La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.
La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.
El cambio climático amenaza una serie de derechos humanos: la vida, el agua y el saneamiento, la seguridad alimentaria, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo. El cambio climático es también un multiplicador de amenazas, ya que acentúa de forma desproporcionada sus impactos en los países y en los segmentos de la población que ya están en desventaja.
Los grupos ya marginados y los que viven en situaciones vulnerables, como resultado de las desigualdades e inequidades preexistentes, se ven aún más afectados y tienen condiciones menos favorables o capacidades reducidas para adaptarse y mitigar las consecuencias del cambio climático. Factores como la geografía, la pobreza, el género, la orientación sexual/identidad de género, la edad, la etnia o la raza, la nacionalidad de nacimiento o la condición social y la discapacidad pueden agravar aún más esas consecuencias.
Los Estados tienen la obligación de prevenir los efectos adversos previsibles del cambio climático sobre los derechos humanos y de garantizar que las personas afectadas por él, en particular las más vulnerables, tengan acceso a recursos eficaces y a medios de adaptación para disfrutar de una vida digna.
La comunidad internacional adoptó la Agenda de Desarrollo 2030 para impulsar la acción en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados, reconociendo que la paz y la prosperidad para todos sólo pueden lograrse con el respeto a las personas y a nuestro planeta. La Década de Acción, que comenzó en 2020 en medio de la pandemia del COVID-19, proporciona un renovado sentido de urgencia para hacer frente a la creciente pobreza y la desigualdad, empoderar a las mujeres y las niñas, y abordar la emergencia climática.
La Campaña movilizando a los parlamentarios para la acción climática desde un enfoque de derechos humanos (Campaña para la Acción Climática) fue lanzada en 2021, teniendo el Caribe como objetivo regional. La Campaña busca sensibilizar e implementar el Acuerdo de Escazú como herramienta de gobernanza climática y garantizar los tres derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental.
El Acuerdo de Escazú es el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre los defensores de los derechos humanos ambientales. El Acuerdo también apunta a la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de toda persona, en el presente y de las generaciones futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. (Fuente: CEPAL)
El Acuerdo de Escazú ofrece un camino para avanzar en la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 mediante el fortalecimiento del estado de derecho, el impulso de la democracia participativa, la protección de los derechos humanos y la prevención de conflictos sociales en medio de los cambios en las estructuras productivas de las economías. El Acuerdo contribuye especialmente al ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, así como al ODS 10: Reducción de las desigualdades, al ODS 12: Consumo y producción responsables, al ODS 13: Acción por el clima, al ODS 14: Vida bajo el agua y al ODS 15: Vida en la tierra.
Para lograr su objetivo de mejorar la gobernanza climática, la Campaña para la Acción Climática busca los siguientes resultados:
Sra. Faatimah Saarah Monawvil
Directora
E:
Mediante el uso de una metodología de igual a igual y estrategias adecuadas a cada país, la Secretaría de PGA y sus miembros trabajan juntos para educar, sensibilizar, desarrollar capacidad técnica y fortalecer la voluntad política de los parlamentarios para que tomen iniciativas concretas y acciones legislativas y lograr resultados en el marco de las campañas de PGA..
PGA trabaja con parlamentarios individuales en sus contextos y parlamentos nacionales y a partir de allí crea redes internacionales que conectan a la sociedad civil y los parlamentarios, así como también como los responsables políticos y partes interesadas a nivel nacional e internacional.
Desarrollado durante el Grupo Parlamentario que tuvo lugar en el marco del Segundo Foro Anual sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
PGA convened the hybrid Parliamentary Caucus: Protecting Human Rights Defenders in Environmental Matters, jointly with the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) in its capacity as Secretariat of the Escazú Agreement.
In an era of pending climate departure, with the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution, which poses an existential threat to Small Island Developing States like Jamaica, environmental governance and management have taken on a new meaning.
