Tuve la suerte de conocer por primera vez a Felipe a fines del año 2000. El Estatuto de Roma había sido adoptado dos años antes, y PGA, la Coalición por la CPI (CICC, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) estaban llevando a cabo una campaña mundial para lograr las primeras 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. El apoyo al Estatuto en América Latina fue impulsado por quienes, como Felipe, sobrevivieron a la dictadura militar y estaban decididos a promover un futuro democrático y pacífico en sus países y  en el mundo. Para tener éxito en la realización del proyecto de la Corte Penal Internacional (CPI), necesitábamos urgentemente unir esas aspiraciones con voluntad política y comprensión sobre el rol que el sistema del Estatuto de Roma podía jugar para evitar que ocurrieran futuros crímenes. Felipe era un activista joven, pero muy conocido en el sector de los derechos humanos en Uruguay, y estaba a punto de terminar su primer periodo en la Cámara de Diputados cuando decidió unirse a PGA durante un seminario organizado por Amnistía Internacional en Buenos Aires, Argentina. Mi colega Juan Kim, quien estaba acostumbrado a reclutar líderes y defensores en América Latina para la membresía de PGA, describió la contribución de Felipe a los procedimientos de ese seminario con las palabras más entusiastas y elogiosas que he escuchado de él. Él tenía razón.

Durante los meses siguientes, Felipe se convirtió en líder de la Campaña de PGA para la ratificación e implementación nacional del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), haciendo intervenciones y declaraciones que motivaron a muchos de sus colegas parlamentarios de América Latina y otras regiones del mundo para defender sin dudas, y unirse, al sistema del Estatuto de Roma. El trabajo colaborativo de Felipe en la región resultó en una ola de ratificaciones en 2001 que fue consistente y continua, en un esfuerzo conjunto que fue acogido por otros parlamentarios, gobiernos, ONGs y organizaciones internacionales.

A principios de 2002, nuestro pequeño equipo de PGA tenía claro que el objetivo de las 60 ratificaciones estaba a punto de lograrse. Los parlamentarios que habían desempeñado un papel clave en sus países para la ratificación del Estatuto de Roma compartieron ideas con nuestro equipo sobre las prioridades y nuevas estrategias para el desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos. La voz de Felipe fue clara y articulada: destacó que la nueva Corte Penal Internacional con sede en La Haya era un poder judicial sin poderes ejecutivos y legislativos que lo sustentaran, y que PGA debía crear un cuerpo parlamentario de facto para apoyar al sistema del Estatuto de Roma. Paralelamente, un miembro del Parlamento holandés, Gerrit Jan van Oven, formuló la idea complementaria de formar una circunscripción parlamentaria facilitada por PGA para apoyar a la CPI, a través de una asamblea parlamentaria. Con la Coordinadora del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos de PGA, la Senadora Raynel Andreychuk (Canadá) y el Presidente del Grupo Nacional de PGA, el Prof. Diputado Irwin Cotler, decidimos enfocar el Foro Anual 2002 de la organización, realizado en Ottawa, en la primera Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la CPI y el Estado de Derecho (CAP-ICC, por sus siglas en inglés). Los dos años siguientes, esta cumbre general se convirtió en el tema de las reuniones anuales más grandes de PGA con cientos de parlamentarios de todo el mundo, al margen de la primera Asamblea de Estados Parte en Nueva York (2003) y en el Parlamento de Nueva Zelanda (2004). Desde la reunión en Tokio (2006), el CAP-ICC se convirtió en el tema bienal del foro anual de PGA.

Mientras esta circunscripción parlamentaria estaba en construcción, PGA continuó trabajando país por país. En América Latina, durante más de dos décadas, Felipe se reunió, convocó, explicó, urgió y debatió con sus pares creando un efecto dominó de esfuerzos de diplomacia parlamentaria que aseguró el apoyo continuo al Estatuto de Roma y la CPI en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Surinam.

