que la incapacidad mundial para exigir responsabilidades a Israel ha alimentado esta escalada.
El 24 de febrero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre «los cuatro años de guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y las contribuciones europeas a una paz justa y una seguridad duradera para Ucrania», en la que condenaba la agresión y los crímenes de guerra de Rusia, reiteraba su apoyo a la creación de un tribunal especial para los crímenes de agresión e instaba a la Comisión Europea a apoyar los mecanismos de justicia internacional.
El 17 de febrero de 2026, en el 18.º aniversario de la independencia de Kosovo, miles de personas se reunieron en Pristina para protestar contra el juicio por crímenes de guerra en La Haya contra los antiguos comandantes del Ejército de Liberación de Kosovo, acusados de persecución, asesinato, tortura y desapariciones forzadas durante la guerra de 1998-1999. La Sala Especializada de Kosovo está escuchando los alegatos finales y se espera que dicte su veredicto en un plazo de tres meses.
El 5 de febrero de 2026, el Parlamento escocés votó a favor de impulsar el proyecto de ley sobre ecocidio (Escocia), que tipificaría como delito la destrucción grave del medio ambiente por parte de personas y organizaciones.
El 9 de febrero de 2026, la Asamblea de los Estados Partes anunció que elegirá a seis jueces de la Corte Penal Internacional entre el 7 y el 17 de diciembre de 2026.
El 2 de febrero de 2026, la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra publicó un estudio en el que se concluía que más de 100 000 civiles habían muerto en conflictos armados en los últimos 18 meses, y se advertía de que el derecho internacional humanitario se estaba acercando a un punto de ruptura.
El 2 de febrero de 2026, Le Monde informó de que jueces franceses emitieron órdenes de detención contra dos ciudadanos franco-israelíes acusados de complicidad en genocidio por bloquear la ayuda humanitaria a Gaza.
El 7 de febrero de 2026, los líderes políticos reunidos en el 17.º Foro Al Jazeera en Doha advirtieron que la guerra de Israel contra los palestinos en Gaza y sus acciones más allá de la frontera están erosionando las normas internacionales y redefiniendo los equilibrios de poder en la región.
El 13 de febrero de 2026, un informe de la ONU concluyó que al menos 6000 civiles fueron asesinados en tres días durante la toma de El Fasher por las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán el año pasado. El informe citaba pruebas de asesinatos en masa, torturas y violencia sexual, que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El 12 de febrero de 2026, los miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución en la que condenaban enérgicamente la violencia contra la población civil en el noreste de Siria, que podría constituir un crimen de guerra.
El 4 de febrero de 2026, expertos en derechos humanos de la ONU condenaron la condena del Tribunal de Moscú al fiscal de la Corte Penal Internacional y a ocho jueces por considerarla una violación del derecho internacional, e instaron al Gobierno ruso a poner fin a las represalias y la intimidación.
El 11 de febrero de 2026, Amnistía Internacional advirtió de que el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana corre un riesgo inminente de cierre en 2026 debido a la grave escasez de fondos, lo que pone en peligro la administración de justicia y las reparaciones para miles de víctimas y supervivientes de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El 14 de febrero de 2026, Al Jazeera informó de que los fiscales de la CPI nombraron a dos senadores filipinos como presuntos coautores en el juicio por crímenes contra la humanidad del expresidente Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional.