A fines de 2004, Felipe dejó el Parlamento y PGA para ocupar el puesto de Viceministro de Educación, Cultura y Derechos Humanos en el nuevo gobierno uruguayo. En su nuevo puesto, uno de sus primeros proyectos fue implementar el Estatuto de Roma en el orden jurídico interno, para incorporar en la ley uruguaya los principios de justicia, legalidad y el principio del “nunca más”, que habían marcado toda su carrera académica y profesional antes de entrar en la política.

Felipe nombró al abogado de derechos humanos Oscar Goldaracena como redactor principal de una legislación integral diseñada para implementar la obligación de Uruguay de cooperar con la CPI y la obligación igualmente importante de cumplir con el principio de complementariedad. El principio de complementariedad se traduce en un lenguaje diplomáticamente aceptado por la obligación preexistente de investigar y enjuiciar los crímenes internacionales y proteger los derechos de las víctimas. Como resultado del trabajo metódico, inclusivo, agudo y muy industrioso de Felipe, en 2006 el Parlamento de Uruguay aprobó por unanimidad la Ley 18.026 que implementa el Estatuto de Roma. La misma entró en vigor el 11 de octubre de 2006. Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en cumplir con sus obligaciones de implementación bajo el Estatuto de Roma.

Invité a Felipe a informar sobre este gran logro en la cuarta CAP-ICC de PGA en noviembre de 2006 en el Parlamento de Japón, en Tokio. El evento resultó fundamental para la inclusión de la ratificación del Estatuto de Roma en la agenda del primer Gabinete del Primer Ministro Abe y su aprobación unánime en el Parlamento bicameral japonés en 2007, gracias al liderazgo de los miembros de PGA, el senador Tadashi Inuzuka y la diputada Mayumi Moriyama.

El documento presentado por Felipe en la Dieta de Japón marcó una nueva fase en nuestra campaña global contra la impunidad: su descripción analítica de la Ley uruguaya inspiró a muchos parlamentarios en todo el mundo a hacer lo mismo en sus propios países, y la red global de PGA reorientó sus esfuerzos hacia reformas internas contra la impunidad, con un énfasis creciente en los derechos de las víctimas, que se incorporaron de manera formidable en los artículos 13 y 14 de la Ley N ° 18.026 (“Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”) del 13 de septiembre de 2006. Esta ley de facto se extendió a la participación, protección y reparación de las víctimas, y la aplicación del principio de complementariedad.

A fines de 2009, Felipe fue reelecto como Diputado y reanudó su labor con PGA. En mayo de 2010, dio un discurso a 109 parlamentarios asistiendo a la sexta CAP-ICC. La CAP-ICC se llevó a cabo dos días antes de la Conferencia de Revisión de Kampala, en donde él había participado, los primeros días, en representación de PGA y luego uniéndose a la delegación del Uruguay. En Kampala, dejó su sello político en las críticas negociaciones sobre el crimen de agresión. En Montevideo, trabajó incansablemente por los siguientes dos años construyendo un consenso político y asegurando que Uruguay fuese el primer país de habla hispana en América Latina en ratificar las Enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma (en septiembre de 2013). Después continuó trabajando con sus colegas en la región para expandir el número de ratificaciones.

En 2011, Felipe se convirtió en miembro de la Junta Directiva de PGA, ejerciendo un liderazgo que cambió la organización. Por un lado, ofreció a Montevideo como un centro regional para desarrollar una ley de referencia para implementar el Estatuto de Roma en los órdenes legales nacionales y apoyar los procesos de reforma en áreas claves de interés para los legisladores latinoamericanos. Comenzando en junio de 2012, en el décimo aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el Parlamento del Uruguay auspició una serie de eventos, coorganizados por PGA, para empoderar a decenas de legisladores latinoamericanos a tomar las riendas por la lucha contra la impunidad en su sistema nacional^[1].

Por otro lado, Felipe se convirtió en un líder mundial de la Campaña por el Estatuto de Roma de PGA: dirigiendo el Comité que organizó el evento más grande jamás ocurrido de PGA, la séptima CAP-ICC en el Parlamento Italiano, en Roma, en diciembre 10-11 de 2012, que contó con la asistencia de más de 300 parlamentarios y otros actores relevantes de todos los rincones del mundo^[2].

En los años siguientes, Felipe continuó siendo un colaborador irremplazable en todas las Campañas de PGA, incluyendo aquellas en Paz y Democracia/Seguridad y Paz Internacional, y en Género, Igualdad e Inclusión. Como miembro de la Junta Directiva de nuestra organización, fue eficaz para ofrecer equilibro y consejo, así como acción clara, incluyendo en el nombre de unos de sus tres programas.

Cuando terminó su periodo legislativo en 2015, se convirtió en un aliado cercano de PGA en América Latina^[3] y en el mundo, y fue de manera muy natural que nuestra membresía global apoyase su elección a la Junta de Directores del Fondo Fiduciario de la CPI para Beneficio de las Víctimas con gran entusiasmo. Felipe fue reelecto para un segundo periodo en dicha Junta en diciembre de 2018, y designado Presidente; comenzó entonces un programa de trabajo muy arduo al cual estaba completamente dedicado. El progreso de esta labor se ve reflejado en su primer discurso anual ante la Asamblea de Estados Parte en diciembre de 2019^[4]. Comprometido con los derechos de las víctimas como estaba, en diciembre de 2019, Felipe manifestó ante los 123 Estados Parte que “sin reparación no existe la justicia”. Leal, asimismo, al principio de responsabilidad y transparencia, llamó a los Estados a que contribuyeran al Fondo Fiduciario mientras que él comprometía a sí mismo, y a la Junta Administrativa, a hacerse responsable y garantizar la efectividad del Fondo.

La vida de Felipe estuvo marcada por el trágico asesinato en 1976 de su padre, Zelmar Michelini, en el marco de la Operación Cóndor; un plan criminal que devastó la democracia y los derechos humanos mediante la implementación de un plan sistemático y generalizado de crímenes contra la humanidad en toda la región de América Latina.

En el verano de 2019, su mirada estaba puesta nuevamente en Roma, pero en está ocasión, en un asunto diferente, aunque igualmente importante: la sentencia histórica del Tribunal de Apelaciones que confirmó jurídicamente la existencia del Plan Cóndor transnacional y condenó a cadena perpetua a varios líderes y perpetradores del Uruguay y de otros países por las atrocidades ocurridas en los años de la dictadura. Tras bambalinas, Felipe jugó un papel central en garantizar que el Estado de Uruguay participara efectivamente en los procedimientos relevantes del juicio mediante la designación de un equipo legal efectivo como ‘parte civile’. En una entrevista de radio, Felipe ofreció ilustraciones ejemplares del significado histórico de la sentencia italiana y denunció ‘el pacto mafioso’ de los perpetradores uruguayos en impedir el establecimiento de una responsabilidad criminal individual ante las Cortes uruguayas.^[5] En febrero de 2020, al finalizar su mandato como el coordinador de la Comisión Uruguaya por la Verdad y Justicia, Felipe denunció nuevamente el pacto criminal para encubrir las responsabilidades de los abusos masivos contra los derechos humanos durante la dictadura en entrevistas sombrías a varios medios^[6].

Su repentina pérdida, a la mitad de un proyecto importante, priva a Uruguay y a la comunidad mundial de una voz poderosa y persuasiva excepcional en apoyo a las víctimas. Pero su ejemplo, y no su ausencia, deberá determinar el resultado de sus proyectos de vida, y aquellos que le conocimos deberemos continuar hacia adelante con dicha determinación

Felipe Michelini fue un “grande de sus tiempos”, pero no actuó así. Su enfoque humilde y calmado a los problemas era, en sí mismo, la mejor guía que ofrecía a aquellos que querían resolverles. Sus ideas y sus acciones siempre fueron informadas por un sentido de humanidad, empatía y generosidad que nunca serán olvidados. Nuestros pensamientos y solidaridad permanente con su esposa Matilde, su hijo Nacho, su hermana Cecilia al frente de la Fundación Zelmar Michelini, y a todos sus hermanos y hermanas, que han perdido un extraordinario esposo, padre y hermano. A Felipe se le extrañará siempre y se quedará por siempre en nuestros corazones.